Cuihtláhuac Javier Izquierdo Rodríguez
Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuihtláhuac Javier Izquierdo Rodríguez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3227/2021, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas del laudo dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario laboral número 587/2016 y su acumulado al 602/2016, promovido por el trabajador actor ... en contra del demandado Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Cuitláhuac Javier Izquierdo Rodríguez, promovió demanda de amparo, contra actos de los Representantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos que hace consistir en: ". 4.- ACTOS RECLAMADOS: Tienen ese carácter: La falta de celeridad en el procedimiento, al no desahogar las pruebas en los plazos establecidos y como resultado la falta de emisión del Laudo por parte de la Autoridad Responsable, respecto del juicio número laboral número 587/2016 acumulado al 602/2016.". Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al comunicado de cuenta, consistente en el laudo emitido el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ordinario laboral número 587/2016 acumulado al 602/2016, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana loa actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de celeridad en el procedimiento, al no desahogar las pruebas en los plazos establecidos y como resultado la falta de emisión del laudo por parte de la autoridad responsable, respecto del juicio ordinario laboral número 587/2016 y su acumulado 602/2016, también lo es que ya se emitió el laudo dentro del multicitado juicio ordinario laboral, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, principalmente la parte quejosa se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del cual se proveyó en auto de veintinueve de octubre del año en curso; en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio PRS/UALDH/00011307/2021, signado por el Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; atento a su contenido, hágase de su conocimiento que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra concluido y se ordenó su archivo el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, asimismo se hace de su conocimiento que el quejoso en presente juicio lo es...y no como lo señala Carlos Conejo Barrera; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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