Daily Guadalupe Vega Avila

Expediente 1397/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1397/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Daily Guadalupe Vega Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, ni se tramitó incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que el veintinueve de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por otra parte, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente debe constar únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, de ahí que ésta actuación al ser emitida con posterioridad a dicha fecha, no debe imprimirse al expediente, sino únicamente debe obrar en el electrónico. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, puesto que, al contar con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el informe justificado signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento laboral y señaló nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecido por la parte actora. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Daily Guadalupe Vega Ávila reclamó en su demanda de amparo, fue la paralización del juicio laboral 200/2019. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta responsable, de paralizar el juicio laboral 200/2019, al no acordar lo relativo a la regularización de la fecha señalada en día inhábil para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Pablo Graciliano Chim Pech, Enrique Antonio Pech Ek y Juan de Dios Puc Mukul, así como verificar la citación de los diversos atestes Alejandra Emine Piloto Ávila, Mariana Lara Manrique y Jorge Alberto García Canto. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que mediante el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, regularizó el procedimiento laboral y señaló nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Pablo Graciliano Chim Pech, Enrique Antonio Pech Ek y Juan de Dios Puc Mukul. Asimismo, se advierte que en diligencias de veintidós y veintitrés de agosto y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó a los atestes Alejandra Emine Piloto Ávila, Mariana Lara Manrique, Jorge Alberto García Canto y Juan de Dios Puc Mukul. Por otro lado, en lo que respecta a Pablo Graciliano Chim Pech y Enrique Antonio Pech Ek el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Actuario adscrito a la Junta responsable levantó sendas razones en las que asentó la imposibilidad para emplazar a dichos testigos. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que la Junta responsable señaló nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y el Actuario desahogó las diligencias de citación de estas personas, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no regularizaba el juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la regulación del juicio laboral para el desahogo de la testimonial ofrecida por la aquí quejosa. Sin que obste a lo anterior el hecho de que no se haya logrado la citación de dos de los atestes que pretendía la parte quejosa, pues esto no puede ser materia de este juicio de amparo ya que la situación actual que guarda el procedimiento de origen es distinta a la que prevalecía al instar el juicio de amparo. Por tanto, ahora corresponderá a la parte actora proporcionar un nuevo domicilio para la citación correspondiente o promover ante la Junta responsable a efecto de que se indague sobre el domicilio de aquellos. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con la petición que la parte quejosa solicitó en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ********************, quien se ostenta apoderada de ******************** contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otra autoridad; se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1397/2023-VI. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase por reconocido el carácter con que se ostenta la promovente, en términos de la copia digital de la audiencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés celebrada en el expediente laboral ********************, la cual adjuntó a su escrito de demanda; de la que se aprecia que tiene reconocida dicha personalidad ante la autoridad responsable. Sentado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se le hará llegar vía electrónica copia de la demanda. En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir privilegiando los medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado. Apercibidas que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias de mérito completas y legibles, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a las autoridades responsables para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberá rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=4servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Respecto a la agente del Ministerio Público adscrita, es un hecho notorio para esta Juzgadora Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios en el citado correo electrónico. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las autoridades responsables a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta a su demanda de amparo; misma que se admite y desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por lo que respecta a la persona moral que señala como tercero interesada; se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos los informes justificados de las autoridades responsables, de los que pueda advertirse si cuenta o no con tal carácter. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo. Y como sus autorizadas, a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correos electrónicos de la parte quejosa, los que señaló en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Toda vez que consta en la certificación de cuenta que los usuarios********************y********************, que proporciona la parte quejosa, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad la solicitud del promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombres de usuario. En el propio tenor, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo de propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio de los citados usuarios. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa, relativa a que está anuente a que aparezcan sus datos personales al publicarse la sentencia ejecutoriada del presente juicio de amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8, 13, fracción IV, 18, 19 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley, publicando en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; asimismo, se les hace saber a las partes que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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