Cutberto Velázquez Cruz y Otros.

Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Cutberto Velázquez Cruz y Otros.
  • Néstor Eduardo Velázquez Roblero, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Central de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, quien intervino en la causa penal 444/2021
  • Cutberto Velázquez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercero interesada manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. La depuración ordenada en el punto que antecede, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 4. La destrucción ordenada con antelación, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 6. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercero interesada manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformaron. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. La depuración ordenada en el punto que antecede, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del inciso c), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 4. La destrucción ordenada con antelación, deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 6. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que, por una parte se determinó sobreseer, y por otra, conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional.  La responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, por oficio ***, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y a través de la promoción registrada con el número 6473, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, únicamente por lo que hace al quejoso ***; b) en su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público; determinación que podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que la afectaban, mismos que fueron destacados en el presente fallo." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable 2., las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), el Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, por determinación de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dejó sin efectos la orden de aprehensión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, en contra del quejoso ***. De igual forma, en acatamiento al efecto indicado con el inciso b), la responsable 2 en determinación de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se pronunció nuevamente en relación a la orden de captura solicitada por la Fiscal del Ministerio Publico Investigador, estimando que, ésta transgrede derechos fundamentales del aquí quejoso, reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al no advertirse actualizada la hipótesis del numeral 141 fracción III, y en términos de las disposiciones de los preceptos 142, 143 y 310 párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a negar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Publico, en contra de ***, por el hecho tipificado como delito de fraude genérico, previsto en el artículo 302 párrafo primero (el que engañando a otro obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero) y sancionado por el 303 fracción III del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de *** representada por ***, de hechos ocurridos en este Distrito Judicial. Ello es así, al establecer que, de una interpretación a los numerales 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el indiciado debe ser citado a la audiencia de formulación de la imputación; y el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la medida excepcional consistente en el libramiento de la orden de aprehensión para que el investigado sea conducido a su presencia, sin previa citación o comparecencia, a fin de formularle la imputación, cuando además de los requisitos que marca la Constitución (exista denuncia o querella de un hecho, que este hecho sea señalado por la ley como delito sancionado con pena privativa de la libertad, que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido en su comisión); por tanto, consideró que los datos de prueba que fueron ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Publico, no se encuentra justificado, tomando en consideración que el delito por el cual se le investiga (fraude genérico), se considera no grave, y no solo se debe justificar la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que una persona lo haya cometido o participado en su comisión sino también debe exponer los razonamientos para justificar esa necesidad de cautela. Por tanto, concluyó que no se tiene la certeza jurídica, de que ***, se haya negado a una citación del Fiscal del Ministerio Publico para ser individualizado y hacerle saber el motivo de la investigación. De ahí que, en acatamiento a la sentencia constitucional, la responsable determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Publico Investigador, en contra de ***, por el hecho tipificado como delito de fraude genérico, en virtud de que no existe la necesidad de cautela, ni presupuestos legales para conceder la orden de aprehensión solicitada. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: ÚNICO: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL ACUERDO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que, por una parte se determinó sobreseer, y por otra, conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional.  La responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, por oficio ***, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, y a través de la promoción registrada con el número 6473, remitió las constancias con las que adujó acatar la ejecutoria de amparo.  Luego, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable 2. Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, únicamente por lo que hace al quejoso ***; b) en su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público; determinación que podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que la afectaban, mismos que fueron destacados en el presente fallo." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable 2., las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado al efecto indicado en el inciso a), el Juez de Control Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, por determinación de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dejó sin efectos la orden de aprehensión de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ***, en contra del quejoso ***. De igual forma, en acatamiento al efecto indicado con el inciso b), la responsable 2 en determinación de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se pronunció nuevamente en relación a la orden de captura solicitada por la Fiscal del Ministerio Publico Investigador, estimando que, ésta transgrede derechos fundamentales del aquí quejoso, reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al no advertirse actualizada la hipótesis del numeral 141 fracción III, y en términos de las disposiciones de los preceptos 142, 143 y 310 párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a negar la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Publico, en contra de ***, por el hecho tipificado como delito de fraude genérico, previsto en el artículo 302 párrafo primero (el que engañando a otro obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero) y sancionado por el 303 fracción III del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de *** representada por ***, de hechos ocurridos en este Distrito Judicial. Ello es así, al establecer que, de una interpretación a los numerales 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el indiciado debe ser citado a la audiencia de formulación de la imputación; y el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la medida excepcional consistente en el libramiento de la orden de aprehensión para que el investigado sea conducido a su presencia, sin previa citación o comparecencia, a fin de formularle la imputación, cuando además de los requisitos que marca la Constitución (exista denuncia o querella de un hecho, que este hecho sea señalado por la ley como delito sancionado con pena privativa de la libertad, que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido en su comisión); por tanto, consideró que los datos de prueba que fueron ofrecidos por el Fiscal del Ministerio Publico, no se encuentra justificado, tomando en consideración que el delito por el cual se le investiga (fraude genérico), se considera no grave, y no solo se debe justificar la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que una persona lo haya cometido o participado en su comisión sino también debe exponer los razonamientos para justificar esa necesidad de cautela. Por tanto, concluyó que no se tiene la certeza jurídica, de que ***, se haya negado a una citación del Fiscal del Ministerio Publico para ser individualizado y hacerle saber el motivo de la investigación. De ahí que, en acatamiento a la sentencia constitucional, la responsable determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal del Ministerio Publico Investigador, en contra de ***, por el hecho tipificado como delito de fraude genérico, en virtud de que no existe la necesidad de cautela, ni presupuestos legales para conceder la orden de aprehensión solicitada. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: ÚNICO: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.

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