Cynthia Flores Tapia

Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
19/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Cynthia Flores Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda dentro del presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 11 de septiembre del 2020, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice: "Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por************* contra actos del Juez de Control en la Unidad de Gestión Judicial Número 4 en la Ciudad de México y otra autoridad. Aspectos Generales Regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 19/2021-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio; tal precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, respecto a la propuesta de judicializar la carpeta de investigación ********** y la posible orden de lanzamiento relativa a los inmuebles identificados como ************* con motivo de dicha judicialización, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La causal de improcedencia citada, interpretada a contrario sensu, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, para que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el quejoso, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. De esta forma, se actualiza la causal de improcedencia, toda vez que la parte quejosa alude como acto reclamado la propuesta de judicializar la carpeta de investigación *************** y la posible orden de lanzamiento relativa a los inmuebles identificados como **************** con motivo de dicha judicialización. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que la judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacerle de su conocimiento el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la judicialización de la carpeta de investigación, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de éste, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sea el mismo quejosa, la persona a quien se dirige la imputación y, por ende, la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser tendente a continuar con la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, el judicializar la indagatoria de conformidad con el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le irroga a la parte quejosa perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional del Ministerio Público, mismas que están sujetas a la revisión del juez de control que conozca de la carpeta, el que en todo caso, será quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente la continuación del procedimiento al emitir el auto de vinculación a proceso respectivo, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto, en su caso, a la valoración del juzgador. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues la posible judicialización de la carpeta de investigación, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Respecto al segundo acto que reclama, consistente en la posible orden de lanzamiento relativa a los inmuebles identificados como Antonio Caso 104 y Miguel E. Schult 129, con motivo de la solicitud de dicha judicialización, no se trata de un acto real y actual que produzca una afectación a los derechos o intereses de los cuales fuere titular la promovente; en cambio, según se desprende de los hechos que narra bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial, se refiere a un acto futuro e incierto que se hace valer como una eventual consecuencia de una posible judicialización de la carpeta de investigación citada; con lo que se considera actualizada la misma causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizadas a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acrediten ser licenciados en derecho; y, con las facultades que establece el numeral 24 a las restantes personas. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Lo anterior, con la excepción del uso de grabadoras, toda vez que no son el medio idóneo para imponerse de los autos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.".

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, con fundamento en los artículos 84 y 89 de la Ley de Amparo, ya que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, remítase el original y copia del escrito de agravios junto con los autos del juicio de amparo en que se actúa y un anexo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano