Cynthia Violeta Flores Arias
Expediente 974/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/03/2023
Partes del expediente
- Cynthia Violeta Flores Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Vista documento Como en el presente asunto obran documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, requiérase para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 14 DE FEBRERO DE 2022 POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales ********************., por medio del cual en cumplimiento al proveído de tres de febrero anterior, informa que la menor recibió su primera dosis contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 el quince de agosto de dos mil veintidós, asimismo, el diez de octubre del mismo año, recibió su segunda dosis; en tal sentido, señaló que su menor hija cuenta con el esquema completo de vacunación, adjuntando para acreditar su dicho, el certificado de vacunación, emitido por la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación del Estado de México. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en el escrito que se acuerda en esta data, la promovente del sumario constitucional en que se actúa manifiesta que su menor hija de identidad reservada ********************., recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 los días quince de agosto y diez de octubre, ambos de dos mil veintidós, respectivamente. Manifestación que, al realizarse ante esta autoridad judicial, constituyen una confesión espontánea, que se traduce en una prueba plena que con la aplicación de ambas dosis, el esquema de vacunación de la menor quejosa fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En consecuencia, si el acto reclamado en este juicio se hace consistir en: "La omisión de aplicar a la menor de iniciales ********************., la vacuna contra el virus SARS CoV-2, precisando que es menor de dieciocho años, es decir, a la fecha cuenta con ocho años de edad." Y como se ha expuesto, al ya contar la menor quejosa con el esquema completo de vacunación contra el virus en comento, es dable establecer que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que la promovente del sumario constitucional en que se actúa manifiesta que su menor hija de identidad reservada ********************., recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 los días quince de agosto y diez de octubre, ambos de dos mil veintidós, respectivamente; acreditando su dicho con la impresión del certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, del escrito en el que la solicitante del amparo desahoga la prevención formula en autos, se advierte que promueve un "incidente de cumplimiento sustituto" mediante el pago de daños y perjuicios a la menor quejosa, por parte de este órgano jurisdiccional, lo que fundamenta en términos de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente". De los numerales transcritos se advierte que la finalidad del incidente de cumplimiento sustituto es que la ejecutoria que se dicta en un juicio de amparo se tenga por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa; el cual podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los supuestos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o bien, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Además se indica que la solicitud podrá presentarse vía incidental, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. Ahora, en el caso a estudio se desprende que por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda promovida por la parte quejosa, por los motivos ahí expuestos, posteriormente, el treinta de junio del año indicado, se interpuso recurso de queja en su contra, medio de impugnación del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, de su índice, lo declaró fundado. En ese sentido, no ha lugar a tramitar el incidente que en esta vía plantea la parte quejosa, en razón de que como ya se dijo, el objetivo primordial del incidente de cumplimiento sustituto es que la ejecutoria que se dicta en un juicio de amparo se tenga por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa, siendo que en el caso a estudio no existe una sentencia que hubiese causado ejecutoria, en la que se hubiese otorgado la protección constitucional a la solicitante del amparo, y además en la que exista pronunciamiento en el sentido de que con la ejecución de la misma se afectaría gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa, o bien que por las circunstancias materiales del caso, fuera imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Pues como se advierte de los párrafos que anteceden, en el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de una causal de improcedencia la que da pauta a su desechamiento. Por tales motivos, es que se considera improcedente la solicitud de la parte quejosa, sustenta lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012307, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, visible en la página 557, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado"."
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales ********************., por medio del cual en cumplimiento al proveído de tres de febrero anterior, informa que la menor recibió su primera dosis contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 el quince de agosto de dos mil veintidós, asimismo, el diez de octubre del mismo año, recibió su segunda dosis; en tal sentido, señaló que su menor hija cuenta con el esquema completo de vacunación, adjuntando para acreditar su dicho, el certificado de vacunación, emitido por la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación del Estado de México. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. CESACIÓN DE EFECTOS Ahora bien, es importante indicar que el artículo 4° de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por ello, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Argumentos que encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, de rubros siguientes: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Expuestas las pautas que deben regir el derecho fundamental a la salud, en relación con el diverso a la seguridad jurídica, deben tenerse presentes los antecedentes más relevantes del caso, a saber: El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que emergió recientemente (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el once de marzo de dos mil veinte, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de doscientos países, y con más de sesenta millones de casos hasta diciembre de dos mil veinte. Debe considerarse a la vacuna contra esta enfermedad como una de las medidas más costo- efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Entre los principales desafíos que se anticipan para la vacunación contra la enfermedad COVID- 19, se encuentran el acceso oportuno, equitativo y suficiente a las vacunas; aspectos técnicos y logísticos, tales como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; la definición de grupos prioritarios para la vacunación; el número de dosis a administrar para lograr una protección adecuada, así como la seguridad y la efectividad de las vacunas. Adicionalmente, pueden presentarse retos programáticos relacionados con las necesidades de la cadena de frío; y la creación de la demanda para la vacunación entre otros. En tal sentido, en el escrito que se acuerda en esta data, la promovente del sumario constitucional en que se actúa manifiesta que su menor hija de identidad reservada ********************., recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 los días quince de agosto y diez de octubre, ambos de dos mil veintidós, respectivamente. Manifestación que, al realizarse ante esta autoridad judicial, constituyen una confesión espontánea, que se traduce en una prueba plena que con la aplicación de ambas dosis, el esquema de vacunación de la menor quejosa fue completado con éxito y sin complicación alguna de acuerdo a los estándares de salud considerados para tal efecto; ello, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En consecuencia, si el acto reclamado en este juicio se hace consistir en: "La omisión de aplicar a la menor de iniciales ********************., la vacuna contra el virus SARS CoV-2, precisando que es menor de dieciocho años, es decir, a la fecha cuenta con ocho años de edad." Y como se ha expuesto, al ya contar la menor quejosa con el esquema completo de vacunación contra el virus en comento, es dable establecer que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior es así, ya que como se dijo, con las constancias allegadas en autos, a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, se advierte que la promovente del sumario constitucional en que se actúa manifiesta que su menor hija de identidad reservada ********************., recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19 los días quince de agosto y diez de octubre, ambos de dos mil veintidós, respectivamente; acreditando su dicho con la impresión del certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, como se vio en párrafos que preceden. De ahí que, resulta inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, lo procedente es desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Por otra parte, del escrito en el que la solicitante del amparo desahoga la prevención formula en autos, se advierte que promueve un "incidente de cumplimiento sustituto" mediante el pago de daños y perjuicios a la menor quejosa, por parte de este órgano jurisdiccional, lo que fundamenta en términos de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 204. El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente". De los numerales transcritos se advierte que la finalidad del incidente de cumplimiento sustituto es que la ejecutoria que se dicta en un juicio de amparo se tenga por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa; el cual podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los supuestos en que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o bien, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Además se indica que la solicitud podrá presentarse vía incidental, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. Ahora, en el caso a estudio se desprende que por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda promovida por la parte quejosa, por los motivos ahí expuestos, posteriormente, el treinta de junio del año indicado, se interpuso recurso de queja en su contra, medio de impugnación del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja ********************, de su índice, lo declaró fundado. En ese sentido, no ha lugar a tramitar el incidente que en esta vía plantea la parte quejosa, en razón de que como ya se dijo, el objetivo primordial del incidente de cumplimiento sustituto es que la ejecutoria que se dicta en un juicio de amparo se tenga por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios a la parte quejosa, siendo que en el caso a estudio no existe una sentencia que hubiese causado ejecutoria, en la que se hubiese otorgado la protección constitucional a la solicitante del amparo, y además en la que exista pronunciamiento en el sentido de que con la ejecución de la misma se afectaría gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa, o bien que por las circunstancias materiales del caso, fuera imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Pues como se advierte de los párrafos que anteceden, en el juicio de amparo en que se actúa, se advierte la actualización de una causal de improcedencia la que da pauta a su desechamiento. Por tales motivos, es que se considera improcedente la solicitud de la parte quejosa, sustenta lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2012307, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, visible en la página 557, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado".
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Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el veintiséis de enero del año en curso, en el recurso de queja ********************, del índice del órgano de su adscripción, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas; y acúsese recibo. Ahora, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, en representación de su menor hija de iniciales ********************, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Manifieste si a la fecha en que se actúa, la menor quejosa de iniciales ******************** cuenta con el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de COVID-19; o con alguna de las dosis de la vacuna de referencia. En el entendido que si la menor quejosa ya fue inoculada con la vacuna de referencia, deberá de exhibir ante este Juzgado de Distrito la documentación con la que se corrobore dicha manifestación. Dicha prevención tiene sustento en razón de que el Gobierno del Estado de México, a través de su portal publicado en la página electrónica https://edomex.gob.mx/vacunacion, dio a conocer las fechas de vacunación para aplicar la primera y segunda dosis a niños y niñas con ocho años cumplidos (edad en la que se ubica la menor quejosa), información que representa un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en acatamiento a la jurisprudencia publicada en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1997, Tomo V, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del epígrafe y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Y de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, el cual establece: "Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". Al efecto se insertan las imágenes, en las que se contienen las fechas de aplicación de la primera y segunda dosis para las niñas y niños de la edad en comento, por lo que hace al municipio de Toluca, Estado de México, por ser esa localidad en la que se ubica el domicilio de la parte quejosa. / / / / Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de no desahogar los puntos motivos de prevención, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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