Cyntia Arreola Ibarra

Expediente 259/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
259/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
28/08/2017

Partes del expediente

  • Cyntia Arreola Ibarra
  • Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. CAUSA EJECUTORIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación, el hecho de que a la autoridad responsable Jefe de Grupo del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, no le ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, toda vez que el sentido de la sentencia no le produce ningún perjuicio. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia XX.J/74, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página ochenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo LXXXIII, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 209890, cuyo rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Ahora bien, cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, vigente hasta el día dos de abril de dos mil trece. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    SE RESUELVE. ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el pedimento de cuenta presentado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito y en atención a su contenido, con fundamento en el ordinal 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos a que se contrae en su ocurso el promovente, mismos que serán tomados en consideración en la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, en atención a su diversa petición y una vez que haya sido dictada la sentencia constitucional en el presente juicio de amparo, en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias certificadas que solicita. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de tres días, concedido a la parte quejosa, por auto de trece de junio del año en curso, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, respecto de los sobres postales relativos a los oficios 5202 y 5203, remitidos a las autoridades responsables SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO ZONA TIJUANA y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ambas con residencia en Tijuana, Baja California, los cuales fueron devueltos con las leyendas "No está bien dirigida al titular" y "Ese cargo no existe", respectivamente. En consecuencia, y a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguense para que obren como correspondan los sobres postales relativos a los oficios 5202 y 5203, remitidos a las autoridades responsables SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO ZONA TIJUANA y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ambas con residencia en Tijuana, Baja California, los cuales fueron devueltos con las leyendas "No está bien dirigida al titular" y "Ese cargo no existe", respectivamente. En consecuencia, tomando en consideración que las misivas oficiales fueron expedidas con las denominaciones precisadas en el escrito de demanda de amparo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que en caso omisa, no se tendrán como autoridades en la audiencia constitucional respectiva. Por tanto, se ordena suspender toda comunicación oficial, hasta en tanto se pronuncie el impetrante en ese sentido.

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