Dagoberto Santos Cruz
Expediente 1148/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dagoberto Santos Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control interno respectivos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número ... TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO ... por propio derecho, y en su carácter de demandado en el expediente principal del juicio ejecutivo mercantil... AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro. ACTO RECLAMADO La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil ..., en la cual, se confirmó el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mismo que determinó que no había lugar a tenerle por ofrecidas las pruebas respecto de su contestación al incidente de liquidación de sentencia, asimismo, se omitía pronunciarse sobre sus defensas y excepciones. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público. En efecto, atendiendo a las consideraciones expuestas, se advierte que en el caso, se actualizan las siguientes causales de improcedencia: PRIMERA. En el caso, se advierte que la presentación de la demanda resulta EXTEMPORÁNEA, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción xiv, relativa a que el juicio de amparo no se promovió dentro de los plazos previstos, por lo que se trata de actos consentidos tácitamente, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Los citados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los citados artículos, se advierte que la referida improcedencia deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional; es decir, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley establece. Así, en el asunto, el acto reclamado se ubica dentro de la regla genérica de quince días, pues no se refiere a alguna de las excepciones establecidas en las fracciones del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, los actos reclamados, no se relacionan con una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo anterior, porque en el caso, la quejosa reclama esencialmente la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 361/2016, en la cual, se confirmó el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mismo que determinó que no había lugar a tenerle por ofrecidas las pruebas respecto de su contestación al incidente de liquidación de sentencia, asimismo, se omitía pronunciarse sobre sus defensas y excepciones. Sin embargo, la quejosa tuvo conocimiento de dicha resolución desde el dos de octubre de dos mil veintitrés, pues así lo afirma en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad -mediante el cual, la responsable resuelve confirmar el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés y por lo tanto, no revoca lo solicitado, resolución que me fue notificada el día dos de octubre del año en curso-. De ahí que el plazo de quince días con que contaba la promovente para presentar la demanda de amparo, transcurrió del cuatro de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de octubre del año en curso, este Juzgado SUSPENDIÓ labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales; así como sábados y domingos de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la fecha de presentación de la demanda de amparo vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, fue el trece de noviembre de dos mil veintitrés, su presentación resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.8o.C.15 K, Décima Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, página 2380, del rubro siguiente: "INICIO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER AMPARO CUANDO NO EXISTE NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO. El párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; por su parte, el artículo 18 de la misma ley prevé que ese plazo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este precepto se deduce que el inicio del plazo de quince días para solicitar amparo, depende del supuesto que en cada asunto se actualice, a saber: primero, en aquellos casos en que exista una notificación al quejoso del acto reclamado, el plazo para presentar la demanda correrá al día siguiente a aquel en que surta efectos esa notificación; segundo, cuando el impetrante haya tenido conocimiento, obviamente por medios diversos a una notificación, de la existencia del acto; y tercero, por la confesión, que opera cuando el quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en estos dos últimos supuestos el plazo de quince días comenzará al día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado o se ostente sabedor del acto o de su ejecución; sin que en estos casos inicie el cómputo a partir del día siguiente en que se surtan los efectos, pues no existe notificación cuyo efecto deba surtir, sino que como expresamente lo establece tal dispositivo, el cómputo inicia al día siguiente de la fecha en que haya tenido conocimiento del acto o de aquella en que haya confesado haberlo tenido." SEGUNDA. No obstante a lo anterior, en relación al acto reclamado del que se duele el quejoso, también se actualiza la causal de improcedencia relativa a que EL ACTO RECLAMADO NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ya que no se afectan los derechos sustantivos del quejoso y únicamente tiene efectos intraprocesales, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del precepto 107 (interpretado contrario sensu). Los preceptos citados con antelación disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo; que el Tribunal Colegiado conocerá del juicio de amparo directo, el que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, así como de aquellos casos en que se desechen las pruebas ofrecidas legalmente o se desahogue en forma contraria a la ley, se trata de violaciones al procedimiento que pueden trascender o no al resultado del fallo. Ahora bien, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, que es el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 361/2016, del índice del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, en la cual se resolvió que no había lugar a tenerle por ofrecidas las pruebas que ofertaba en su contestación al incidente de liquidación de sentencia, asimismo, se omitía pronunciarse sobre sus defensas y excepciones, y por lo tanto, no revoca lo solicitado, lo que produce efectos intraprocesales, pues no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa, pues como demandado, todavía no es posible saber si se producirá tal afectación de defensa, en la medida de que, cuando se dicte la sentencia definitiva en el juicio natural, se sabrá si la violación que reclama trasciende o no al resultado del fallo y será hasta entonces cuando podrá recurrirlo, haciendo valer las violaciones que estime le fueron producidas. Así, las consecuencias del acto reclamado no conllevan a una afectación irreparable de un derecho sustantivo en perjuicio de la disconforme, puesto que, existe la posibilidad de que el fallo que se dicte en la resolución incidental le sea favorable, entonces el acto que aquí se reclama, no implica necesariamente que el juez que conoce del juicio original dicte una sentencia desfavorable, pues dicha autoridad, conserva la obligación de examinar debidamente la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. De ahí que la citada resolución emitida por la responsable, ningún perjuicio irreparable ocasiona, ya que puede o no trascender al resultado del fallo. Máxime a lo anterior, es evidente que los efectos de tal determinación de la que se duele el quejoso, no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, sino que, únicamente, tiene como consecuencia que el procedimiento incidental continúe por sus etapas legales, pudiendo incluso obtener resolución favorable dentro del mismo. De ahí que, en el caso particular, el acto combatido no es susceptible de análisis de manera inmediata en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, sino que será hasta el dictado de la resolución interlocutoria -relativa al incidente de liquidación de sentencia-, cuando la parte promovente estará en aptitud de interponer el juicio de amparo en su contra y, a la vez, hacer valer como violación procesal la determinación hoy reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con registro 220175, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, marzo de 1992, localizable a página 216, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION.- Como el auto admisorio de un incidente, por su naturaleza jurídica procesal no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, el juicio de garantías que se promueve en su contra es improcedente, de conformidad con el artículo 114, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, pues la determinación judicial combatida no tiende a privar al quejoso de un derecho, bien o posesión, ya que sería hasta el dictado del fallo que resuelva el incidente planteado cuando podría darse el perjuicio derivado por su admisión. Asimismo, por lo que su contenido informa, la tesis IX.1o.58 K emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 1475, de la Novena Época, de registro 185611, que a la letra señala: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL INCIDENTE INTERPUESTO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. DEBEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE PONGA FIN A DICHO PROCEDIMIENTO. La supuesta indebida citación a una de las partes para acudir a un procedimiento incidental, después de concluido el juicio, es susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto, pero sólo hasta que se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada, como lo exige el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues atento la identidad jurídica sustancial con los actos contemplados en dicho precepto legal, así como con los regulados por el diverso 161, párrafo primero, del citado ordenamiento, respecto del juicio de amparo directo, lo que se pretende es la continuación del procedimiento incidental sin mayores obstáculos y evitar la reiterada promoción de juicios de amparo, cuantas violaciones de ese carácter se estimaran cometidas, aunque con la posibilidad de reclamar todas las posibles violaciones, a través de un solo juicio que se tramite en la vía biinstancial, en contra de la interlocutoria que ponga fin a la incidencia". En consecuencia, por las consideraciones expuestas, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas de manera indudable y manifiesta, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, promovida por .... HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio el que indica y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario ... en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en el último párrafo del considerando noveno, 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la referida parte procesal la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo, como lo solicita, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la parte promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En atención a la autorización de notificaciones electrónicas, únicamente se toma conocimiento del domicilio convencional que proporciona, para el caso de que no se puedan practicar las notificaciones electrónicas. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita la parte promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, u otros dispositivos electrónicos semejantes, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, de rubro. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.A
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