Dalia Adelina Balan Dzul

Expediente 764/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
764/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Dalia Adelina Balan Dzul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, del que se advierte que dicho tribunal aceptó la competencia declinada por este juzgado, para conocer en la vía directa del acto reclamado por *** por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, residentes en esta ciudad, la cual fue registrada bajo el número de juicio de amparo directo *** de su índice; en consecuencia, se ordena el archivo de este cuadernillo como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, 23 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es destruible, pues se trata del cuaderno de antecedentes de un juicio de amparo indirecto del cual, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer; en ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno, y una vez que transcurran tres años procédase a la destrucción del expediente dentro de los treinta días siguientes y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, infórmese a la partes que mediante oficio SEADS/1102/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por el Secretario encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en cumplimiento a lo ordenado en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del presente año, se comunicó la adscripción del Juez Edgar Martín Gasca De la Peña, como Titular, de forma interina, del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del presente año y mientras subsistan las condiciones que la motivan, ante la ausencia de una plaza definitiva. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes dentro del presente juicio, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, para efectos de lo establecido en los artículos 51, 59 y 60 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, fórmese cuaderno auxiliar con el presente acuerdo, el cual habrá de glosarse al expediente una vez que se dicte la sentencia respectiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ****, con el que da cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de diecisiete de junio del año en curso. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que la suscrita tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, conviene precisar que en el presente juicio, la parte quejosa reclama del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La orden de remate del bien inmueble ubicado en privada babilonia, manzana 13, número 31, entre Tulipanes y Sinaí, colonia Leovigildo Gómez, en esta ciudad, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I. La resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, relativa al incidente de liquidación de sentencia planteado en la controversia de origen. La sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I, mediante la cual, se condenó a la parte quejosa al pago de diversas prestaciones. DESECHAMIENTO En ese sentido, en cuanto a los dos primeros actos reclamados, el suscrito estima que el presente juicio de amparo indirecto resulta notoriamente extemporáneo, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, en términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia del juicio de amparo se actualiza contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, los que no se promueva el juicio de amparo en su contra, dentro de los plazos previstos en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la interpretación sistemática de los referidos artículos se desprende, en lo que interesa, que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo previsto por regla general de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: a) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; b) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, c) se ostente sabedor del acto reclamado. Al respecto, la hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa y con las formalidades establecidas en ley, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Ahora bien, para corroborar la validez de dichos supuestos, resulta necesaria la actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace al primero de ellos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad que emitió el acto reclamado haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Por el contrario, las dos hipótesis restantes que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, únicamente implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita del acto reclamado, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de éste; por ende, no requieren de un acto de notificación, sino que tal circunstancia se corrobora de las constancias que obran en el expediente o de las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime, si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Acotado lo anterior, conviene traer a estudio el contenido de las constancias que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, consistentes en copia certificada de la sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce y de la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, ambas dictadas en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I, de las cuales se aprecia que fue notificada del contenido de la primera el seis de junio de dos mil catorce, y de la segunda el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Lo anterior, pone de manifiesto que tuvo conocimiento de la existencia del primer acto reclamado, desde el seis de junio de dos mil catorce, fecha en que se le notificó la sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I, en la cual la amparista aduce se emitió la orden de remate del bien inmueble ubicado en *****************************; y del segundo acto reclamado, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en que se le notificó la resolución del incidente de liquidación de sentencia que combate. Circunstancia que se corrobora, del contenido del escrito de desahogo de veinticuatro de junio del año en curso, mediante el cual la promovente expuso: ".8.- con fecha 04 de junio del año 2014 se dicta sentencia definitiva en la cual me condenan al pago de la suerte principal y al pago del 20% por concepto de intereses moratorios desde la fecha de incumplimiento del pago consagrado en el pagare, misma que causo ejecutoria el 01 de julio del año 2014. 9.- con fecha 14 de abril del año 2016, se recibió el oficio donde el director del registro público de la propiedad y del comercio envió los gravámenes sobre la propiedad ubicada en ***************************** de los últimos diez años. 10.- con fecha 26 de abril del año 2014, se admitió el incidente de liquidación en donde la parte actora reclama como intereses moratorios la cantidad de $********************************************. 11.- con fecha 17 de mayo del año 2016 se dictó sentencia interlocutoria en la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia presentado por la parte actora. (.) 17.- con fecha 30 de enero del año 2020, se declara que la sentencia interlocutoria del incidente de liquidación ha causado definitividad. (.).". Lo anterior es así, pues como la propia quejosa indica, las resoluciones reclamadas causaron ejecutoria el cuatro de junio de dos mil catorce y treinta de enero de dos mil veinte, respectivamente, lo que hace evidente que tuvo conocimiento de su existencia, en fechas previas a aquellas en las que quedaron firmes; hechos que reconoce expresamente y bajo protesta de decir verdad, por lo que en el caso se materializa el tercer supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto porque quien manifiesta que conoce las actuaciones reclamadas, dicha conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte de la quejosa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces, es inconcuso que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, para la promoción de la demanda de amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente de la fecha en que se ostentó sabedora de los actos reclamados. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio fue presentada el uno de junio de dos mil veintiuno, según se advierte del sello de recibido de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, se concluye que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. En esas condiciones, el suscrito determina que el juicio de amparo promovido resulta improcedente, por haberse presentado de manera extemporánea la demanda de amparo. Por los motivos expuestos anteriormente, de la lectura integral de la demanda, este juzgador advierte que respecto a los actos reclamados, consistentes en la orden de remate del bien inmueble ubicado en privada *********************************, y la resolución interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, relativa al incidente de liquidación de sentencia planteado en dicho juicio, se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. INCOMPETENCIA Ahora bien, por lo que hace al diverso acto de molestia, referente a la sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I, mediante la cual, se condenó a la parte quejosa al pago de diversas prestaciones, el suscrito considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo, conforme a las siguientes consideraciones. Al respecto, cabe traer a estudio los artículos 34, primer párrafo, y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.)". De los artículos transcritos, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; entendiéndose por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; asimismo, que en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado debió ser impugnado a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, al tratarse de una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal; razón por la que se considera, es el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, quien debe conocer del presente juicio de control constitucional. En ese sentido, como se adelantó, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer en la vía indirecta de la demanda de amparo de que se trata, por cuanto al acto reclamado consistente en la sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 510/12-2013/J1M-I, mediante la cual, se condenó a la parte quejosa al pago de diversas prestaciones. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, una vez quede firme la presente determinación, remítanse las actuaciones originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, a fin de que determine lo conducente y, en su momento, lo informe a este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa *** con el que pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de diecisiete de junio del año en curso, en la que se le requirió: Indique de manera clara la fecha en que se emitió el acto reclamado en el presente asunto, es decir, la orden de remate del bien inmueble ubicado en **** en esta ciudad, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** en la que se le condenó al pago de diversas prestaciones. Amplíe los antecedentes del acto reclamado, esto es, manifieste bajo protesta de decir verdad, cuáles son todas las actuaciones que se llevaron a cabo en el juicio ejecutivo mercantil *** posteriores a la sentencia emitida en éste, así como cuál es el estado procesal en que se encuentra actualmente. Exprese el domicilio del tercero interesado *** o en su caso, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Al respecto, del análisis al contenido del citado ocurso, se advierte que la parte quejosa cumplió con la prevención formulada en los puntos dos y tres, debido a que manifestó bajo protesta de decir verdad que desconoce el domicilio del tercero interesado, y relató los antecedentes que le fueron solicitados. Sin embargo, no cumplió con el requerimiento realizado en el punto uno, en atención a las siguientes consideraciones. Por una parte, si bien la promovente indicó que la orden de remate del bien inmueble ubicado en ****, fue emitida el cuatro de junio de dos mil catorce, lo cierto es que, en la narración que realizó de los antecedentes del acto de molestia, manifestó que en dicha fecha se dictó la sentencia definitiva del juicio ejecutivo mercantil **** en la que se le condenó al pago de la suerte principal e intereses moratorios, la cual causó ejecutoria el uno de julio del mismo año. De ahí que exista incongruencia en cuanto a la fecha en que se emitió la orden de remate que señaló como acto de molestia en su escrito inicial de demanda. Aunado a lo anterior, en el capítulo correspondiente de su escrito aclaratorio señaló como actos reclamados, los siguientes: El remate del bien inmueble ubicado en ****, ordenado el cuatro de junio de dos mil catorce, en el juicio ejecutivo mercantil **** La sentencia de cuatro de junio de dos mil catorce, que causó ejecutoria el uno de julio del mismo año. La sentencia interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, que quedó firme el treinta de enero de dos mil veinte. Todos y cada uno de los actos procesales realizados por las responsables desde la admisión de la demanda. De lo expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente asunto continúa obscuro e impreciso, ya que en su ocurso aclaratorio indicó actos diversos al que precisó en su escrito inicial de demanda, aunado a que la fecha que señaló de su emisión es incongruente entre sí, por lo que no se tiene certeza del acto que pretende impugnar en el presente juicio de amparo indirecto. Por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que continúa subsistente la prevención y apercibimiento realizados en auto de diecisiete de junio del año en curso, en el entendido de que le restan tres de los cinco días que se le otorgaron en éste; plazo que comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente proveído.

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