Daisy Gómez Rivas y Otros.

Expediente 305/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Daisy Gómez Rivas y Otros.
  • Daisy Gómez Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a primero de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de catorce de junio de dos mi veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y depurar el incidente que del mismo deriva. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a catorce de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 305/2022-V, promovido por **********, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas C.E.G. y **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en la misma data a este órgano jurisdiccional, **********, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas **********. y **********., solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Octavo Familiar por Audiencias y la Central de Actuarios, ambos del Distrito Judicial Bravos y al Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a quienes les reclamó: (.) IV.ACTOS RECLAMADOS.-  De la responsable ordenadora Juez Octava Familiar por Audiencia, lo hago consistir en los siguientes actos:  La resolución de fecha 11 de abril de 2022, del expediente con No. 339/2022, denominado se turnan autos a ministro ejecutor, donde realiza una variación de Guarda y Custodia de mis niñas a favor de su papá, esto de manera por demás arbitraria.  De las responsables ejecutoras:  La de acudir a mi domicilio y realizar actos de molestia, para dar cumplimiento a dicho acuerdo, que es por demás violatorio de los Derechos de mis menores hijas, así como de la hoy aquí quejosa. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 305/2022-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó al tercero interesado **********. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El proveído dictado por la Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el once de abril de dos mil veintidós, en el expediente 339/2022, en la que varió la guarda y custodia de sus menores hijas **********. y **********., a favor del padre Héctor Carlos Elizalde Morales, y, su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Juez Octavo Familiar por Audiencias y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Por su parte, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario, precisó que no son ciertos los actos que se le endilgan, a saber la ejecución de lo determinado por la Juez Octavo Familiar por Audiencias el once de abril de dos mil veintidós; sin embargo, su negativa se ve desvirtuada a través de lo señalado por la autoridad jurisdiccional, pues del proveído en comento, se desprende que se autorizó el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para ejecutar su determinación. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio ordinario familiar radicado bajo el expediente 339/2022, promovido por **********, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas **********. y **********, en el que se reclamó la guarda custodia provisional y definitiva de las menores, obligaciones alimentarias a cargo de ********** y una orden de protección. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto es aplicable la tesis 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, de enero de 2010, página 324, registro digital 165538, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución a razón de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; dicho de otra manera, la actualización de la improcedencia va a determinar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por así establecerlo alguna de las causas que conforman esa institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas en la legislación de la materia, Constitución General de la República y jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expuesto lo anterior, la suscrita estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; De la interpretación del precepto transcrito se concluye que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en él sin afectar el nuevo entorno legal. Ahora, como se adelantó, en el caso se materializa el supuesto en estudio, en virtud de que la promovente combate la determinación de once de abril de dos mil veintidós, en la cual se modificó la guarda y custodia provisional de las menores **********., y **********., decretada en auto de treinta de marzo del presente año, a favor de **********, y se concedió a favor de **********. Lo anterior, es así, pues de las constancias que conforman el sumario, destaca lo siguiente: 1. En su escrito de demanda, la quejosa realizó las manifestaciones siguientes: I. El 29 de marzo del presente año 2022, acudí a la Fiscalía especializada de la mujer por sus siglas (FEM) a interponer formal denuncia en contra de mi entonces pareja **********, por la violencia familiar de las que fuimos objetos tanto una servidora, mis menores hijas, como mi hijo **********, quien no es hijo consanguíneo del señor **********. II. El día 30 de marzo de 2022, acudí ante los tribunales familiares a interponer formal demanda familiar en contra del Sr. **********, donde entre otras cosas, solicité la Guarda y Custodia de mis menores hijas de iniciales **********. y **********, y en dicha demanda se manifestó en sus hechos, que somos víctimas de Violencia Familiar, tanto mis menores hijas e hijo como la suscrita, por parte del Sr. **********. III. Y en esa misma fecha se turnó la demanda al Juzgado Octavo Familiar por Audiencia, la cual se le asignó el Número de expediente 339/2022, donde se emitió auto de radicación en esa misma fecha, y dentro del acuerdo la Juez Familiar me concedió la Guarda y Custodia de mis menores hijas, para que la suscrita acudiera de manera inmediata junto con el actuario por mis niñas, ya que se encontraban en un peligro inminente. IV. Y en fecha 31 de marzo de 2022, alrededor de las 8:30 hrs., acudí junto con el Ministro Ejecutor y Agentes de la Secretaria de Seguridad Pública a dar cumplimiento, lo acordado por la Juez Octavo de lo Familiar y al momento de llegar al domicilio, nos atendió el papá de las niñas, y solicitando la entrega de mis niñas, yo, me quede en el vehículo por miedo a mi agresor. Después de la intervención de la actuaria y la policía, es que nos hace entrega de mis niñas. V. En fecha 04 de abril de 2022, el Sr. **********, dio contestación a la demanda instaurada en su contra. (.) (.) y en dicho acuerdo de fecha 11 de abril también la responsable según(MOTIVA) que existe una carpeta de Investigación con No. ********** dentro de la cual y en esa misma fecha la Licenciada ********** en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, dictó un acuerdo, visible a foja treinta y cinco y treinta y seis de autos en el que al considerar que la víctima estaba en situación de riesgo que compromete su integridad física y psicológica, le otorgó como órdenes de protección administrativas, la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima directa o victimas indirectas; la prohibición a la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la mujer en situación de violencia y en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas, prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí o por cualquier medio o por interpósita persona a la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar afectiva de confianza o de hecho; así como además de las anteriores aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad la seguridad y la vida de la mujer o niña en situación de violencia consistente en la desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, para lo cual se ordenó girar oficio al Coordinador de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de la Pensión Alimentaria para su cumplimiento, la cual se advierte que se encuentra firmada por la señora Daisy Gómez Rivas, en virtud del cual se emitió un parte informativo en el que la licenciada estrada mesto alondra, agente b de la policía estatal única división investigación de la mencionada unidad hace constar que se apersonó en el domicilio ubicado en [calle **********] de esta ciudad para localizar a [**********] en su carácter de imputada en la investigación, siendo acompañada por [[**********] quien es padre de **********, le dirigió hasta donde se encontraba [**********] a quien se le hizo de su conocimiento de la orden decretada por el ministerio público a favor de las víctimas, siendo las dieciséis horas con veinte minutos de ese mismo dio fue entrevistada [**********] manifestado que de manera libre y voluntaria puede ser localizada y notificada en el domicilio ubicado en [**********] en esta ciudad con su papa [Alejandro Gómez Herrera] proporcionando número telefónico, procediendo a tomarse una serie fotográfica del lugar de los hechos de la denuncia, acta de entrevista que es consultable a foja treinta y siete y que se encuentra firmada por [**********]. advirtiéndose que tanto el auto en el cual se dictaron las órdenes de protección como el acta de entrevista se encuentran firmadas por [**********], coincidiendo la firma plasmada en dichos documentos con la plasmada en la copia de la identificación de la credencial para votar de la antes mencionada visible a foja treinta y tres y en la que además se aprecia una serie fotográfica de [**********] donde aparece firmando ambas actas. De dicha redacción se puede observar que dicha medida de protección emitida por la autoridad administrativa (Ministerio Público) la efectuó desde fecha 28 de marzo de 2022 (.) 2. Asimismo, del informe justificado que rindió la Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, destaca el proveído dictado el once del presente mes y año, que en lo conducente dice: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO el estado que guardan los autos, en suplencia de la queja a favor de menores de edad, en base al interés superior de los menores, analizando las constancias exhibidas por ambos contendientes, de las que se desprende que en fecha veintiocho de marzo del año en curso, el señor [**********] compareció ante la Fiscalía General del Estado a denunciar hechos de violencia familiar cometidos por [**********] en contra de las menores (**********. y **********.] de tres años de edad, instaurándose la carpeta de investigación [**********] dentro de la cual y en esa misma fecha la LICENCIADA ********** en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero, dictó un acuerdo, visible a foja treinta y cinco y treinta y seis de autos en el que al considerar que la víctima estaba en situación de riesgo que compromete su integridad física y psicológica, le otorgó como órdenes de protección administrativas la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la victima directa o victimas indirectas; la prohibición la persona agresora de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la mujer en situación de violencia y en su caso, de sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas, prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí o por cualquier medio o por interpósita persona a la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar afectiva de confianza o de hecho; así como además de las anteriores aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad la seguridad y la vida de la mujer o niña en situación de violencia consistente en la desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, para lo cual se ordenó girar oficio al Coordinador de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar y contra el Cumplimiento de la Pensión Alimentaria para su cumplimiento, la cual se advierte que se encuentra firmada por la señora [**********], en virtud del cual se emitió un parte informativo en el que la LICENCIADA ESTRADA MESTA ALONDRA, Agente B de la Policía Estatal Única División Investigación de la mencionada unidad hace constar que se apersonó en el domicilio ubicado en [Calle **********] de esta ciudad para localizar a [**********] en su carácter imputada en la investigación, siendo atendida por encontraba [**********] quien le dirigió hasta donde se encontraba [DAISY GOMEZ RIVAS], a quien se le hizo de su conocimiento de la orden decretada por el Ministerio Público a favor de las víctimas, siendo las dieciséis horas con veinte minutos de ese mismo día fue entrevistada [**********] manifestado que de manera libre y voluntaria puede ser localizada y notificada en el domicilio ubicado [**********] en esta ciudad con su papá [**********] proporcionando número telefónico, procediendo a tomarse una serie fotográfica de lugar de los hechos de la denuncia, acta de entrevista que es consultable a foja treinta y siete y que se encuentra firmada por [**********]. Advirtiéndose que tanto el auto en el cual se dictaron las órdenes de protección como el acta de entrevista se encuentran firmadas por [**********], coincidiendo la firma plasmada en dichos documentos con la plasmada en la copia de la identificación de la credencial para votar de la antes mencionada visible a foja treinta y tres y en la que además se aprecia una serie fotográfica de [**********] donde aparece firmando ambas actas. Por lo que sin lugar a dudas se advierte que la parte actora [**********] tenía pleno y legal conocimiento de la carpeta de investigación iniciada y de las órdenes de protección dictadas dentro de la misma y que le fueron oportunamente notificadas, por lo que los hechos narrados por la parte actora en su escrito inicial de demanda, fueron tergiversados por esta, con lo cual obtuvo por parte de este Tribunal la guarda y custodia de sus menores hijas y la consecuente orden de recuperación de las mismas, por lo que este Tribunal considera necesario variar la guarda y custodia provisional decretada en el auto de fecha treinta de marzo del año en curso, por lo que en este acto se concede la guarda y custodia de las menores [**********. y **********.] favor de [**********]. En virtud de la anterior medida que se ha tomado, consistente en la guarda y custodia de las niñas [**********. y **********.] a favor de su padre se, ordena que se turnen los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución a fin de que el personal adscrito se constituya en el domicilio ubicado en [**********] esta ciudad y se le requiera a [**********] de la entrega inmediata de dichas menores y se ordena que de inmediato y que sólo como medida provisional se recupere a las menores, para que su guarda y custodia provisional se ejerza por su padre [**********], autorizándose el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para ejecutar esta determinación y bajo el criterio mesurado del funcionario practicante de la diligencia, para lo cual se ordena girar el oficio a la autoridad correspondiente, debiendo constituirse en el domicilio precisado o bien en el lugar en que se encuentren las menores y con quien se encuentren, para la recuperación mencionada, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se puede hacer acreedor a la sanción que establece el tercer párrafo del artículo 398 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que dispone que "la conducta ilícita del sustractor o retenedor dará lugar a la pérdida de los derechos que tenga con relación al menor". Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 7 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Familiares, en relación con el 391 fracción I, 412 y 404 del Código Civil y los artículos 1º, 3°,4°,11,14,15,19,21,23 y conducentes de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Dejándose además sin efecto la pensión alimenticia decretada a cargo de [**********]. Todo lo anterior en virtud de que como quedó asentado, se advierte que previo a la interposición de la presente demandada, se había interpuesto la denuncia de violencia familiar correspondiente en la cual se tomaron medidas de restricción de la que tenía conocimiento la parte actora, ya que este tribunal se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar a los menores un desarrollo pleno y armonioso, en el que se les otorgue por parte de sus progenitores y familiares el afecto y calor humano, que todo niño requiere en sus primero años de vida, máxime que conforme a la Convención Internacional de Derechos del Niño, tiene derecho a crecer en un ambiente de felicidad, amor, comprensión y protección, que le brinde una estabilidad personal y emocional, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Familiares, artículos 391 fracción I, 412 y 404 del Código Civil, los artículos 3, 4, 5 y 24 de la Ley General para la Protección de los Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2 de los principios especiales respecto de Niños, Niñas y Adolescentes, fracción I, del Código de Procedimientos Familiares del Estado en vigencia, los artículos 1°, 3°, 4°, 11, 14, 15, 19, 21, 23 y conducentes de la Ley para la Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Apoyando lo anteriormente expuesto la tesis con número de registro 170,514, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Enero de 2008. Tesis: 1,140.C.51 C, Página: 2785; que a la letra dice: "GUARDA y CUSTODIA DE MENORES. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RELATIVA EL JUZGADOR DEBE EXIGIR Y TENER EN CUENTA NO SÓLO LA DEMOSTRACION PLENA DE LAS CIRCUNSTANCIAS FUNDAMENTALES QUE SUSTENTARON LO DECIDIDO EN LA RESOLUCIÓN FIRME, SINO TAMBIÉN QUE ELLO REDUNDE EN EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS, DE MANERA QUE QUIEN LA EJERZA CONCRETE UN BENEFICIO REAL Y EFECTIVO QUE INCIDA EN SU DESARROLLO Y EJERCICIO PLENO. En Ia pretensión del cambio de la guarda y custodia de un menor decretada previamente en una sentencia definitiva, basada en que existe una modificación de las circunstancias en que aquélla se resolvió, el juzgador debe exigir, no sólo la demostración plena de las circunstancias fundamentales que sustentaron lo decidido en la sentencia firme preexistente, sino también que ese cambio esencial redunde en el interés superior del menor, de manera que el cambio de guarda y custodia, en lo relativo a la persona que en lo sucesivo la ejerza, concrete un beneficio real y efectivo que incida en el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos del menor, considerando que la responsabilidad de los padres en el cumplimiento de sus deberes hacia sus hijos, comprende no sólo el apoyo económico, sino también la formación espiritual, emocional y social que propicie el desarrollo armónico e integral del menor, lo que puede lograrse si el medio ambiente en el que se desenvuelva es benéfico para éste". (.) Así, se advierte que la Juzgadora de origen, al emitir su acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, tomó en consideración los datos que arroja la carpeta de investigación 37-20220009514, en la que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se dictó una medida de protección a favor de las menores; ello, al considerar, que la aquí quejosa tergiverso los hechos narrados en el escrito de demanda que obra en el juicio de origen, pues aún y cuando tenía pleno conocimiento de la medida de protección dictada por la autoridad ministerial a favor de sus menores hijas dentro de la citada carpeta de investigación, fue omisa en informarlo, constriñéndose a señalar que a las dieciséis horas del veintiocho de marzo del presente año, se constituyó en su domicilio una persona del sexo femenino, la cual estaba armada, diciéndole que tenía que dejar la casa ya que pertenecía al demandado, haciéndose acompañar del papá de **********. 3. El once de mayo del presente año, la Juzgadora de origen, fijó las doce horas del tres de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo una audiencia de avenencia, toda vez que las partes pretendían terminar con el juicio de origen. Así, el tres del presente mes y año, se celebró dicha diligencia, en la que la quejosa y el tercer interesado manifestaron encontrarse viviendo juntos en compañía de sus menores hijas, así como que ambos ejercen la guarda y custodia y solventan los gastos por alimentos de manera equitativa; asimismo, que reciben terapia psicológica, ordenando el archivo del juicio como asunto concluido. De lo anterior, se tiene que los actos aquí combatidos dejaron de tener eficacia legal por un cambio de situación jurídica. En tanto que la solicitante del amparo y el tercero interesado, padres de las menores, son quienes actualmente detentan la guarda y custodia de sus menores hijas **********. y **********., desde el tres de junio de dos mil veintidós, ante la presencia judicial, convinieron en que así fuera, situación que se elevó a categoría de cosa juzgada al ordenarse el archivo del asunto. Decisión dictada después de la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de abril de dos mil veintidós-, y que no es acto reclamado en este juicio. Lo expuesto implica que esta juzgadora ya no puede ocuparse de la regularidad de los actos combatidos, es decir, sobre la designación de una persona quien ejerza la guarda, custodia y cuidados de las menores mencionadas, pues la quejosa, ante la Juez de origen, convino en que dicha medida sea ejercida por ambos padres. Por ende, la decisión en trato crea una nueva situación jurídica, en la que ya no es posible decidir sobre los actos combatidos sin afectar la actual, por lo que se materializa de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia en comento, que impone sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la normatividad de la materia. Es aplicable la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199808, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, de diciembre de 1996, página 219, que a la letra dice: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. El criterio anterior si bien hace referencia a la Ley de Amparo derogada, no se contrapone al contenido de la nueva legislación, de ahí que sea factible su aplicación. Por ende, conforme a la tesis invocada se tiene que para que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica se requiere, por regla general, de los elementos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Exigencias que en el presente asunto concurren. En efecto, la consignada en el apartado a) está presente porque los actos reclamados emanan de un procedimiento judicial, a saber, el juicio ordinario familiar 339/2022. También se encuentra el segundo elemento, conforme a lo expresado. Se actualiza el tercer elemento, porque la resolución de tres de junio de dos mil veintidós genera una situación en la cual ya no es posible decidir sobre la regularidad de los actos combatidos (conforme a los parámetros aplicables) sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de examen en el juicio constitucional, es decir, ya no puede hacerse pronunciamiento legal alguno en relación con dichos actos sin perturbar lo establecido por la Juez Octavo Familiar por Audiencias, respecto al otorgamiento de la guarda y custodia de las menores a favor de la quejosa, pues las partes convinieron en que dicha medida la cumplirían ambos padres. Por último, se considera que opera lo establecido en el cuarto elemento, porque existe autonomía entre los actos combatidos en el presente juicio y la determinación emitida el tres de junio del año que transcurre, de manera que este último subsiste con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. En ese orden de ideas, puede válidamente sostenerse que en el caso hubo un cambio de situación jurídica; por tanto, esta juzgadora no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación que impera, al haberse producido efectos que deben considerarse irreparablemente consumados, en caso de haber existido. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 257734, Sexta Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CIV, Primera Parte, página 64, del epígrafe y texto: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Procede el sobreseimiento del juicio de amparo, con apoyo en la fracción X del artículo 73, de la Ley de Amparo, por "cambio de la situación jurídica planteada", cuando habiéndose impugnado en dicho juicio la constitucionalidad de un precepto jurídico procesal que establece el recurso de apelación en el efecto devolutivo, dentro de un procedimiento de desahucio, por estimar el quejoso que tal precepto es contrario a la garantía de audiencia, al permitir la ejecución de la sentencia de primera instancia antes de que se resuelva en definitiva el recurso en cuestión, el tribunal de apelación pronuncia su sentencia de segunda instancia confirmando el fallo recurrido antes de que se resuelva el juicio de amparo, en virtud de que dicha sentencia de apelación ha venido a crear una nueva situación jurídica que resultaría afectada de llegarse en el juicio de garantías a una declaración de inconstitucionalidad del precepto legal impugnado por el quejoso; declaración esta que ya no tiene razón de ser una vez fallado el citado recurso en sentido denegatorio, porque con la mencionada sentencia de segunda instancia ya han quedado plenamente satisfechas las garantías de audiencia y de legalidad que, en lo esencial, consideraba vulneradas en su perjuicio el quejoso con la aplicación del precepto jurídico procesal combatido. Atento a lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la quejosa, pues cuando, como en el caso ocurre, se acredita una causa de sobreseimiento, no ocasiona agravio alguno la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendentes a demostrar la violación de derechos fundamentales por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que atañe al problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Sustenta esta postura, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Octava Época, registro 394984, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijas **********. y **********., respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en los Libros de Gobierno. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado que remite el Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en alcance al diverso informe que se tuvo por recibido el veinticinco de abril del presente año; en tal sentido, como disponen los artículos 117 Y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se tiene que el dieciséis de mayo del año que transcurre, se tuvo al Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, comunicando que en proveído de once de mayo del presente año, se fijó audiencia para las doce horas del tres de junio del año dos mil veintidós, para que tenga verificativo una junta de avenencia, toda vez que las partes pretenden terminar con expediente 339/2022. En consecuencia, se requiere a la Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informe si tuvo verificativo dicha audiencia, o en su caso lo resuelto en esa instancia, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponde dentro del presente asunto; apercibida que en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional, de conformidad con los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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