Dafne Mayari Castillo Viquez
Expediente 752/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Dafne Mayari Castillo Viquez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ DE PLANO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************por propio derecho, contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento Siete del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 752/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Ahora bien, del estudio integral de la demanda se advierten diversos actos reclamados consistes en: a. Audiencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, derivada de la carpeta judicial*************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento número Siete del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur. b. Audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, derivada de la carpeta judicial************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento número Siete del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, mediante la cual se tuvieron por ofrecidas las pruebas consistentes en las testimoniales de *********** y otros. Sin que pase desapercibido para el suscrito que la amparista menciona otros más, sin embargo, relativamente pudieran considerarse como los mismos que se precisan en párrafos anteriores, o bien, entrañan en si conceptos de violación tendentes a atacar los precitados actos. IMPROCEDENCIA Así, antes de proveer sobre la posible admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Al respecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto, caso que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece dos presupuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: a) Que el acto reclamado sea dictado dentro de juicio. b) Que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aplicado en sentido contrario, cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio pero que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que sean susceptibles de ser reparadas, el amparo indirecto será improcedente. En relación con lo anterior, es menester precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide su libre ejercicio en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. En el caso de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa lógica, los actos reclamados no se ubican en ninguno de los mencionados supuestos, pues en el juicio de amparo directo, en su caso, se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa, sería materia de ese juicio; por lo que no estamos en presencia de actos de imposible reparación. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.". (Lo destacado es propio). De lo anterior se obtiene que, en el supuesto de que, se afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la etapa de juicio, sus efectos podrían repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. Esto es, en todo caso, constituirían violaciones a las leyes del procedimiento, lo cual no necesariamente ocasionará que la determinación que se dicte sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa; además, de obtener fallo favorable, las posibles violaciones que pudieran resultar se extinguirán automáticamente, sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si el sentido de la sentencia le resultara desfavorable, tales violaciones debe hacerlas valer al momento en que se impugne, pues hasta ese momento procesal se podría determinar si las violaciones procesales afectaron o no las defensas de la parte quejosa trascendiendo al sentido del fallo. Por ende, se itera, los actos aquí reclamados identificados como a) y b), en su caso, serán materia de análisis como violaciones procesales en el juicio de amparo directo, en donde se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por el tema que aborda, sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, siguiente: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso.". Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. El treinta de junio de dos mil veintiuno, en idénticos términos este juzgador desechó el diverso juicio de amparo 444/2021-V, promovido por la misma quejosa; asimismo, por resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de tres de septiembre último, dictada en los autos de la QUEJA PENAL 154/2021 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, éste resolvió infundado el recurso de queja interpuesto por la justiciable. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Se tiene por autorizadas exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las personas que se señala, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Notificación electrónica La quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado dentro de esta jurisdicción; sin embargo, también solicita se le realice todo tipo de notificaciones de forma electrónica, ya que cuenta con usuario autorizado por el Portal de Servicio en Linera del Poder Judicial de la Federación por tanto, solicítese a cualquiera de las actuarias judiciales adscritas a este juzgado para que en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realicen las notificaciones en el presente asunto de forma electrónica al usuario que proporciona. Dato de contacto Por otra parte, se toma de conocimiento el teléfono que se proporciona, con la finalidad de que sea utilizado por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesario. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al Actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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