Cyntiha Yolanda Quezada Aguilar
Expediente 110/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Cyntiha Yolanda Quezada Aguilar
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la resolución de referencia. En tal virtud, en su oportunidad, archívense los autos del presente juicio como totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a la destrucción de este expediente. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por medio del cual remite el escrito signado por Cyntiha Yolanda Quezada Aguilar, por medio del cual evacua la prevención formulada en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, por lo que precisa que reclama la dilación para ejecutar el laudo en el expediente laboral 1/2013, y señala como autoridad responsable a la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tal virtud, se tiene por cumplido el requerimiento formulado. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo que promueve Cyntiha Yolanda Quezada Aguilar, contra un acto de la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La dilación para ejecutar el laudo en el expediente laboral 1/2013. En concepto de este juzgador, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Con el fin de apreciar el alcance de esta disposición legal, debe tenerse en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las resoluciones a las que se refiere aquélla son cualesquiera dictadas dentro del juicio constitucional, esto es, en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. Es aplicable la tesis 1a. LXX/2003 de la aludida Primera Sala, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.". Ahora, a fin de exponer cuál es el contexto en el que subsiste la dilación reclamada, cabe señalar que la propia quejosa precisa que la parte demandada en el juicio de origen promovió juicio de amparo directo contra el laudo, y la autoridad responsable, mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, concedió la suspensión de la ejecución de la sentencia, y como requisito de efectividad para que siguiera surtiendo efectos la medida suspensional, fijó como garantía noventa días de salario, sin que la parte condenada hubiere exhibido tal caución; no obstante lo anterior, la responsable ha sido omisa en ejecutar el laudo, a pesar de la solicitud formulada para ese efecto. Con lo anterior se pone en evidencia que la dilación para ejecutar el laudo subsiste con motivo de la suspensión concedida contra su ejecución, en el juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el de origen, esto es, dentro del ámbito relativo al cumplimiento de la suspensión decretada en el mencionado juicio de amparo directo, lo que hace evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinado, ya que es en ese juicio constitucional en el que la parte hoy quejosa debe promover lo conducente, esto es, un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en términos de los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.18 K (10a.), formulada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE AQUÉLLA, PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias.". Igualmente, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor.". En consecuencia, lo que procede es desechar de plano la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Finalmente, se establece que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, ni el artículo 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.57/2018(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
****(personal) lrs NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.-Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por medio del cual remite el escrito signado por **********, por medio del cual evacua la prevención formulada en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, por lo que precisa que reclama la dilación para ejecutar el laudo en el expediente laboral 1/2013, y señala como autoridad responsable a la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En tal virtud, se tiene por cumplido el requerimiento formulado. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo que promueve **********, contra un acto de la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La dilación para ejecutar el laudo en el expediente laboral 1/2013. En concepto de este juzgador, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Con el fin de apreciar el alcance de esta disposición legal, debe tenerse en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las resoluciones a las que se refiere aquélla son cualesquiera dictadas dentro del juicio constitucional, esto es, en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. Es aplicable la tesis 1a. LXX/2003 de la aludida Primera Sala, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal.". Ahora, a fin de exponer cuál es el contexto en el que subsiste la dilación reclamada, cabe señalar que la propia quejosa precisa que la parte demandada en el juicio de origen promovió juicio de amparo directo contra el laudo, y la autoridad responsable, mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, concedió la suspensión de la ejecución de la sentencia, y como requisito de efectividad para que siguiera surtiendo efectos la medida suspensional, fijó como garantía noventa días de salario, sin que la parte condenada hubiere exhibido tal caución; no obstante lo anterior, la responsable ha sido omisa en ejecutar el laudo, a pesar de la solicitud formulada para ese efecto. Con lo anterior se pone en evidencia que la dilación para ejecutar el laudo subsiste con motivo de la suspensión concedida contra su ejecución, en el juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el de origen, esto es, dentro del ámbito relativo al cumplimiento de la suspensión decretada en el mencionado juicio de amparo directo, lo que hace evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinado, ya que es en ese juicio constitucional en el que la parte hoy quejosa debe promover lo conducente, esto es, un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en términos de los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias.". se establece que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, ni el artículo 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión. Apoya a lo anterior, El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el plazo de cinco días computados legalmente, por escrito y con las copias necesarias para todas las partes, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise si el acto reclamado lo constituye la omisión de dictar el laudo o la omisión de ejecutarlo. SEGUNDO. Precise si la autoridad responsable es la Junta Especial número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir cabalmente con todo lo anterior, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda. En la inteligencia que el cumplimiento al presente requerimiento únicamente podrá desahogarlo la promovente, por tratarse de actos personalísimos que sólo puede realizar quien promovió la demanda, relativos a cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional. Prevéngase a la parte promovente que en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, se procederá en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo
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