Daladieer López Robledo

Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
160/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Daladieer López Robledo

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia certificada del testimonio de la sentencia dictada en el conflicto competencial 7/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, respecto a la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a la parte quejosa que el tribunal de alzada por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial planteado. SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra la autoridad responsable y el acto reclamado, que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se ordena remitir los autos del juicio de amparo 98/2023 y copia de esta ejecutoria al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco y solamente testimonio al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo." En consecuencia, realícese la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el que quedó registrado bajo el toca ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 3100/2023, signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, turnado a este órgano jurisdiccional a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta sede, mediante el cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Daladieer López Robledo, por propio derecho, en contra de un acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 160/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. En principio, cabe decir que una vez analizada la demanda de garantías, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, como se precisará a continuación. La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: 1.- Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. 2.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3.- Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de capital importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos". La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Pues bien, el quejoso en el apartado correspondiente a los actos reclamados, señaló: "ÚNICO-La existencia de una abierta dilación y paralización total procesal observada en el expediente número 1340/2009, del índice del Libro de Gobierno de la Autoridad Responsable H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE GUERRERO; puesto que aun cuando en fechas 07 de noviembre del 2022 y retirada el 25 de enero del 2023, se solicitó por conducto de mi apoderado legal, se dictará el auto de ejecución, para hacer cumplir el laudo de fecha 23 de noviembre del 2021, en términos de los que establecen los artículos 94, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero". (SIC.) Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama esencialmente un acto omisivo, el cual es atribuido a una autoridad que en efecto se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, como lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, quien fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, esto último es insuficiente para decretar la incompetencia que el juzgador oficiante plantea. Es decir, en el caso particular dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que carece de ejecución material, pues no conlleva una acción, una orden, una privación, una molestia o alguna otra situación que implique un hacer positivo por parte de alguna autoridad, sino que sus efectos son meramente omisivos, se reducen a poner de manifiesto una situación jurídica particular, esto es, que en caso de conceder el amparo la autoridad responsable provea lo conducente respecto el auto de ejecución de laudo. Lo anterior es así, en virtud que el hecho que la autoridad responsable resida en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Es aplicable a esta determinación lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia en materia común 1a./J.17/2014, Registro digital: 2006529, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." No obstante lo anterior y de ser el caso que el acto reclamado tuviera ejecución material tampoco este juzgado sería el competente, dado que en caso de que la autoridad responsable emitiera el auto de ejecución en el juicio laboral 1340/2009, dicha ejecución se materializaría en la ciudad de Acapulco, Guerrero, atendiendo a que la autoridad demandada es precisamente el Ayuntamiento Municipal Constitucional de esa localidad y en sui caso sería en esa demarcación donde se realizará el requerimiento de pago. Lo anterior, tomando en consideración que tanto la omisión que aquí se analiza, como el indebido emplazamiento, concluyen en una misma irregularidad que se traduce en la omisión de una formalidad procesal, pues el incumplimiento de ambas hipótesis se materializa de forma directa en detrimento de las partes en el proceso, dado que mientras subsista se genera, como ya se dijo, una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta, además de las normas procesales que en cada materia contemple la obligación de emplazar a juicio a la parte demandada; toda vez que el resultado de cualquiera de ellas constituye una violación que subsistirá, hasta en tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento a la parte demandada, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, por tanto se insiste, este órgano jurisdiccional no es lealmente competente para conocer de la demanda planteada. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia con Registro digital: 2024553, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 17/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, Tipo: Jurisprudencia que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, devuélvase la demanda de amparo de referencia a efecto de que manifieste si insiste o no en declinar la competencia, aun con las razones apuntadas, solicitando el acuse de recibo respectivo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo; y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

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