Cynthia Verónica Ramírez Hernández
Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Cynthia Verónica Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 1.1 Acuerdo. En atención a su contenido, téngase a la citada autoridad responsable informando las gestiones para dar cumplimiento dado al fallo protector, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Requerimiento. En consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite haber emplazado a la parte quejosa ********************, al expediente ********************, de su índice. Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento al fallo protector. 1.2 Apercibimiento. Con el apercibimiento que de ser omisa al respecto, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. 1.3 Información tecnológica. Se hace del conocimiento de la responsable en cita, que el cumplimiento al requerimiento de que se trata, podrá remitirse al correo electrónico 3jdo8ctopine@correo.cjf.gob.mx y confirmar su recepción al número ********************, por lo que respecta a este órgano de justicia; lo anterior, sin perjuicio de hacerlo por la vía postal.
- Principal
1. Promociones. Agréguense a los autos los oficios signados por la Presidenta por Ministerio de Ley y Actuaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales informan el cumplimiento dado al fallo protector. 1.1 Reserva. Por lo tanto, se reserva proveer lo correspondiente en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, remitan las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo e informen lo conducente en cuanto a lo que les fue requerido dentro de su ámbito de competencia.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Requerimiento. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la concesión de Amparo otorgada en la ejecutoria de referencia e informen a este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. 1.2 Apercibimiento. Con el apercibimiento que de ser omisas al respecto, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente equivalentes a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el diverso 258 de la propia ley; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 825/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se concede la protección constitucional a , para efecto de que las autoridades responsables Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje y Presidente adscrito, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, Presidente y Actuaria, ambos adscritos, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: i) Dejen insubsistente el emplazamiento realizado a la demandada ***, en el expediente laboral 1775/2017, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo dictado y los actos de ejecución del mismo, única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa; y, ii) Hecho que sea lo anterior, realicen el emplazamiento a la aquí quejosa ***********, de acuerdo con los parámetros legales establecidos. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Previa aclaración de demanda, por auto de veintiuno de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje y Presidente adscrito, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Presidente por Ministerio de Ley y Actuaria adscrita, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad,. 4.2 Actos reclamados. El emplazamiento realizado y todo lo actuado, incluyendo el laudo y su ejecución, dentro del expediente laboral 1775/2017, promovido por Norma Verónica Alvarado Martínez. En la inteligencia de que la parte quejosa guarda el carácter de persona extraña por equiparación en el asunto laboral de origen. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos reclamados y las causales de improcedencia alegadas por las partes o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues al rendir su informe justificado así lo aceptaron las autoridades responsables; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia de los actos que se les reclaman, en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento laboral de origen que remitieron las autoridades, con el cual se formaron tres tomos de pruebas; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2 Causales de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 6. Antecedentes. Ahora bien, antes de entrar en materia, se considera necesario hacer una relación sucinta de los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las constancias que remitieron las autoridades responsables: i) Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juico laboral 66/2017, los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, tuvieron a la aquí tercera interesada Norma Verónica Alvarado Martínez demandando la acción de indemnización constitucional y demás prestaciones a la quejosa ************* y otros. ii) La Actuaria de esa Junta, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se constituyó en el domicilio ubicado en carrreterA ************************, donde la atendió la quejosa *************, emplazándola al juicio laboral en comento, se le hizo saber la hora y fecha de la audiencia trifásica. iii) El quince de marzo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de trifásica en el expediente laboral 66/2017, ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje de esta ciudad, de la que se aprecia que compareció la aquí quejosa ******************* iv) El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de oficio, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se declaró incompetente para conocer el expediente 66/2017, declinándola a favor de Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. v) En catorce de julio de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, aceptó la competencia planteada, radicando el expediente con el número 1775/2017, ordenó librar exhorto a efecto de emplazar a la parte demandada, entre ellos la quejosa *. ************** vi) En cumplimiento de lo anterior, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, radicó el once de septiembre de dos mil diecisiete, el exhorto 71/2023. vii) En quince de (sin mes visible) de dos mil diecisiete, la Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se constituyó en el domicilio ubicado en *************************, donde dejó citatorio de espera a la quejosa *, para las once horas del diecisé*********************is de (sin mes visible) de dos mil diecisiete, sobre lo cual señaló que fue entregado a la guardia de seguridad (sin especificar nombre ni rasgos físicos), quien presta sus servicios en la empresa (sin especificar cuál), no describió su media filiación, ni tampoco dicho citatorio. viii) El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, nuevamente se constituyó la Actuaria en el domicilio indicado en el punto que antecede y procedió a llevar a cabo el emplazamiento de la quejosa, el cual también fue entregado a una guardia, quien se negó a identificar y describió datos de su medida filiación, siendo estos complexión robusta, un metro con ochenta centímetros de estatura, cabello teñido, tez blanca, sin señalar como llegó a ese convencimiento. ix) Audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se hizo constar la incomparecencia de la quejosa, empero, ordenó nuevamente su emplazamiento a ese expediente dentro del mismo exhorto 71/2017 del índice de la autoridad laboral de esta ciudad. x) En cumplimiento de lo anterior, el quince de marzo de dos mil dieciocho, la Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se constituyó en el domicilio ubicado en ***************************, donde dejó citatorio de espera a la quejosa **********, sobre lo cual señaló que fue entregado al guardia de vigilancia ******************. xi) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, nuevamente se constituyó la Actuaria en el domicilio indicado en el punto que antecede y procedió a llevar a cabo el emplazamiento de la quejosa, el cual también fue entregado al guardia de vigilancia *, quien se negó a ident****************ificar y describió solo dos datos de su medida filiación, siendo estos tez morena y complexión robusta, sin señalar como llegó a ese convencimiento. xii) Audiencia trifásico, celebrada el veinte de abril de dos mil dieciocho, en la que se hizo constar la inasistencia de la quejosa. xiii) Resolución de laudo de seis de septiembre de dos mil veintidós, en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones a favor de la parte actora. xiv) Auto de ejecución de laudo de veinte de junio de dos mil veintitrés, con efectos de mandamiento en forma en contra del demandado *********** y otros. xvi) Diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de treinta de junio de dos mil veintitrés. 7. Estudio de constitucionalidad. 7.1 Conceptos de violación. La parte quejosa en esencia alega que se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia y seguridad jurídica, porque, entre otras deficiencias que atribuye, señala que al realizarse su emplazamiento la Actuaria responsable no se cercioró de que en ese domicilio habitara, trabajara o pudiera ser localizado la quejosa, ni que la persona con quien entendió el mismo fuera empleado al servicio de la parte demandada, incumpliendo con lo establecido en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Transgrediendo con ello sus garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 7.2 Calificación de planteamientos. Los conceptos de violación apuntados son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado por la parte quejosa en relación con el emplazamiento efectuado en el juicio laboral 1775/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sabinas, Coahuila, realizado por la Actuaria adscrita a la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; por ende, sus consecuencias jurídicas. Cabe precisar que la solicitante de amparo acude a la presente instancia constitucional ostentándose como persona extraña por equiparación toda vez que, se advierte es parte demandada en el asunto de origen, pero alega que fue ilegal su emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 18/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7.3 Normatividad sobre el acto reclamado. Como se señaló, la parte quejosa expresa que se contravienen los artículos 14 de la Constitución Federal y 743 de la Ley Federal del Trabajo; en virtud que el emplazamiento realizado por la Actuaria no reúne los requisitos legales al omitir cerciorarse que en ese domicilio habitara, trabajara o pudiera ser localizado el quejoso, asimismo, que la persona con quien apuntó que entendió las diligencias, efectivamente fuera empleada al servicio de la parte demandada. En ese orden, el emplazamiento se impone analizarlo conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, que prevé el derecho fundamental de audiencia al otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la que, en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que debe satisfacer el proceso jurisdiccional para otorgar al gobernado, la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo de que se duela. Así, de no acatarse esas condiciones fundamentales, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia, que no es otro que el de evitar la indefensión del afectado. Sustenta lo antes expuesto, la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, de conformidad con el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que el emplazamiento a juicio en materia laboral sea legal, la actuaria se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalados en autos para hacer la notificación. Si está presente el interesado o su representante, notificará la resolución entregando copia de la misma; si se tratara de persona moral, se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; si no obstante el citatorio no aguarda a la cita el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. Ahora, si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 162/20046 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que la actuaria exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal citado, obligue a la actuaria a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato. Por lo que ha de ser suficiente su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. 7.4 Premisas argumentativas de la decisión. De los antecedentes que se advierten sobre los actos reclamados, se obtiene que por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 66/2017, los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, tuvieron a la aquí tercera interesada Norma Veónica Alvarado Martínez, demandando la acción de indemnización constitucional y demás prestaciones al quejoso *-**********, entre otros. Luego, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de oficio, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se declaró incompetente para conocer el expediente 66/2017, declinándola a favor de Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Por ello, en catorce de julio de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, aceptó la competencia planteada, radicando el expediente con el número 1775/2017, ordenó librar exhorto a efecto de emplazar a la parte demandada, entre ellos la quejosa **********. En atención a ello, previo exhorto, la Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, el quince de marzo de dos mil dieciocho, se constituyó en el domicilio ubicado en ********************, donde dejó citatorio de espera a la quejosa ***************, sobre lo cual señaló que fue entregado al guardia de vigilancia *******************. Seguidamente, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la indicada funcionaria procedió a llevar a cabo el emplazamiento de la demandada **************, el cual nuevamente fue entregado a ******************, como supuesto guardia de vigilancia (sin especificar para quién trabaja), quien le refirió que no se encuentra presente. Con motivo de lo anterior, se siguió el procedimiento por sus respectivas etapas sin que la parte demandada (aquí quejosa) haya comparecido a juicio, hasta llegar al laudo. Sin embargo, del estudio de las relatadas actuaciones, se considera que la Actuaria responsable no se cercioró plenamente que en ese domicilio donde se constituyó correspondiera a la demanda aquí quejosa ****************, y que efectivamente pudiera ser localizada en ese lugar, es decir, no asentó en sus constancias los datos objetivos que le permitirán llevar a cabo ese cercioramiento. Menos aún se advierte cómo es que se cercioró de que la persona con quien entendió la diligencia tuviera alguna relación con la aquí quejosa. En efecto, se puede advertir que la Actuaria que llevó a cabo el emplazamiento descrito no asentó en su razón, los elementos de convicción en que se haya apoyado para realizar sus diligencias en la forma que lo hizo, esto es, cómo se cercioró de que se trataba del domicilio o lugar de trabajo de la demandada, o bien, que en ese sitio pudiera ser notificada por contar con alguna oficina o área para ello. Del mismo modo, dejó de observar esos requisitos de convicción respecto de que la persona con quien entendió la diligencia efectivamente era empleado al servicio de la demandada, pues tampoco precisó cómo es que tuvo conocimiento de ello, es decir, si por mención únicamente de la persona con quien dice practicó sus diligencias y en que basó esa afirmación, o bien por algún otro medio, ya que ni siquiera describe cómo es que llegó a ese convencimiento. Ello, se robustece en el sentido de que dicha persona incluso se negó a identificar con documento alguno, así como a firmar las diligencias conducentes, pues en la diligencia de emplazamiento aludida, no expuso razón alguna con la cual se convalide esa información, simplemente da por hecho que es guardia de vigilancia, sin especiar guardia de quién o para qué empresa o persona, quien manifestó solamente que la demandada no se encontraba presente. De esa manera, acorde a lo anterior, debe decirse que la Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se aparta de lo que establecen las fracciones I, II y III, del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, porque omitió asentar cómo es que pudo cerciorarse de que la quejosa, efectivamente pudiera ser encontrada y notificada en el lugar en que se constituyó y procedió a emplazarla. En ese contexto, la Actuaria tampoco se ocupó de asentar con claridad en su razón los elementos de convicción en que se apoyó para arribar al convencimiento de lo precisado en el citatorio y emplazamiento de la quejosa, respecto de que con quien entendió la diligencia era empleado o trabajador al servicio de la demandada, porque ni siquiera precisa en qué parte del domicilio se encontraba esa persona. Es decir, en el exterior, en interior, en alguna oficina, para de ese modo poder valorar esa posibilidad, puesto que únicamente en la diligencia de emplazamiento se limitó a anotar que estaba constituida en el lugar correcto por así indicárselo el lugar; no obstante, en el citatorio que fue dejado anteriormente, no precisó motivo alguno. Por lo que, lejos de generar certeza sobre la legalidad del emplazamiento, eleva las dudas de la legitimidad que deberían revestir a ese tipo de actuaciones, porque la fedataria también fue omisa en mencionar cómo es que se aseguró de lo anotado en ese sentido. Porque una cuestión es que tenga conocimiento de que el domicilio en el que se apersonó sea el lugar señalado en autos para la práctica de la diligencia, y otra es que en ese lugar tenga su domicilio, habite o trabaje la buscada para emplazar a juicio, lo que era su obligación cerciorarse, como lo regula el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la funcionaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje responsable no observó los lineamientos establecidos en la indicada norma para llevar a cabo ese tipo de actos, al no hacerlo, la diligencia impugnada resulta ilegal. Lo que propició que se desatendiera el principio de legalidad en la referida acta del emplazamiento y con ello, se privara al demandado de la oportunidad para oponer sus defensas y ofrecer pruebas, y por ello es claro que por ser un acto formal deben cumplirse cabalmente con todos los requisitos de ley, sin necesidad de inferir o hacer deducción alguna, por lo que la diligencia de emplazamiento no puede convalidarse con deducciones. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 9/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se invoca la tesis de jurisprudencia III.2o.T. J/11 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. De ahí que, no existe certeza jurídica de que la impetrante de amparo se le haya emplazado cumpliendo con los requisitos de ley. Por consiguiente, ante las violaciones a las reglas para efectuar debidamente el emplazamiento analizado, como lo prevén las fracciones I, II y III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, se hace patente la violación a los derechos subjetivos públicos de la aquí quejosa ***************. 8. Conclusión. Al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. 9. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a *********************, para efecto de que las autoridades responsables Junta Especial Número 25 Federal de Conciliación y Arbitraje y Presidente adscrito, ambos con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, Presidente y Actuaria, ambos adscritos, en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: i) Dejen insubsistente el emplazamiento realizado a la demandada *****************, en el expediente laboral 1775/2017, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo dictado y los actos de ejecución del mismo, única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa; y, ii) Hecho que sea lo anterior, realicen el emplazamiento a la aquí quejosa************************ *, de acuerdo con los parámetros legales establecidos. 10. Notifíquese en términos de ley.11. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Mario Alberto Nevárez Santana, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 12. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
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