Cynthia Guadalupe Araiza Marquez
Expediente 1067/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Cynthia Guadalupe Araiza Marquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente juicio, un tomo, y remite testimonio de la resolución donde confirmó la sentencia que negó el amparo. Glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que dispone el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las normas en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, debido a que el Juez responsable remitió diversas constancias en apoyo a sus informes justificados, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa de recibo e informa que admitió a trámite el medio de impugnación que refiere. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de la autorizada de la quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito original de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1067/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento del tercero interesado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental y presuncional en su doble aspecto legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1067/2022, promovido por., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que el acto reclamado es: La quejosa ostentándose tercera extraña a las providencias precautorias., del índice del Juzgado Vigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reclama la orden de bloqueo de las cuentas bancarias., aperturadas en., TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado el Juez y Actuario responsable aceptaron la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; documentales con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver lo que corresponda, se narran los siguientes antecedentes procesales: I. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós., presentó solicitud de providencias precautorias de retención de bienes en contra de., por la cantidad de., II. Previa aclaración requerida por el Juez Vigésimo Quinto Civil de la Ciudad de México en el expediente ..., el primero de marzo posterior se admitió el procedimiento natural, ordenándose la retención de bienes, previa exhibición de la garantía correspondiente. III. El veinticinco de marzo de este año, se tuvo por exhibida la garantía y se giró oficio a la., a fin de que se solicitara por su conducto a las instituciones de crédito el aseguramiento de las cuentas bancarias de los presuntos demandados. Asimismo, se ordenó la inscripción de tal aseguramiento respecto del inmueble ubicado en la., de la quejosa. Finalmente, se otorgó el término de tres días a los afectados para que se manifestaran al respecto, conforme al artículo 1179 del Código de Comercio. Esta decisión constituye el acto reclamado. IV. Por auto de dos de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al promovente exhibiendo el acuse de la demanda radicada ante el Juzgado Trigésimo Tercero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, bajo el expediente., V. El doce de julio pasado se tuvo a la autoridad registral informando la anotación respectiva; y, el veintidós de septiembre posterior, se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informado la respuesta generada por., donde señaló que se bloquearon las Cuentas., de la quejosa. VI. El siete de octubre de dos mil veintidós se ordenó la notificación de los presuntos demandados. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Esencialmente se sostiene lo siguiente. El acto reclamado transgrede sus derechos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, al violarse su propiedad, acceso a la justicia, ser oída y vencida en juicio, derivado de las actuaciones de las providencias precautorias., donde se omitió llamarle al procedimiento de mérito, dejándola en estado de indefensión. Se negó su derecho a dar contestación a la demanda e interponer las excepciones y defensas que estimara necesarias, a través de las cuales se desvirtuará la acción de la parte tercera interesada. Se omitió llamarla a juicio, en menoscabo de sus derechos, afectando sus propiedades como son las cuentas bancarias embargadas, sin que haya sido previamente notificada. Los conceptos de violación expuestos resultan infundados, como se verá a continuación. Se afirma lo anterior, porque la impetrante esencialmente sostiene que el acto reclamado es inconstitucional debido a que no fue emplazada y/o notificada previamente al embargo de sus cuentas bancarias; sin embargo, las normas que rigen el procedimiento de origen no exigen vincular o emplazar a la parte quejosa. Las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en los medios necesarios para una adecuada defensa del gobernado antes del acto de privación y que de manera genérica son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sobre esa base, es incorrecto exigir una notificación previa a ordenar y ejecutar las providencias precautorias, pues dichos actos prejudiciales no están supeditados a que en su desarrollo se observen las distintas etapas del derecho formal de audiencia, ya que pueden ordenarse y ejecutarse sin que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, en tanto que constituyen un acto de molestia y no privativo; por lo que su regulación no 1 Así se desprende de la jurisprudencia 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento." Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." es la de las formalidades a que se refiere el artículo 14 Constitucional. Orienta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer Párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En efecto, las providencias precautorias pueden ordenarse sin conferir al afectado la posibilidad de formular excepciones y defensas, y esperar que se agote la etapa probatoria para tener la oportunidad de formular las alegaciones, pues en términos del artículo 1178 del Código de Comercio2, para dictar una providencia precautoria no se citará a la persona contra quien se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en dicha norma. De ahí, que al no existir obligación de citar a la persona contra la que se dicta la medida precautoria previamente al inicio del juicio, es inconcuso que no existe un deber que imponga a la responsable cumplir con tal formalidad, cuando se trata de una medida prejudicial como la reclamada. Dicho en otras palabras, la providencia precautoria de retención de bienes no requiere la satisfacción previa de una notificación, pues se trata de una medida que el juez adopta al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1175 del Código de Comercio, sin la anuencia previa del afectado, pues al ser un acto de molestia dispensa de la garantía de audiencia a la parte quejosa. 2 "Artículo 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.". Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a., por propio derecho, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos establecidos en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, el día que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
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