Daisy Giselle Esqueda Pérez

Expediente 1105/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Daisy Giselle Esqueda Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diez de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20, párrafo tercero del citado Acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio y anexo signado por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado el treinta y uno de agosto del año en curso, remite copia certificada de la comparecencia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determinó la guarda y cuidado de la niña de identidad reservada ********************. a favor de ********************, dentro del expediente ********************, de su índice. Ofrece pruebas Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante, ofreciendo como prueba documental la consistente en copia certificada de la diligencia de comparecencia de seis de septiembre del presente año, dictado en el expediente ********************, de su índice, la que se admite y se desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. A efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la cual, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, para demostrar que en el caso cesaron los efectos de la abstención reclamada, cabe recordar que esta consiste en: Por otra parte, de las constancias remitidas por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que en diligencia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, determinó otorgar la guarda y cuidado provisional de la menor de iniciales ********************. a favor de la quejosa ********************, dentro del expediente ********************. Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por la quejosa dejó de existir, pues el seis de septiembre del año que transcurre, la autoridad responsable determinó otorgar la guarda y cuidado provisional de la menor de iniciales ********************. a favor de la quejosa ********************, dentro del expediente ********************. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser abstenciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a las autoridades responsables a que actuaran en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  3. Principal

    ÚNICO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando cuarto de esta interlocutoria, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente determinación.*

  4. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Informe previo. Agréguese el oficio signado por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe previo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

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