Dailis Santos Galan (Extranjero Cubano)
Expediente 375/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Dailis Santos Galan (Extranjero Cubano)
- Karel Hernandez Robles (Extranjero Cubano)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
II.- HA CAUSADO ESTADO EL FALLO PROTECTOR... ARCHIVESE... EXPEDIENTE PRINCIPAL SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN... ORIGINAL DEL INCIDENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
II.- VISTOS los autos, se procede a dictar sentencia en el juicio de amparo número 375/2021-II, promovido por Dailis Santos Galan y Karel Hernández Robles; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, Dailis Santos Galan y Karel Hernández Robles, promovieron juicio de amparo en contra del Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta Ciudad y otras autoridades, por los actos señalados en su escrito de demanda. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 375/2021-II, se concedió la suspensión de plano; se admitió a trámite; del mismo modo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegato; y, se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. Hasta la fecha no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo 3/2013, modificado a través del diverso 30/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y segundo a la creación de este Juzgado; toda vez que se señalan actos susceptibles de impugnarse vía amparo indirecto; porque este Órgano debe conocer de todas las materias de amparo indirecto en primera instancia, al no estar limitado su conocimiento a una materia especializada; y, porque el acto reclamado podría tener efectos en la circunscripción territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: Los oficios INM/0RTAB/EMV/1937/2021 y INM/0RTAB/EMV/1938/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, con los que se les otorga la calidad de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas por cuarenta y cinco días y se les somete a control de firmas los días lunes por el tiempo que dure el permiso. La deportación del territorio mexicano y la privación de la libertad y/o detención. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Actos cuya existencia NO quedó demostrada. Al rendir su informe justificado el 3Titular de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (foja 118) y 4Director General de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco (fojas 20 y 21), negaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el 1 y 2Representante Local Paraíso y/o Sub Delegado Local en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, sin bien indicó que las quejosas fueron presentadas ante él, también señala que el trece de abril del año en curso, acordó su salida a fin de evitar el alojamiento prolongado, y en virtud de que las promoventes interpusieron recurso administrativo donde solicitaron la condición de refugiadas. Por tanto, la detención realizada a las quejosas cesó sus efectos con anterioridad a la presentación de la demanda, considerando que la autoridad acordó su salida el trece de abril de dos mil veintiuno y la demanda se presente hasta el veintitrés de abril siguiente. De ahí que, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados consistentes en la deportación del territorio mexicano y la privación de la libertad y/o detención a la autoridad mencionada. Asimismo, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables, respecto a los actos precisados, cuando corresponde a ésta acreditar la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. Luego, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio promovido contra los actos de tales autoridades. Es aplicable en la especie, la tesis de jurisprudencia 310, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Actos cuya existencia SÍ quedó acreditada. Son ciertos los actos que se atribuyen al 1 y 2Representante Local Paraíso y/o Sub Delegado Local en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, que consisten en la emisión de los oficios INM/0RTAB/EMV/1937/2021 y INM/0RTAB/EMV/1938/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, a través de los cuales se otorga a las quejosas la calidad de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas por el periodo de cuarenta y cinco días y se les somete a control de firmas los días lunes por el tiempo que dure el permiso. Certeza que se corrobora de las copias certificadas de los oficios reclamados, remitidos por la responsable (fojas 61 y 110), a las cuales se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se advierte que la responsable citada en el párrafo que antecede emitió los ocursos impugnados. Resulta aplicable la tesis 226, consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página: 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO, Improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento al contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgador advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. Así es, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo mencionado; circunstancia que desde luego, hace innecesario el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en su escrito de demanda, con base en las razones que a continuación se exponen. En ese orden de ideas, se torna necesario precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia que se invoca, para lo cual se transcribe el precepto en cita, así como el 77 de la propia Ley de Amparo, este último únicamente en la parte que establece los efectos de la sentencia que otorgue el amparo respecto de actos positivos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [...]" Conforme al primero de los numerales transcritos, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que, por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que, si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustran los anteriores razonamientos las tesis con registro 323032, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXII, página 1478; que a continuación se transcribe: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Lo anterior, se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho fundamental, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven, y los efectos del acto reclamado cuando se trata de un acto negativo con efectos positivos, es obligar a la autoridad a actuar en determinada forma, a fin de restituir al gobernado en el goce de sus derechos, de los que fue privado por una negativa u omisión de la autoridad. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Una vez plasmado lo anterior, tenemos que en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un acto consumado de manera irreparable, pues como ya se expuso con antelación, los actos reclamados que consisten en los oficios con número INM/0RTAB/EMV/1937/2021 y INM/0RTAB/EMV/1938/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, a través de los cuales se otorgó a las quejosas la calidad de visitantes con permiso para realizar actividades remuneradas por el periodo de cuarenta y cinco días y que las somete a control de firmas los días lunes por el tiempo que dure el permiso, ya transcurrió su vigencia como se expondrá en los siguientes párrafos. Es importante traer a colación el artículo 111, fracción V de la Ley de Migración, dado que los oficios reclamados fueron emitidos de conformidad con dicho numeral, el cual establece: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país." Entonces, del precepto transcrito se tiene que los cuarenta y cinco días a que se refieren los oficios en reclamo se tratan de días hábiles, por tanto, si estos fueron emitidos el trece de abril de dos mil veintiuno, fue a partir de esa fecha que comenzó a computarse el plazo para la duración de su vigencia, el cual feneció el dieciséis de junio del año en curso. Por ende, resulta palmario que la mencionada determinación, jurídicamente produjo todos sus efectos y consecuencias, en la medida de que ya transcurrieron los cuarenta y cinco días hábiles del permiso provisional otorgado a las quejosas en los oficios reclamados, pues empezó a aplicarse a partir del trece de abril (fecha de emisión), y finalizó el dieciséis de junio, ambos de dos mil veintiuno. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable, no se desprende que a la fecha se hubiera prorrogado el permiso otorgado. En ese contexto, si la ejecución de los oficios provisionales tuvieron una duración máxima de cuarenta y cinco días hábiles, como se advierte de los propios comunicados, resulta evidente que los efectos legales del acto reclamado, se han consumado de manera irreparable, al haber surtido en forma total todos sus efectos, razón por la que no existe motivo para la resolución de fondo del asunto, dado que es evidente que de concederse el amparo solicitado no podría alcanzar su objetivo protector. Bajo esa perspectiva, debe considerarse que el objeto o materia del presente juicio de amparo ha dejado de existir; circunstancia que lleva a concluir, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esto es, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida en sus derechos que consideró violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que, con independencia de que haya sido legal o no el permiso otorgado y las medidas impuestas, tal cuestión no puede ser analizada, ya que transcurrieron sus días de imposición. En otras palabras, aun cuando la sentencia que pudiera dictarse en este juicio constitucional, resultara favorable a la parte impetrante del amparo, no sería posible restituirla en el pleno goce de los derechos constitucionales que estimó le fueron transgredidos, ya que -se insiste- transcurrieron en su perjuicio los días de su obligación, por lo que se consumaron todos sus efectos irreparablemente en perjuicio de las agraviadas. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE.". Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVI, en relación con el 63, fracción V, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues en ese momento no se contaba con los elementos suficientes para desecharla en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, y al ser la improcedencia una cuestión de orden público puede ser analizada posteriormente a la admisión de la demanda. Tiene aplicación al respecto la tesis 3a. XX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, marzo de 1993, página: 22, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. Texto: El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia." Por otra parte, al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte quejosa, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, página: 708, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dailis Santos Galan y Karel Hernández Robles, de conformidad con el artículo 63, fracción IV y 61, fracción XVI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO, de esta resolución.
- Incidental
II.- RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA. RESUELVE. ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
- Incidental
II.- VISTA INFORME PREVIO.
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