Dakar Laureano Espinosa Jiménez
Expediente 1555/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/02/2019
Partes del expediente
- Dakar Laureano Espinosa Jiménez
- Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 52-56), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y secretario auxiliar de amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y anexo; por el cual, da cumplimiento a lo requerido en proveído de veintinueve de enero del año en curso (fojas 39-40); asimismo, remite copias certificadas de las actuaciones del juicio laboral ********* del índice de la autoridad responsable. Con fundamento en lo establecido por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las citadas constancias. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que en copia certificada remite, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que del escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo a las autoridades señaladas como responsables: 1.- A la Junta Especial Número Tres De La Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado LA ABIERTA PARALIZACIÓN AL OMITIR DE RESOLVER EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN LOS TERMINOS LEGALES, QUE PREVE EL ARTICULO 763 parte fine de la Ley Federal del Trabajo, denegándome así el acceso de la Justicia Pronta, Expedita e Imparcial , violando con ello en mi perjuicio los siguientes artículos artículo 685, 686, 763 Y 764 de la Ley Federal del Trabajo y Las Garantías De Certeza y seguridad Jurídica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25: Protección Judicial de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos 2.-. Por lo que se le reclama a las autoridades señaladas como responsables en el ámbito de su competencia resuelva en el término de 24 horas que establece el artículo 763 fine, el incidente de previo y especial pronunciamiento de Nulidad de actuaciones, conforme a derecho corresponda, para que no se me siga DENENGANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA. EXPEDITA E IMPARCIAL Y PARALIZANDO EL PROCEDIMIENTO, violando con ello en mi perjuicio los siguientes artículos 14, 17 constitucional 685, 686 Y 763 de la Ley Federal del Trabajo, 3.-Solicitando Se Notifiquen A Las Partes QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, el resolutivo incidental en los términos procesales. 4.- Fijando en dicho acuerdo incidental fecha y hora para la continuación de la secuela procesal, en los 10 días señala por la ley federal del trabajo." En efecto, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgado procede a sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. Los artículos 61, fracción XVII, y 63, fracción V, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (...)". Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, es decir, cualquiera de las previstas por el aludido numeral 61 del citado ordenamiento legal. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, la omisión de resolver y notificar el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, formulado por la aquí tercera interesada *********, dentro de los autos del juicio laboral ********** del índice de la junta responsable. Ahora, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado (fojas 31-38), consistentes en copias certificadas del juicio laboral ********, se advierte lo siguiente: Mediante diligencia de siete de enero de dos mil diecinueve (fojas 33-35), las partes manifestaron haber llegado a un arreglo conciliatorio, por lo que celebraron convenio con motivo de la reinstalación del aquí quejoso ************, al puesto laboral que ocupaba, en los términos y condiciones en que los venía desempeñando con su mismo horario, respetando su antigüedad; asimismo, se precisó que una vez que se llevara a cabo la referida reinstalación, la parte actora se desistía de su escrito inicial de demanda de fecha de recibo dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, no reservándose acción legal alguna en ejercitar por la vía civil y laboral en contra de la demandada ******** En atención a lo anterior, en proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se tuvo por desistido al actor y ordenó el archivo del juicio laboral como asunto definitivamente concluido (foja 1 del anexo al oficio de cuenta). En ese contexto, se advierte que en este asunto sobrevino un cambio de situación jurídica en razón de que el acto reclamado, que se hizo consistir en la omisión de resolver y notificar el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, formulado por la aquí tercera interesada ********, dentro de los autos del juicio laboral ************. Es así, ya que la situación jurídica de la impetrante del amparo ahora se rige por el acuerdo en que el órgano señalado como responsable decretó el cumplimiento del convenio, lo tuvo por desistido y ordenó el archivo del expediente, por lo cual, ya no puede analizarse en el amparo la omisión de la omisión de resolver y notificar el incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad de actuaciones, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la decisión que decretó el archivo definitivo del expediente laboral. Ello se considera así, pues de proceder al estudio de la dilación que se reclama se estaría desconociendo la nueva situación jurídica que rige en el juicio laboral, lo cual no es permisible en la técnica del juicio de amparo. Además, ello permite que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la autoridad señalada como responsable al plantear la demanda, ya que no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa, pues de hacerlo, se soslayaría esta. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente : "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Por consiguiente, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, y con base en el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ante el cambio de situación jurídica del quejoso, procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, puesto que ante esa circunstancia probada resulta innecesario continuar con la substanciación del proceso, cuya conclusión, invariablemente será en el mismo sentido. Así lo determinó el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Dadas las consideraciones expuestas con antelación, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el este juicio de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que aún no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado, en virtud de que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que cualquier violación que se hubiera surgido con motivo de la falta de notificación de la demanda a la parte demandada, ya que quedó jurídicamente consumado al momento de la celebración del convenio y la reinstalación del aquí quejoso en su fuente laboral, por el cual, la autoridad responsable ordeno el archivo definitivo del juicio natural como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; POR LISTA AL TERCERO INTERESADO Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los preceptos 119 y 123, ambos de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable citada, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, se advierte que la autoridad responsable, omitió acompañar a su informe con justificación la totalidad de las constancias necesarias para la debida integración de este juicio; por tanto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral ********** de su índice, en que acordó lo relativo al desistimiento del juicio por el aquí quejoso, o en su caso, informe el estado que guarda el citado expediente. Finalmente, se apercibe que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia número 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Febrero de 1997, tomo V, consultable a foja 108, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, y al tomar en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en proveído de veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho (fojas 14-17), para que rinda su informe justificado, toda vez que la misma recibió dicho requerimiento el siete de enero del año en curso, según el acuse de recibo agregado a los autos (foja 24). Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que mediante oficio **********, el Secretario General de Acuerdos y Conflictos Colectivos en Suplencia del Titular de la Presidencia y Secretaria de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Suplencia del Secretario General, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el segundo período vacacional, comprendido del diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho al cuatro de enero del año en curso. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, que al texto dice : "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo." En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Finalmente, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la tercero ***********para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho (fojas 14-17), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
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