Dalia Ayala Reyes

Expediente 495/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 88 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
495/2017
Año
2017
Actuaciones
88
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Dalia Ayala Reyes
  • Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 88.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve (foja 1001), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; derecho que fue ejercido por la parte quejosa a través del escrito con el que se dio cuenta en líneas precedentes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: ".En ese orden de ideas, procede otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las responsables Síndico Municipal y Director de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, de manera inmediata den cumplimiento a la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada dentro del juicio TCA/3ªS/222/2014." En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio número 3aS/TJA/370/2019, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio contencioso administrativo TCA/3As/222/2014, a través de la cual declaró cumplida la sentencia de dicho juicio; constancia con la cual se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó que se dio cumplimiento a la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, emitida dentro del juicio TCA/3As/222/2014. No es óbice a lo anterior lo manifestado por el impetrante en el escrito que obra en autos (foja 997), con el que se dio cuenta en las líneas que anteceden, en el cual medularmente refirió que no tuvo derecho a ofrecer pruebas dentro del recurso de queja tramitado por la autoridad responsable, para justificar que las autoridades municipales no pagaron de forma completa las prestaciones que fueron condenadas en la sentencia definitiva; no obstante dicho argumento resulta infundado. Lo anterior se estima así, toda vez que el objeto de estudio en el presente acuerdo consiste en determinar si la responsable atendió de manera circunscrita los efectos señalados en la ejecutoria donde se otorgó la protección constitucional. En esa óptica, si el efecto protector del amparo se estableció para que la autoridad responsable cumpliera con lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio de nulidad TCA/3aS/222/2014, es ilegítima la pretensión del quejoso en argumentar que se encontró impedido para ofrecer pruebas en el recurso de queja, y que la responsable violó su derecho de audiencia, así como demás violaciones procesales, cuestiones inherentes al procedimiento natural donde puede hacer valer los medios de defensa que considere ante la autoridad que emite el acto; ya que de hacerlo este juzgado se invade jurisdicción, efectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo. El criterio anterior se sustenta con la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Abril de 2002, página 280, novena época, cuyo rubro y cuerpo es del tenor siguiente: INCONFORMIDAD, MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO. Cuando en el trámite de ejecución de una sentencia concesoria de amparo se promueve la inconformidad, a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, su estudio debe atender de manera circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; de manera que si el efecto protector del amparo se estableció para que la autoridad responsable cumpliera con lo ordenado, es ilegítima la pretensión del quejoso consistente en exigir que, al hacerlo, la autoridad abarcara puntos no especificados en la resolución de amparo, pues al no haber constituido parte de la litis en el juicio de garantías, equivaldría a trastocarla y a dilucidar algo que no se incluyó en la acción constitucional de la que emanó. Asimismo, refuerza lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 89/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Junio de 2007, página 66, novena época, que a la letra dice lo siguiente: INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. La materia de estudio de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de Distrito o de un tribunal colegiado de Circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que dejara de manera inmediata la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada dentro del juicio TCA/3As/222/2014. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el síndico Municipal y Director de Recursos Humanos, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, dieron cumplimiento a la sentencia como advierte de la resolución de doce de noviembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora Jurídica y representante procesal de la autoridad responsable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancia de la que se toma conocimiento, sin hacer mayor pronunciamiento toda vez que en párrafos anteriores se proveyó lo conducente, lo cual debe acreditar ante el Tribunal de Justicia. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo que a continuación se cita: Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Directora Jurídica y representante Procesal de la Autoridad responsable Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, y dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. vmgp

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones. En ese sentido, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial con que se da cuenta; se tienen por recibido los oficios de cuenta; a través de los cuales, con el primero el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Morelos 1, con residencia en Morelos, informó que el nueve de octubre de la anualidad, fue pagada la multa impuesta a Lorena Herrera Cabañas y Marcos Eduardo Rodríguez Cabrera, en proveído de uno de julio del año en curso, circunstancia de la que se toma conocimiento. En cuanto al diverso signado por Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en cumplimiento al auto de diez de octubre de dos mil diecinueve remite copia certificada de diversas constancias del expediente TCA/3°S/222/2014 de su índice, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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