Cynthia Liliana Najera Najera

Expediente 1312/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1312/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Cynthia Liliana Najera Najera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio signado digitalmente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo 1312/2023-XIII-7 de donde deriva el presente cuadernillo e informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del referido juicio, quedando registrado bajo el juicio de amparo directo número 441/2023 de su índice. En tal virtud, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, en la inteligencia de que una vez transcurridos tres años, será destruido en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA. Visto el estado de los autos, y en atención a su contenido, se estima que este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo por las razones y consideraciones siguientes. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 345468 que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, del análisis integral del ocurso de la demanda de amparo, y constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se logra conocer lo siguiente: La parte quejosa, reclama de la autoridad responsable Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua la resolución emitida en el recurso de revisión 38/2021 de su índice, en la sesión extraordinaria publica de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés en la que se confirmó la negativa del pago de las prestaciones adeudadas a la parte quejosa con motivo de su reinstalación como Jueza de Primera Instancia, según el acuerdo dictado en fecha once de enero de dos mil diecisiete, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y del contenido del informe justificado de la autoridad responsable, manifestó lo siguiente: [...]ES CIERTO, en cuanto a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Sesión Extraordinaria Pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por mayoría de votos, dictó resolución en el expediente 38/2021 del índice de la Presidencia del propio Tribunal, formado con el proyecto de resolución elaborado por el licenciado Alejandro Legarda Carreón, Magistrado de la Segunda Sala Penal, en el Recurso de Revisión Administrativa promovido por la quejosa de mérito, en la que se confirmó la determinación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, relativa a que carece de competencia legal para resolver el fondo de la solicitud planteada por la licenciada [CYNTHIA LILIANA NÁJERA NÁJERA], en su carácter de [Jueza Décimo Civil del Distrito Judicial Bravos], para el pago de las prestaciones que reclama, misma en la que se exponen los motivos y fundamentos. Sin embargo, esta autoridad responsable estima que el medio de control constitucional intentado por la quejosa, es improcedente según lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, párrafo cuarto, el cual señala que el juicio de amparo es improcedente, si en contra de dicha resolución procede amparo directo, en dicho caso deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; asimismo, el artículo 170 de la ley de la materia, establece que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; y toda vez, que en el caso particular, el acto reclamado consiste en una resolución adoptada por el Pleno de este Tribunal Superior, el veinticinco de abril del año en curso, en la que se confirmó la determinación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en consecuencia dicha resolución puso fin al procedimiento del recurso de revisión administrativa, regulado en el Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ya que el artículo 35 de dicha ley en su párrafo tercero, establece que contra las resoluciones del Pleno del Tribunal no procederá recurso alguno; por lo que, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, párrafo cuarto, 63, fracción V y 64 de la Ley de Amparo, se estima, que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías en mención.[.]'' En tales condiciones, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de grado, para conocer del presente asunto, por los motivos que enseguida se exponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Asimismo, en términos del diverso 38, fracción I de la Ley Orgánica de Poder Judicial Federal, que dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; (.)." Ahora bien, de lo anterior se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, contra las que deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la Ley de materia, por virtud de los cuales, aquéllas sentencias o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas y específicamente en materia mercantil contra sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen. En la especie, como se puntualizó, la quejosa se duele de la sentencia dictada en su contra en el recurso de revisión 38/2021 del índice del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, quien se declaró incompetente para conocer del asunto y dejo a salvo los derechos de la peticionaria para instar la vía que corresponda. Bajo ese contexto, como la resolución cuya constitucionalidad cuestiona la promovente, encuentra cabida dentro de aquéllas a las que alude el artículo invocado, lo que permite afirmar desde luego, que la demanda de amparo que aquélla promueve, debe enderezarla ante los Tribunales Colegiados de Circuito a través del juicio de amparo directo correspondiente, en observancia a lo establecido en el ordinal 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47, último párrafo, y 170 de la Ley de la materia, toda vez que se trata de una resolución que da por concluido el procedimiento administrativo declarando la incompetencia de la potestad dejando a salvo sus derechos. Resulta aplicable la tesis del tenor literal: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". (Época: Octava Época. Registro: 227370. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989. Materia(s): Común. Tesis: Página: 466). Atento a los razonamientos antes blandidos, este resolutor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo, de la Ley de Amparo, esta Juzgadora SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por estimar, salvo la opinión de la Superioridad, que resulta serlo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad; quien será el que deba calificar la procedencia del amparo, respecto de los actos que en esta vía se reclaman. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. (Registro digital: 2016973, Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1450, Tipo: Jurisprudencia) Luego, en acatamiento al imperativo legal contenido en el numeral 47, último párrafo, de la invocada codificación, se ordena remitir el presente juicio de amparo y sus anexos, previa formación del cuadernillo en el cual se dejará copia certificada de las constancias conducentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para que el órgano colegiado al que corresponda conocer de la misma tenga a bien, si así lo estima, proveer lo que en derecho corresponda. Se solicita el acuse el recibo correspondiente y comunique a este Juzgado de Distrito sí se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Finalmente, dado lo aquí acordado, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIA DE HOY. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma electrónicamente Jessica María Contreras Martínez, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ante Paula María Tapia López, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Hidalgo del Parral, Chihuahua; y en atención a su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y para así acreditarlo remite las constancias justificativas. Conforme a lo anterior, toda vez que de acuerdo a la Ley de Amparo, este es el momento procesal para que la parte quejosa aduzca lo relativo al exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por ello, con la única finalidad de salvaguardar su derecho a exponer los motivos por los cuales considere que existe el incumplimiento y a efecto de acatar lo previsto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, aplicable para el trámite del cumplimiento dado a la ejecutoria, dése vista a las partes, con el contenido del oficio de referencia y el diverso registrado con numero de folio 10877, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga debiendo exponer, en su caso, las razones particulares por las cuales considera que existe exceso o defecto en el cumplimiento dado a la sentencia, apercibido que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado y anexos rendido por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Representante de su Pleno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos. Pruebas. Asimismo, ténganse como prueba de su parte las documentales que acompaña, consistente en copia certificada del expediente de su índice y copia del toca del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en términos del diverso numeral 119 de la legislación en consulta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Ahora bien, para el mejor manejo de las copias certificadas, estas correrán por cuerda separada como cuaderno auxiliar, debidamente identificado como anexo I y II, conservando su folio, rúbrica y sello originales. Notifíquese.

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