Cynthia Yedid Casillas Salazar
Expediente 492/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/08/2019
Partes del expediente
- Cynthia Yedid Casillas Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE Y NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ÉSTE SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
I. Autoridad informa Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio que remite el Presidente Auxiliar de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 1616/2017/2-G, por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la prueba documental que anexa al oficio de cuenta. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. En relación con lo anterior, esta juzgadora estima que tocante al acto reclamado consistente en la omisión de respetar el plazo de ley para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofertada en el juicio laboral 1616/2017/2-G, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama como acto destacado la omisión de respetar el plazo de diez días que impone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en el señalamiento de fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofertada en el juicio laboral 1616/2017/2-G. En ese orden de ideas, del acervo probatorio que integró el presente juicio de garantías, así como de la documental que anexó la responsable a su oficio de cuenta, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende que mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, celebró el desahogo de la prueba de inspección ocular admitida a la parte demandada en el juicio burocrático de origen. En virtud de lo anterior, se puede decir que es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo; pues la responsable ya llevó a cabo el desahogo del medio de convicción materia de la presente Litis constitucional. Por lo anterior, es inconcuso, que la conducta pasiva de la autoridad responsable cesó en sus efectos, desapareciendo la situación de inactividad que existía y, por ende, ya no existe en la esfera jurídica del quejoso el perjuicio alegado. En ese orden de ideas, insístase como la responsable demostró haber desahogado la prueba de inspección ocular admitida en el juicio de origen, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haber recaído un respuesta a la petición del inconforme cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 8, 17 y 35, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando emitiera un pronunciamiento en torno a la pretensión del agraviado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo corrérsele traslado con copia simple de la resolución de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve que se adjuntó al oficio número 2103/2019, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Administradora de Correos número seis de esta ciudad, por medio del cual, informa el tratamiento dado a la pieza postal registrada con el número 49899 derivada del oficio 20186/2018, mismo que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda, en razón de que ya obran en autos el acuse de recibo de referencia foja 311 de autos.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso, el auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, que dice: Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la constancia de imposibilidad de notificación firmada por el Actuario y Jefe de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante la cual, devuelve el oficio 23092/2019 de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en razón de que una vez que el Actuario correspondiente se constituyó en las instalaciones del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, personal de dicho lugar se negó a recibir el comunicado de referencia con motivo de la inexistencia de la autoridad denominada Director General Regional del Registro Público de los Derechos del Agua, no obstante de haber recibido anteriormente diversos comunicados a nombre de ésta. En ese sentido, de conformidad con lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días posteriores a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente al presente acuerdo, indique a este órgano jurisdiccional la denominación correcta de la autoridad en comento; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se tendrá por inexistente.
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