Dalia Guadalupe Guardado Mondaca
Expediente 662/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dalia Guadalupe Guardado Mondaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, tiene competencia para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública Municipal, por conducto del Coordinador de Asuntos Jurídicos; Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y Juez en Turno del Tribunal de Barandilla, todos con sede en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contexto de los propios informes y de las documentales anexas a los mismos, se advierte la existencia del acto consistente en la privación de la libertad de la quejosa, dado que a las once horas con cuarenta minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, elementos de Policía Operativo pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, trasladaron a la directa quejosa Dalia Guadalupe Guardado Mondaca, ante el Juez de Barandilla del Ayuntamiento de esta Municipalidad en Turno, por infringir al Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, en virtud de una falta o infracción contra la seguridad y tranquilidad de las personas, consistente en causar actos de molestias a las personas. TERCERO. Causas de sobreseimiento. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la citada ley, al preceptuar: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Como ya se dijo, de los informes rendidos por las autoridades responsables y las pruebas documentales que se anexaron a los mismos, se advierte que a las once horas con cuarenta minutos del once de octubre de dos mil dieciocho, elementos de Policía Operativo pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en esta ciudad, trasladaron a la directa quejosa Dalia Guadalupe Guardado Mondaca, ante el Juez de Barandilla del Ayuntamiento de esta Municipalidad en Turno, quien decretó la detención por infringir al Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, esto es, por una falta o infracción en contra de la seguridad y tranquilidad de las personas, consistente en causar actos de molestias a las personas. Asimismo, se observa que la quejosa fue puesta en libertad a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del propio día once de octubre de dos mil dieciocho, después de pagar una multa de trescientos veintidós pesos con cuarenta centavos. Documentales que tienen pleno valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En esa virtud, como la peticionaria de la protección constitucional reclamó la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, al haberse decretado en favor de la directa quejosa la inmediata libertad, es evidente que se actualiza un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, por virtud del cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, esto es, que con motivo del cambio de situación jurídica aludido no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, respecto de acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, atribuido a las autoridades Secretario de Seguridad Pública Municipal; Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y Juez en Turno del Tribunal de Barandilla, todos con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." (Novena Época, Registro: 171841, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial, de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Página: 50) Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dalia Guadalupe Guardado Mondaca, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública Municipal; Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y Juez en Turno del Tribunal de Barandilla, todos con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Revoca domicilio. Téngase por recibido el escrito presentado por el autorizado de la quejosa Dalia Guadalupe Guardado Mondaca, mediante el cual revoca el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, señalando nuevo domicilio para tal efecto. Nuevo domicilio. En atención a lo anterior, se le tiene como nuevo domicilio procesal, el ubicado en calle Paseo Alameda, número 7721, fraccionamiento Alameda, en esta ciudad. Notifíquese.
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