Dalia Ávila Flores
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Dalia Ávila Flores
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo del presente asunto, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, hágase la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento formulado por este Juzgado en auto de doce de mayo del año en curso, y al efecto remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, emitido dentro del juicio laboral de origen 416/2009. Atento a lo anterior y previo análisis de la constancia que se acompaña al oficio de cuenta consistente en el acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, se advierte que éste carece de la totalidad de las firmas de los que intervinieron en el dictado del mismo; ello es así, toda vez que sólo aparecen tres de las cuatro firmas que debe contener, según lo asentado en la parte final de dicha actuación. En consecuencia, con apoyo en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, para que en el término de tres días hábiles, posteriores a aquél en que le sea notificado el presente auto, y atendiendo a las consideraciones vertidas en el párrafo que antecede, remita copia debidamente requisitada del acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, emitido dentro del expediente laboral ******************** a fin de que este Juzgado esté en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Apercibida la autoridad responsable, que de no cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, se hará acreedor por conducto de la persona física que ostenta el cargo de Presidenta, a una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismos que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 564/2023-II; y fórmese expediente impreso y electrónico que corresponde. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la demanda en cuestión, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca el artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Respecto a la procedencia del juicio de amparo, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5°, fracción II y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5°.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por la impetrante a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Subsecretario de Finanzas de la Secretario del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de pagos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Subdirectora de Recursos Humanos, lo hace consistir en lo siguiente: "Ordenadores: Se reclama la ilegal negativa de otorgada la prestación anual denominada MEDIDA DE FIN DE AÑO, que me corresponde respecto al año 2022, consistente en la tarjeta navideña de compras en tiendas de autoservicios, que se me entrega cada fin de año, por un monto de $13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), como prestación que percibo como empleada de base, desde hace más de 7 años aproximadamente. Ordenadoras: se reclama la ilegal orden de retención y otorgamiento de la prestación denominada MEDIA DE FIN DE AÑO, que me corresponde respecto al año 2022, consistente en la entrega física de la tarjeta navideña, que me corresponde como prestación de medida de fin de año." Asimismo, del capítulo de antecedentes, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta: "1. La que suscribe, soy empleada de la Secretaría de Salud con Base Federal y con número de empleado 100637, con clave presupuestal MO2107120040569, y categoría de enfermera especialista "C", con fecha de ingreso 1° de septiembre de 1997, con antigüedad de 25 años de servicio; desempeñándome actualmente como Jefa del Departamento Estatal de Enfermería, dependiente de la Subdirección de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado, desde el 10 de enero del año 2022. Tal como lo demuestro con las copias simples que se adjuntan. Como anexo 1, 2 y 3. 2.- Resulta que con fecha 21 de marzo del año 2023, presente solicitud para la entrega la prestación anual denominada MEDIDA DE FIN DE AÑO, que me corresponde respecto del año 2022, consistente en la tarjeta navideña de compras en tiendas de autoservicios, que se me entrega cada fin de año, por un monto de $13,800.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), como prestación que percibo como empleada de base, desde hace más de 7 años, ante el departamento de pagos de la secretaria de salud del estado de guerrero, para la cual labora, a cargo el Contador público Juan Carlos Sánchez Ortiz, jefe del Departamento de Pagos de la Secretaria de Salud, quien manifestó de manera personal la tarjeta física de encuentra en el departamento bajo su cargo, pero que por indicaciones, no se me entregaría ya que había una orden de retención y que así me contestaría mi petición. Posteriormente, volví a regresar y el día 18 de abril del año 2023, me hace entrega del oficio SSA/SAF/SRH/DP/0584/2023, de fecha 17 de abril de este año, con el cual da respuesta a mi petición y al respecto adjunta un oficio con número SS/SAyF/DCSyF/SRH/02799/2022, de fecha 20 de diciembre del año 2022, signado por la Dra. Micaela Manzano Martínez, Subdirectora de Recursos Humanos, con la cual dice dar respuesta a mi petición. 3.- Debo precisar por una parte, que las autoridades ordenadores y ejecutora, sin motivo alguno están cometiendo actos que violentan mis derechos laborales ya que se trata de una prestación que desde hace más de 7 años me la han entregado, y hoy sin justificación alguna se niegan a su entrega, no obstante de que dicha prestación proviene del Gobierno Federal. Afectando mi patrimonio al privarme del derecho de percibir esta prestación anual, sin que para ello tenga una base o una justificación legal." Ahora bien, como se advierte de lo manifestado por la parte quejosa, los liga una relación laboral, con las autoridades responsables Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Subsecretario de Finanzas de la Secretario del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Subdirectora de Recursos Humanos, es decir, de trabajador y patrón, respectivamente por lo que tales actos se equiparan a los de un particular. En esas condiciones, los actos que reclama la parte quejosa no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Subsecretario de Finanzas de la Secretario del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Subdirectora de Recursos Humanos, no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ellas se reclama en la negativa de otorgarle la prestación anual denominada medida de fin de año, lo cual, significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado; por lo que las referidas autoridades, como ya se dijo actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral. En este sentido, a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Subsecretario de Finanzas de la Secretario del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Subdirectora de Recursos Humanos, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. Y, en un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones, entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Y, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En suma, conforme lo expuesto, se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Subsecretario de Finanzas de la Secretario del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Subdirectora de Recursos Humanos (patrón), y la quejosa ******************** (trabajadora), es decir, en un plano de coordinación; de ahí que no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "Registro digital: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar de plano la demanda planteada por su notoria improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en la ********************; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, y toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
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