Cynthia Lilian Olivares Garibay
Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 23/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cynthia Lilian Olivares Garibay y Otros.
- E. N. C. O.
- Christian Modesto Contreras Rodríguez
- Cynthia Lilian Olivares Garibay
- Christian Modesto Contreras Rodríguez y Otros.
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán
- E. N. C. O. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE CRISTIAN MODESTO CONTRERAS (EN SU CARÁCTER DE PARTE TERCERO INTERESADO) o sus autorizados, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el cuatro de octubre de dos mil veintiuno; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 463/2021, remitido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintitrés al veintisiete de abril del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Cynthia Lilian Olivares Garibay, por sí y en representación de su menor hija de iniciales E. N. C. O. solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en: El auto emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Familiar sobre reconocimiento de paternidad 693/2018, que promovió la quejosa frente a Christian Modesto Contreras Rodríguez. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual causó firmeza el tres de diciembre de ese año al no haber sido recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: Dejare insubsistente el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018; Dictare nueva resolución, en la que reiterare lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde de nueva cuenta, resolviera en forma congruente la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, lo cual deberá realizar tomando en consideración los argumentos expuestos en la sentencia de amparo, y valorando los elementos objetivos a que se refirió la quejosa en el escrito que presentó ante dicha autoridad el seis de junio de dos mil diecinueve, y los que estime pertinentes la autoridad, a fin de que esté en aptitud de dilucidar si es procedente o no la imposición de la medida de mérito, en función de los datos positivos y negativos que pueda advertir, en forma objetiva, respecto de la quejosa y sus circunstancias particulares y con plenitud de jurisdicción decida lo proceda. Y además respecto a la menor E.N.C.O., la juez deberá citar el precepto legal que la faculta para determinar un "arraigo", respecto de ella, con efectos de prohibir estrictamente su salida del lugar del juicio, lo que es indispensable para cumplir con el artículo 16 Constitucional. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 3187/2019, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, anexó copia certificada del acuerdo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, del cual, como se asentó en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado de distrito, se advierte que dicha responsable dejó sin efectos el auto emitido el veintisiete de junio de ese año, y atendió algunas de las consideraciones establecidas en la sentencia de amparo; sin embargo, no cumplió en su totalidad con los efectos de la misma, porque no resolvió en forma específica, concreta y congruente el tema relativo a la procedencia o no de la solicitud para imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija", ante lo cual, se requirió nuevamente a dicha autoridad el cumplimiento a dicha ejecutoria. En mérito a lo anterior, mediante oficio número 463/2019, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitió copia certificada del acuerdo de quince de abril del año en curso, en el cual determinó lo siguiente: ". El escrito presentado por la actora Cynthia Lilian Olivares Garibay, en fecha 3 tres de junio del año 2019 dos mil diecinueve, a través del cual manifiesta que tiene una oportunidad laboral en la ciudad de México cambiará de residencia, y propuso que la convivencia entre la menor con su padre fuera en la ciudad de México; del cual se dio vista al demandado Christian Modesto Contreras Rodríguez, dando respuesta mediante escrito presentado el 24 veinticuatro de junio del año referido, y como se advierte de la certificación que encabeza el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al demandado dando contestación al requerimiento que se le realizó en auto de fecha 6 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se le tuvo por hechas las manifestaciones en la forma y términos de su escrito. Con el fin de resolver lo conducente sobre la manifestación y propuesta hecha por la actora y la solicitud de arraigo que también pidió el demandado, tomando en cuenta los lineamientos de la autoridad federal en la ejecutoria de amparo que aquí se cumplimenta, lo que se hace en los siguientes términos: Tomando en cuenta el interés superior de la menor hija de los contendientes y juzgando con perspectiva de género, así como lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo de la constitución Federal establece que "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia". Este mandato se introdujo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma publicada en el diario Oficial de la federación, el treinta y uno de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro, como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino, y marcar una pauta para modificar o impedir la expedición de leyes secundarias que incluyeran cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres. Por ello, como lo consideró la autoridad Federal, la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de tratar de igual manera a hombres y mujeres derivó del trato discriminatorio que se les daba a éstas, y señaló el camino para modificar aquellas leyes secundarias que lo permitan, a la vez que marcó las pautas para la interpretación que de ellas debe hacerse. Tocante al orden nacional, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que queda prohibida toda discriminación motivada -entre otras- por cuestiones de género, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De tal modo que el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación por cuestión de género y proscribir toda condiciones de desigualdad. En tal sentido, la Primera Sala de la Justicia de la Nación, definió que la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Solo así puede esperar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales. Ello resulta particularmente importante en lo que toca a la motivación de las sentencias, concibiendo esto como en un método que permite utilizar herramientas adicionales a los métodos tradicionales de interpretación, que pueden ser útiles para identificar y corregir la discriminación que pudieran general las leyes y las practicas institucionales. Sin dejarse de lado que el marco jurídico relativo a la equidad de género, desde la perspectiva convencional del Sistema Universal, compromete los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2º, 3º y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el articulo II, de la Declaración Americana de los deberes del Hombre, así como los numerales 1º y 24 de la Convención Americana sobre derechos humanos. En este contexto, además destacan por su importancia, los artículos 1, 2, párrafo primero, inciso c), 10 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" difundida en el señalado medio el19 de enero de 1999. Que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género girar en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. En otras palabras, que para cumplir con las obligaciones constitucionales y las contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, deberá realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial" y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. En el caso concreto, para evitar que se interprete que se está coartando el derecho de la actora a progresar, tanto por su bien, como por el bien de su menor hija, y que no está obligada ni ella ni su descendiente, a permanecer en esta ciudad y atravesar por una situación económica precaria. Además de que no existe medio de prueba que permita considerar la posibilidad de no separar a la actora de su menor hija que a la fecha cuenta con un año de edad, quien requiere de cuidados especiales, como la lactancia materna, lo cual estaría seguido de daños psicológicos de imposible reparación para la infante; aunado a que no puede obligarlas a abandonar su nueva residencia en la ciudad de México. Aunado a que la hoy actora informó con la debida anticipación, por escrito a esta autoridad, las circunstancia y motivos por los cuales se vieron en la necesidad de mudarse de residencia. En ese sentido, tenemos que el hecho de que la actora se haya mudado de residencia, no implica la sustracción de la menor, ni mucho menos está impidiendo que su padre conviva con ella, sino que simple y sencillamente la pensión alimenticia provisional que el demandado fue obligado a cubrir, como lo argumenta la actora, no le alcanza para pagar los gastos de manutención de la menor. Por lo tanto, -se reitera- en este momento se deja sin efectos el arraigo decretado en auto de fecha 27 veintisiete de junio del año en curso, relativo "a que la menor no salga del lugar del juicio" para lo cual esta juzgadora queda enterada de las circunstancias que motivaron a la actora a cambiar de residencia, del domicilio donde habitará con su menor hija, a efecto de que continúe con su proyecto de vida sin abandonar el presente juicio que a la fecha se encuentra a reserva de dictársela sentencia respectiva. El efecto del oficio de cuenta, tiene por objeto que esta autoridad responsable de cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo 47/2020, seguido ante el Juzgado Octavo de Distrito, esto es resolver específicamente el tema relativo al arraigo decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado objeto de protección de la Justicia Federal. En efecto dentro de las providencias precautorias que contempla el Libro Quinto, Capitulo II, artículo 844 fracción II del Código Familiar del Estado, establece que: "I. Arraigo de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba formular o se haya presentado demanda". Luego entonces se desprende que para decretar la providencia precautoria del arraigo, se requiere, que exista temor fundado de que se ausente o se oculte la persona contra la que se deba formular o se haya formulado una demanda; supuesto este que en la especie no se actualiza, tomando en consideración que con fecha 13 trece de junio del año 2019, la señora CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, compareció ante este Juzgado a dar aviso que buscando un crecimiento laboral y personal, como para satisfacer las necesidades de su menor hija, se había mudado a la ciudad de México, y además anexó copia de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, visible a fojas 423 del expediente en que se actúa, instrumento en el cual se puede leer el domicilio en el cual radica en aquella ciudad. De este modo, es de concluirse que la citada CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, no se sitúa en el supuesto para decretar arraigo en su contra, ya que primeramente da aviso a este Juzgado de su cambio de residencia, informa los motivos por los cuales lo hizo, y más aún proporciona su domicilio particular, lo cual en ningún momento puede generar temor fundado de que su intención de cambio de domicilio a otra ciudad, fue para ausentarse y mucho menos ocultarse para entorpecer la tramitación del presente juicio. Por lo que respecta a la niña que interesa en este juicio, resulta inconcuso, que no es posible decretar en su contra arraigo alguno, porque por su minoría de edad, al ser una persona que no ha cumplido la mayoría de edad, no tiene capacidad de ejercicio de conformidad con el artículo 14 del Código Familiar del Estado, para que se pueda o pretenda presentar en su contra una demanda. Por lo tanto, también se deja sin efectos el "arraigo" decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, con la finalidad de que la actora pueda continuar con su proyecto de vida en el lugar donde actualmente radica (ciudad de México), de igual manera, por lo que ve a su menor hija de iniciales E.N.C.O., está deberá permanecer en ese lugar con la actora -su progenitora-, atendiendo a su corta edad y apego hacia su madre. Lo anterior, no implica un menoscabo al demandado pues de constancias se advierte que la actora tiene señalado domicilio procesal en esta ciudad para recibir notificaciones, incluso, a partir de la fecha en que se ausentó de esta ciudad y que lo hizo saber a esta Juzgadora, ha continuado gestionando en el presente asunto, incluso dando respuesta a los requerimientos que se le han realizado por parte de esta juzgadora, además de que respecto a la convivencia entre el demandado y la menor hija de ambos, ha manifestado su intención en que ésta se lleve a cabo, para lo cual se han realizado propuestas. Incluso atendiendo a la pandemia que se presenta en estos momentos y la distancia que separa al demandado de su menor hija, se ha sugerido que la convivencia sea a través de los medios electrónicos que tengan a su alcance, tales como, video llamadas, esto ponderando la salud de la menor. Finalmente NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. .". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ha cumplido con lo requerido en la ejecutoria de amparo, puesto que dejó sin efectos el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018 y dictó una nueva resolución, en la que reiteró lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde resolvió que es improcedente imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, por los motivos y consideraciones detallados en el auto transcrito. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a las partes quejosa y tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, no pasan inadvertidas para este juzgador las manifestaciones vertidas por el tercero interesado en este juicio, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, en el que en concreto refirió: ".desde este momento solicito a esta H. Autoridad Federal, requiera a la quejosa para que presente a la menor EMILY NAILEA CONTRERAS OLIVARES, y se genere una convivencia entre el suscrito y la misma, lo anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar." Sin embargo, este juzgador se encuentra legalmente imposibilitado para proceder en la forma en que lo peticiona el tercero interesado de mérito, toda vez que lo relativo a la convivencia con la menor de mérito no es parte del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, pues lo aquí reclamado, como quedó expuesto, fue el auto que decretó el arraigo de la quejosa y su menor hija, más no alguna cuestión relacionada con la convivencia, motivo por el cual Christian Modesto Contreras Rodríguez, tiene expedito su derecho para hacer valer lo que conforme a derecho proceda respecto a lo anterior, ante la Juez responsable. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY(EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el cuatro de octubre de dos mil veintiuno; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, queda hecho mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 463/2021, remitido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintitrés al veintisiete de abril del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Cynthia Lilian Olivares Garibay, por sí y en representación de su menor hija de iniciales E. N. C. O. solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en: El auto emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Familiar sobre reconocimiento de paternidad 693/2018, que promovió la quejosa frente a Christian Modesto Contreras Rodríguez. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual causó firmeza el tres de diciembre de ese año al no haber sido recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: Dejare insubsistente el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018; Dictare nueva resolución, en la que reiterare lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde de nueva cuenta, resolviera en forma congruente la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, lo cual deberá realizar tomando en consideración los argumentos expuestos en la sentencia de amparo, y valorando los elementos objetivos a que se refirió la quejosa en el escrito que presentó ante dicha autoridad el seis de junio de dos mil diecinueve, y los que estime pertinentes la autoridad, a fin de que esté en aptitud de dilucidar si es procedente o no la imposición de la medida de mérito, en función de los datos positivos y negativos que pueda advertir, en forma objetiva, respecto de la quejosa y sus circunstancias particulares y con plenitud de jurisdicción decida lo proceda. Y además respecto a la menor E.N.C.O., la juez deberá citar el precepto legal que la faculta para determinar un "arraigo", respecto de ella, con efectos de prohibir estrictamente su salida del lugar del juicio, lo que es indispensable para cumplir con el artículo 16 Constitucional. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 3187/2019, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, anexó copia certificada del acuerdo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, del cual, como se asentó en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado de distrito, se advierte que dicha responsable dejó sin efectos el auto emitido el veintisiete de junio de ese año, y atendió algunas de las consideraciones establecidas en la sentencia de amparo; sin embargo, no cumplió en su totalidad con los efectos de la misma, porque no resolvió en forma específica, concreta y congruente el tema relativo a la procedencia o no de la solicitud para imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija", ante lo cual, se requirió nuevamente a dicha autoridad el cumplimiento a dicha ejecutoria. En mérito a lo anterior, mediante oficio número 463/2019, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitió copia certificada del acuerdo de quince de abril del año en curso, en el cual determinó lo siguiente: ". El escrito presentado por la actora Cynthia Lilian Olivares Garibay, en fecha 3 tres de junio del año 2019 dos mil diecinueve, a través del cual manifiesta que tiene una oportunidad laboral en la ciudad de México cambiará de residencia, y propuso que la convivencia entre la menor con su padre fuera en la ciudad de México; del cual se dio vista al demandado Christian Modesto Contreras Rodríguez, dando respuesta mediante escrito presentado el 24 veinticuatro de junio del año referido, y como se advierte de la certificación que encabeza el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al demandado dando contestación al requerimiento que se le realizó en auto de fecha 6 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se le tuvo por hechas las manifestaciones en la forma y términos de su escrito. Con el fin de resolver lo conducente sobre la manifestación y propuesta hecha por la actora y la solicitud de arraigo que también pidió el demandado, tomando en cuenta los lineamientos de la autoridad federal en la ejecutoria de amparo que aquí se cumplimenta, lo que se hace en los siguientes términos: Tomando en cuenta el interés superior de la menor hija de los contendientes y juzgando con perspectiva de género, así como lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo de la constitución Federal establece que "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia". Este mandato se introdujo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma publicada en el diario Oficial de la federación, el treinta y uno de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro, como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino, y marcar una pauta para modificar o impedir la expedición de leyes secundarias que incluyeran cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres. Por ello, como lo consideró la autoridad Federal, la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de tratar de igual manera a hombres y mujeres derivó del trato discriminatorio que se les daba a éstas, y señaló el camino para modificar aquellas leyes secundarias que lo permitan, a la vez que marcó las pautas para la interpretación que de ellas debe hacerse. Tocante al orden nacional, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que queda prohibida toda discriminación motivada -entre otras- por cuestiones de género, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De tal modo que el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación por cuestión de género y proscribir toda condiciones de desigualdad. En tal sentido, la Primera Sala de la Justicia de la Nación, definió que la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Solo así puede esperar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales. Ello resulta particularmente importante en lo que toca a la motivación de las sentencias, concibiendo esto como en un método que permite utilizar herramientas adicionales a los métodos tradicionales de interpretación, que pueden ser útiles para identificar y corregir la discriminación que pudieran general las leyes y las practicas institucionales. Sin dejarse de lado que el marco jurídico relativo a la equidad de género, desde la perspectiva convencional del Sistema Universal, compromete los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2º, 3º y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el articulo II, de la Declaración Americana de los deberes del Hombre, así como los numerales 1º y 24 de la Convención Americana sobre derechos humanos. En este contexto, además destacan por su importancia, los artículos 1, 2, párrafo primero, inciso c), 10 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" difundida en el señalado medio el19 de enero de 1999. Que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género girar en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. En otras palabras, que para cumplir con las obligaciones constitucionales y las contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, deberá realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial" y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. En el caso concreto, para evitar que se interprete que se está coartando el derecho de la actora a progresar, tanto por su bien, como por el bien de su menor hija, y que no está obligada ni ella ni su descendiente, a permanecer en esta ciudad y atravesar por una situación económica precaria. Además de que no existe medio de prueba que permita considerar la posibilidad de no separar a la actora de su menor hija que a la fecha cuenta con un año de edad, quien requiere de cuidados especiales, como la lactancia materna, lo cual estaría seguido de daños psicológicos de imposible reparación para la infante; aunado a que no puede obligarlas a abandonar su nueva residencia en la ciudad de México. Aunado a que la hoy actora informó con la debida anticipación, por escrito a esta autoridad, las circunstancia y motivos por los cuales se vieron en la necesidad de mudarse de residencia. En ese sentido, tenemos que el hecho de que la actora se haya mudado de residencia, no implica la sustracción de la menor, ni mucho menos está impidiendo que su padre conviva con ella, sino que simple y sencillamente la pensión alimenticia provisional que el demandado fue obligado a cubrir, como lo argumenta la actora, no le alcanza para pagar los gastos de manutención de la menor. Por lo tanto, -se reitera- en este momento se deja sin efectos el arraigo decretado en auto de fecha 27 veintisiete de junio del año en curso, relativo "a que la menor no salga del lugar del juicio" para lo cual esta juzgadora queda enterada de las circunstancias que motivaron a la actora a cambiar de residencia, del domicilio donde habitará con su menor hija, a efecto de que continúe con su proyecto de vida sin abandonar el presente juicio que a la fecha se encuentra a reserva de dictársela sentencia respectiva. El efecto del oficio de cuenta, tiene por objeto que esta autoridad responsable de cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo 47/2020, seguido ante el Juzgado Octavo de Distrito, esto es resolver específicamente el tema relativo al arraigo decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado objeto de protección de la Justicia Federal. En efecto dentro de las providencias precautorias que contempla el Libro Quinto, Capitulo II, artículo 844 fracción II del Código Familiar del Estado, establece que: "I. Arraigo de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba formular o se haya presentado demanda". Luego entonces se desprende que para decretar la providencia precautoria del arraigo, se requiere, que exista temor fundado de que se ausente o se oculte la persona contra la que se deba formular o se haya formulado una demanda; supuesto este que en la especie no se actualiza, tomando en consideración que con fecha 13 trece de junio del año 2019, la señora CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, compareció ante este Juzgado a dar aviso que buscando un crecimiento laboral y personal, como para satisfacer las necesidades de su menor hija, se había mudado a la ciudad de México, y además anexó copia de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, visible a fojas 423 del expediente en que se actúa, instrumento en el cual se puede leer el domicilio en el cual radica en aquella ciudad. De este modo, es de concluirse que la citada CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, no se sitúa en el supuesto para decretar arraigo en su contra, ya que primeramente da aviso a este Juzgado de su cambio de residencia, informa los motivos por los cuales lo hizo, y más aún proporciona su domicilio particular, lo cual en ningún momento puede generar temor fundado de que su intención de cambio de domicilio a otra ciudad, fue para ausentarse y mucho menos ocultarse para entorpecer la tramitación del presente juicio. Por lo que respecta a la niña que interesa en este juicio, resulta inconcuso, que no es posible decretar en su contra arraigo alguno, porque por su minoría de edad, al ser una persona que no ha cumplido la mayoría de edad, no tiene capacidad de ejercicio de conformidad con el artículo 14 del Código Familiar del Estado, para que se pueda o pretenda presentar en su contra una demanda. Por lo tanto, también se deja sin efectos el "arraigo" decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, con la finalidad de que la actora pueda continuar con su proyecto de vida en el lugar donde actualmente radica (ciudad de México), de igual manera, por lo que ve a su menor hija de iniciales E.N.C.O., está deberá permanecer en ese lugar con la actora -su progenitora-, atendiendo a su corta edad y apego hacia su madre. Lo anterior, no implica un menoscabo al demandado pues de constancias se advierte que la actora tiene señalado domicilio procesal en esta ciudad para recibir notificaciones, incluso, a partir de la fecha en que se ausentó de esta ciudad y que lo hizo saber a esta Juzgadora, ha continuado gestionando en el presente asunto, incluso dando respuesta a los requerimientos que se le han realizado por parte de esta juzgadora, además de que respecto a la convivencia entre el demandado y la menor hija de ambos, ha manifestado su intención en que ésta se lleve a cabo, para lo cual se han realizado propuestas. Incluso atendiendo a la pandemia que se presenta en estos momentos y la distancia que separa al demandado de su menor hija, se ha sugerido que la convivencia sea a través de los medios electrónicos que tengan a su alcance, tales como, video llamadas, esto ponderando la salud de la menor. Finalmente NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. .". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ha cumplido con lo requerido en la ejecutoria de amparo, puesto que dejó sin efectos el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018 y dictó una nueva resolución, en la que reiteró lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde resolvió que es improcedente imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, por los motivos y consideraciones detallados en el auto transcrito. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a las partes quejosa y tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, no pasan inadvertidas para este juzgador las manifestaciones vertidas por el tercero interesado en este juicio, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, en el que en concreto refirió: ".desde este momento solicito a esta H. Autoridad Federal, requiera a la quejosa para que presente a la menor EMILY NAILEA CONTRERAS OLIVARES, y se genere una convivencia entre el suscrito y la misma, lo anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar." Sin embargo, este juzgador se encuentra legalmente imposibilitado para proceder en la forma en que lo peticiona el tercero interesado de mérito, toda vez que lo relativo a la convivencia con la menor de mérito no es parte del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, pues lo aquí reclamado, como quedó expuesto, fue el auto que decretó el arraigo de la quejosa y su menor hija, más no alguna cuestión relacionada con la convivencia, motivo por el cual Christian Modesto Contreras Rodríguez, tiene expedito su derecho para hacer valer lo que conforme a derecho proceda respecto a lo anterior, ante la Juez responsable. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JUDICIAL, A LA PARTE TERCERO INTERESADO CRISTIAN MODESTO CONTRERAS RODRIGUEDZ EL PROVEÍDO DE VEINTITRES DE SEPTOEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 463/2021, remitido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintitrés al veintisiete de abril del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Cynthia Lilian Olivares Garibay, por sí y en representación de su menor hija de iniciales E. N. C. O. solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en: El auto emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Familiar sobre reconocimiento de paternidad 693/2018, que promovió la quejosa frente a Christian Modesto Contreras Rodríguez. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual causó firmeza el tres de diciembre de ese año al no haber sido recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: Dejare insubsistente el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018; Dictare nueva resolución, en la que reiterare lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde de nueva cuenta, resolviera en forma congruente la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, lo cual deberá realizar tomando en consideración los argumentos expuestos en la sentencia de amparo, y valorando los elementos objetivos a que se refirió la quejosa en el escrito que presentó ante dicha autoridad el seis de junio de dos mil diecinueve, y los que estime pertinentes la autoridad, a fin de que esté en aptitud de dilucidar si es procedente o no la imposición de la medida de mérito, en función de los datos positivos y negativos que pueda advertir, en forma objetiva, respecto de la quejosa y sus circunstancias particulares y con plenitud de jurisdicción decida lo proceda. Y además respecto a la menor E.N.C.O., la juez deberá citar el precepto legal que la faculta para determinar un "arraigo", respecto de ella, con efectos de prohibir estrictamente su salida del lugar del juicio, lo que es indispensable para cumplir con el artículo 16 Constitucional. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 3187/2019, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, anexó copia certificada del acuerdo emitido el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, del cual, como se asentó en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado de distrito, se advierte que dicha responsable dejó sin efectos el auto emitido el veintisiete de junio de ese año, y atendió algunas de las consideraciones establecidas en la sentencia de amparo; sin embargo, no cumplió en su totalidad con los efectos de la misma, porque no resolvió en forma específica, concreta y congruente el tema relativo a la procedencia o no de la solicitud para imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija", ante lo cual, se requirió nuevamente a dicha autoridad el cumplimiento a dicha ejecutoria. En mérito a lo anterior, mediante oficio número 463/2019, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitió copia certificada del acuerdo de quince de abril del año en curso, en el cual determinó lo siguiente: ". El escrito presentado por la actora Cynthia Lilian Olivares Garibay, en fecha 3 tres de junio del año 2019 dos mil diecinueve, a través del cual manifiesta que tiene una oportunidad laboral en la ciudad de México cambiará de residencia, y propuso que la convivencia entre la menor con su padre fuera en la ciudad de México; del cual se dio vista al demandado Christian Modesto Contreras Rodríguez, dando respuesta mediante escrito presentado el 24 veinticuatro de junio del año referido, y como se advierte de la certificación que encabeza el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo al demandado dando contestación al requerimiento que se le realizó en auto de fecha 6 seis de junio del año 2019 dos mil diecinueve, se le tuvo por hechas las manifestaciones en la forma y términos de su escrito. Con el fin de resolver lo conducente sobre la manifestación y propuesta hecha por la actora y la solicitud de arraigo que también pidió el demandado, tomando en cuenta los lineamientos de la autoridad federal en la ejecutoria de amparo que aquí se cumplimenta, lo que se hace en los siguientes términos: Tomando en cuenta el interés superior de la menor hija de los contendientes y juzgando con perspectiva de género, así como lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo de la constitución Federal establece que "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia". Este mandato se introdujo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma publicada en el diario Oficial de la federación, el treinta y uno de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro, como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino, y marcar una pauta para modificar o impedir la expedición de leyes secundarias que incluyeran cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres. Por ello, como lo consideró la autoridad Federal, la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de tratar de igual manera a hombres y mujeres derivó del trato discriminatorio que se les daba a éstas, y señaló el camino para modificar aquellas leyes secundarias que lo permitan, a la vez que marcó las pautas para la interpretación que de ellas debe hacerse. Tocante al orden nacional, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que queda prohibida toda discriminación motivada -entre otras- por cuestiones de género, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De tal modo que el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación por cuestión de género y proscribir toda condiciones de desigualdad. En tal sentido, la Primera Sala de la Justicia de la Nación, definió que la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia. Solo así puede esperar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que, unos y otras, se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales. Ello resulta particularmente importante en lo que toca a la motivación de las sentencias, concibiendo esto como en un método que permite utilizar herramientas adicionales a los métodos tradicionales de interpretación, que pueden ser útiles para identificar y corregir la discriminación que pudieran general las leyes y las practicas institucionales. Sin dejarse de lado que el marco jurídico relativo a la equidad de género, desde la perspectiva convencional del Sistema Universal, compromete los artículos 1º y 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2º, 3º y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el articulo II, de la Declaración Americana de los deberes del Hombre, así como los numerales 1º y 24 de la Convención Americana sobre derechos humanos. En este contexto, además destacan por su importancia, los artículos 1, 2, párrafo primero, inciso c), 10 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" difundida en el señalado medio el19 de enero de 1999. Que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género girar en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. En otras palabras, que para cumplir con las obligaciones constitucionales y las contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales señalados, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, deberá realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizados en una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial" y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr la igualdad. En el caso concreto, para evitar que se interprete que se está coartando el derecho de la actora a progresar, tanto por su bien, como por el bien de su menor hija, y que no está obligada ni ella ni su descendiente, a permanecer en esta ciudad y atravesar por una situación económica precaria. Además de que no existe medio de prueba que permita considerar la posibilidad de no separar a la actora de su menor hija que a la fecha cuenta con un año de edad, quien requiere de cuidados especiales, como la lactancia materna, lo cual estaría seguido de daños psicológicos de imposible reparación para la infante; aunado a que no puede obligarlas a abandonar su nueva residencia en la ciudad de México. Aunado a que la hoy actora informó con la debida anticipación, por escrito a esta autoridad, las circunstancia y motivos por los cuales se vieron en la necesidad de mudarse de residencia. En ese sentido, tenemos que el hecho de que la actora se haya mudado de residencia, no implica la sustracción de la menor, ni mucho menos está impidiendo que su padre conviva con ella, sino que simple y sencillamente la pensión alimenticia provisional que el demandado fue obligado a cubrir, como lo argumenta la actora, no le alcanza para pagar los gastos de manutención de la menor. Por lo tanto, -se reitera- en este momento se deja sin efectos el arraigo decretado en auto de fecha 27 veintisiete de junio del año en curso, relativo "a que la menor no salga del lugar del juicio" para lo cual esta juzgadora queda enterada de las circunstancias que motivaron a la actora a cambiar de residencia, del domicilio donde habitará con su menor hija, a efecto de que continúe con su proyecto de vida sin abandonar el presente juicio que a la fecha se encuentra a reserva de dictársela sentencia respectiva. El efecto del oficio de cuenta, tiene por objeto que esta autoridad responsable de cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo 47/2020, seguido ante el Juzgado Octavo de Distrito, esto es resolver específicamente el tema relativo al arraigo decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado objeto de protección de la Justicia Federal. En efecto dentro de las providencias precautorias que contempla el Libro Quinto, Capitulo II, artículo 844 fracción II del Código Familiar del Estado, establece que: "I. Arraigo de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba formular o se haya presentado demanda". Luego entonces se desprende que para decretar la providencia precautoria del arraigo, se requiere, que exista temor fundado de que se ausente o se oculte la persona contra la que se deba formular o se haya formulado una demanda; supuesto este que en la especie no se actualiza, tomando en consideración que con fecha 13 trece de junio del año 2019, la señora CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, compareció ante este Juzgado a dar aviso que buscando un crecimiento laboral y personal, como para satisfacer las necesidades de su menor hija, se había mudado a la ciudad de México, y además anexó copia de su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, visible a fojas 423 del expediente en que se actúa, instrumento en el cual se puede leer el domicilio en el cual radica en aquella ciudad. De este modo, es de concluirse que la citada CYNTHIA LILIAN OLIVARES GARIBAY, no se sitúa en el supuesto para decretar arraigo en su contra, ya que primeramente da aviso a este Juzgado de su cambio de residencia, informa los motivos por los cuales lo hizo, y más aún proporciona su domicilio particular, lo cual en ningún momento puede generar temor fundado de que su intención de cambio de domicilio a otra ciudad, fue para ausentarse y mucho menos ocultarse para entorpecer la tramitación del presente juicio. Por lo que respecta a la niña que interesa en este juicio, resulta inconcuso, que no es posible decretar en su contra arraigo alguno, porque por su minoría de edad, al ser una persona que no ha cumplido la mayoría de edad, no tiene capacidad de ejercicio de conformidad con el artículo 14 del Código Familiar del Estado, para que se pueda o pretenda presentar en su contra una demanda. Por lo tanto, también se deja sin efectos el "arraigo" decretado en el auto de fecha 27 veintisiete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, con la finalidad de que la actora pueda continuar con su proyecto de vida en el lugar donde actualmente radica (ciudad de México), de igual manera, por lo que ve a su menor hija de iniciales E.N.C.O., está deberá permanecer en ese lugar con la actora -su progenitora-, atendiendo a su corta edad y apego hacia su madre. Lo anterior, no implica un menoscabo al demandado pues de constancias se advierte que la actora tiene señalado domicilio procesal en esta ciudad para recibir notificaciones, incluso, a partir de la fecha en que se ausentó de esta ciudad y que lo hizo saber a esta Juzgadora, ha continuado gestionando en el presente asunto, incluso dando respuesta a los requerimientos que se le han realizado por parte de esta juzgadora, además de que respecto a la convivencia entre el demandado y la menor hija de ambos, ha manifestado su intención en que ésta se lleve a cabo, para lo cual se han realizado propuestas. Incluso atendiendo a la pandemia que se presenta en estos momentos y la distancia que separa al demandado de su menor hija, se ha sugerido que la convivencia sea a través de los medios electrónicos que tengan a su alcance, tales como, video llamadas, esto ponderando la salud de la menor. Finalmente NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. .". CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ha cumplido con lo requerido en la ejecutoria de amparo, puesto que dejó sin efectos el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018 y dictó una nueva resolución, en la que reiteró lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde resolvió que es improcedente imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, por los motivos y consideraciones detallados en el auto transcrito. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la quejosa; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a las partes quejosa y tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, no pasan inadvertidas para este juzgador las manifestaciones vertidas por el tercero interesado en este juicio, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, en el que en concreto refirió: ".desde este momento solicito a esta H. Autoridad Federal, requiera a la quejosa para que presente a la menor EMILY NAILEA CONTRERAS OLIVARES, y se genere una convivencia entre el suscrito y la misma, lo anterior para todos los efectos legales a los que haya lugar." Sin embargo, este juzgador se encuentra legalmente imposibilitado para proceder en la forma en que lo peticiona el tercero interesado de mérito, toda vez que lo relativo a la convivencia con la menor de mérito no es parte del cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio, pues lo aquí reclamado, como quedó expuesto, fue el auto que decretó el arraigo de la quejosa y su menor hija, más no alguna cuestión relacionada con la convivencia, motivo por el cual Christian Modesto Contreras Rodríguez, tiene expedito su derecho para hacer valer lo que conforme a derecho proceda respecto a lo anterior, ante la Juez responsable. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 9/2021, remitido por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del diecisiete al diecinueve siguientes, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Cynthia Lilian Olivares Garibay, por sí y en representación de su menor hija de iniciales E. N. C. O. solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que hizo consistir en: El auto emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Familiar sobre reconocimiento de paternidad 693/2018, que promovió la quejosa frente a Christian Modesto Contreras Rodríguez. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la cual causó firmeza el tres de diciembre de ese año al no haber sido recurrida, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: Dejare insubsistente el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario oral familiar 693/2018; Dictare nueva resolución, en la que reiterare lo que no fue motivo de análisis en la sentencia de amparo y donde de nueva cuenta, resolviera en forma congruente la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, lo cual deberá realizar tomando en consideración los argumentos expuestos en la sentencia de amparo, y valorando los elementos objetivos a que se refirió la quejosa en el escrito que presentó ante dicha autoridad el seis de junio de dos mil diecinueve, y los que estime pertinentes la autoridad, a fin de que esté en aptitud de dilucidar si es procedente o no la imposición de la medida de mérito, en función de los datos positivos y negativos que pueda advertir, en forma objetiva, respecto de la quejosa y sus circunstancias particulares y con plenitud de jurisdicción decida lo proceda. Y además respecto a la menor E.N.C.O., la juez deberá citar el precepto legal que la faculta para determinar un "arraigo", respecto de ella, con efectos de prohibir estrictamente su salida del lugar del juicio, lo que es indispensable para cumplir con el artículo 16 Constitucional. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 3187/2019, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, anexó copia certificada del auto que dictó el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó sin efectos el auto emitido el veintisiete de junio de ese año; y en cumplimiento al fallo protector, por oficio 9/2021 anexó copia certificada del auto que pronunció en el citado juicio ordinario oral familiar 693/2018, y con base en las consideraciones emitidas en la sentencia constitucional, resolvió: .Tomando en cuenta el interés superior de la menor hija de los contendientes y juzgando con perspectiva de género, así como lo dispuesto en el artículo 4, primer párrafo de la constitución Federal establece [..]Mandato que se introdujo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante reforma publica en el diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre del año mil novecientos sesenta y cuatro, como parte de un largo proceso para lograr la equiparación jurídica del género femenino con el masculino, y marcar una pauta para modificar o impedir la expedición de leyes secundarias que incluyeran cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres. Con la finalidad de cumplir con las obligaciones constitucionales y las contraídas por nuestro país en los instrumentos internacionales, el análisis de los asuntos en los que exista alguna presunción sobre la existencia de cualquier tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse desde una perspectiva de género, que implica cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y las normas, a pesar de estar realizaros en una actitud neutral y escritas en un lenguaje "imparcial" y determinar si el enfoque jurídico formal resulta suficiente para lograr igualdad. En el caso concreto, para evitar que se interprete que se está coartando el derecho de la actora a progresar, tanto por su bien, como por el bien de su menor hija, y que no está obligada no ella ni su descendiente, a permanecer en esta ciudad y atravesar por una situación económica precaria. Además de que esta jugadora no pretende separar a la actora Cinthya Lilian Olivares Garibay de su menor hija, atendiendo a su apego y a su corta edad ya que requiere de cuidados especiales, y de considerarlo así, se provocaría a la menor daños psicológicos de imposible reparación para la infante; aunado a que no puede obligarlas a abandonar su nueva residencia en la ciudad de México; aunado a que la hoy actora informó con la debida anticipación, por escrito a esta autoridad, las circunstancias y motivos por los cuales se vieron en la necesidad de mudarse de residencia, sin que esta juzgadora se haya pronunciado al respecto. Y el hecho de que la actora haya mudado de residencia, no impica la sustracción de la menor, ni mucho menos está impidiendo que su padre conviva con ella, sino que simple y sencillamente la pensión alimenticia provisional que el demando fue obligado a cubrir, -argumenta- no alcanza para pagar los gastos de manutención de la menor. Por lo tanto, y toda vez que el demandado informó su temor de que la actora sustraiga a menor hija de ambos, con el objeto de garantizar el derecho de la menor a la convivencia con su progenitor y reforzar los lazos paterno-filiales, atendiendo a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone tendrán derecho de convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. En ese sentido, tenemos que constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario correspondiente; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraerse al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propensa a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de la menor, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, aunado a que los padres están obligados a salvaguardar el interés superior de los menores, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo de los infantes y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caos, para el desarrollo de la convivencia distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre la infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea. Y atendiendo al caso fortuito derivado de la pandemia que origina el virus denominada Covid-19, con el objeto de respetar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias, en especial el resguardo domiciliario, salvaguardando el derecho humano de los menores a la salud, es por ello que se les conmina para que procuren la convivencia entre la menor y su padre de manera que su hija reforcé los lazos paterno-filiales, no pierda el contacto con éste; ahora bien, atendiendo a que se desconoce si la menor atendiendo a su edad, puede entablar una plática por estos medios, por ello se requiere al demandado para haciendo uso de la tecnología tales como llamadas telefónicas, videollamadas, mensaje de texto, audios de whats app, haga del conocimiento de esta juzgadora un número telefónico en el que la comunicación con su hija sea a través de esa alternativa. Dígase a las partes, actora y demandado que deben sensibilizarse con la situación que impera en el Estado e incluso a nivel mundial derivado de la pandemia que se ha venido refiriendo y se privilegie el interés superior de su menor hija a la salud evitando exponerla a un riesgo de salud al pretender una convivencia libre o asistida en alguna dependencia como se propuso en las Instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Por lo tanto, se manda dar vista a la parta actora mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que dentro del término de 3 tres días permita la convivencia de manera que se ha venido sugiriendo con su menor hija y su progenitor. Se requiere a las partes mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que dentro del término de 3 tres días, proporcionen sus números telefónicos, en el caso de la parte actora Cinthia Lilian Garibay, indique los horarios en que se puede realizar la convivencia a través de llamadas telefónicas entre la menor y su progenitor, así como el medio que se utilizará y que permite la tecnología, es decir, si serán mediante llamada telefónica, por mencionar ejemplos o video llamadas, etcétera. En el entendido de que o se limita a las partes para que en caso de que en la actualidad se estén llevando las convivencias de manera libre entre la menor y su padre, se siga realizando, o de lo contrario s cuentan con una propuesta diversa la haga saber, por lo que se les requiere mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que dentro del término de 3 tres días informen lo anterior, incluso, con la finalidad de contar con mayores elementos al momento de resolver en definitiva el presente juicio, informen si actualmente imperan las condiciones de vida que hicieron saber a esta juzgadora atendiendo al requerimiento realizado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de fecha 17 diecisiete de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, es decir, su lugar de residencia si su trabajo lo sigue realizando en los lugares indicados, sus horarios de trabajo y si a la fecha se ha llevado a cabo la convivencia entre la menor y su padre; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a una multa equivalente a 25 veinticinco veces el diario de la unidad de Medida y actualización la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia.CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de la documental aludida, la que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ha cumplido algunos aspectos señalados en la ejecutoria de amparo, esto es, por un lado, dejó sin efectos el auto emitido el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Familiar sobre reconocimiento de paternidad 693/2018, que promovió la quejosa, frente a Christian Modesto Contreras Rodríguez, motivo de reclamo en este juicio de amparo; por otro, al emitir una nueva determinación se advierte que para evitar que la quejosa y la menor hija de ésta, estuvieran obligadas a abandonar su residencia en la ciudad de México por los motivos laborales expuestos por la quejosa, y, a analizando el caso desde una perspectiva de género, del interés superior de la menor de edad, y el derecho de ésta de convivir con su progenitor, y tomando en cuenta la actual situación de la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conminó a las partes para que procuren la convivencia entre la menor y su padre de manera que su hija reforcé los lazos paterno-filiales, no pierda el contacto con éste, y determinó el régimen de convivencias de la menor de edad con su progenitor a través de los medios tecnológicos citados en el auto que pronunció. Empero, del examen de las constancias aludidas, se establece que la autoridad responsable, no cumplió en su totalidad con los efectos de la ejecutoria de amparo; pues si bien atendió las consideraciones de la sentencia en los puntos señalados en párrafo que antecede, no resolvió en forma específica, concreta y congruente el tema relativo a la procedencia o no, de la solicitud para imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija; es decir, en el acto reclamado, dicha providencia no se establecido de forma oficiosa, sino que fue resulto de la petición formulada por Christian Modesto Contreras Rodríguez, por tanto, la autoridad responsable, en este caso, no pude, implícitamente prescindir de la figura del "arraigo" al emitir su nueva determinación, porque, conforme a los efectos señalados en la sentencia de amparo, debe, resolver, expresamente, fundando y motivando, la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, que le fue solicitada, ello, con el propósito de restituir de manera integral a la quejosa en el derecho fundamental de legalidad que se le vulneró con el acto reclamado; pues de lo contrario, si se permite que se resuelva en forma implícita y abstracta como se desprende de la determinación de cumplimiento, se deja a la parte quejosa en incertidumbre sobre los alcances y permanencia de la decisión del caso. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se realice, reiterare los puntos que se tienen por satisfechos en este auto, y de nueva cuenta, resuelva, con plenitud de jurisdicción, en forma congruente la procedencia o no, de imponer la providencia consistente en el "arraigo" de la quejosa y de su menor hija, en los términos señalados en los efectos de la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá al omiso una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en Turno, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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