CUTBERTO ALONSO GONZÁLEZ FONSECA y Otros.

Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
938/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • CUTBERTO ALONSO GONZÁLEZ FONSECA y Otros.
  • Cutberto Alonso González Fonseca
  • Juez Civil de Partido Especializado En Materia Familiar de la Ciudad de León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de once de enero del año en curso (fojas 91-92), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo original y el duplicado del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Toda vez que es innecesario permanecer con el tomo de pruebas I y los discos compactos que obran a fojas 33 y 86 y el diverso que se encuentra glosado en el incidente de suspensión relativo al presente asunto, allegados por la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de veintinueve de noviembre del año pasado (fojas 73-74), causó ejecutoria la sentencia dictada el veintiséis de octubre de la pasada anualidad (fojas 54-65), en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".la autoridad responsable Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, deberá: Proveer de manera inmediata, y con libertad de jurisdicción, sobre medida temporal de alimentos a favor de los niños quejosos de iniciales EAGS y AGS, con cargo a su progenitora Graciela Suárez Chávez, lo anterior entretanto esté en posibilidad de llevar a cabo la continuación de la audiencia en medida donde resuelva sobre la custodia provisional de los niños quejosos y el resto de las medidas solicitadas, entre ellas, la de alimentos provisionales. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer los derechos fundamentales transgredidos." Ahora, mediante oficio 24765/2022, de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad responsable, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y, por tal motivo, se le requirió su cumplimiento. Luego, el siete de diciembre del año pasado, se recibió el oficio suscrito por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y acompañó las constancias respectivas, por lo que en auto de ocho de diciembre de la pasada anualidad (foja 87), se ordenó dar vista a la parte quejosa y representante especial de los infantes quejosos, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera. Las partes no hicieron manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien, si la autoridad responsable incurrió en exceso, defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192174, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando las autoridades responsables dejan de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando las responsables se extralimitan en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando las responsables acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron todos y cada uno de los aspectos definidos en el fallo protector, lo anterior, con base en lo siguiente: En la sentencia amparadora se precisó que la mencionada potestad debía proveer de manera inmediata y con libertad de jurisdicción, sobre la medida temporal de alimentos a favor de los niños quejosos cuyos nombres llevan por iniciales E.A.G.S., y A.G.S., a cargo de su progenitora, lo anterior entretanto se esté en posibilidad de llevar a cabo la continuación de la audiencia donde resuelva sobre la custodia provisional de los citados infantes y el resto de las medidas solicitadas en el contradictorio familiar de origen. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, porque de la audiencia celebrada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que la jueza responsable: 1) Decretó la medida de guarda y custodia provisional de los niños quejosos a cargo de su progenitor; 2) Determinó que subsiste la medida de restricción decretada en contra de la progenitora de los menores de edad solicitantes del amparo, prohibiéndole el acercamiento a éstos y al progenitor de los mismos; 3) Sostuvo que la medida de separación de cónyuges se mantuviera; y, 4) Decretó la medida provisional de alimentos a favor de los menores de edad impetrantes, por el equivalente al cuarenta por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones legales que percibe la madre de los citados infantes (fojas 81-84, así como minutos 03:20-10:14, del segundo archivo de audio del disco compacto que obra agregado a foja 86 de autos). En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observó que todos y cada uno de los efectos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable. Del mismo modo, se aprecia que no se incurrió en defecto, puesto que no se omitió dar cumplimiento a alguna parte del fallo constitucional, pues como se dijo, se observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se advierte extralimitación de funciones (exceso), porque el proceder de la responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte impetrante en su derecho fundamental violado. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Asimismo, dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza procesal, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  3. Principal

    Autoridad informa y se da vista a las partes. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite constancias para sustentar su dicho. En atención a lo anterior, se tiene por recibida dicha información y constancias para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y a la representante especial de los menores de edad promoventes del amparo, debiéndoseles correr traslado con el oficio de cuenta y anexo, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en cuanto a dicho cumplimiento; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    Causa ejecutoria sentencia de veintiséis de octubre del año en curso (fojas 54-65). En este caso, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió la protección de la Justicia Federal, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. En dicha ejecutoria, se concedió la protección constitucional. Se requiere cumplimiento de ejecutoria de amparo. Toda vez de que la jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, fue quien incurrió en la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa; en consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica el contenido de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en virtud de que es esa autoridad a quien corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales del impetrante. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la referida autoridad que en caso de incumplimiento con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional); y de igual forma, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con sustento en el ordinal 193, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adviértasele a la indicada autoridad en el sentido de que si la sentencia no queda cumplida en el plazo fijado al efecto, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos a la Superioridad, lo cual será notificado a la autoridad responsable, cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; en el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten todo lo anterior, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Por último, cabe señalar que en el caso que nos atañe no procede hacer requerimiento alguno en relación al superior jerárquico de la autoridad responsable, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos señalados por el ordinal 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en atención a que la autoridad por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad), goza de independencia jurisdiccional en relación con los demás órganos del Estado, quien en ejercicio de su función se rige por los principios de independencia judicial, imparcialidad, eficacia, legalidad, excelencia profesional, honestidad invulnerable, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad y rectitud. Principio de independencia y autonomía judicial, que se encuentra reconocido a rango constitucional, tanto en la Constitución Local de la Entidad, en sus artículos 2 y 82; así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus ordinales 17 y 116, que prevén la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, al disponer que esos principios deben estar garantizados por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. De ahí entonces que se afirme que las resoluciones que emite la autoridad responsable por la que se otorgó el amparo, en ejercicio de sus funciones, gozan de autonomía e independencia judicial de conformidad a lo dispuesto por el arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que los rige. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.

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