Dalia Jacaranda Gonzalez Carranza

Expediente 822/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
822/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Dalia Jacaranda Gonzalez Carranza
  • DALIA JACARANDA GONZALEZ CARRANZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa *****, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales V.G.S.G., mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de ocho de julio del presente año; por tanto, se provee como sigue: 1).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, y de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 17, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, correspondiente al último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.- El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Precisamente, de la normatividad en cuestión y su interpretación, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que son consecuencia o derivan de otros que la ley estime consentidos; pues si se acepta un acto, expresa o tácitamente, el gobernado debe someterse a las consecuencias jurídicas del mismo, que es el que les sirve de sustento; pues antijurídico e ilógico sería estar de acuerdo con el primero pero no aceptar los segundos como sus efectos, los que en todo caso deben ser previstos, por ser su consecuencia legal. Entonces, cuando los actos reclamados deriven de otro u otros contra los cuales no se solicitó el amparo y protección de la justicia federal, o se consintieron en forma expresa o tácita, es improcedente el juicio de amparo enderezado contra aquéllos. Y en el caso, el acto reclamado consiste en el proveído de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente **** del índice del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, Morelos, en el cual el juzgado negó la solicitud de la quejosa en cuanto a que para no revictimizar a la menor de iniciales V.G.S.G., la misma fuera valorada por la perito en materia de psicología *****, -designada por la quejosa-, y que la diversa perito ***** -designada por el juzgado-, realizara su valoración con las pruebas y videograbaciones que obtuviera de la diversa experta. Cabe señalar que en dicho acuerdo se le precisó entre otras cosas que dicha determinación atendía a la forma en como fue admitida la pericial en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad escrito inicial como de los escritos aclaratorios se desprende que dentro del expediente *****, lo siguiente: - En virtud del ofrecimiento de la prueba en psicología ofrecida por la quejosa, en acuerdo de uno de octubre de dos mil veinte, en lo que interesa, se designó como perito en la materia al designado por el Departamento de Orientación Familiar, para el desahogo de la referida probanza. - Mediante oficio DOF/ZO/2147/2020 fue designada como perito del juzgado Alejandra Nieves Ramírez, y por aceptada dicha designación mediante acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno -misma que acepto el cargo el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno-; por lo tanto, en dicho proveído se le requirió para que proporcionara las fechas en que tendría verificativo las valoraciones psicológicas de la menor. -Así, por oficio ***** la perito en materia de psicología *****, refirió que por la temporalidad de los registros no podía realizar el estudio correspondiente, solicitando se realizara la valoración directa a la menor los días diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de julio del año en curso; por lo que, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa a efecto de que presente a la menor de iniciales V.G.S.G., ante la psicóloga designada por el juzgado a fin de realizar la valoración psicológica correspondiente, mismo que le fue notificado el nueve de junio del año en curso. - Mediante escrito de veintiuno de junio del año en curso, la quejosa solicito al Juez de origen, que la valoración solicitada fuera exclusivamente de forma presencial por la perito en psicología designada por dicha parte, y que la designada por el juzgado en cuestión, realizara su dictamen con los elementos que obtuviera de la diversa experticia; por lo que, en proveído de veinticuatro de junio del año en curso le fue negada dicha petición y lo cual constituye el acto reclamado. Ahora bien la parte quejosa impugna dicho auto, ya que sostiene, en esencia, que la valoración que debe realizarse por la perito designada por el juzgado, debe ser con base en la diversa pericial que sea realizada por perito señalada por la quejosa. Y ello en contraste con las actuaciones reseñadas, se tiene que desde que fue admitida dicha prueba el primero de octubre de dos mil veinte, fue en los términos de que la misma sería desahogada sin esa limitante, tan es así que la misma no fue establecida, lo que incluso se corroboró en el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que el Juez Familiar aceptó como perito en la materia por ese juzgado a Alejandra Nieves Ramírez, y le requirió para que proporcionara las fechas en que tendría verificativo las valoraciones psicológicas de la menor. Asimismo, como la propia quejosa aceptó bajo protesta de decir verdad, en contra de dichos autos no promovió medio de defensa alguno, por lo que en estos momentos se mantienen firmes para los efectos conducentes, y en consecuencia, su consentimiento, produce también el de los actos que derivan de los mismos, como es el caso de aquellos en los que se continue el desahogó de la probanza tal como fue admitida. Lo que permite concluir que el acto aquí reclamado deriva de otro que la ley reputa como consentido, pues como se ha precisado en líneas precedentes, la parte quejosa reclama la negativa de la autoridad de que el desahogó de la prueba pericial en materia de psicología se lleve a cabo de la forma en que refiere, cuando desde los autos de uno de octubre de dos mil veinte y de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se le precisó que el desahogo de dicha probanza iba a ser de forma presencial con la perito ******. Cuestión que incluso se encuentra corroborada con el auto que constituye el acto reclamado en el cual en una parte de sus argumentos le precisó que la negativa en cuestión atendía a la forma en como fue admitida dicha probanza en auto de uno de octubre de dos mil veinte. Precisamente, para que un acto se estime derivado de otro consentido es menester que el segundo acto sea consecuencia legal forzosa o directa del primero, como acontece en el caso a estudio, pues este último -requerimiento de presentación- surgió como una consecuencia del primero, a fin de ejecutarlo y darle cumplimiento. Lo expuesto aunado, a que en el caso, la quejosa no le atribuye vicios propios a al auto reclamado, pues lo que sostiene en esencia es que la pericial en materia de psicología no debe llevarse a cabo de forma presencial por la perito designada por el juzgado, y que la misma tiene que llevarse a cabo considerando la pericial que emita la perito ofrecida por la quejosa, cuestión que fue precisamente la que decidieron los autos que tuvieron por admitida dicha probanza y por designada para tales efectos a la perito en cuestión. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que intenta la promovente, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría que el acto que reclama es uno derivado de consentido, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de sus propias manifestaciones que bajo protesta de decir verdad expuso, las cuales constituyen una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia-, y de las copias que anexo al expediente de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos., se arriba a tal conclusión. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Notifíquese personalmente.

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