Daina Estela Palma Pérez
Expediente 394/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daina Estela Palma Pérez
- Titular de la Subsecretaría de Prevención Y Promoción de la Salud, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
MESA VII.- Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. INCIDENTE ORIGINAL Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que en los presentes autos se dejaron sin efecto las providencias precautorias dictadas en el incidente de suspensión; en consecuencia, se hace la indicación que el presente cuaderno original del incidente de suspensión del juicio de amparo *** es susceptible de destrucción, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. INCIDENTE DUPLICADO Ahora bien, no ha lugar a hacer pronunciamiento respecto al destino del duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que en el auto inicial únicamente se ordenó la formación física del incidente original, pues el duplicado se ordenó formar con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el citado cuaderno incidental original, en aras de aprovechar la implementación de las tecnologías, y con el fin de promover la conservación del medio ambiente. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
MESA VII.- Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO: Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que de una revisión del expediente electrónico realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se evidencia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictada el dos de mayo del año en curso, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que el acuerdo que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. En cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. INCIDENTE DE SUSPENSION: De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al haberse quedado sin efecto las providencias precautorias dictadas en el incidente de suspensión, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del acuerdo general relativo. Ahora bien, no ha lugar a hacer pronunciamiento respecto al destino del duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que en el auto inicial únicamente se ordenó la formación física del incidente original, pues el duplicado se ordenó formar con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el citado cuaderno incidental original, en aras de aprovechar la implementación de las tecnologías, y con el fin de promover la conservación del medio ambiente. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Finalmente, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio del Secretario del Consejo de Salubridad General, mediante el cual pretende rendir informe justificado, cuenta habida que en esta propia fecha se está ordenando el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese.
- Incidental
MESA VII.- Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: toda vez que en acuerdo de hoy, en autos del expediente principal se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, del cual derivan este incidente de suspensión, por tanto, se declara que quedan sin efecto las providencias precautorias dictadas en este incidente de suspensión, para todos los efectos legales procedentes, y por ende, la audiencia incidental señalada para tener verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
MESA VII.- Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la parte quejosa ***en representación de su hija menor de edad con iniciales ***, reclama de las autoridades responsables en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer a los niños de 12 años en adelante, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Cesación de efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sostener lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia; circunstancia que es contradictoria al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Expuesto lo anterior, debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la página oficial de la plataforma Twitter, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, publicó que a parir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, se abriría el pre-registro para adolescentes a partir de los doce años sin comorbilidades, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. El subsecretario detalló que no sólo los niños con comorbilidades recibirán la vacuna, como ya se ha hecho, sino que ya todos los niños sanos recibirán la primera dosis contra el COVID-19. En dicho comunicado explicó que se tendría que acceder a la página de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, como se evidencia en la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese tenor, si se toma en consideración que la directa quejosa menor de edad de iniciales *** a la presente fecha, cuenta con una edad de trece años, por haber nacido el uno de septiembre de dos mil ocho -conforme a lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla-; es evidente que, ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de doce años en adelante, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que la directa quejosa a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de doce años o más, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada a las QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, agregues únicamente para que obre como legalmente corresponda los oficios de la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud, en representación titular de la Secretaría de Salud, Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y del Director General de Epidemiologia, con los cuales rinde informe de ley, sin embargo, no es el caso de dar vista con su contenido, por los motivos precisados en párrafos que preceden. No obstante lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las citadas responsables, el señalado en su oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los que nombra en dichos ocursos Notifíquese.
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