Dalia Bibiana Alonso Gómez

Expediente 1196/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1196/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Dalia Bibiana Alonso Gómez
  • DALIA BIBIANA ALONSO GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la copia autorizada de cuenta y toda vez que se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el expediente principal de donde emana esta cuerda incidental y que en esta fecha causó ejecutoria la citada sentencia; en tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia incidental señalada, así como todas las providencias decretadas en el presente incidente de suspensión. (...) Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las catorce horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1196/2021-V se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con la constancia de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. A lo anterior el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, para ser consideradas al momento de resolver el presente juicio. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, en apoyo a sus respectivos informes justificados. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que se tenga por admitidas las probanzas de referencia, cerrándose dicho periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la Secretaría da cuenta con el alegato ministerial 557/2021 suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, mediante el cual solicita se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de cuenta para todos los efectos legales pertinentes, con lo anterior, se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 1196/2021-V promovido por Juan Carlos Reyes Amacosta a favor de Dalia Bibiana Alonso Gómez, contra actos del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, 18, 20 y 21 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el cuatro de julio de dos mil veintiuno, Juan Carlos Reyes Amacosta, a favor de Dalia Bibiana Alonso Gómez, contra actos que reclama del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado y otras autoridades, los cuales hizo consistir en la incomunicación, aprehensión y detención de la directa quejosa. Segundo. Concesión de la suspensión de plano. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada la demanda, se concedió la suspensión de plano por lo que refiere a dichos actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; y se requirió a la directa quejosa la ratificación de la demanda promovida a su favor. Tercero. Admisión de demanda. Mediante acuerdos de cinco de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo y por diverso acuerdo de esa misma fecha se tuvo por ampliada la demanda de la directa quejosa por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que fueron puestos a la vista de las partes oportunamente; y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete. Cuarto. En su oportunidad, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es: - La incomunicación, aprehensión y detención que se adujo sufría la quejosa Dalia Bibiana Alonso Gómez. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación de la directa quejosa, todas las autoridades responsables al rendir sus informes justificados negaron el acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. De igual forma, los Jueces de los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los demás actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y/o detención; por su parte, el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado, el Director de Investigación y Atención Temprana, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del titular de dicha Secretaría y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes, ambos de la Fiscalía General del Estado, igualmente, negaron respecto a la orden de aprehensión, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. En virtud de lo anterior, en lo particular respecto de dichos actos y autoridades antes señaladas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. El Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado, el Director de Investigación y Atención Temprana, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del titular de dicha Secretaría y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes, ambos de la Fiscalía General del Estado, al rendir sus informes justificados aceptaron el acto reclamado respecto de la privación de la libertad (detención) de la quejosa. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. En principio, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procedimental, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El referido numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo en virtud de que ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causa de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. En ese sentido, para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, es necesario lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas especialmente por la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, como anexo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno, se ordenó la inmediata libertad bajo las reservas de ley de la quejosa Dalia Bibiana Alonso Gómez, misma que se encontraba bajo custodia de la Policía Estatal de Investigación, lo cual fue cumplimentado en esa misma fecha, en virtud de que la citada autoridad ministerial por el momento no pretende solicitar medida cautelar ni prisión preventiva en contra de la quejosa. Por tanto, la detención de la quejosa Dalia Bibiana Alonso Gómez, ha cesado en sus efectos, pues la peticionaria de amparo fue puesta en libertad, y en tal medida se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos jurídicos del acto reclamado respecto a la directa quejosa, desde el momento en que fue liberada por la autoridad que la tenía a su disposición; por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo aplicable, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Reyes Amacosta, a favor de Dalia Bibiana Alonso Gómez, contra los actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionadas en el presente fallo, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veinticuatro de agosto del presente año, remite copias certificadas conducentes derivadas de la carpeta de investigación G8/0093/2021 de su índice; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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