Dagoberto Alfonso Fernández Espejo

Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1050/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Dagoberto Alfonso Fernández Espejo

Actuaciones

  1. Principal

    REGISTRO. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1050/2023-VII-B.********************INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto.********************Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.********************En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.********************INCOMPETENCIA LEGAL. Ahora bien, de la lectura íntegra del ocurso de demanda, se advierte que la parte promovente reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro de la causa judicial ********************/2020 del índice del Juzgado de Control del Juzgado del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, en audiencia de modificación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.********************En razón de lo expuesto, es procedente analizar la cuestión relativa a la competencia del órgano jurisdiccional que, en su caso, debe conocer de la demanda de amparo, para lo cual es pertinente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone:********************[A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. ********************Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber:********************a) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.********************b) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; así, la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; ********************c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva.********************Con respecto de los supuestos de competencia señalados en el inciso a), cabe hacer la aclaración siguiente:********************a) En relación con aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en lugar de su ejecución.********************b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero estos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro juzgado de Distrito. ********************c) El lugar en donde se haya ejecutado es aquel en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado; empero, el supuesto en comento puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos.********************1) Actos de tracto sucesivo: son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente.********************2) Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. ********************Con base en lo anterior, es inconcuso que el acto que se reclama en este juicio de amparo encuadra en el primer supuesto antes señalado, ya que tendrá ejecución en el domicilio donde se ubica el juez del proceso de origen, esto es, Huatusco, Veracruz.********************En efecto, la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pudiera acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distintos distritos, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquéllos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia, intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda.********************Conforme a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto que para fijar la competencia de los jueces de distrito, es de relevancia la naturaleza jurídica del acto reclamado y sus consecuencias. ********************Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299, bajo el rubro y texto siguiente:********************COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.********************Entonces, el acto que reclama el ahora promovente tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado, con lo cual, es evidente que será legalmente competente para conocer de este asunto, el juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, que establece:********************VII. SÉPTIMO CIRCUITO:********************Los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en los asuntos de amparo en materia penal, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acajete, Acatlán, Actopan, Alamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Apazapan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Calcahualco, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, Colipa, Comapa, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Emiliano Zapata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, Jilotepec, Juchique de Ferrer, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Martínez de la Torre, Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Perote, Rafael Lucio, San Rafael, Sochiapa, Tatatila, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tonayán, Totutla, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yecuatla y Zentla.********************[Énfasis añadido].********************En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo se llega al conocimiento de que la parte quejosa destacó como acto reclamado, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro de la causa judicial ********************/2020 del índice del Juzgado de Control del Juzgado del Décimo Tercer Distrito Judicial, con residencia en Huatusco, Veracruz, en audiencia de modificación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.********************Bajo ese contexto, se considera que la ejecución de tal acto tendrá ejecución en el sitio donde se lleva el proceso de origen [********************/2020], esto es Huatusco, Veracruz, el cual no pertenece a la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional, ello se afirma, pues los efectos de la imposición de la medida cautelar decretada en el proceso penal tienen materialidad, puesto que los imputados se encuentran a disposición de la juez de la causa, con base en el lugar donde se lleva el proceso penal, en virtud de que atendiendo a la naturaleza de dicho acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez del proceso al que los imputados están sometidos.********************Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de contenido y datos de localización siguientes:********************COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO. Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso.****************************************EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN QUE DEBE CONOCER DE ÉSTA CUANDO EL INCULPADO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE DISTINTO FUERO DEL JUEZ DE CONTROL QUE LA EMITIÓ, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA SUSTANTIVA O ADJETIVA DEL SUPUESTO DE QUE SE TRATE.******************** Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios para definir qué Juez es el competente para conocer del procedimiento de ejecución de una medida cautelar de prisión preventiva, cuando la persona está privada de la libertad en un centro de reclusión de fuero distinto del que le corresponde al Juez que le sigue el proceso. ******************** Criterio jurídico: La competencia para conocer del procedimiento de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva se define dependiendo de la naturaleza del acto a revisar, por lo que cuando corresponda a los aspectos relacionados con la naturaleza sustantiva de la medida, será competente el Juez del mismo fuero del que sigue el proceso. Pero, si se trata de las potenciales sanciones administrativas impuestas bajo la normatividad y ejercicio competencial de la autoridad penitenciaria, será competente el Juez del fuero al que pertenezca dicho centro. Para lo cual, es necesario que el Juez ante quien se esté tramitando el procedimiento de ejecución respectivo, cuente con todas las constancias que le permitan desentrañar la naturaleza sustantiva o adjetiva de la cuestión sometida a su jurisdicción.********************Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los conflictos competenciales 343/2017, 25/2018 y 3/2020, determinó que para fijar la competencia del Juez que debe conocer de la ejecución de la pena de prisión, cuando el sentenciado se encuentra recluido en un centro de reinserción social de distinto fuero del Juez que emitió la sentencia respectiva, se debe analizar la naturaleza sustantiva o adjetiva del tema de que se trate, esto es, cuando corresponda a los aspectos relacionados con la naturaleza sustantiva de la pena (modificación y duración de la sanción), será competente el Juez del mismo fuero del que emitió la sentencia. Pero, si se trata de las potenciales sanciones administrativas impuestas bajo la normatividad y ejercicio competencial de la autoridad penitenciaria, será competente el Juez del fuero al que pertenezca dicho centro. Por lo que siguiendo esa línea argumentativa, en tratándose del procedimiento de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, no en todos los casos se puede resolver la competencia atendiendo exclusivamente al fuero del Juez que emitió la medida cautelar a ejecutar o al del centro de reinserción social en que ésta deberá ejecutarse, sino que es necesario, primero, determinar la naturaleza sustantiva o adjetiva de la cuestión sometida a la jurisdicción del Juez y, con base en ello, establecer si el Juez de Ejecución que debe conocer de ésta es el del mismo fuero del que emitió la medida cautelar, o bien, el correspondiente al fuero al que pertenece el centro de reinserción social en que ésta debe ejecutarse. Para lo cual, es necesario que el Juez ante quien se esté tramitando el procedimiento de ejecución respectivo, cuente con todas las constancias que le permitan desentrañar la naturaleza sustantiva o adjetiva de la cuestión sometida a su jurisdicción. ****************************************COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI NO EXISTEN ELEMENTOS PARA ESTABLECER SI DEBE O NO APLICARSE LA NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE SE ENCUENTRA EL IMPUTADO O PROCEDER A SU INTERPRETACIÓN, RECAE EN EL JUEZ DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE QUIEN INICIALMENTE SE ENCOMENDÓ ESA VIGILANCIA, CON INDEPENDENCIA DEL CENTRO EN EL QUE SE EJECUTE LA MEDIDA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 3/2020, sostuvo que al no contener la Ley Nacional de Ejecución Penal una disposición específica para denotar qué juzgador es competente para conocer de la controversia sobre condiciones de internamiento, cuando el imputado está sujeto a un fuero y la medida de internamiento está siendo ejecutada en un centro de readaptación correspondiente a otro, debía tomarse en consideración el fuero que corresponda a la institución en que aquél se halle interno, dada la naturaleza de las normas y sanciones disciplinarias, así como la autoridad que lo supervisa (Ejecutivo) y las impone (Comité Técnico), al ser de su competencia exclusiva. Sin embargo, la competencia por razón de fuero para conocer de la vigilancia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, con independencia del centro penitenciario en la que se ejecute, recae en el Juez de Ejecución en favor de quien inicialmente se encomendó, hasta en tanto existan elementos que den cabida a establecer si debe aplicarse o no la normativa que regula el funcionamiento del centro penitenciario donde el imputado se halle o proceder a su interpretación, pues partiendo del presupuesto de que existe una legislación única en la materia (Ley Nacional de Ejecución Penal) y la medida cautelar cuya vigilancia se solicita fue emitida dentro de un procedimiento por un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, a fin de hacer coherente tanto la competencia por razón de fuero, como la uniformidad en la legislación aplicable, debe atenderse al contenido del párrafo tercero del artículo 24 de la citada ley nacional, que establece que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia que determine su respectiva ley orgánica.********************Establecido lo anterior, la regla que interesa para fijar la competencia de este órgano de control constitucional, es aquella que opera tratándose de actos que requieren ejecución material en un sola jurisdicción o unívoca, en la que debe atenderse al lugar de residencia de la autoridad que conoce del proceso penal, en virtud de que se trata de actuaciones que afectan el procedimiento y las decisiones que en éste se llevan a cabo, esto es, el debate probatorio y argumentativo respecto de la revisión de la medida cautelar decretada en el proceso se ejecutan en la demarcación del juzgado que lo conoce, esto es, Huatusco, Veracruz.********************Por tanto, es inconcuso que este juzgador carece de competencia legal por razón del territorio para conocer de la demanda de amparo planteada por el promovente, ya que el acto reclamado tiene ejecución material, la cual tendrá verificación en diversa jurisdicción, a saber, en Huatusco, Veracruz, ya que en dicho sitio tiene residencia el juez del proceso de origen, de ahí que la regla general de competencia invocada anteriormente, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Esa finalidad ha quedado plasmada en la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, tomo 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, del contenido siguiente:********************COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.********************De tal manera, en la especie se surte la hipótesis contenida en el párrafo primero del ordinal 37, de la ley reglamentaria en consulta, en cuanto a que en los casos de competencia de los jueces de distrito, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.********************Por tanto, se insiste, atendiendo a dicha regla, este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde reside el juez de origen y, por virtud de ello, los efectos del acto tildado de inconstitucional trascenderán en aquel lugar, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa.********************Por ilustrativa se cita la 1.15°.A41, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, materia común, página 2288, que a la letra dice:********************COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito.********************En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original y copias al juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, para los efectos legales a que haya lugar.********************Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente que una vez obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada.********************En el entendido que no se provee respecto a la suspensión provisional solicitada, dado que en el caso en particular no se está en el supuesto que establece el numeral 48 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los actos reclamados no se encuentran dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 de la citada legislación.********************Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).******************** CONSULTA DE EXPEDIENTE Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICAS E INTERVENCIÓN DE AUTORIZADOS. Ahora bien, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, se autoriza al usuario a que se alude, para que realice la consulta del expediente electrónico; asimismo, como solicitó la parte quejosa realícense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Amparo.********************Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias.********************SE AUTORIZA USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS Y COPIAS. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. ********************Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. ********************INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos

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