Dagoberto Alfonso Fernández Espejo

Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Dagoberto Alfonso Fernández Espejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables -en su denominación correcta- 4. Director y 5. Comité Técnico del Centro Penitenciario "Amatlán", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 6. Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México; y 7. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, consistente en b) la emisión de alguna orden de traslado del impetrante del referido Centro Penitenciario "Amatlán" a uno diverso, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridades de que trata este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis (...) También se invoca como apoyo la jurisprudencia número (...) CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la 2. Cámara de Diputados y 3. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados.4 Por su parte, la autoridad responsable, 1. Titular del Poder Ejecutivo Federal (Presidente de la República), fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada del oficio mediante el cual se le solicitó aquél; por tanto, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Lo que además constituye un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que la disposición legal impugnada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que en relación con el acto reclamado consistente en a) la discusión, aprobación y promulgación de La Ley Nacional de Ejecución Penal, en especial, el artículo 52, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar el quejoso que dicha norma se haya materializado en su perjuicio por virtud de acto de aplicación alguno. Para demostrar lo anterior es pertinente citar el contenido de los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen (...) De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo, una que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Así, para acreditar el interés jurídico se debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. En esa línea, es necesario precisar que, tratándose del juicio de amparo contra normas generales, para acreditar la legitimación del quejoso y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, es indispensable que la misma haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por su sola vigencia (autoaplicativa), o que se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción (heteroaplicativa). Así, la ley, general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma concreta y personal en su destinatario. Además, la afectación sufrida por el gobernado, apta para motivar la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, esto es, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada, ésta debe incidir en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. Cabe destacar que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir del examen de su naturaleza para determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse, por lo que es preciso considerar que en ese ámbito se clasifican de la siguiente manera. 1. Leyes autoaplicativas. se caracterizan por tener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna; también pueden ser reclamadas con motivo de su primer acto de aplicación. 2. Leyes heteroaplicativas. se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación, y pueden reclamarse a través del juicio de amparo indirecto, precisamente por dicha aplicación, dentro del plazo de quince días siguientes al de ésta, esto es, que sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia (...) En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte claramente que el impetrante combate la disposición reclamada, esto es, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (que establece el procedimiento para autorizar los traslados de las personas privadas de su libertad), en su carácter de norma heteroaplicativa, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, que hace consistir en la emisión de alguna orden de traslado en su contra del Centro Penitenciario "Amatlán", en el que actualmente se encuentra interno, a uno diverso. Sin embargo, no acreditó la existencia de dicho acto concreto de aplicación en su perjuicio, pues como quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución, dicha orden de traslado resultó inexistente. Esto es, no logró demostrar que los efectos de la norma impugnada se hayan concretado en su perjuicio por virtud de algún acto de aplicación. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, se invoca como apoyo, (...) En ese entendido, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar la constitucionalidad del referido acto reclamado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia (...) SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. R E S U E L V E. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    CCórdoba, Veracruz, a veintiséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la 3. Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambos con sede en la Ciudad de México; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Se tiene como delegados a las personas que menciona, de conformidad con el numeral 9 del citado ordenamiento legal, y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 9 del citado ordenamiento legal, se tienen como delegados a las personas que menciona; y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.

  4. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a las actuaciones para que obre como corresponda el oficio y anexo signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales, de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del 1. Titular del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual remite su informe previo; toda vez que éste se tuvo por recibido en acuerdo de veinticinco de septiembre de este año. Cúmplase.

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