Dagoberto Romero Gonzalez

Expediente 145/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
145/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Dagoberto Romero Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos del presente cuaderno el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, transcribe el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ***** de su índice, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional se avocó nuevamente al conocimiento de dicho juicio, en razón de que este Juzgado de Distrito no aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda promovida por ***********. En atención a lo anterior, toda vez que no existe trámite alguno por realizar en este cuaderno derivado del juicio de amparo*****, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos mencionados en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Ahora bien, en términos del artículo 21, inciso d), del citado acuerdo este expediente debe ser considerado destruible porque se trata de un juicio de amparo en el que no se aceptó la competencia planteada. Por ello, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 24 del acuerdo en cita, procédase a su destrucción. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente.

  2. Principal

    Fórmese expediente con el oficio de cuenta y anexos. Regístrese, bajo el número 145/2022 en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. 2. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA. Este juzgador no comparte las razones del Juez declinante, por lo que no se acepta la competencia declinada, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen: Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso promovió demanda de amparo contra el acto y autoridades responsables siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de ordenadoras y ejecutorias: 1).- El C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en calidad de autoridad ordenadora, . 2).- El C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en calidad de autoridad ordenadora, . 3).-. Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en calidad de autoridad ordenadora, . 4).- Juez de Primera Instancia Mixto de Ures, . 5).- Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común en Bacadehuachi, Sonora, . 6).- Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común en Aconchi, Sonora, . 7).- Agente Mixto Investigador del Ministerio Público del Fuero Común en Ures, Sonora, . 8).- Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común en Hospital General del Estado, . 9).- Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en la Investigación de Homicidios y Feminicidios y Lesiones Graves y Dolosas, . 10).- Unidad de Atención Temprana Especializada en Investigación de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, . 11).- Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, . 12).- Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Encargado de la Base Operativa Hermosillo, . en calidad de autoridad ejecutoria, . 13).- Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal Encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, . en calidad de autoridad ejecutora, . 14).- Director de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, . 15).- Subdirector de la Policía Estatal de Seguridad Pública, del Gobierno del Estado de Sonora, en calidad de autoridad ejecutora, . 16).- Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Hermosillo, Sonora, en calidad de autoridad ejecutora . 17).- Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Bacadehuachi, Sonora, en calidad de autoridad ejecutora ." De quienes reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ordenadoras del capítulo correspondiente, reclamo el que se haya dictado una orden de aprehensión y/o orden de comparecencia y/o orden de detención, en contra del suscrito en plena contravención al artículo 19 constitucional, toda vez que no he cometido delito o falta administrativa que amerite mi aprehensión y/o comparecencia y/o detención, razón por la cual debo sostener que mi posible aprehensión y/o comparecencia y/o detención, se pudiera dar fuera de todo contexto legal. Por otra parte, reclamo de las autoridades ejecutoras, la posible aprehensión y/o comparecencia y/o detención material que pudiera darse en mi persona en atención al mandamiento ilegal que emitió la autoridad que señalo como ordenadora, fuera de todo ordenamiento jurídico, debo citar que jamás he ubicado mi conducta de manera perfecta en algún tipo penal que prevea nuestro Código Penal del Estado o alguna ley especial, lo que deriva en el hecho incuestionable en que las responsables están vulnerando en contra del suscrito, los derechos humanos a los que se refiere el artículo 1° fracción primera de nuestra Constitución General de la República, al pretender restringirme mi derecho a la libertad, de manera ilegal, lo que motiva que se me conceda el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que se obligue a las responsables que dejen sin efecto la Orden de Aprehensión dictada, hasta en tanto se resuelva la presente. De igual modo reclamo todas aquellas consecuencias de hecho o de derecho que se deriven o se hayan derivado de los actos que reclamo." Asimismo, en el capítulo V del escrito de demanda de amparo, el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular, se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahora, la Juez declinante para sostener su incompetencia en auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, expone sustancialmente lo siguiente: "Visto el estado de los autos, específicamente del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete, con residencia en Agua Prieta, Sonora, se advierte que aceptó el acto reclamado, manifestando que el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Dagoberto Romero González por su probable comisión en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en perjuicio de Ángel Diego Ruiz Cota, en razón de lo anterior, la suscrita juzgadora estima que carece de competencia para conocer del presente juicio, por razón de territorio, dado que el acto que se reclama tiene ejecución material fuera de la circunscripción territorial en la cual ejercen jurisdicción los Juzgado de Distrito con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahora bien, como ya se señaló del informe justificados rendido por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Siete, con residencia en Agua Prieta, Sonora, se advierte que dicha autoridad libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Dagoberto Romero González por su probable comisión en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en perjuicio de Ángel Diego Ruiz Cota, asimismo, del informe justificado rendido por el Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Encargado de la Base Operativas Hermosillo, se advierte que anexó a su informe oficio 091/2019, de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, firmado por el Agente del Ministerio Público Investigador, de la Unidad de Cumpas, Sonora, dirigido al Jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, con residencia en Nacori Chico, Sonora, en el cual le indica que para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial deberá dictar las medidas conducentes para la búsqueda y aprehensión de Dagoberto Romero González quien cuenta con domicilio en Bacadehuachi, Sonora, quien en su caso deberá quedar detenido en el Centro de Reinserción Social de Agua Prieta, Sonora, por lo que es evidente que la ejecución de la orden de aprehensión tendrá ejecución en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. (.)" Por ello consideró que no es competente en razón de lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. De lo anterior, este juzgado no comparte tal criterio, ya que del argumento que sostiene la Jueza declinante, no se advierte la seguridad de que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción que ejerce esta autoridad, ya que como se dijo el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad tener domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que ahí también puede ejecutarse la orden de aprehensión reclamada. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto legal invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). De lo anterior, es inconcuso que para fijar la competencia debe estarse a las reglas a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los supuestos en que la determinación reclamada tenga ejecución material, que en la especie se refiere al caso en que el acto reclamado trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, supuesto en el que será competente el Juez de Distrito del lugar en que se actualicen tales hipótesis. Sin que el supuesto de incompetencia legal que refiere la autoridad declinante se actualice por el hecho de que la autoridad que emitió la orden de aprehensión reclamada, radique dentro de la circunscripción territorial de este Juzgado de Distrito, pues en la Ley de Amparo no existe precepto legal alguno que establezca que dicha circunstancia determine la competencia para conocer del asunto. Por consiguiente, en la especie, este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, es decir, se finca la competencia a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado, en este caso, en el lugar donde tiene su residencia el quejoso, pues éste en su demanda de amparo, manifiesta que tiene su domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora; en cuya jurisdicción ejerce competencia el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo; por lo que es evidente que la orden de aprehensión reclamada, pretende ejecutarse precisamente en el lugar en el que reside o habita el quejoso. Lo anterior es así debido a que la ciudad de Hermosillo, Sonora, lugar en que tiene su domicilio el quejoso, no se encuentra dentro de los municipios en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, se estima que aun cuando el acto reclamado, en un momento dado, pudiera tener ejecución dentro del ámbito territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce competencia, de acuerdo con la autoridad que emitió el acto, debe seguir conociendo del juicio el Juez donde fue presentada la demanda y previno en el conocimiento del asunto; pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostuvo que del texto del artículo 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se advierte que la competencia de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida, por tanto, la Sala señaló que si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. Y en el caso, la parte quejosa fue categórica en manifestar que su domicilio particular está ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por tanto, en aplicación al artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente, por el lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado, el juzgado declinante. De ahí que, aun cuando llegara a considerarse que el acto reclamado pudiera tener también ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el citado numeral 37 párrafo segundo, de la ley de la materia, es competente el juez ante quien se presentó la demanda; por lo que se concluye, que en todo caso, es a la autoridad declinante a quien le corresponde conocer del asunto. 3. DEVOLUCIÓN DE AUTOS. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, se ordena devolver vía Estafeta, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, la referida demanda de amparo, promovida por Dagoberto Romero González; solicítese el acuse de recibo respectivo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo que se devuelve, para los efectos legales a que haya lugar.

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