Cuitlahuac Romero Madrid

Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Cuitlahuac Romero Madrid

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 314/2022-IV. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. .... Por lo que en uso de la facultad conferida por los se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 314/2022-IV. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso Cuitlahuac , por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos o Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la mesa tres de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la ciudad de Puebla (sic) y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el capítulo de actos introducido en la demanda, contiene el reclamo de una omisión para integrar la carpeta de investigación (denominada en lo subsecuente como la carpeta de investigación), donde aquél tiene el carácter de víctima. Esa omisión comprende: la falta de actos para que un agente investigador realice las diligencias ordenadas en dos oficios, que comprenden realizar una entrevista al representante de una empresa respecto de distintos aspectos relacionados con la construcción de una gasolinera, y que se investigue el domicilio de una persona quien se afirma es Comisario Ejidal de Chachapa, Estado de Puebla, a fin de que se le pueda recabar entrevista respecto de un inmueble. Todo ello para esclarecer los hechos denunciados por el quejoso en su carácter de víctima, respecto del ilícito de despojo. Sin embargo, la omisión relatada y que involucra los mencionados actos de investigación, está relacionada directamente con la falta de investigación del hecho con apariencia del delito de despojo, en la carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de víctima, como lo manifestó en la demanda bajo protesta de decir verdad. De modo que la omisión reclamada por aquél, converge en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, para recabar una entrevista e indagar el domicilio de una persona a quien también se le pretende recabar entrevista, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la supuesta falta de actividad de la responsable ordenadora en la carpeta de investigación iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales debe subsumirse la reclamada en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación que a decir del quejoso impide el esclarecimiento del hecho con apariencia del delito de despojo. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cese la supuesta omisión de la responsable ordenadora, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal por el mencionado hecho delictivo. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis * , que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de la agente responsable ordenadora para que se recabe entrevista a una persona y se indague el domicilio de una persona, a quien también se pretende recabar entrevista, que pretende combatir el quejoso. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por éste, contra la omisión de la autoridad responsable ordenadora, en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la omisión reclamada en la demanda de amparo -incluidas sus consecuencias atribuidas a la ejecutora-; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la agente responsable ordenadora, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la omisión y consecuencias atribuidas a las autoridades responsables, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por el hecho con apariencia del delito de despojo, en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la omisión y consecuencias que pretende reclamar como actos independientes y autónomos. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues la omisión y consecuencias reclamadas por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque la omisión y consecuencias que pretende reclamar, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la supuesta omisión y consecuencias atribuidas a las responsables, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación.Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al..inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, se le hace notar que es improcedente tener el correo electrónico que proporcionó, como domicilio procesal, porque la Ley de Amparo no contempla ese medio electrónico como una ruta para realizar notificaciones personales. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Hugo Cortés Santiago porque aquél le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, quedan ofrecidos el correo electrónico y número de teléfono que indicó el quejoso, al principio de su demanda.....Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFCACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 314/2022-IV. Puebla, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso Cuitlahuac , por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos o Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la mesa tres de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la ciudad de Puebla (sic) y otra autoridad responsable. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el capítulo de actos introducido en la demanda, contiene el reclamo de una omisión para integrar la carpeta de investigación (denominada en lo subsecuente como la carpeta de investigación), donde aquél tiene el carácter de víctima. Esa omisión comprende: la falta de actos para que un agente investigador realice las diligencias ordenadas en dos oficios, que comprenden realizar una entrevista al representante de una empresa respecto de distintos aspectos relacionados con la construcción de una gasolinera, y que se investigue el domicilio de una persona quien se afirma es Comisario Ejidal de Chachapa, Estado de Puebla, a fin de que se le pueda recabar entrevista respecto de un inmueble. Todo ello para esclarecer los hechos denunciados por el quejoso en su carácter de víctima, respecto del ilícito de despojo. Sin embargo, la omisión relatada y que involucra los mencionados actos de investigación, está relacionada directamente con la falta de investigación del hecho con apariencia del delito de despojo, en la carpeta de investigación donde el quejoso tiene el carácter de víctima, como lo manifestó en la demanda bajo protesta de decir verdad. De modo que la omisión reclamada por aquél, converge en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, para recabar una entrevista e indagar el domicilio de una persona a quien también se le pretende recabar entrevista, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la supuesta falta de actividad de la responsable ordenadora en la carpeta de investigación iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar el quejoso antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales debe subsumirse la reclamada en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación que a decir del quejoso impide el esclarecimiento del hecho con apariencia del delito de despojo. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cese la supuesta omisión de la responsable ordenadora, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal por el mencionado hecho delictivo. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis * , que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de la agente responsable ordenadora para que se recabe entrevista a una persona y se indague el domicilio de una persona, a quien también se pretende recabar entrevista, que pretende combatir el quejoso. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por éste, contra la omisión de la autoridad responsable ordenadora, en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, el quejoso debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra la omisión reclamada en la demanda de amparo -incluidas sus consecuencias atribuidas a la ejecutora-; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la agente responsable ordenadora, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la omisión y consecuencias atribuidas a las autoridades responsables, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones del quejoso para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por el hecho con apariencia del delito de despojo, en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual deriva la omisión y consecuencias que pretende reclamar como actos independientes y autónomos. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues la omisión y consecuencias reclamadas por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque la omisión y consecuencias que pretende reclamar, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues la supuesta omisión y consecuencias atribuidas a las responsables, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación.Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al..inicio de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, se le hace notar que es improcedente tener el correo electrónico que proporcionó, como domicilio procesal, porque la Ley de Amparo no contempla ese medio electrónico como una ruta para realizar notificaciones personales. Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre Hugo Cortés Santiago porque aquél le otorgó facultades amplias y éste tiene registrada su cédula profesional, en el sistema de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Asimismo, para establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del invocado Acuerdo General 21/2020, quedan ofrecidos el correo electrónico y número de teléfono que indicó el quejoso, al principio de su demanda.....Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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