Dalia Catalina Villegas Marín
Expediente 742/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dalia Catalina Villegas Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 742/2019, promovido por Dalia Catalina Villegas Marín, contra actos de todos los Jueces de Distrito Especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adscritos al Centro de Justicia Penal Federal con Sede en Morelia y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Dalia Catalina Villegas Marín, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra todos los Jueces de Distrito Especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal con Sede en Morelia y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6, 10, 11, 12, 13 y 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 1 y 3 primer y segundo párrafo de la Ley de Amparo así como el 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con la misma con el número de expediente 742/2019 y se declarándose legalmente la incompetencia para conocer y resolver de los actos reclamados a este Juzgado de Distrito; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tiene lugar este mismo día en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal circunscritas al territorio sobre el que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. Orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Dalia Catalina Villegas Marín, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el considerando cuarto de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. ALEGATOS. Por otra parte, también agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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Por medio de lista notifico a la parte tercero interesada JORGE ARTURO SÁNCHEZ NÚÑEZ, APODERADO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO PARICUTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la siguiente resolución que en lo conducente dice: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-452/2018, promovido por Arno Villicaña Calzada, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Por oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió la demanda de amparo promovida por Arno Villicaña Calzada, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de garantías, misma que fue registrada con el número VIII-452/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, particularmente en esta ciudad de Morelia, Michoacán. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se traduce en: La falta de emplazamiento al juicio laboral 1A-881/2013. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que es cierto el acto reclamado. Al efecto, anexó el original del juicio laboral, documental que tiene plena eficacia probatoria con arreglo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos. Por tanto, a reserva de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es cierto el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Causales de improcedencia. Procede examinar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en lo sustentado por la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte actora en el juicio laboral, aquí tercero interesada, solicitó mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, que se sobreseyera el presente juicio virtud a que había desistido del embargo trabado sobre bienes del aquí quejoso y había manifestado que no era de su interés que se siguiera el juicio laboral en contra del aquí quejoso (fojas 195 y 201 de autos). En mérito de ello, se devolvieron los autos a la junta responsable para que proveyera lo que en derecho correspondiera, lo que así se hizo mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 212 de autos) en el que se tuvo a la actora desistiéndose del embargo trabado sobre bienes del aquí quejoso, además de que se tuvieron por hechas sus manifestaciones en el sentido de que no era de su interés que se siguiera el juicio laboral en contra de Arno Villicaña Calzada, por lo que se realizaron las gestiones necesarias para cancelar el gravamen respectivo. No obstante, este juzgado estima que no se actualiza alguna causal de improcedencia derivada de dichas actuaciones en razón de que la condena dictada en el laudo en contra del aquí quejoso subsiste. Además, si bien la Junta tuvo a la actora por desistida del embargo respecto del aquí quejoso, lo cierto es que no la tuvo por desistida expresamente del derecho a ejecutar el laudo respectivo en relación con el ahora promovente del amparo, de modo que al tenerla únicamente haciendo la manifestación de que no era de su interés "seguir el juicio contra Arno Villicaña Calzada", no implicaría necesariamente que quedó excluido del juicio laboral, de tal forma que no le cause perjuicio, por lo que al existir un laudo condenatorio era necesario que se tuviera a la actora desistida expresamente del derecho de ejecutar dicho laudo contra el aquí quejoso, para estimar actualizada la improcedencia del amparo, lo que no sucedió así. Por lo que, lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso por los motivos que más adelante se expondrán. En efecto, el quejoso aduce sustancialmente que la junta responsable violó en su perjuicio los derechos de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no fue llamado como parte al juicio seguido para reclamar los derechos laborales de la trabadora María Cristina Camarena González, y por tanto no se le dio oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Lo así alegado debe estimarse esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Para justificar la afirmación que antecede y con el objeto de lograr una mejor comprensión del presente asunto, conviene relacionar brevemente los antecedentes del caso particular. Del aludido juicio laboral, se observa que María Cristina Camarena González, por conducto de sus apoderados demandó de José Félix Arreola Zarco, Jorge Arturop Sánchez Núñez, JJulia de la Torre Sánchez, Grupo Paricutín, S.A. de C.V., Monte Sinahí S.A. de C.V., Residencial Oxiqua y de quien resultara responsable de la fuente de trabajo consistente en un fraccionamiento o desarrollo residencial denominado Residencial Mesoamérica. el pago y cumplimiento de diversas prestaciones de carácter laboral, que se contienen en la referida demanda. Una vez seguido el juicio laboral se dictó laudo, mismo que fue reclamado vía amparo directo por la actora en el juicio laboral, concediéndosele el amparo mediante ejecutoria de veintidós de abril de dos mil dieciséis. Por lo que en cumplimiento a la ejecutoria se dejó insubsistente el laudo y se requirió a la trabajadora para que aportara más datos sobre la fuente de trabajo. Ante el desconocimiento de los mismos, se inició un procedimiento de investigación, el cual arrojó que el desarrollo residencial denominado Fraccionamiento Mesoamérica, fue autorizado mediante oficio 342/06 de veintiséis de enero de dos mil seis, a favor de José Félix Arreola Zarco y Arno Villicaña Calzada (aquí quejoso), motivo por el cual el siete de octubre de dos mil dieciséis, la junta responsable dictó un nuevo laudo en el que determinó que ambas personas eran responsables de la fuente de trabajo y se condenó al quejoso Arno Villicaña Calzada, entre otros, al pago de las prestaciones reclamadas. Por lo que, mediante proveído de doce de enero de dos mil diecisiete, el tribunal colegiado que conoció del amparo directo tuvo por cumplida la ejecutoria. En ese sentido, por principio de cuentas y retomando lo fundado del motivo de inconformidad sintetizado en párrafos precedentes, es menester señalar lo que al efecto prevé el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del dispositivo constitucional antes reproducido, se advierte que el reconocimiento del derecho de audiencia, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados, a fin de que el acto de autoridad no se emita de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tal imperativo constitucional, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número I.7o.A. J/41, que a la letra indica: Época: Novena Época Registro: 169143 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Agosto de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A. J/41 Página: 799 AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3077/2001. Comité Particular Agrario del núcleo de población ejidal que de constituirse se denominaría "Miguel de la Madrid Hurtado", del Municipio de Tamiahua, Estado de Veracruz, por conducto de su Presidente, Secretario y Vocal. 10 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. Amparo directo 131/2005. Huizar Cleaner de México, S.A. de C.V. 11 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo. Amparo en revisión 47/2005. Eleazar Loa Loza. 5 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. Amparo directo 107/2006. Armando Huerta Muñiz. 26 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo. Amparo directo 160/2008. Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Nuevo Centro de Población Ejidal "Coyamitos y anexos", Municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua. 25 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. En esa tesitura y con la finalidad de salvaguardar el derecho de audiencia, el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, a la letra indica: "Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta. Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la comparecencia o llamamiento del tercero, notificando personalmente al mismo el acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación." Del precepto legal transcrito, se infiere que en los procesos laborales, las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en el conflicto, para brindarles el derecho humano de audiencia, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la junta del conocimiento. Ahora bien, en segundo lugar y atendiendo al caso concreto que se plantea, tal como quedó relatado en párrafos precedentes, de las copias certificadas que conforman el expediente laboral, que obran por separado, cuyo valor probatorio se confirió en líneas precedentes, se aprecia que el mismo fue instado contra algunos demandados y que virtud a la reposición del procedimiento derivada de los efectos de la sentencia de amparo, en el laudo se vinculó al aquí quejoso Arno Villicaña Calzada, sin que de las propias constancias, se aprecie que hubiese sido llamado a juicio como demandado. Lo así resuelto, pone de manifiesto que la autoridad responsable incurrió en la irregularidad que se le atribuye, si se parte de la base de que del análisis de las constancias del juicio laboral se advierte claramente que la condena está dirigida al quejoso como demandado y responsable de la fuente de trabajo, entre otros; lo cual permite a este Juzgado de Distrito afirmar que de conformidad con el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, el aludido quejoso debió ser llamado al expediente laboral, pues si bien la actora no lo señaló expresamente como demandado, al momento de hacer la investigación respectiva y determinar que ahora el quejoso era responsable de la fuente de trabajo, la junta debió en principio llamarlo a juicio como tal, a fin de respetarle su derecho de audiencia, pues el sentido del laudo ya pronunciado en el conflicto de mérito, podría ser conculcatorio de sus derechos; sin embargo, se omitió su llamamiento pese a que se determinó que era responsable de la fuente de trabajo. En ese orden de ideas, resultaría necesario en principio que el aquí quejoso Arno Villicaña Calzada fuera llamado al juicio laboral de origen para hacer valer lo que a su derecho corresponda, sin embargo, resulta relevante que mediante escrito presentado el veintidós de enero del año en curso, la actora manifestó expresamente que no era de su interés seguir el juicio laboral de origen contra el ahora quejoso dado que Arno Villicaña Calzada no fue su patrón, dado que nunca trabajo para él, por lo que resultaría innecesario incorporarlo a la controversia de origen, pero sí debe ser excluido expresamente de ésta, puesto que existe un laudo condenatorio en su contra. En consecuencia, lo procedente es conceder a Arno Villicaña Calzada, el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje realice lo siguiente: Emita un acuerdo en el que determine expresamente que el demandado al aquí quejoso Arno Villicaña Calzada, queda excluido de todos los efectos del laudo condenatorio dictado en el juicio de origen, de tal forma que no debe causarle perjuicio alguno en lo presente y en lo futuro. Al haber resultado fundado el argumento en estudio, es innecesario analizar los restantes que se hacen valer, toda vez que dados los efectos para los cuales se concede el amparo, es inconcuso que los actos reclamados quedarán insubsistentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Arno Villicaña Calzada, contra el acto que reclamó a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
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