Dalia Guadalupe Salinas Chavez
Expediente 282/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- DALIA GUADALUPE SALINAS CHAVEZ y Otros.
- Dalia Guadalupe Salinas Chavez
- Juez Mixto de Paz de la Ciudad de Taxco de Alarc6n, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que el cuatro de mayo del presente año, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en torno al cumplimiento informado por la autoridad responsable. Pronunciamiento sobre cumplimiento Bien, en primer término es pertinente destacar que la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto -cuando el acto reclamado sea de carácter positivo- restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la infracción -en caso de ser carácter negativo- el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, ello de acuerdo con el artículo 77 de la ley de la materia. Además, es preciso señalar que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ha dispuesto que no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, sino que debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido defecto o exceso. También, es obligación del órgano jurisdiccional analizar exhaustiva y oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo junto con los lineamientos y las consideraciones señalados en la sentencia protectora, pues, éstos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de la decisión de la potestad jurisdiccional federal, ya que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentadas las premisas anteriores, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Se advierte que en la ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se determinó que la autoridad responsable debía efectuar los siguientes actos: "Octavo. Efectos del amparo. El amparo que se concede es para el efecto de que se restituya a la quejosa en el goce de su derecho de audiencia violado, restableciendo las cosas al estado anterior a la violación, es decir, la autoridad responsable juez Mixto de Paz del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dentro de los tres días posteriores, deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 29/2021, y únicamente por lo que hace a la quejosa a partir de la notificación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, y ordenar que se le notifique el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, nuevamente con las formalidades de ley; una vez hecho lo anterior, continúe con el procedimiento como corresponda. Para lo cual, deberá tomarse en consideración que el domicilio de la parte quejosa se encuentra ubicado en el calle del Minero sin número, colonia del Minero, en Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que tiene la carga de recibirlo en ese preciso lugar, a menos que con antelación le informe el cambio de domicilio al juez del proceso de origen, y que este cambio resulte cierto; de manera que si asume actitudes elusivas para evitar la nueva notificación, la diligencia se deberá llevar a cabo en términos de ley, en el referido domicilio cierto, con quien se logre hacer y surtirá todos sus efectos legales; y hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de origen." Actuaciones de la autoridad responsable tendientes al cumplimiento del fallo protector De las constancias que conforman el presente asunto se observa que la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 29/2021, de su índice, a partir de a notificación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós. En la misma fecha, ordenó que se notifique el auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, con las formalidades de ley en el domicilio de la parte quejosa se encuentra ubicado en el calle del Minero sin número, colonia del Minero, en Taxco de Alarcón, Guerrero. Posteriormente, mediante oficios registrados con los folios 4222 y 4221, recibidos el tres de mayo de la presente anualidad, las autoridades responsables remitieron las constancias de las que se advierte que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada Dalia Guadalupe Salinas Chávez al juicio ejecutivo mercantil 29/2021, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Expuesto lo anterior, una vez precisados los efectos del fallo protector y analizadas las constancias remitidas por las autoridades responsables, se procede a valorar las documentales antes señaladas, cuyo contenido se analiza a la luz del artículo 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y al tener el carácter de documentos públicos, de conformidad con los numerales 129 y 202 de la codificación en mención, tienen pleno valor probatorio. Por lo que este órgano de control constitucionalidad considera que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto ya que emplazó a la demandada Dalia Guadalupe Salinas Chávez al juicio ejecutivo mercantil 29/2021, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. En consecuencia, se declara cumplido el fallo protector, al haberse ceñido a los lineamientos que se establecieron en la sentencia de amparo. Archivo y anotaciones Por otro lado, con fundamento en el ordinal 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del diverso artículo 18, inciso b), del referido acuerdo este expediente es susceptible de depuración, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se concedió el amparo a la parte quejosa. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es destruible, en términos del diverso artículo 21, inciso c), de dicho Acuerdo General, pues se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en relación con el punto 7.5, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por ende, glósese al expediente principal para los efectos legales conducentes. 4. El duplicado del incidente de suspensión es destruible dentro del plazo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto y de los cuadernos incidentales el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos como los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 35 del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto y de los cuadernos incidentales el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos como los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 35 del Acuerdo General citado. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS LOS OFICIOS FIRMADOS POR EL TITULAR Y SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE ACTUARIO DEL JUZGADO MIXTO DE PAZ DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMAN EL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA EMITIDA EN EL PRESENTE ASUNTO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. EN CONSECUENCIA, DADO LO INFORMADO POR LA REFERIDA RESPONSABLE, CON COPIA SIMPLE DEL OFICIO DE CUENTA Y SUS ANEXOS DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA, APERCIBIDA QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, CON DESAHOGO DE LA VISTA O SIN ELLA, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO, INCUMPLIMIENTO O, EN SU CASO, LA IMPOSIBILIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA, CON BASE EN LOS ELEMENTOS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE Y LOS DATOS APORTADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE; LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. FINALMENTE, SE ORDENA A CUALQUIERA DE LOS ACTUARIOS JUDICIALES ADSCRITOS QUE, CONFORME A LAS OBLIGACIONES INHERENTES A SU CARGO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFIQUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LAS PARTES; EN TÉRMINOS DEL DISPOSITIVO OCTAVO, FRACCIÓN II, DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, VINCULEN AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DICHAS NOTIFICACIONES A CADA UNA DE LAS PARTES, SEGÚN SEA EL CASO, Y HECHO LO ANTERIOR, ENTREGUEN AL OFICIAL ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE EL ACUSE ELECTRÓNICO QUE ACREDITE DICHAS CIRCUNSTANCIAS, A FIN DE QUE SEAN INCORPORADAS Y EL EXPEDIENTE IMPRESO COINCIDA EN SU TOTALIDAD CON EL ELECTRÓNICO, COMO LO PREVÉ EL NUMERAL 3, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días, establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, otorgado en acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés, a la autoridad responsable titular y secretario de acuerdos en funciones de actuario, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que a la fecha hayan acatado dicho requerimiento. Se requiere cumplimiento En tales condiciones, toda vez que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la titular y secretario de acuerdos en funciones de actuario, ambos adscritos al Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que en el término de tres días al en que reciba el oficio en que se transcriba este proveído acrediten haber dado cumplimiento a lo siguiente: "(.) b) Ordenar que se realice de nueva cuenta el emplazamiento de la quejosa ****, con las formalidades legales que han quedado señaladas en este fallo constitucional. Para lo cual, deberá tomarse en consideración que el domicilio de la parte quejosa se encuentra ubicado en el calle***, en Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que tiene la carga de recibirlo en ese preciso lugar, a menos que con antelación le informe el cambio de domicilio al juez del proceso de origen, y que este cambio resulte cierto; de manera que si asume actitudes elusivas para evitar la nueva notificación, la diligencia se deberá llevar a cabo en términos de ley, en el referido domicilio cierto, con quien se logre hacer y surtirá todos sus efectos legales (.)" En el entendido que deberán remitir copia certificada de la determinación que se dicte al efecto. Apercibimiento Apercibidas que en caso de ser omisas, con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el equivalente a multiplicar por cien la cantidad que corresponde a la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, del citado ordenamiento legal. Apercibimiento inejecución. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo del aludido artículo 192, párrafo cuarto, de la propia ley. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De igual forma, es aplicable, la tesis CLXXIV/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 2000, con número de registro 190903, que establece: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el Capítulo XII, "de la Ejecución de Sentencias" del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial acto amerite. Por tanto quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que de ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2007911, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, CONSISTEN EN LO SIGUIENTE: "A) DEBERÁ DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 29/2021, Y ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A LA QUEJOSA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. B) ORDENAR QUE SE REALICE DE NUEVA CUENTA EL EMPLAZAMIENTO DE LA QUEJOSA ***, CON LAS FORMALIDADES LEGALES QUE HAN QUEDADO SEÑALADAS EN ESTE FALLO CONSTITUCIONAL. PARA LO CUAL, DEBERÁ TOMARSE EN CONSIDERACIÓN QUE EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLE DEL MINERO SIN NÚMERO, COLONIA DEL MINERO, EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, POR LO QUE TIENE LA CARGA DE RECIBIRLO EN ESE PRECISO LUGAR, A MENOS QUE CON ANTELACIÓN LE INFORME EL CAMBIO DE DOMICILIO AL JUEZ DEL PROCESO DE ORIGEN, Y QUE ESTE CAMBIO RESULTE CIERTO; DE MANERA QUE SI ASUME ACTITUDES ELUSIVAS PARA EVITAR LA NUEVA NOTIFICACIÓN, LA DILIGENCIA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EN TÉRMINOS DE LEY, EN EL REFERIDO DOMICILIO CIERTO, CON QUIEN SE LOGRE HACER Y SURTIRÁ TODOS SUS EFECTOS LEGALES. C) HECHO LO ANTERIOR, CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN." AHORA, MEDIANTE OFICIOS REGISTRADOS CON LOS FOLIOS 2053 Y 2054, RECIBIDOS EL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL TITULAR Y SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE ACTUARIO, AMBOS ADSCRITOS AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, INFORMARON LO SIGUIENTE: - MEDIANTE PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DEJÓ INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE 29/2021, DE SU ÍNDICE, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. - EN LA MISMA FECHA, ORDENÓ QUE SE NOTIFICARA EL AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO CON LAS FORMALIDADES DE LEY EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLE ***, EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. - A TRAVÉS DE LOS OFICIOS REGISTRADOS CON LOS FOLIOS 2786 Y 2808, LOS CUALES SE TUVIERON POR RECIBIDOS EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LAS CITADAS AUTORIDADES RESPONSABLES REMITIERON COPIAS CERTIFICADAS DE DIVERSAS CONSTANCIAS DEL JUICIO NATURAL, DE LAS QUE SE ADVIERTE LA RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS DE LA QUE SE DESPRENDE: 1] QUE SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL SECRETARIO DE ACUERDOS EN FUNCIONES DE ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, EN COMPAÑÍA DEL ACTOR ***, ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DE ****, SE CONSTITUYÓ EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ***, DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, EN DONDE FUE INFORMADO POR UNA PERSONA QUE HABITA EN ESE DOMICILIO (SIN PROPORCIONAR SU NOMBRE) QUE LA DEMANDADA *** YA NO RENTA EN ESA CASA Y QUE ELLA ES LA NUEVA PERSONA QUE RENTA ESA CASA HABITACIÓN DESDE HACE TRES MESES Y DESCONOCE QUÉ DOMICILIO TENGA ACTUALMENTE LA PERSONA BUSCADA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO EN CONSECUENCIA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS ES DE ORDEN PÚBLICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS AL EN QUE RECIBA EL OFICIO EN QUE SE TRANSCRIBA ESTE PROVEÍDO ACREDITEN QUE: 1] SE REALIZÓ DE NUEVA CUENTA EL EMPLAZAMIENTO DE LA QUEJOSA ***, CON LAS FORMALIDADES LEGALES QUE HAN QUEDADO SEÑALADAS EN ESTE FALLO CONSTITUCIONAL. 2] PARA LO CUAL, DEBERÁ TOMARSE EN CONSIDERACIÓN QUE EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLE ***, EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, POR LO QUE TIENE LA CARGA DE RECIBIRLO EN ESE PRECISO LUGAR, A MENOS QUE CON ANTELACIÓN LE INFORME EL CAMBIO DE DOMICILIO AL JUEZ DEL PROCESO DE ORIGEN, Y QUE ESTE CAMBIO RESULTE CIERTO; DE MANERA QUE SI ASUME ACTITUDES ELUSIVAS PARA EVITAR LA NUEVA NOTIFICACIÓN, LA DILIGENCIA SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EN TÉRMINOS DE LEY, EN EL REFERIDO DOMICILIO CIERTO, CON QUIEN SE LOGRE HACER Y SURTIRÁ TODOS SUS EFECTOS LEGALES. APERCIBIMIENTO APERCIBIDAS QUE EN CASO DE SER OMISAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 192 Y 258, DE LA LEY DE AMPARO, SE HARÁN ACREEDORAS A UNA MULTA DE $10,374.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), QUE ES EL EQUIVALENTE A MULTIPLICAR POR CIEN LA CANTIDAD QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN - PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS-, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 237, FRACCIÓN I, DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL. ASIMISMO, SE INFORMA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRA FACULTADO PARA HACER EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO EN TORNO AL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, IMPONER LAS MULTAS QUE PROCEDAN Y REMITIR LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, LO CUAL SERÁ NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y, EN SU CASO, A SU SUPERIOR JERÁRQUICO, CUYOS TITULARES SEGUIRÁN TENIENDO RESPONSABILIDAD AUNQUE DEJEN EL CARGO. EN LA INTELIGENCIA QUE SE CONSIDERARÁ INCUMPLIMIENTO EL RETRASO POR MEDIO DE EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, O DE CUALQUIERA OTRA QUE INTERVENGA EN EL TRÁMITE RELATIVO. PARA EL SUPUESTO QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES INCUMPLAN LA SENTENCIA AMPARADORA, ESTE JUZGADO FEDERAL FORMARÁ UN EXPEDIENTILLO CON LAS COPIAS CERTIFICADAS NECESARIAS PARA SEGUIR PROCURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA. HECHO LO ANTERIOR, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICARÁ A LAS PARTES LA RADICACIÓN DE LOS AUTOS, REVISARÁ EL TRÁMITE DEL A QUO Y DICTARÁ LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA; SI REITERA QUE HAY INCUMPLIMIENTO REMITIRÁ LOS AUTOS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON UN PROYECTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y, EN SU CASO, DEL DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, LO CUAL SERÁ NOTIFICADO A ÉSTOS. BAJO TALES CONSIDERACIONES, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, A FIN DE NO INCURRIR EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I DE LA LEY QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY
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