Dalel Karam Haddad
Expediente 412/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dalel Karam Haddad
- Administradora de Operación de la Fiscalización Nacional "3" del Servicio de Administración Tributaria
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, no interpuso el recurso de revisión contra del auto de once de junio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acto ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. [...]
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de junio de dos mil dieciocho. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Magistrada Presidenta de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias de referencia, para un mejor manejo del expediente fórmense dos tomos por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución o auto que constituye el acto reclamado, así como aquellas constancias que guarden relación directa con dicho acto, y agréguense al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, así como de las constancias remitidas en apoyo al mismo, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte la actualización de una causa de improcedencia. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En principio, se tiene que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Acorde con lo que establece el precepto legal citado, este juzgador estima que se actualiza una causal de improcedencia y debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis tiene que efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, por lo que será la causal de improcedencia que determine este juzgado la que regirá. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 1/18-13-01-4, que confirmó la sentencia interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, a través de la cual se negó otorgar la medida cautelar de la suspensión definitiva, respecto de la resolución impugnada consistente en la suspensión del registro número 6807, que fue otorgado por el Servicio de Administración Tributaria, toda vez que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se desprende que en especie se actualiza un cambio de situación jurídica, como se justificará a continuación. Para analizar la causa de improcedencia mencionada, resulta pertinente traer al contexto el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en esto casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" La transcripción de la porción normativa pone de manifiesto que, en lo que interesa al presente asunto, el legislador dispuso que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder pronunciarse sobre tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, conviene aclarar que el cambio de situación jurídica ocurre del avance que ha adquirido un juicio o procedimiento por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; por lo que la figura de cambio de situación jurídica se presenta cuando, habiéndose complementado una etapa procesal en todos sus componentes, queda superada dando pauta a que inicie el siguiente bloque de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Luego entonces, la hipótesis que se estudia otorga certeza a una nueva etapa procesal (la nueva situación jurídica), que el legislador contempla en esa disposición legal, para que una vez cerrada esa etapa previa e iniciada la nueva, no proceda el juicio de amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de definir las reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica, en la tesis aislada número 2a. CXI/96, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas doscientos diecinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del criterio transcrito pone de manifiesto las condiciones que se deben actualizar para que se presente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, a saber: 1. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en estricto sentido fiscal o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 2. Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado. 3. Que en el mismo procedimiento sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte. 4. Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y 5. Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. En esas circunstancias, existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. Ahora bien, en el presente asunto es importante destacar que de las constancias que lo integran se advierte que: Por escrito presentado ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el dos de enero de dos mil dieciocho, la promovente interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio con número 500-01-04-00-00-2017-39146, de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida por la Administración de Operación de la Fiscalización Nacional "3" del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se suspendió el registro número 6807, otorgado a la aquí quejosa Dalel Karam Haddad por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Demanda de nulidad que quedó radicada con el número de expediente 1/18-13-01-4. (fojas 1 a 33, Tomo I de Pruebas) En el referido escrito, solicitó la medida cautelar respecto de la sanción consistente en la suspensión del citado registro, mismo que le había sido otorgado a la propia quejosa por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Mediante acuerdo de fecha dos de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable admitió a trámite la solicitud de medidas cautelares y negó la misma. (foja 41, Tomo II de Pruebas) Con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la promovente interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha dos de enero de dos mil dieciocho, que negó la medida cautelar solicitada. (fojas 45 a 67, Tomo II de Pruebas) Derivado de lo anterior, el trece de febrero del año que transcurre, le fue notificado vía boletín jurisdiccional la sentencia interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la que se negó la medida cautelar consistente en la suspensión definitiva, respecto de la resolución impugnada, en la suspensión del registro número 6807 que le fue otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. (fojas 74 a 76, Tomo II de Pruebas) Inconforme con lo anterior, el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia Interlocutoria de fecha treinta y uno de enero del presente. (fojas 92 a 118, Tomo II de Pruebas) Con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, le fue notificada vía boletín jurisdiccional, la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado de nueve de abril de la presente anualidad, a través de la cual se confirma la sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de enero de los presentes, por la cual se negó la medida cautelar consistente en la suspensión definitiva, respecto de la resolución impugnada, consistente en la suspensión del registro número 6807 que le fue otorgado por el Servicio de Administración Tributaria. (fojas 157 a 158, Tomo II de Pruebas) Inconforme con la determinación anterior, por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, Dalel Karam Haddad, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto que atribuyó a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consiste en la resolución recaída al recurso de reclamación, precisada con anterioridad en la que confirmó el efecto de la suspensión. Informando la autoridad responsable a través de su informe justificado que el catorce de mayo de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva que puso fin al juicio de origen, en la cual se reconoció la validez del acto impugnado, misma que fue notificada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho. (fojas 100 a 113, Tomo I de Pruebas) Ahora bien, se tomaron en consideración las documentales de referencia, para resolver la procedencia del amparo, por ser una una cuestión de orden público, respecto a la cual, este órgano jurisdiccional puede allegarse de las pruebas que estime pertinentes, como dispone la jurisprudencia 1ª./J. 163/20051 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBEINDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Establecidas las premisas anteriores, es razonable considerar que en la especie se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de amparo, ya que operó un cambio de situación jurídica superveniente al dictado de la sentencia de amparo, al haberse dictado sentencia definitiva en el juicio contencioso administrativo que resolvió el fondo del asunto; por tanto, si el tema en análisis en el juicio de amparo versa sobre la suspensión del acto impugnado de nulidad; y ya se dictó sentencia definitiva, es inconcuso que la quejosa se encuentra en una situación jurídica distinta de la generada con el acto tildado de inconstitucional, y el cual incluso se ha consumado irreparablemente, ya que la medida cautelar reclamada sólo tiene vigencia mientras se decide en definitiva el procedimiento administrativo de sanción, lo cual ocurrió en el caso; de ahí que sea inconcuso que aun cuando se dictara una nueva determinación en torno a la suspensión era que hasta en tanto se resolviera el juicio natural se le permitiera continuara como contador público registrado al aquí quejoso, que purgara los vicios de inconstitucionalidad, no hay posibilidad de su eficacia jurídica. Consecuentemente, debe sobreseerse fuera de audiencia en el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con base en el 63, fracción V, de la citada legislación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Dalel Karam Haddad, contra actos reclamados a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 412/2018. SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. NO HA LUGAR A TRAMITARSE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al no encontrarse reunido el requisito previsto por el artículo 128 fracción I, de la ley de la materia, en virtud de no haber solicitado la parte quejosa expresamente la suspensión del acto reclamado. LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a la autoridad señalada como responsable, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, conforme al artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A la autoridad responsable, para que al rendir su informe justificado: a) Comunique el cambio de situación jurídica, y en su caso, sí han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. b) Remita la copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, conforme al artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. II. A la parte quejosa: a) Que para el caso de que la autoridad señalada como responsable sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de la autoridad respectiva, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refieren el inciso b) de la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, se advierte que les asiste tal carácter a la Administración de Operaciones de la Fiscalizacion Nacional "3" del Servicio de Administracion Tributaria y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, motivo por el cual empláceseles mediante atentos oficios que al efecto se giren, al que deberán anexarse copia de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la parte quejosa, la documental que anexó a su escrito de demanda, sin perjuicio de que sea tomada en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Marco Antonio Gutiérrez Rodríguez, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 104249, y con las restricciones que impone el citado precepto a Claudia Orantes Beltrán, Octavio Ramírez Martínez, Vicente Enrique Soto Paniagua, Anahí López Flores, Néstor Durán López, Nayif Josafat Córdova Jarquín, Gaudel Reyes Lemus, María Fernanda Navarro Manning, Edgar Omar Díaz Rosas, Pamela Ramírez Uribe y/o Casandra Chiñas Hernández, toda vez que no cuentan con el registro correspondiente y tampoco acreditaron contar con dicho documento. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional e incidental, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional e incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional e incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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