Dagoberto Hernández Hernández
Expediente 1297/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dagoberto Hernández Hernández
- Dagoberto Hernández Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Mesa de amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se advierte que se tuvo por consentido el auto por el que se declaró por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo 1297/2017; asimismo, que se concedió la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, con fundamento en el segundo punto, fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Mesa de amparo III-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Se declara consentido el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil diecinueve. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto del acuerdo dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve, donde se les dio vista respecto del informe del cumplimiento rendido por la autoridad responsable transcurrió de la siguiente forma: para el justiciable Dagoberto Hernández Hernández del veintiséis al veintiocho de marzo de la presente anualidad y para las terceras interesadas Juana Aurora Quero Ortiz, Francisca Ninfa Quero Ortiz y Eugenia Martha Quero Ortiz del veinticinco al veintisiete del mismo mes y año. Tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a las partes que integran este juicio de amparo para que se pronunciaran en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la misma. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Dagoberto Hernández Hernández acudió a esta instancia constitucional para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que en la sentencia fueron fijados como: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete librada en su contra en la causa penal 19/2017 por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad perpetrado en perjuicio de Eugenia Martha y Juana Aurora ambas de apellidos Quero Ortiz. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Agente Estatal de Investigaciones en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca -esta última en su denominación correcta- combate: la ejecución de ese mandamiento de captura. Efectos de la concesión del amparo. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria en proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve; donde el único resolutivo textualmente señala: "Único.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Dagoberto Hernández Hernández, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y para los efectos precisados en los apartados IX y X de este fallo." En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la justicia federal que fue otorgada; siendo los siguientes: "84. Así, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo, o bien, omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a la responsable a respetar el derecho fundamental violado. Para ello, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, deberá: Dejar insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete emitida en la causa penal 19/2017 contra el quejoso por considerarlo probable responsable del injusto de abuso de autoridad. Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución que podrá ser en el mismo sentido que la aquí analizada, o en uno diverso, pero colmando los vicios detectados en esta sentencia; esto es: Deberá justificar que el activo ejerció violencia física sobre las ofendidas en ejercicio de sus funciones (si cuenta con elementos para ello). Preciar si la conducta atribuida se trata de violencia física, insulto o ambas; Señalar cada medio de convicción en lo individual y exponer las razones por que les atribuye determinado alcance probatorio, especificando qué hechos en concreto extrae de cada una de las pruebas y de qué manera se concatenan entre sí para arribar a la conclusión de que se trate, además de resolver si ésta es apta y suficiente para demostrar los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad." Actos que debía llevar a cabo la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: Debió dejar insubsistente la orden de aprehensión que dictó el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 19/2017 de su índice contra Dagoberto Hernández Hernández; Con plenitud de jurisdicción haberse pronunciado sobre el mandamiento judicial solicitado en contra del impetrante de amparo, el cual podría ser en el mismo sentido que el dictado anteriormente, pero subsanando los vicios formales destacados, o en sentido diverso. Al colmar los vicios formales a que es conminado, debió observar lo siguiente: Justificar que el sujeto activo haya realizado violencia física en contra de las ofendidas en ejercicio de sus funciones, siempre que cuente con los elementos para ello. Precisar si la conducta que se le atribuye se trata de violencia física, insulto o ambas; Hacer una relación sucinta de los medios de convicción, exponiendo el alcance probatorio que atribuye a cada uno de ellos; detallando a su vez qué hecho en concreto extrae de cada una de las pruebas analizadas y de qué forma se vinculan entre sí para llegar a la conclusión que determine, resolviendo si cada una de ellas es apta y suficiente para demostrar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Acciones realizadas por la autoridad responsable para acatar la sentencia. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, con la finalidad de dar cumplimiento al presente fallo, emitió una resolución el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. De su análisis se advierte que: Dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Eugenia Martha Quero Ortiz, Juana Aurora Quero Ortiz y Francisca Ninfa Quero Ortiz. En ese mismo acto, dictó diversa resolución en la que NEGÓ LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada por la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV adscrita a la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción en contra del referido justiciable, con las generalidades señaladas. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se evidencia que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca emitió una resolución mediante la que: Dejó insubsistente el mandamiento judicial librado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Eugenia Martha Quero Ortiz, Juana Aurora Quero Ortiz y Francisca Ninfa Quero Ortiz. En ese mismo acto y en libertad de jurisdicción dictó una diversa determinación en la que NEGÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito y las personas físicas señaladas en el inciso anterior, la cual fue solicitada por la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV adscrita a la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción. En dicha resolución, la autoridad de mérito actuó de la siguiente forma: Al realizar el análisis del cuerpo del delito refirió que el delito de abuso de autoridad -estatuido en el numeral 208, fracción II del Código Penal del Estado de Oaxaca -se compone de estos elementos: a) Que el activo en el momento del evento se desempeñe como funcionario público o agente de gobierno o comisionado; b) Que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciera violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare injustificadamente o la insultare; y, c) El bien jurídico tutelado que en el caso resulta ser la seguridad general amparada por el orden jurídico confiado en la administración de justicia. De tal forma que a su consideración, estos elementos no se encuentran demostrados. Previo a exponer sus razonamientos, es preciso traer a la vista y de forma muy breve las pruebas que ocupó y el valor que otorgó a cada una de ellas, específicamente en lo que hace al estudio del cuerpo del delito; siendo las siguientes: Denuncia presentada por las ofendidas Eugenia Martha Quero Ortiz y Juana Aurora Quero Ortiz. Testimoniales vertidas por los testigos de cargo Pedro Alexis Quero Ortiz y Edmundo Javier Quero Ortiz. Diligencia de fe ministerial de lesiones de quince de octubre de dos mil catorce realizada a Eugenia Martha Quero Ortiz y a Juana Aurora Quero Ortiz; la cual llevó a la conclusión de que la primera en mención fue lesionada en el brazo derecho, que según su dicho fue el que le dio el aquí quejoso. Diligencia de traslado e inspección en el lugar donde sucedieron los hechos de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Dictamen pericial en materia de fotografía de dieciocho de diciembre de dos mil catorce llevada a cabo por Ranulfo Cruz Zaragoza. Dictamen de planimetría realizado el cuatro de diciembre de dos mil catorce por el Arquitecto Eduardo Garzón Yescas. El juzgador de primera instancia determinó que a la totalidad de los medios de prueba señalados les otorgó el valor probatorio indiciario. Una vez expuesto lo anterior, los señalamientos que a su consideración resultan suficientes para no tener acreditado el cuerpo del delito, son estos: Que pese a que en las constancias que integran la causa penal 19/2017 de su numerario no obre documento y/o nombramiento oficial que acredite que el antes señalado se desempeñaba como servidor público al momento de los hechos; esta circunstancia no es motivo suficiente para tener esa calidad por no acreditada, por lo cual sí se le tiene por reconocida dicha calidad. Refirió que no solo tiene que ser servidor público, sino que se requiere que el inculpado ejerza funciones propias del cargo, tales como garantizar la seguridad, el orden y prevenir delitos en el perímetro de la villa de Zimatlán. Es decir, que es necesario que la conducta que haya desplegado el activo en contra de las ofendidas se encuentre directamente relacionada con las funciones que desempeñaba, o sea, que haya ejercido funciones en el lugar donde haya sido asignado o comisionado; lo que en el caso no ocurrió. Esto, ya que no se demostró: a. Que el día y hora de los hechos el quejoso haya estado ejerciendo alguna de las funciones señaladas en el párrafo que antecede o bien, que efectuaba detenciones en flagrancia delictiva; y, b. tampoco está comprobado que en el lugar donde ocurrieron los hechos corresponde o no a la jurisdicción de la policía preventiva de Zimatlán, circunscripción donde estaba adscrito el justiciable para ejercer sus atribuciones. Concluyó que no puede sostenerse que el día y lugar de los hechos Dagoberto Hernández Hernández, esto es, cuando golpeó con una escopeta en el brazo derecho a Eugenia Martha Quero Ortiz, haya estado ejerciendo sus funciones de Comandante de la Policía Preventiva Municipal de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. No obstante que en los autos de la causa penal 19/2017 se encuentre acreditado que elementos de la policía hayan ejercido violencia física sobre las ofendidas, ocasionándoles las lesiones correspondientes. Por otra parte, en la parte final de su resolución señaló que: al no haberse demostrado plenamente los elementos constitutivos de la existencia del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, que se le imputa a DAGOBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, menos puede decirse que se encuentra acreditada su probable responsabilidad penal en su comisión. Es por este motivo que a su juicio no se configura el delito de abuso de autoridad. Las consideraciones vertidas de forma precedente influyeron en el ánimo y criterio del juzgador de primera instancia para emitir la negativa de librar la orden de aprehensión que se analiza. Es preciso aclarar que la determinación del órgano jurisdiccional responsable no está siendo analizada en cuanto a su legalidad; en razón a que le fue otorgada plenitud de jurisdicción para emitir una nueva, en la que consideró negar librar la orden de aprehensión en contra del justiciable de mérito. En este auto solamente se consideró oportuno precisar los aspectos que tomó en cuenta para emitir una diversa a la que en un primer momento dejó insubsistente. De tal manera que se aprecia que actuó bajo las indicaciones que le fueron señaladas, en el sentido de que la nueva resolución podía ser en el mismo sentido que la anterior, subsanando los vicios formales destacados, o en sentido diverso, como lo es en este caso concreto al negar la orden de aprehensión bajo las precisiones indicadas. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Notifíquese personalmente.
- Principal
" . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil diecinueve. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto del acuerdo dictado el quince de marzo de dos mil diecinueve, donde se les dio vista respecto del informe del cumplimiento rendido por la autoridad responsable transcurrió de la siguiente forma: para el justiciable Dagoberto Hernández Hernández del veintiséis al veintiocho de marzo de la presente anualidad y para las terceras interesadas Juana Aurora Quero Ortiz, Francisca Ninfa Quero Ortiz y Eugenia Martha Quero Ortiz del veinticinco al veintisiete del mismo mes y año. Tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a las partes que integran este juicio de amparo para que se pronunciaran en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la misma. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Dagoberto Hernández Hernández acudió a esta instancia constitucional para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que en la sentencia fueron fijados como: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete librada en su contra en la causa penal 19/2017 por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad perpetrado en perjuicio de Eugenia Martha y Juana Aurora ambas de apellidos Quero Ortiz. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Agente Estatal de Investigaciones en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca -esta última en su denominación correcta- combate: la ejecución de ese mandamiento de captura. Efectos de la concesión del amparo. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria en proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve; donde el único resolutivo textualmente señala: "Único.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Dagoberto Hernández Hernández, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y para los efectos precisados en los apartados IX y X de este fallo." En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la justicia federal que fue otorgada; siendo los siguientes: "84. Así, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter negativo, o bien, omisivo, como en el caso, la sentencia concesoria del amparo tendrá por objeto obligar a la responsable a respetar el derecho fundamental violado. Para ello, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, deberá: Dejar insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete emitida en la causa penal 19/2017 contra el quejoso por considerarlo probable responsable del injusto de abuso de autoridad. Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución que podrá ser en el mismo sentido que la aquí analizada, o en uno diverso, pero colmando los vicios detectados en esta sentencia; esto es: Deberá justificar que el activo ejerció violencia física sobre las ofendidas en ejercicio de sus funciones (si cuenta con elementos para ello). Preciar si la conducta atribuida se trata de violencia física, insulto o ambas; Señalar cada medio de convicción en lo individual y exponer las razones por que les atribuye determinado alcance probatorio, especificando qué hechos en concreto extrae de cada una de las pruebas y de qué manera se concatenan entre sí para arribar a la conclusión de que se trate, además de resolver si ésta es apta y suficiente para demostrar los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad." Actos que debía llevar a cabo la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: Debió dejar insubsistente la orden de aprehensión que dictó el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete dentro de la causa penal 19/2017 de su índice contra Dagoberto Hernández Hernández; Con plenitud de jurisdicción haberse pronunciado sobre el mandamiento judicial solicitado en contra del impetrante de amparo, el cual podría ser en el mismo sentido que el dictado anteriormente, pero subsanando los vicios formales destacados, o en sentido diverso. Al colmar los vicios formales a que es conminado, debió observar lo siguiente: Justificar que el sujeto activo haya realizado violencia física en contra de las ofendidas en ejercicio de sus funciones, siempre que cuente con los elementos para ello. Precisar si la conducta que se le atribuye se trata de violencia física, insulto o ambas; Hacer una relación sucinta de los medios de convicción, exponiendo el alcance probatorio que atribuye a cada uno de ellos; detallando a su vez qué hecho en concreto extrae de cada una de las pruebas analizadas y de qué forma se vinculan entre sí para llegar a la conclusión que determine, resolviendo si cada una de ellas es apta y suficiente para demostrar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Acciones realizadas por la autoridad responsable para acatar la sentencia. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, con la finalidad de dar cumplimiento al presente fallo, emitió una resolución el veintidós de febrero de dos mil diecinueve. De su análisis se advierte que: Dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Eugenia Martha Quero Ortiz, Juana Aurora Quero Ortiz y Francisca Ninfa Quero Ortiz. En ese mismo acto, dictó diversa resolución en la que NEGÓ LIBRAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN solicitada por la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV adscrita a la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción en contra del referido justiciable, con las generalidades señaladas. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se evidencia que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca emitió una resolución mediante la que: Dejó insubsistente el mandamiento judicial librado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de Eugenia Martha Quero Ortiz, Juana Aurora Quero Ortiz y Francisca Ninfa Quero Ortiz. En ese mismo acto y en libertad de jurisdicción dictó una diversa determinación en la que NEGÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de Dagoberto Hernández Hernández por el delito y las personas físicas señaladas en el inciso anterior, la cual fue solicitada por la Agente del Ministerio Público de la Mesa IV adscrita a la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción. En dicha resolución, la autoridad de mérito actuó de la siguiente forma: Al realizar el análisis del cuerpo del delito refirió que el delito de abuso de autoridad -estatuido en el numeral 208, fracción II del Código Penal del Estado de Oaxaca -se compone de estos elementos: a) Que el activo en el momento del evento se desempeñe como funcionario público o agente de gobierno o comisionado; b) Que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciera violencia a una persona sin causa legítima, o la vejare injustificadamente o la insultare; y, c) El bien jurídico tutelado que en el caso resulta ser la seguridad general amparada por el orden jurídico confiado en la administración de justicia. De tal forma que a su consideración, estos elementos no se encuentran demostrados. Previo a exponer sus razonamientos, es preciso traer a la vista y de forma muy breve las pruebas que ocupó y el valor que otorgó a cada una de ellas, específicamente en lo que hace al estudio del cuerpo del delito; siendo las siguientes: Denuncia presentada por las ofendidas Eugenia Martha Quero Ortiz y Juana Aurora Quero Ortiz. Testimoniales vertidas por los testigos de cargo Pedro Alexis Quero Ortiz y Edmundo Javier Quero Ortiz. Diligencia de fe ministerial de lesiones de quince de octubre de dos mil catorce realizada a Eugenia Martha Quero Ortiz y a Juana Aurora Quero Ortiz; la cual llevó a la conclusión de que la primera en mención fue lesionada en el brazo derecho, que según su dicho fue el que le dio el aquí quejoso. Diligencia de traslado e inspección en el lugar donde sucedieron los hechos de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Dictamen pericial en materia de fotografía de dieciocho de diciembre de dos mil catorce llevada a cabo por Ranulfo Cruz Zaragoza. Dictamen de planimetría realizado el cuatro de diciembre de dos mil catorce por el Arquitecto Eduardo Garzón Yescas. El juzgador de primera instancia determinó que a la totalidad de los medios de prueba señalados les otorgó el valor probatorio indiciario. Una vez expuesto lo anterior, los señalamientos que a su consideración resultan suficientes para no tener acreditado el cuerpo del delito, son estos: Que pese a que en las constancias que integran la causa penal 19/2017 de su numerario no obre documento y/o nombramiento oficial que acredite que el antes señalado se desempeñaba como servidor público al momento de los hechos; esta circunstancia no es motivo suficiente para tener esa calidad por no acreditada, por lo cual sí se le tiene por reconocida dicha calidad. Refirió que no solo tiene que ser servidor público, sino que se requiere que el inculpado ejerza funciones propias del cargo, tales como garantizar la seguridad, el orden y prevenir delitos en el perímetro de la villa de Zimatlán. Es decir, que es necesario que la conducta que haya desplegado el activo en contra de las ofendidas se encuentre directamente relacionada con las funciones que desempeñaba, o sea, que haya ejercido funciones en el lugar donde haya sido asignado o comisionado; lo que en el caso no ocurrió. Esto, ya que no se demostró: a. Que el día y hora de los hechos el quejoso haya estado ejerciendo alguna de las funciones señaladas en el párrafo que antecede o bien, que efectuaba detenciones en flagrancia delictiva; y, b. tampoco está comprobado que en el lugar donde ocurrieron los hechos corresponde o no a la jurisdicción de la policía preventiva de Zimatlán, circunscripción donde estaba adscrito el justiciable para ejercer sus atribuciones. Concluyó que no puede sostenerse que el día y lugar de los hechos Dagoberto Hernández Hernández, esto es, cuando golpeó con una escopeta en el brazo derecho a Eugenia Martha Quero Ortiz, haya estado ejerciendo sus funciones de Comandante de la Policía Preventiva Municipal de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. No obstante que en los autos de la causa penal 19/2017 se encuentre acreditado que elementos de la policía hayan ejercido violencia física sobre las ofendidas, ocasionándoles las lesiones correspondientes. Por otra parte, en la parte final de su resolución señaló que: al no haberse demostrado plenamente los elementos constitutivos de la existencia del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, que se le imputa a DAGOBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, menos puede decirse que se encuentra acreditada su probable responsabilidad penal en su comisión. Es por este motivo que a su juicio no se configura el delito de abuso de autoridad. Las consideraciones vertidas de forma precedente influyeron en el ánimo y criterio del juzgador de primera instancia para emitir la negativa de librar la orden de aprehensión que se analiza. Es preciso aclarar que la determinación del órgano jurisdiccional responsable no está siendo analizada en cuanto a su legalidad; en razón a que le fue otorgada plenitud de jurisdicción para emitir una nueva, en la que consideró negar librar la orden de aprehensión en contra del justiciable de mérito. En este auto solamente se consideró oportuno precisar los aspectos que tomó en cuenta para emitir una diversa a la que en un primer momento dejó insubsistente. De tal manera que se aprecia que actuó bajo las indicaciones que le fueron señaladas, en el sentido de que la nueva resolución podía ser en el mismo sentido que la anterior, subsanando los vicios formales destacados, o en sentido diverso, como lo es en este caso concreto al negar la orden de aprehensión bajo las precisiones indicadas. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO A LA PARTE QUEJOSA
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