Cynthia Arely Jacinto Cruz

Expediente 151/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
151/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Cynthia Arely Jacinto Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no impugnó el proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 13 a 18), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Eufemia Alejandra de la Rosa Vásquez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de CYNTHIA ARELY JACINTO CRUZ, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca; en consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 151/2019. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 62, que dice:. Con esa base, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado la promovente de amparo lo hace consistir en:. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen:. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. En conclusión, la recta interpretación de las disposiciones legales trascritas, permiten concluir que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Ahora, un acto que tiene una ejecución o efecto de imposible reparación, es aquel que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no pueda enmendarse con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio, en cambio, son actos reparables los que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva (procesal), los cuales son reparados si se obtiene una resolución acorde a los intereses del inconforme y de no ser así, dicha afectación procesal, sería reparable a través del juicio de amparo directo; tratándose de admisión o no de pruebas, son violaciones al procedimiento que pueden trascender al resultado del fallo, por ello, deberán hacerse valer, en su caso, en la demanda de amparo que en la vía directa promueva contra la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva el acto reclamado. Lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la jurisprudencia número P./J.24/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56 (Agosto de 1992), consultable en la página 11, Octava Época, con número de registro 205651, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, intitulada:. Asimismo, resulta aplicable, la Jurisprudencia 3a. 43, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, visible a página 291, Octava Época, con número de registro 207343, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: . Bajo esa óptica, por regla general, las resoluciones relativas al desechamiento de pruebas constituyen actos dictados dentro de juicio que no son de imposible reparación, en la medida que sólo producen efectos intraprocesales, ya que en su caso, los medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente del amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados a través del juicio de amparo directo como lo prevén los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170 fracción I, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Sentada la premisa de que el juicio de amparo sólo procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y por regla general, las resoluciones relativas al desechamiento de pruebas constituyen actos dictados dentro de juicio que no son de imposible reparación, este juzgador concluye que el amparo pedido contra el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 412/2017, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, que promovió la promovente de amparo, en contra del Director del Registro Civil en el Estado, y otros, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida de que es un acto que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo y de las documentales que anexa al mismo, se advierte que la parte quejosa expuso los siguientes antecedentes: Que el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, entabló demanda en contra del Director del Registro Civil en el Estado, y otros, demandando la nulidad absoluta del acta de nacimiento a favor de Cynthia Arely Jacinto Cruz, la cual fue admitida el nueve de octubre de dos mil diecisiete, bajo el número de expediente 412/2017. Seguido el juicio por sus trámites, dentro de la etapa de ofrecimientos de pruebas, la parte actora ofreció sus pruebas, como son la documental, la testimonial, la confesional a cargo de los demandados, sujetándose en los términos del artículo 315 del Código Procesal Civil vigente en el Estado. Por auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que no había lugar a admitir la prueba confesional a cargo de los demandados Director del Registro Civil en el Estado y Oficial del Registro Civil de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en virtud de que la oferente no la ofrecía en términos del artículo 315 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Inconforme con dicha determinación, con fecha nueve de marzo de dos mil diecinueve, la quejosa interpuso el recurso de revocación en contra del referido auto. Por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, notificado a la parte actora del veinticinco siguiente, se determinó expresamente lo siguiente: NO HA LUGAR A DAR TRÁMITE AL RECURSO DE REVOCACIÓN POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, DADO QUE EXISTE DISPOSICIÓN EXPRESA PARA IMPUGNAR EL PROVEÍDO QUE REFIERE; siendo este el acuerdo que constituye el acto reclamado por el quejoso. Como se advierte, es palmario que el acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 412/2017, del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca, que desechó el recurso de revocación que la aquí quejosa hizo valer en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecinueve, por el que se determinó que no había lugar a admitir la prueba confesional a cargo de los demandados Director del Registro Civil en el Estado y Oficial del Registro Civil de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ofrecida por dicha parte, no es reclamable a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que tal acto no tiene una ejecución de imposible reparación, en la medida que no tiene repercusión en algún derecho fundamental, esto es, no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos, sino en su caso, solo derechos adjetivos o intraprocesales, de acuerdo a los principios anteriormente apuntados. Pues bien, al tratarse de una violación procesal que contempla el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, sólo es susceptible de ser impugnada como agravio en la apelación, en contra de la sentencia de primera instancia; y en caso de que no sea reparada en el fallo de segundo grado, por vía de concepto de violación en el amparo directo, de acuerdo con lo previsto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. De todo lo anterior es claro, que será en el momento en que se resuelva en definitiva el juicio natural 412/2017, en que se sabrá si el desechamiento de la prueba confesional a cargo de los demandados Director del Registro Civil en el Estado y Oficial del Registro Civil de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ofrecida por la parte actora, aquí quejosa, trascendió o no en el resultado del mismo, es decir, el perjuicio que puede resentir la parte quejosa no se concreta en el momento en que la responsable desechó el recurso de revocación en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que se determinó que no había lugar a admitir la referida prueba confesional, sino hasta que en el dictado de la sentencia, el Juez del conocimiento resuelva lo conducente en el fondo del asunto, siendo esta la razón por la que tal violación debe reclamarse en el amparo directo. En apoyo a lo expuesto se cita la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, visible a fojas 1203, Quinta Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:. Asimismo, se cita la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII (Noviembre de 1993), consultable en la página 423, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, intitulada:. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 217 de ese mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Eufemia Alejandra de la Rosa Vásquez, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de CYNTHIA ARELY JACINTO CRUZ, contra actos del Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Matías Romero, Oaxaca. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Se tienen por autorizadas únicamente para imponerse de autos, a las personas que menciona la promovente de amparo en el escrito de demanda, porque en esos términos lo solicita, y para ello la Ley de Amparo no exige que dichas personas tengan autorización para ejercer la profesión de abogado. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa señalando los números de teléfonos móviles y el correo electrónico que indica para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de practicar notificaciones, pues únicamente se contempla en dicho ordenamiento legal, específicamente en el artículo 26, fracción IV, las realizadas por la vía electrónica a las partes que previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no acontece.

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