Cutberto Benito Cano Coyotl
Expediente 675/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Cutberto Benito Cano Coyotl
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el treinta y uno de enero del año en curso, en el recurso de reclamación 30/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese copia certificada de la misma al expediente en que se actúa para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se confirmó el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo de Cutberto Benito Cano Cóyotl, Presidente Municipal del Ayuntamiento San Pablo del Monte, Tlaxcala; en consecuencia, comuníquese este auto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido el oficio TJA-141/2018, de once del mes y año en curso, signado por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de cinco anterior, remite copia certificada del diverso TJA-130/2018, del cual se advierte que el toca 41/2017 lo remitió a este tribunal en el diverso amparo directo 679/2018; acúsese recibo. Ahora, teniendo a la vista el citado expediente, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Orlando Malcos Amaro, por propio derecho, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, ante la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, reclamándole el despido injustificado del cargo como Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del referido ayuntamiento (fojas 1 a 13 del toca administrativo). 2. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el magistrado de la sala responsable registró el asunto con el número 41/2017, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a la autoridad demandada, la requirió para que en el término de cinco días presentara su informe sobre el acto recurrido, conjuntamente con las pruebas que se relacionaran con el mismo (fojas 57 a 60). 3. El diez de abril siguiente, la referida sala tuvo por recibido el oficio signado por Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de mérito, rindió su informe (fojas 85 a 87). 4. Seguida la secuela procesal, el dos de julio de dos mil dieciocho, la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos refieren lo siguiente: "Primero. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente recurso de revisión interpuesto por Orlando Malcos Amaro.- Segundo. Se declara la nulidad absoluta del acto administrativo consistente en la destitución injustificada de Orlando Malcos Amaro al cargo que venía desempeñando como Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ocurrida el veintiuno de enero de dos mil diecisiete.- Tercero. En consecuencia, se condena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de las personas físicas que legalmente las representen, al pago al recurrente de la indemnización constitucional que comprende tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio prestado; primera quincena del mes de enero de dos mil diecisiete; remuneración diaria ordinaria cuantificada; aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondientes al año dos mil dieciséis; asimismo, afilie al recurrente y pague a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, las aportaciones de seguridad social a favor del mencionado recurrente; en los términos precisados en el considerando VIII de esta resolución, y se les ordena dar cumplimiento puntual a esta ejecutoria, en términos del último considerando de la presente resolución con el apercibimiento decretado.- Cuarto. Se absuelve a la autoridad responsable del pago al recurrente de las prestaciones a que no fueron condenadas en la presente resolución judicial, conforme a lo establecido en el considerando VIII de esta resolución." (fojas 120 a 148). 5. En contra de dicha determinación, Cutberto Benito Cano Coyotl, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, interpone el presente juicio de amparo. Ahora, el quejoso Cutberto Benito Cano Cóyotl, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, señala como acto reclamado la determinación de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, en el toca 41/2017, es una sentencia que decidió el juicio en lo principal, de acuerdo a los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, este tribunal colegiado es competente para conocer de la misma, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. Así las cosas, con fundamento en el precepto 47 de la legislación en comento, se acepta la competencia planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de veintinueve de noviembre del año en curso, por lo que este tribunal se avoca al conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridad demandada en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida Diego Muñoz Camargo, número dieciséis, colonia Centro, Tlaxcala, y por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la referida ley a José Humberto Vera Patlani, Nelly Cante Hernández, Lino Rivera Martínez y Eduardo Chino Calvario, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Zenón Ramos Castillo, Leticia Montiel Lancho ni Gonzalo Capilla Gaspariano, por tal motivo, se les faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Cutberto Benito Cano Coyotl, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en contra de la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, en el toca 41/2017.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.Téngase por recibido el oficio TJA-141/2018, de once del mes y año en curso, signado por el Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de cinco anterior, remite copia certificada del diverso TJA-130/2018, del cual se advierte que el toca 41/2017 lo remitió a este tribunal en el diverso amparo directo 679/2018; acúsese recibo. Ahora, teniendo a la vista el citado expediente, se advierten los antecedentes siguientes: 1. Orlando Malcos Amaro, por propio derecho, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, ante la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, reclamándole el despido injustificado del cargo como Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del referido ayuntamiento (fojas 1 a 13 del toca administrativo). 2. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el magistrado de la sala responsable registró el asunto con el número 41/2017, lo admitió a trámite, ordenó correr traslado a la autoridad demandada, la requirió para que en el término de cinco días presentara su informe sobre el acto recurrido, conjuntamente con las pruebas que se relacionaran con el mismo (fojas 57 a 60). 3. El diez de abril siguiente, la referida sala tuvo por recibido el oficio signado por Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de mérito, rindió su informe (fojas 85 a 87). 4. Seguida la secuela procesal, el dos de julio de dos mil dieciocho, la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos refieren lo siguiente: "Primero. Se ha procedido legalmente en la tramitación del presente recurso de revisión interpuesto por Orlando Malcos Amaro.- Segundo. Se declara la nulidad absoluta del acto administrativo consistente en la destitución injustificada de Orlando Malcos Amaro al cargo que venía desempeñando como Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala, ocurrida el veintiuno de enero de dos mil diecisiete.- Tercero. En consecuencia, se condena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a través de las personas físicas que legalmente las representen, al pago al recurrente de la indemnización constitucional que comprende tres meses de sueldo y veinte días por cada año de servicio prestado; primera quincena del mes de enero de dos mil diecisiete; remuneración diaria ordinaria cuantificada; aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondientes al año dos mil dieciséis; asimismo, afilie al recurrente y pague a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, las aportaciones de seguridad social a favor del mencionado recurrente; en los términos precisados en el considerando VIII de esta resolución, y se les ordena dar cumplimiento puntual a esta ejecutoria, en términos del último considerando de la presente resolución con el apercibimiento decretado.- Cuarto. Se absuelve a la autoridad responsable del pago al recurrente de las prestaciones a que no fueron condenadas en la presente resolución judicial, conforme a lo establecido en el considerando VIII de esta resolución." (fojas 120 a 148). 5. En contra de dicha determinación, Cutberto Benito Cano Coyotl, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, interpone el presente juicio de amparo. Ahora, el quejoso Cutberto Benito Cano Cóyotl, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, señala como acto reclamado la determinación de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, en el toca 41/2017, es una sentencia que decidió el juicio en lo principal, de acuerdo a los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, este tribunal colegiado es competente para conocer de la misma, en términos de los artículos 34 y 170, fracción I de la Ley de Amparo. Así las cosas, con fundamento en el precepto 47 de la legislación en comento, se acepta la competencia planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de veintinueve de noviembre del año en curso, por lo que este tribunal se avoca al conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 17, tomo I, página 95, abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Señalado lo anterior, se procede al estudio de la demanda de derechos fundamentales con relación a su procedencia. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quien promueve este juicio constitucional, es el Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quien con su investidura de autoridad, acude en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridad demandada en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida Diego Muñoz Camargo, número dieciséis, colonia Centro, Tlaxcala, y por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la referida ley a José Humberto Vera Patlani, Nelly Cante Hernández, Lino Rivera Martínez y Eduardo Chino Calvario, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así Zenón Ramos Castillo, Leticia Montiel Lancho ni Gonzalo Capilla Gaspariano, por tal motivo, se les faculta de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Cutberto Benito Cano Coyotl, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en contra de la resolución de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por la entonces Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, en el toca 41/2017.
- Juicio de Amparo Directo
Téngase por recibido el oficio 40699/2018, de veintinueve de noviembre del año en curso, signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al que anexa el expediente de amparo indirecto 1059/2018 de su índice; fórmese y regístrese el expediente que corresponda; acúsese recibo. Ahora, de las constancias que integran dicho asunto se advierte que, mediante resolución de veintinueve de noviembre de esta anualidad, el referido titular se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, y ordenó remitir los autos de referencia al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno. De la demanda de amparo se advierte que Cutberto Benito Cano Cóyotl, por propio derecho, señala como acto reclamado la sentencia de dos de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el toca 674/2018. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, de la que se desprende que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional de la demanda de que se trata y a efecto de que la presidencia de este órgano jurisdiccional, se encuentre en condiciones de determinar lo procedente conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo, en relación con la referida demanda, requiérase al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de acuerdo al precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, remita el toca 674/2018.
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