Cynthia Nallely Zurita González

Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1095/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Cynthia Nallely Zurita González

Actuaciones

  1. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Cynthia Nallely Zurita González, respecto al acto que reclamó de la respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, que fuera precisada en el considerando segundo por las razones y los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, no fue rendido con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo que, con fundamento en artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    se agrega el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con la constancia que se anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las diez horas con quince minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 517/2020, promovido por Arturo Saldívar Hernández, por conducto de su apoderado, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia de la licenciada Rocío López Castillo, Secretaria con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Acto continuo la Secretaria hace una relación de las constancias de autos mismas que bajo el principio de economía procesal no habrán de transcribirse cada una de ellas. Apoya lo considerado, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, registro: 206494, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Al respecto el Juez acuerda: téngase a la Secretaria, relacionando las constancias del expediente. A continuación se abre el período probatorio, y la Secretaria da nueva cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia y como no se ofrecieron más elementos de convicción que deban relacionarse ni desahogarse, se cierra dicha etapa. Se abre la etapa de alegatos, haciendo constar la Secretaria que las partes no formularon de su intención; al respecto, el Juez acuerda: no habiendo alegatos que relacionar, se da por terminada la fase respectiva. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 517/2020, promovido por Arturo Saldívar Hernández, por conducto de su apoderado; y RESULTANDO: Primero. Juicio de amparo. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, Arturo Saldivar Hernández, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS con domicilio en el Libramiento Emilio Portes Gil en el Edificio Gubernamental Tiempo Nuevo de esta ciudad. ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 7 de Febrero de 2020, notificado el mismo día que ordena el archivo del expediente, dictado dentro del expediente laboral número 51/E01/2016.". Incompetencia. El tres de marzo de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en esta ciudad, registró la demanda bajo el número de amparo directo 276/2020 y determinó carecer de competencia para conocer de la misma, toda vez que se reclamaba un acto que no constituía una sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio, por lo que declinó la competencia a un Juzgado de Distrito en turno. Auto de avocamiento. Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto; registró la demanda con el número 517/2020; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete; se notificó a la tercera interesada; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. Sentencia constitucional. La Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en auxilio de las labores de este juzgado, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Recurso de revisión. La parte quejosa interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, y por razón de turno tocó conocer de dicho medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, y en auxilio a las labores de ese tribunal, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dejó insubsistente la audiencia y sentencia constitucional y repuso el procedimiento. Reposición de procedimiento. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, y la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, se repuso el procedimiento y en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria del Tribunal de Alzada, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el juicio laboral de origen. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver del presente juicio de amparo, conforme a los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama un acto con ejecución en esta ciudad, territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que el quejoso reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente laboral 51/E01/2016. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, negó el acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza; por tanto, se tiene por cierto. Cabe mencionar que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de las constancias que obran en el juicio laboral de origen. Mediante oficio signado por el Presidente de la Junta responsable informó que los autos originales del expediente laboral están a disposición de este juzgado, las cuales obran en el juicio de amparo 323/2022, de nuestro índice; de ahí que, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se ordenó obtener copia certificada de dichas constancias a fin de resolver lo que en derecho corresponda, mismas que se encuentran agregadas a los autos. Las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 2°, dado que se trata de documentos públicos. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1995, página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, registro 394182.cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Causales de improcedencia. No será necesario examinar los conceptos de violación expresados para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que advierte una causal de improcedencia, cuyo examen es oficioso en cualquier instancia, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En la especie quien acude al juicio de amparo, hace consistir como acto reclamado el proveído de siete de febrero de dos mil veinte, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 51/E01/2016, mediante el cual, se tuvo a la parte demandada cumpliendo con las condenas impuestas en el laudo y se ordenó archivar el expediente como asunto totalmente pagado y terminado. En relación a dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Es decir, la parte quejosa, no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al presente juicio constitucional. En efecto, conforme a la porción normativa invocada, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al respecto, el quejoso, previamente a la promoción del presente juicio, debió haber controvertido la aludida determinación a través del medio de impugnación ordinario contemplado en la legislación laboral, a saber, el recurso de revisión contra actos del presidente. Para mayor objetividad, se citan los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley.". Preceptos que se estiman aplicables a pesar de haber sido derogados, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 de Mayo de 2019, toda vez que en el séptimo transitorio, se estableció lo siguiente: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio". Y en el caso, el juicio laboral de origen inició el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, fecha de presentación del escrito inicial de demanda laboral. Precisado lo anterior, debe decirse que, conforme a dichos preceptos, se desprende que, en contra del proveído que reclama en el juicio de amparo, al haber sido dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es procedente el recurso de revisión, esto, en atención a que fue emitido dentro de la etapa de ejecución de laudo. De exacta aplicación, resulta la Jurisprudencia 2a./J.95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2002, visible en la página 374, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Arturo Saldívar Hernández, contra el acto y autoridad que fuera precisada en el considerando segundo por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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