Dahane Marjorie Duran Quito
Expediente 1750/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1750/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Dahane Marjorie Duran Quito
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de catorce de octubre del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso b) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda y se concedió la suspensión de plano. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, mediante el cual remite copia de la sentencia emitida en la sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 602/2018, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la relativo a la constitucionalidad de los artículos 380 Bis 1, 380 Bis 2, 380 Bis 3, 380 Bis 5, 380 Bis 6 y 380 Bis 7, del Código Civil del Estado de Tabasco. Acúsese el recibo de estilo, ahora en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: En mérito de lo anterior, actúese en el cuaderno de antecedentes, hasta en tanto, la superioridad remita el juicio principal del cual emana el mismo; háganse del conocimiento de las partes la recepción de dicho testimonio, remitiendo copia de la citada resolución a las autoridades señaladas como responsables para los efectos legales que procedan; asimismo, realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. En cuanto a la ejecutoria de que se trata, se advierte que el más alto tribunal de la nación, modificó la sentencia y amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informen a este Juzgado Federal sobre los actos que se encuentre realizando para ese fin, remitiendo al efecto las copias certificadas de las constancias relativas que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."
- Principal
Villahermosa, Tabasco; once de octubre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Visto lo de cuenta, téngase por recibida y agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Portal Pacherre, Sonia Magdalena Cerna Chávez, Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez, en favor de Dahane Marjorie Durán Quito y Angelo Antonio Portal Cerna, contra actos del Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia: Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1750/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Falta de firma electrónica. No pasa desapercibido que la demanda que se provee únicamente obra firma electrónica a nombre de Juan Carlos Briones Acosta; sin embargo, atendiendo a que en la misma se combaten algunos de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 3 del citado ordenamiento legal, no es necesario que se cumpla con dicha formalidad debido a la urgencia de los actos. Observación en cuanto a la denominación de la autoridad responsable. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el promovente utiliza diversas denominaciones para referirse a una de las autoridades que señala como responsables; sin embargo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio que en diversos juicios de amparo de la estadística de este juzgado, al rendir su informe de suspensión de plano, la autoridad migratoria en esta ciudad ha informado que su denominación correcta es Subdirectora de la Estación Migratoria Encargada en Villahermosa, Tabasco; por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones, téngase como autoridad responsable únicamente a la mencionada. En esa tesitura, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice la anotación correspondiente, en relación a la denominación correcta de la autoridad de mérito. Suspensión de plano respecto de la detención Ahora, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la incomunicación, detención y/o retención, que se traduce en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que son objeto los directos quejosos por parte de las autoridades migratorias; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano de los referidos actos reclamados para los efectos siguientes: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, se decrete la inmediata libertad de los quejosos bajo las siguientes condiciones: -Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que los impetrantes de amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2. Se les requiera para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este juzgador el domicilio donde puedan ser localizados, el cual deberá encontrarse, así como los cambios que del mismo pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en dicha ciudad. 3. Se indique a los quejosos que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4. Se requiera a los quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Medida de aseguramiento En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, si infringen el bando de policía y gobierno o en cumplimiento a una orden de detención librada por diversa autoridad, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Incomunicación. Po otro lado, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación, de la que puedan estar siendo objeto los directos quejosos, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se les permita la libre comunicación con su abogado. En la inteligencia de que la seguridad y la salud de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Suspensión de plano respecto a la deportación De conformidad con los artículos 15 y 160 ambos de la Ley de Amparo, el efecto de la suspensión de plano es para que no se ejecute ORDEN DE DEPORTACIÓN alguna en contra de los directos quejosos; sin embargo, la medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida del peticionario de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. Se apercibe a la autoridad de mérito, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se le impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede esta ciudad, para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a su legal notificación, comunique a este órgano jurisdiccional, bajo la confidencialidad requerida, si los aquí quejosos presentaron la solicitud de reconocimiento de refugiados y la etapa en que se encuentre el trámite correspondiente, así como si se ha pronunciado sobre las medidas que resulten necesarias para tal efecto, de conformidad con el numeral 21 de la Ley Sobre refugiados, Protección complementaria y Asilo Político; debiendo remitir al efecto copia debidamente certificada de las constancias conducentes. En la inteligencia, de que la comunicación oficial que al efecto se le envía, surte efectos de aviso sobre la pretensión del quejoso, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero del citado numeral. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que si se niegan a recibir el oficio librado en el presente juicio, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Asimismo, de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se les impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se les indica que en dicho informe deberán proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Autorización vía correo electrónico. Se autoriza a la responsable para que remitan su informe a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Estado físico de los quejosos. Por otra parte, toda vez que los quejosos se encuentran detenidos por parte de una autoridad migratoria, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de realizar la siguiente encomienda: 1.- Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que proceda a la búsqueda y localización de los directos quejosos; y, una vez en su presencia, les notifique personalmente el contenido de este proveído. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentran, así como las condiciones de éste. 3. También proceda a interrogar a los quejosos en relación a si ha sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incomunicación, y proceda a asentar en la diligencia lo expresado por los mismos; o en su caso asiente lo que corresponda. 4. Finalmente, tomando en consideración que de la demanda se advierte que los directos quejosos son extranjeros, deberá hacerle saber el derecho a la asistencia consular a la que tienen derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desean que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberá hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. Ratificación de la demanda. De igual manera se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera a los directos quejosos Dahane Marjorie Durán Quito y Angelo Antonio Portal Cerna para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifiquen la demanda promovida a su favor por Marco Antonio Portal Pacherre, Sonia Magdalena Cerna Chávez, Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez; apercibidos que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase a los justiciables para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifiesten si es su deseo señalar a los promoventes Marco Antonio Portal Pacherre, Sonia Magdalena Cerna Chávez, Juan Carlos Briones Acosta y Martín Hernández Núñez como sus autorizados. De igual forma los requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído, aclare si señala como autoridad responsable al Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco o a la Delegación de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Tabasco, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la referida demanda en lo tocante a la autoridad que señaló de manera inicial. De igual manera, señalen un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; o en su defecto, si ratifican el precisado en el escrito de demanda y a los autorizados ahí referidos. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a sus autorizados, deberán acreditar que se encuentran facultados legalmente para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; de lo contrario, se le tendrá por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Autorización y habilitación al personal del juzgado. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Reserva respecto de los autorizados, y notificaciones por medios electrónicos. Se reserva proveer respecto del autorizado señalado en el escrito de cuenta, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen la demanda que nos ocupa. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
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