Cyntia Karina Escobedo Ramos

Expediente 360/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
360/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2021

Partes del expediente

  • Cyntia Karina Escobedo Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra del proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en auxilio de dicho tribunal por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el amparo en revisión 93/2020, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1607/2019; en consecuencia, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1607/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en relación con la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit específicamente los artículos 1, 4, fracción I, 6, 11, 13, 18, fracción IX, 32, 40, 53, 59, 61, 65, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 97, 101, 102, 103, 104, 122, 123, 124, 132, 353 y segundo transitorio reclamados, respectivamente, al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, respecto a María Concepción Aguirre Aguiar, María Guadalupe Airada Pérez, Carlos Alvarado Muñoz, Griselda Anzaldo Rodríguez, Ma. Teresa Anzaldo Rodríguez o María Teresa Anzaldo Rodríguez, Miguel Ángel Anzaldo Rodríguez, Mayra Elizabeth Arce González, José Luis Arellano Valle, Antulia Araceli Ayón Aguiar o Antulia Aracely Ayón Aguiar, José Wilfrido Ayón Aguiar, José Fernando Beas Vidrio, Bertha Alicia Brión López, Sergio Castañeda Hernández o Sergio Eriberto Castañeda Hernández, Francisco Javier Castellón Regino, Elpidio Dueñas Jiménez, César Guadalupe Escalante Montañez, Luis Aurelio Flores Aguayo, Rocío Griselda Flores Aguayo, Juan Carlos Flores Bañuelos, Álvaro Alberto Flores Pérez, Jorge Luis Flores Salas, Jesús Amador Franco Gómez, José Rosario Franco Gómez, María del Rosario Fregoso Aguiar, Alicia González Cuevas, Gerardo González Valadez, Ángel Blas Gutiérrez Coronel, Filiberto Hernández Castellón, Jorge Arturo Hernández Cervantes, Luis Eduardo Hernández Cervantes, Gabriela Elisabeth Hernández Parra, José Manuel Llamas Ramírez, Pedro López García, Juan Diego Maldonado Varela, Silvia Martínez Hernández, Andrés Mendoza Mena, Delia Maribel Mendoza Valdivia, Javier Arturo Mendoza Valdivia, José Santos Mendoza Valdivia o J. Santos Mendoza Valdivia, Nicolás Montaño Garrafa, Laura Elizabeth Nolasco Parra, Ismael Núñez Pérez, José Antonio Ortega Villanueva, Feliciano Palacios Pineda, Héctor Javier Palacios Pineda, Bertha Alicia Pardo Flores, Rigoberto Pérez Correa, Elicsonder Alejandro Pérez González, Isidoro Pérez Machuca, José Antonio Ramírez Altamirano, Abraham Ramírez Becerra, Eva María Ramos Aguiar, Hilario Ramos Ibarra, Tomás Regino Salazar, Vladimir Ríos Medina, Gladys Ludim Rodríguez Martínez, Julián Francisco Romero Pérez, María Esther Sánchez de la Rosa, Alberto Sandoval Mariscal, José Luis Sandoval Mariscal, Martín Sandoval Mariscal, Rosalío Santana Bañuelos, Félix Eduardo Santana Mendoza, Óscar Alberto Santana Mendoza, Luis Arturo Santiago García, Rubén Saucedo Delgado, María Guadalupe Saucedo Fausto, Arturo Saucedo Rentería, María del Rosario Sevilla Limón, José de Jesús Villanueva Hernández, Juan Manuel Zamarripa López, Luz María Zamorano Olvera, José Antonio Preciado Palos, José Luis Maldonado Varela, Eduardo Regino Anaya o José Eduardo Regino Anaya, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la sentencia recurrida1; de igual manera, se sobresee en cuanto a la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 53, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 97 y 353 de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, atribuidos correspondientemente, a las autoridades responsables aquí mencionadas, reprochados únicamente por Jesús Francisco Aguiar Fregoso, Ana Leticia Ayón Landeros, Carmen Bañales Sánchez, Deyda Araceli Delgado González, Ninfa Deida González Franco, Luz Elena González Merino, María Elena Jacobo Sepúlveda, Francisca Esmeralda Lara Aguiar, Luz del Carmen Lara Aguiar, Bartolo López Machain, Perla Luna López, Alcira Nolazco Heredia, María Laura Palacios Pineda, Norma Patricia 1 Hace referencia a la parte en la que se determinó que las pruebas que los recurrentes aportaron resultaban insuficientes para acreditar ser trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. Parra Macías, Ma. Maribel Ramos Torres, Bacilio Reynoso Ramírez, Sandra Verónica Tiznado Aguilar, Paola Eliannet Monroy Palacios, Mónica Zepeda de Santiago, María Alicia Ramírez Hernández, Arturo Jhovany Camarena Anzaldo, Lino Navarro Ibarra, Elizabeth Aguiar Ramírez y Ma. Dolores Gpe. Aguiar González, por las razones expuestas en la parte final de dicho considerando cuarto2. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Francisco Aguiar Fregoso, Ana Leticia Ayón Landeros, Carmen Bañales Sánchez, Deyda Araceli Delgado González, Ninfa Deida González Franco, Luz Elena González Merino, María Elena Jacobo Sepúlveda, Francisca Esmeralda Lara Aguiar, Luz del Carmen Lara Aguiar, Bartolo López Machain, Perla Luna López, Alcira Nolazco Heredia, María Laura Palacios Pineda, Norma Patricia Parra Macías, Ma. Maribel Ramos Torres, Bacilio Reynoso Ramírez, Sandra Verónica Tiznado Aguilar, Paola Eliannet Monroy Palacios, Mónica Zepeda de Santiago, María Alicia Ramírez Hernández, Arturo Jhovany Camarena Anzaldo, Lino Navarro Ibarra, Elizabeth Aguiar Ramírez y Ma. Dolores Gpe. Aguiar González, contra los actos reclamados del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, consistentes en la aprobación y promulgación del decreto a través del cual se emitió la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, específicamente los numerales 1, 4, fracción I, 6, 11, 13, 18, fracción IX, 32, 40, 59, 61, 65, 101, 102, 103, 104, 122, 123, 124, 132 y segundo transitorio de conformidad con los razonamientos precisados en el sexto considerando del fallo impugnado." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. 2 Artículos, que por una parte se declararon heteroaplicativos y por otra, se estimó que los inconformes no estaban en el supuesto que regula el numeral que combaten. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que se sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio, por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído, procédase a su depuración. Asimismo, en atención al citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original es susceptible de destrucción, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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