Cuauhtémoc Soria Rocha
Expediente 196/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Soria Rocha
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, a través del cual, rinde su informe justificado.********************Por tanto, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que adjunta a su oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza.********************Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, y a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, consistente en la omisión de nombrar perito tercero en discordia y señalar fecha y hora para el desahogo de audiencia en que deba rendir su dictamen, se actualizan las causales de sobreseimiento previstas en los artículos 63, fracción IV y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.****************************************Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, se desprende que no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que el doce de mayo de dos veintidós, ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, para que designara perito en materia de medio ambiente laboral; y por auto de siete de junio de dos mil veintidós, tuvo por recibido el oficio número SAPD/LGCN/D.P.T.1639/2022, de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual el Jefe de Peritos Técnicos de la Secretaría en comento, designó a ************************************************************Bajo esas circunstancias, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, y a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de febrero de dos mil veintitrés), ya se había designado perito.****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es la siguiente:****************************************"ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja".****************************************Por otra parte, respecto a la omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia en la que rinda su dictamen el perito tercero en discordia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo.******************** ******************** Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso.****************************************Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso.****************************************La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cuernavaca, Morelos, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintitrés, fijó las once horas del cuatro de mayo del presente año, para que tenga verificativo la videoconferencia a cargo del perito ********************,********************Por lo tanto, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado.****************************************En las condiciones anotadas y al actualizarse las causales de sobreseimiento previstas en los artículos 63, fracción IV y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.****************************************En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:**************************************** "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************Cabe señalar, que en nada perjudica a la parte quejosa el hecho de que no se resuelva este asunto en audiencia constitucional, en virtud de las causales de sobreseimiento e improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar las citadas causales.****************************************En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para la DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, del que se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 6511/2023, dirigido a la Secretaría auxiliar de Peritajes y Diligencias, mediante el cual se le requirió su respectivo informe justificado en relación a la ampliación de la demanda; en virtud de ser autoridad foránea. En atención a lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere la misma, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso Cuauhtémoc Soria Rocha, a través del cual, en atención a la vista concedida en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, amplía su demanda de amparo. Ampliación. Es pertinente señalar que de conformidad con los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal figura jurídica procede cuando se presentan las siguientes hipótesis: a) Que no hayan transcurrido los plazos para su presentación; b) Que los actos de autoridad señalados en la ampliación guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. c) Que no se haya celebrado la audiencia constitucional. d) Que de los informes rendidos se fundamente o motive el acto reclamado (tratándose de actos materialmente administrativos) o aparezca una autoridad distinta a la que lo emitió, ejecuto u omita el acto. Expuesto lo anterior, del escrito de ampliación de demanda se advierte que el quejoso al ampliar su demanda de amparo lo hace en relación a la siguiente autoridad: I. De la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, lo siguiente: La omisión de señalar día y hora para el desahogo de la audiencia en la que rinda su dictamen el perito tercero en discordia. Así las cosas, toda vez que no se encuentra celebrada la audiencia constitucional en este juicio, con base a lo establecido en el numeral 111 de la ley de la materia, es dable concluir que se surten las hipótesis contenidas en el ordinal anteriormente citado, en virtud de que señala nueva autoridad, sin que haya transcurrido el plazo para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo respecto de la autoridad responsable ya precisada. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.
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