Dalia García García
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dalia García García
- Dalia García García y Otros.
- Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Causa estado determinación. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el proveído dictado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho y en representación de su menor hija M.M.G. (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma y envío de oficios. Por otro lado, se faculta al actuario adscrito a este juzgado de control constitucional, a efecto de que firme los oficios que se emitan para notificar este acuerdo, los cuales deberá remitir en el plazo legal, a través de los medios autorizados (entrega en el domicilio respectivo, fax, correo electrónico, vía postal o mensajería acelerada), hecho lo cual deberá digitalizar y subir al expediente electrónico de forma inmediata el acuse de entrega, la guía de correo o mensajería acelerada y/o la razón respectiva en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio; o bien, señalar la imposibilidad que hubiera tenido para su entrega, lo cual deberá hacer del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el cual rinde informe justificado. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse ofreciendo como prueba documental las copias certificadas del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y notificación a la aquí quejosa, deducidas del expediente 460/2021, de su índice, que acompañó a su informe justificado, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Ahora, se debe partir que este órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija ****., se advierte que de la autoridad responsable, Jueza Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, reclamó lo siguiente: ".1. La omisión de dictar resolución alguna de la demanda de Pensión Alimenticia, Guarda y custodia bajo el número de expediente 0460/2021 de la tercera secretaria con número de folio 3677. Para la cual agrego impresión de pantalla obtenida por medido del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 2. La omisión de aplicar las 100 Reglas de Brasilia.". Luego, si tomamos en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece en concreto, que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable toralmente, lo siguiente: La omisión de dictar acuerdo a la demanda de pensión alimenticia, guarda y custodia, registrada con el número de expediente 0460/2021. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Igualmente, resulta aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1347, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora, como se estableció en párrafos previos, la autoridad responsable rindió su informe justificado, el cual lo realizó en los términos en que negó la existencia del acto reclamado por la impetrante de garantías. Sin embargo, dicha manifestación se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos que se le reclama, ya que, del informe se advierte que si bien el día en que fue presentada la demanda de garantías, la responsable ya había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que no se encontraba notificada la parte quejosa. Por lo que, del análisis del informe justificado presentado por la responsable, se procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio se adviertan, en virtud de ser la improcedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento, en tanto no se opone al contenido de la ley de la materia vigente, el criterio de jurisprudencia 1ª/J. 3/99 sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, de las constancias existentes en autos se advierte que, en relación con el acto que se reclama en el juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. . El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Sobre la cesación de efectos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: El publicado en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, cuyo rubro prevé lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." El diverso criterio que pueden ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicaría la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículo 61, fracción XXI y 77 ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consiste en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí huella alguna. En el caso concreto, la solicitante del amparo señaló como acto reclamado: La omisión de dictar acuerdo a la demanda de pensión alimenticia, guarda y custodia, registrada con el número de expediente 0460/2021 Y, de la constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, consistente en copias certificadas del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 460/2021 de su índice, se obtiene que, a la presentación de la demanda, dicha autoridad responsable, ya se había pronunciado sobre la admisión de la demanda presentada por la parte quejosa; sin embargo, fue hasta el veintiuno de enero de esta anualidad, en que notificó a la aquí quejosa. De lo antes narrado se concluye que la dilación procesal en la que incurrió la autoridad responsable ha cesado sus efectos, pues ya emitió el acuerdo que reclamaba la solicitante de amparo, asimismo le notificó esa determinación. De ahí que en el caso el acto reclamado señalado en párrafos que anteceden, han cesado en sus efectos. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis número II 1º C T 217 K, que a la letra dice: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia número 2ª/J 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Circunstancia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal, ya que en el caso desapareció la violación alegada por la quejosa, toda vez que la autoridad responsable dictó el acuerdo correspondiente en el expediente 460/2021. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la tesis número XIV 1° 13K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Ante ello, se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós; por ello, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese personalmente y por oficios a las autoridades responsables.
- Incidental
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con diez minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, ... Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 54/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en cumplimento al proveído de la misma fecha, dictado en el juicio de amparo 54/2022, a solicitud de la parte quejosa, se formó el incidente de suspensión respecto del amparo que promovió ***, por propio derecho y en representación de su menor hija ***contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, que hizo consistir en: ".1. La omisión de dictar resolución alguna de la demanda de Pensión Alimenticia, Guarda y custodia bajo el número de expediente 0460/2021 de la tercera secretaria con número de folio 3677. Para la cual agrego impresión de pantalla obtenida por medido del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 2. La omisión de aplicar las 100 Reglas de Brasilia.". SEGUNDO. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados; se solicitó a la autoridad responsable su informe previo; y, se citó a las partes para la audiencia incidental, la cual previo diferimiento se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 36, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 50 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos 45/2016 y 23/2018, que establecen la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por tratarse de la suspensión de los actos reclamados respecto de un juicio de amparo en materia civil que se tramita en este Juzgado. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, no rindió su informe previo, a pesar de haber quedado legalmente notificados de la petición correspondiente, el veintiuno del mes actual; en consecuencia, con fundamento en el artículo 142 de la ley de la materia, se presume cierto los actos que se les reclaman. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva solicitada. Ahora, para resolver sobre la suspensión del acto reclamado, es preciso mencionar que del análisis a la demanda de amparo origen de este incidente, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".1. La omisión de dictar resolución alguna de la demanda de Pensión Alimenticia, Guarda y custodia bajo el número de expediente 0460/2021 de la tercera secretaria con número de folio 3677. Para la cual agrego impresión de pantalla obtenida por medido del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 2. La omisión de aplicar las 100 Reglas de Brasilia.". Y, la suspensión la solicita para el siguiente efecto: ".Se conceda la suspensión provisional el acto reclamado y posteriormente la definitiva a efecto de que se restituya el pleno uso y goce de mis derechos humanos y fundamentales que han sido y siguen siendo vulnerados por la responsables...". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 138 de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto a los reclamados en atención a que se trata de actos de naturaleza omisiva, contra los cuales, no procede en este caso específico la medida cautelar, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo. Por cobrar aplicación a lo anterior, se cita la tesis I.14o.C.8 K (10a.), de la siguiente literalidad: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado". Asimismo, sirve de apoyo a lo señalado, la tesis con número de registro 2004810, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Sin que pase inadvertido que el segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión puede tener efectos de restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado; sin embargo, para ello se debe atender a su naturaleza y advertirse si de acuerdo a esa naturaleza es jurídica y materialmente posible dar efectos restitutorios. En el caso, se considera que no existe esa posibilidad, toda vez que no hay elementos suficientes para afirmar la apariencia de la violación alegada, porque en términos prácticos no existe la forma de saber en este momento si las omisiones reclamadas por el quejoso son o no inconstitucionales. Aunado a que, la parte quejosa pretende que se resuelva el fondo del amparo, lo que no atañe a este momento procesal ni a este incidente de suspensión, pues se reitera, de ello se ocupará la sentencia que en cuanto al fondo del juicio se pronuncie en el expediente principal Además, de concederse la suspensión se podría dejar sin materia el referido juicio principal, lo que es improcedente de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Amparo. Por ilustrativa se cita las tesis IV.2o.A.63 K (10a.), con número de registro 2006949, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, página: 1316, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. RELACIÓN DEL EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO QUE DEBE DÁRSELE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CON LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA." CUARTO.- Archivo. Con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se provee, y se hace del conocimiento de las partes, lo siguiente: a) Se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. b) Se considera que carece relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. c) El cuaderno incidental original y duplicado serán destruibles; el original transcurridos más de tres años, y el duplicado pasados más de seis meses; ambos plazos contados a partir de la fecha de emisión de la presente resolución. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 144 y 146 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, por propio derecho y en representación de su menor hija ****., en los términos de los considerandos segundo y, tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo que promovió ****, por propio derecho y en representación de su menor hija ***., contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, personalidad que se tiene acreditada con la que se ostenta la quejosa, sin que pase inadvertido que la documental que exhibe se trata de copia simple, toda vez que en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, las copias hacen fe de la existencia de sus originales, además, en el caso no existe prueba en contrario que ponga en duda la exactitud de dicho documento; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 54/2022. De acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en el presente asunto se analizarán cuestiones donde interviene una menor de edad; por tanto, cuando se refiera al infante, sólo se insertarán las iniciales de su nombre, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II denominado Conceptos y Principios, punto 2 relativo a los Principios generales, primer párrafo, incisos a), último párrafo, e), f) y g), capítulo III relativo a las reglas de actuación generales, punto 10, denominado medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, primer párrafo, inciso a), del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, de conformidad con los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, 35, 37, 105, 107, fracción V, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. Incidente de suspensión. Con dos copias de la demanda, tramítese este juicio, por cuerda separada, con incidente de suspensión respectivo, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los artículos 115 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena su apertura, por duplicado. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la ley en mención, se señalan para que tenga verificativo la audiencia constitucional, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, vía remota. Por ello, se hace del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, para lo cual, en preparación a ello, deberán: a) Manifestar su interés de hacerlo cinco días antes de la fecha para su celebración; b) Contar con algún dispositivo (computadora, Tablet o teléfono inteligente), con acceso a internet (satelital, red 4G, inalámbrico o residencial) que pueda ser utilizado en el desahogo de la diligencia; y, c) Proporcionar un correo electrónico y número telefónico, a fin de agilizar el trámite para el desahogo de la diligencia señalada. Asimismo, si las partes consideran estrictamente necesario estar presente en la audiencia constitucional de manera física, deberán informarlo a este Juzgado en igual plazo -cinco días antes de la celebración de la audiencia-; a efecto de que este Juzgado programe la visita física de las partes mediante el sistema visita OJ, conforme al espacio habilitado en dicho calendario, en términos del último párrafo del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que de no expresar su voluntad, se entenderá que no es su deseo estar presentes en la audiencia constitucional y se desahogará sin su asistencia. También se hace de su conocimiento que, en caso de estimar necesario presentar alegatos, se deberá hacer en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, atendiendo a la materia del juicio de amparo en que se provee. Solicitud de informes justificados. Se requiere a la autoridad responsable el informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 31, fracción I, y 117, de la Ley de Amparo. Expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, para lo cual acompañará, en su caso, copia certificada legible de las constancias necesarias para apoyarlo, pudiendo rendirlo a través de los medios que señala el referido arábigo. Se le apercibe que de ser omisa en rendir su informe con justificación o de rendirlo sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará efectiva en su perjuicio, una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se le hace saber que el aludir hechos falsos en su informe justificado, podría actualizar el delito previsto en el artículo 262, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de tres a nueve años y una multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; más su destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Hágase saber a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento en relación al acto reclamado, la deberán comunicar de inmediato, y de ser posible acompañará las constancias que lo acrediten, con el apercibimiento que de omitir hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que puede remitir su informe con justificación a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando al número 9515023565 ext. 2101; hecho lo cual será innecesario su presentación física en la Oficialía de Partes Común ubicada en el edificio sede de este órgano jurisdiccional, salvo requerimiento expreso al respecto. Intervención de la representación social. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la ley en mención, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de publicación de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atendiendo a la contingencia sanitaria en que se encuentra el País, provocada por la enfermedad del COVID-19, se ordena remitir copia de esta demanda a dicha representante social a través del correo electrónico proporcionado, ya que, la servidora pública mencionada se encuentra considerada como persona vulnerable, como así se determinó en el cuaderno de varios 1/2021. Domicilio y autorizados. Al corroborarse la existencia del registro del usuario "lic.shirley.cruz" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes en el módulo de "Usuarios del juicio en línea", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico en este expediente, dentro de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del segundo párrafo del artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Por otra parte, se tiene a la promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Shirley Verenice Cruz Colmenares, por haber proporcionado el número de cédula profesional a su favor, que la faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho; y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo manifestado en forma expresa. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la parte quejosa, las que anexó a su demanda de amparo; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Notificación a las partes. Sin que en el caso, sea procedente notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en la fracción III del mismo precepto legal y sexto transitorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, tomo VI, materia común, octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA". En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades que tengan el carácter de responsables que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Acceso, consulta y notificación electrónica. En otro aspecto, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se exhorta a las partes, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Adicionalmente, se insta a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico, con el único propósito de que este juzgado pueda brindar atención a las personas justiciables mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Aunado a lo anterior, se exhorta a las autoridades responsables, sean federales, estatales o municipales, a incorporarse al Directorio de la Coordinación de Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de proporcionar un correo electrónico en el que puedan ser notificadas, dicha solicitud de incorporación o modificación deberán realizarla al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, dirigida al Coordinador de Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese por lista electrónica, por correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable por oficio.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Cutberto Ortíz Hernberth892/2018
- Cutberto Venegas Aquino361/2017
- Cynthia Rosario Ramírez González1159/2016
- Cynthia Ruiz Pérez1303/2021
- Dagoberto Bautista Jiménez530/2013
- Dagoberto Guillen Valdivia290/2021
- Dalia García Santiago1033/2019
- Dalia López Vásquez161/2023
- Dalia Rosarios López y Otros.1677/2014
- Dalila Chávez Jiménez523/2020
- Dalila Gabriel Ojeda y Otros.521/2020
- Dalila Quero Juárez1183/2018