Cynthia Judith Silos García
Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Cynthia Judith Silos García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente. (III)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa, proveído de diecinueve de abril dos mil dieciocho...Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.). En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, cuenta habida que puede obtener un fallo definitivo favorable en la incidencia de convivencia con la menor involucrada, planteada por su contraparte, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia interlocutoria correspondiente en el juicio del que deriva el acto reclamado, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la quejosa, así como sus derechos humanos y garantías que los protegen, previstos en los numerales 14 y 16 Constitucionales, de cuya violación se duele y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, la quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia que se llegare a emitir en el incidente de convivencia, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia." Ahora bien, conforme a lo aquí expuesto, es evidente que la determinación impugnada no es de las consideradas por la ley como de aquéllas de imposible reparación, pues el hecho de que el juez familiar responsable no tuviera en cuenta la contestación dela hoy quejosa a la demanda incidental planteada, por estimarla extemporánea, no constituye una resolución definitiva, en tanto que no decide todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente, que bien pudiera favorecer a sus intereses, con lo que la violación que reclama, no dejaría huella alguna en su esfera de derechos. Apoya lo así expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia IX.1o. J/22 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible con el registro 163233, en la página 2859 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. En conclusión, se tiene que la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características; esto es, en contra de actos cuyas consecuencias fueran susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en los Tratados Internacionales. Por tanto, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción son susceptibles de extinguirse en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos del quejoso, al no implicar por sí mismo la obtención de una sentencia interlocutoria desfavorable a sus intereses en la mencionada contienda judicial. Lo cual produce colegir que la resolución reclamada en el juicio de amparo, no resulta de ejecución irreparable, por tratarse de un auto por el que se resuelve no tener por contestada la demanda incidental al haberse presentado en forma extemporánea, dado que si bien ello implica que no se atiendan las manifestaciones que realiza en ese escrito en relación con lo reclamado por su contraparte, en modo alguno se traduce en un acto que conlleve una imposible reparación, porque no atenta, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. De tal suerte, se concluye que las violaciones procesales que pudieran surgir en el incidente de convivencia planteado dentro de un juicio como el de origen, son susceptibles de ser impugnadas en vía de amparo indirecto, en contra de la resolución interlocutoria que se pronuncie y, de resultar ciertas, dejaría sin efectos todo el procedimiento hasta el momento en que se cometieron para que sean reparadas, lo que evidencia, como se dijo, que no se transgrede ningún derecho sustantivo constitucional o convencional. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso ordinal 107, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza.(III)
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