D. Daniel Levy Hernández

Expediente 374/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
374/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • D. Daniel Levy Hernández
  • Juzgado Tercero de lo Penal de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    VISTO EL OFICIO Y ESCRITO DE LA QUEJOSA...SE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES...

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil dieciséis, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia que aún no obre el acuse de recibo del oficio 10836 dirigido a la autoridad responsable Procurador General de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual se le remitió, en vía notificación, trascripción de la sentencia, puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, es al quejoso a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, el único legitimado para recurrirlo, no así la autoridad responsable, conforme lo dispone el artículo 88 de la ley de la materia. Es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 648, página 434, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimiento artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el tal efecto, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiéndose conservar el acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, así como las interlocutorias de treinta de marzo y veintiocho de abril del año en curso, por haberse concedido la suspensión provisional así como la definitiva; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción desde el tres de noviembre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo, toda vez que ha transcurrido el plazo de seis meses contados a partir de que surtió efectos la resolución interlocutoria dictada en el respectivo incidente de suspensión. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, visto el estado de autos, y la razón actuarial de dos del mes y año en curso, se advierte que al fedatario de la adscripción no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado Francisco Javier Rivera Soto, la sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en virtud de que el mismo no tiene señalado en autos domicilio para oír y recibir notificaciones. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercero interesado Francisco Javier Rivera Soto la sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciséis por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, así como la presente ejecutoria y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio procesal para oír y recibir notificaciones. Finalmente, se hace un extrañamiento al actuario judicial Miguel Ángel Lizárraga Garduño, a efecto de que en lo sucesivo se sirva efectuar la devolución de los expedientes debidamente integrados, a las mesas de trámite correspondiente, con la debida oportunidad.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMA QUE EN SÍNTESIS DICE: "...SE DICTA SENTENCIA.- SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  4. Incidental

    Visto el contenido de la certificación cuenta, se aprecia que transcurrió el plazo de cinco días que se otorgó a la parte quejosa D. Daniel Levy Hernández, en resolución incidental de treinta de marzo de dos mil dieciséis, para que exhibiera la garantía de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que ahí se le fijó, y que se confirmó en interlocutoria de veintiocho de abril del mismo año, con el objeto de que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, sin que al efecto la hubiera otorgado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables Juez Tercero de lo Penal, Subprocurador de Zona Tijuana, y Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona Tijuana, todas con sede en esta ciudad; y Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, que el quejoso D. Daniel Levy Hernández, a la fecha no exhibió de la garantía de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), fijada para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva; por ende, quedan expeditos para ejecutar el acto reclamado materia de la suspensión. Notifíquese.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

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