Cuauhtémoc Rueda Luna

Expediente 1890/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1890/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Cuauhtémoc Rueda Luna
  • Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI. *TCC. REMITE TESTIMONIO-CONFIRMA-DESECHA-ARCHIVO* POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA SUSCRITO POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, A TRAVÉS DEL CUAL DEVUELVE LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTUA. Y REMITE TESTIMONIO DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA, POR EL TRIBUNAL COLEGIADO ANTES CITADO. SE GLOSA EL CUADERNO DE ANTECEDENTES RESPECTIVO Y SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE EL ÓRGANO REVISOR RESOLVIÓ. ÚNICO. ES INFUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA.. SE ACUSA EL RECIBO DE ESTILO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. EL ASUNTO NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL. PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATA COMO CONCLUIDO, AL ARCHIVO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA SU RESGUARDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI. *T.C.C. ADMITE RECURSO DE QUEJA* POR RECIBIDO EL OFICIO DEL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, A TRAVÉS DEL CUAL INFORMA QUE ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL QUEJOSO, QUEDANDO REGISTRADO CON EL TOCA NÚMERO Q.A. 305/2016. SE AGREGA A LOS AUTOS PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través del cual, informa a este Juzgado de Distrito, las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los presentes autos el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido; para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que no se ha acreditado el cumplimiento del fallo protector a pesar de estar debidamente notificadas para ello y haber sido requeridas a través de sus superiores jerárquicos. Y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna. En atención a lo antes vertido, se provee lo siguiente: Considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna. Ahora bien, de conformidad con la tesis aislada número P. I/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de los Policías de la Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de México, cuando éstos obtienen el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que sean restituidos en el goce de los derechos de que fueron privados al ser destituidos de dicha corporación policial, el procedimiento que se debe seguir para lograr el cumplimiento de dicha ejecutoria, es el previsto en los artículos 19, fracción IX; 42, fracciones III, V y IX, y 45, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Publica, en relación con lo dispuesto 54 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y 30, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. En ese sentido, cuando ya se cuenta con una cantidad determinada a devolver a la parte quejosa, las etapas del procedimiento para hacer cumplir una ejecutoria como la dictada en el presente juicio, se componen de la siguiente forma: 1.- En primer término, el Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto de los titulares de las Direcciones Generales de Administración de Personas y de Asuntos Jurídicos, debe solicitar el otorgamiento del visto bueno a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal en que se actúe, para el efecto de que se realice el pago al quejoso por la cantidad fijada por la autoridad de amparo. 2.- En segundo término el Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Director General de Servicios Legales de esa Consejería, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, otorgarán el visto bueno respectivo y notificarán a la Secretaría de Seguridad Pública, o en su caso, deberán informar a ésta si a la solicitud respectiva no se acompañó la documentación necesaria. 3.- En la tercera etapa, corresponde a los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Financieros, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, solicitar al titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el envío y puesta a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del contra-recibo correspondiente. 4.- A su vez, en la cuarta etapa el titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el contra-recibo correspondiente y lo entregará a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 5.- Por último, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, notificará personalmente al quejoso y hará entrega del contra-recibo de mérito que le permita obtener el respectivo cheque. Precisado lo anterior, es pertinente señalar que en el caso que nos ocupa, las autoridades vinculadas a dar cumplimiento a la sentencia de amparo son las siguientes: A) El Secretario de Seguridad Pública B) Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública. C) Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública. D) Director General de Recursos Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública. E) Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. F) Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. G) Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México En ese contexto, las autoridades antes señaladas son las que deberán intervenir en el cumplimiento de la ejecutoria de referencia, emitiendo cada una de ellas el acto que conforme a sus facultades les corresponde, tomando en consideración el orden del procedimiento antes descrito, ya que para lograr la consecución de cada una de esas etapas cuentan con el plazo de diez días, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del Punto Segundo del Acuerdo General número 10/2013, de dos de julio de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, así como en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada número P. I/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis con número de registro 2012303, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES Y YA SE ENCUENTRE DETERMINADO SU MONTO COMO EFECTO DE LAS EMITIDAS EN EL CASO DE LOS POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Una vez que en el procedimiento de ejecución el Juez de Distrito ha determinado el referido monto, el procedimiento para el pago respectivo debe llevarse a cabo atendiendo a lo previsto en los artículos 19, fracción IX; 42, fracciones III, V y IX, y 45, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con lo señalado en los diversos 54 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y 30, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, para lo cual deberá requerirse a las autoridades que a continuación se indica con el objeto de que, sucesivamente, realicen los actos conducentes, a saber: Primera etapa. El Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto de los titulares de las Direcciones Generales de Administración de Personal y de Asuntos Jurídicos, debe solicitar el otorgamiento del visto bueno a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal en que se actúe, para el efecto de que se realice el pago al quejoso por la cantidad fijada por la autoridad de amparo; Segunda etapa. El Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Director General de Servicios Legales de esa Consejería, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, otorgarán el visto bueno respectivo y notificarán a la Secretaría de Seguridad Pública, o bien deberán informar a ésta si a la solicitud respectiva no se acompañó la documentación necesaria; Tercera etapa. Los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Financieros, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, solicitarán al titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el envío y puesta a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del contra-recibo correspondiente; Cuarta etapa. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el contra-recibo correspondiente y lo entregará a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; Quinta etapa. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, notificará personalmente al quejoso y hará entrega del contra-recibo de mérito que le permita obtener el respectivo cheque. Cabe señalar que atendiendo a las particularidades del procedimiento que deben seguir las referidas autoridades para realizar los actos que competen a cada una de ellas, en el ámbito de su competencia, el plazo para que se cumpla con cada una de las referidas etapas, es el de diez días hábiles, con fundamento en lo previsto en la fracción IV del Punto Segundo del Acuerdo General número 10/2013, de dos de julio de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, así como en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Particularizando lo anterior, en el juicio que nos ocupa tenemos que la cantidad adeudada a la parte quejosa es la de $41,867.27 (cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos 27/100 m.n.), correspondiente al periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil quince al treinta de marzo de dos mil dieciséis, así como de $51,701.18 (cincuenta y un mil setecientos un pesos 18/100 mn), ésta última, por concepto de pago de los veinte días por año; por lo tanto, se procede instruir lo conducente para la consecución de la PRIMERA ETAPA antes referida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE NUEVAMENTE al Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto del Director General de Administración de Personal y del Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de dicha Secretaría, para que en el término de DIEZ DÍAS, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concedida para el efecto de que: "...debe concederse la protección constitucional solicitada por Lamberto Miranda García, contra los actos reclamados al Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, consistentes en la omisión parcial en el cumplimiento de la sentencia de siete de agosto de dos mil trece, dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el recurso de apelación 5016/2013, y de la resolución de catorce de mayo de dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala Ordinaria del aludido tribunal, en la queja interpuesta en el juicio de nulidad II-7605/2013, para el efecto de que el nombrado cumpla las resoluciones aludidas, esto es, que realice las diligencias necesarias para que, quien esté legalmente facultado: 1) haga la anotación relativa en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 2) efectúe el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho Lamberto Miranda García, desde que se concretó su separación, cese, remisión o baja y hasta que se realizara el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3) acredite ante el juzgado de distrito con constancia fehaciente el cumplimiento a lo anterior..." Lo anterior, se traduce en que el Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto del Director General de Administración de Personal y del Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de dicha Secretaría, debe acreditar que solicitó el VISTO BUENO al Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, así como al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, respecto de las prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa; esto es, la cantidad de $41,867.27 (cuarenta y un mil ochocientos sesenta y siete pesos 27/100 m.n.), correspondiente al periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil quince al treinta de marzo de dos mil dieciséis, asi como de $51,701.18 (cincuenta y un mil setecientos un pesos 18/100 mn), ésta última, por concepto de pago de los veinte días por año. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario. Esto es, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual equivale a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 M.N.), y en caso de reiterar su conducta se aumentará dicha multa hasta llegar a los mil unidades, con base en lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Así las cosas, en atención a la PRIMERA ETAPA del procedimiento de cumplimiento antes descrito, se reitera que, el Secretario de Seguridad Pública, por sí o conducto del Director General de Administración de Personal y del Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de dicha Secretaría, deberán efectuar el análisis e integración de la documentación y demostrar que ha efectuado la solicitud de visto bueno que otorga la ", el Titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así como el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México." De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo SE REQUIERE NUEVAMENTE al Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto del Director General de Administración de Personal y del Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de dicha Secretaría, para que en el término de diez días: 1.- Acrediten que efectuaron la solicitud del Visto Bueno del Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, así como al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. En consecuencia, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas, que de conformidad con las jurisprudencias P./J.54/2014 (10a.), P./J. 58/2014 (10a.) y P./J. 59/2014 (10a.), sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se harán acreedoras a la multa de cien unidades de medida y actualización, la cual se duplicará hasta llegar a mil unidades. Lo anterior, se traduce que ante la contumacia de la autoridad requerida se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que equivale a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 M.N.), y en caso de reiterar su conducta se aumentará dicha multa hasta llegar a las mil unidades de medida y actualización, con base en lo dispuesto en los artículos 258 y 267 fracción I de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la referida multa se hará efectiva una vez que fenezca el plazo de diez días conferido para que desahoguen el requerimiento a ellas dirigido El presente apercibimiento se realiza porque el Secretario de Seguridad Pública, así como el Director General de Administración de Personal y el Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de dicha Secretaría, SON LAS AUTORIDADES QUE HAN ENTORPECIDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA POR CUANTO HACE A LA SOLICITUD DEL VISTO BUENO. Lo anterior, de conformidad con las jurisprudencias anteriormente citadas, las cuales son del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de no violar las reglas esenciales del procedimiento de ejecución de sentencia, con fundamento en el tercer párrafo de artículo 192 de la Ley de Amparo, antes citado, SE REQUIERE NUEVAMENTE como superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al: 1.- Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Secretario de Seguridad Pública. 2.- Secretario de Seguridad Pública, como superior jerarquico del Director General de Asuntos Jurídicos. 3.- Oficial Mayor como superior jerárquico del Director General de Administración de Personal. Esto es, para que en su calidad de superiores jerárquicos y autoridades vinculadas, de las responsables requeridas las obliguen a remitir a este órgano jurisdiccional dentro del término de DIEZ DÍAS, las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el presente proveído. Es aplicable la tesis P.CLXXV/2000, consultable en la página 5 del tomo: XII, Noviembre de 2000, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que es del texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que deba hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". A su vez, se les informa a las autoridades requeridas, en su carácter de superiores jerárquicos de la obligada al cumplimiento, que de conformidad con el artículo 258, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de no demostrar que dio la orden de cumplir con la ejecutoria se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en caso de reiterar su conducta omisiva, ésta se duplicará hasta llegar a los mil salarios, sin perjuicio de que incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento a las ejecutorias, en los mismos términos que la autoridad contra cuyo acto se hubiese concedido el amparo. De igual forma, se les recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Con independencia de lo anterior, se les informa a las citadas autoridades que de continuar con su actitud omisiva, también pueden hacerse acreedoras a las sanciones previstas en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Esto es, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual equivale a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 M.N.), y en caso de reiterar su conducta se aumentará dicha multa hasta llegar a los mil unidades, con base en lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas, que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, esto es, para que el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo. Es importante aclarar a todas las autoridades requeridas, que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declarará que la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y REMITIRÁ LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO para los efectos del artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, EN CASO DE QUE SEAN OMISAS EN DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. No obstante lo anterior, entérese a las autoridades, que aun cuando dejen sus respectivos puestos, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional. Es aplicable la tesis P.CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XII, Noviembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el Capítulo XII, "de la Ejecución de Sentencias" del Título Primero del Libro Primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que de ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó." Se informa a las autoridades requeridas que deberán abstenerse de remitir oficios que en sí sólo informen actos preliminares de poca eficacia, y que no demuestren verdaderas gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo o constituyan algún indicio de su ejecución. En ese tenor, no se tendrá como impedimento para dar cumplimiento al requerimiento formulado en el presente acuerdo, el hecho de que no se tenga suficiencia presupuestal, ya que no implica justificación para cumplir el fallo protector en términos de la tesis P. XIX/2002, que más adelante se transcribe. Esto es, la falta de partida presupuestal no es una razón que actualice lo dispuesto en los artículos 107 fracción XVI Constitucional y 193 párrafo tercero de la Ley de Amparo, que establecen que al acreditarse una causa justificable para cumplir con el fallo protector, el plazo razonable para que proceda su cumplimiento, será otorgado por la superioridad. Lo anterior, toda vez que nuestro Máximo Tribunal el País ha determinado que en el cumplimiento de una sentencia no se encuentra condicionado a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal; lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis P. XIX/2002, visible en la página 11, del tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. La resolución incidental de daños y perjuicios, como cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, que establece la condena al pago de una cantidad líquida, cierta y determinada, derivada de un procedimiento en el cual se le respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia, constituye una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago. Lo anterior es así, en virtud de que existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de sus garantías individuales violadas, entendida ésta como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago del débito, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquélla no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, con mengua del riguroso sistema dispuesto en la Norma Fundamental para el cumplimiento de los mandatos de amparo y de la garantía de administración de justicia pronta y expedita prevista en su artículo 17, a favor del gobernado, quien a través del procedimiento de inejecución de sentencia de amparo debe ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales violadas." Notifíquese y por oficio a las autoridades correspondientes. Así lo proveyó y firma el Maestro Carlos Hugo Luna Baraibar, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido por el Secretario licenciado FILIBERTO ORTEGA TREJO, quien autoriza y da fe. Doy fe. CHLB/***/*** EL JUEZ EL SECRETARIO

  4. Principal

    MESA V. *REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO* POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA. A TRAVÉS DEL CUAL, INFORMA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LAS GESTIONES QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO DE MÉRITO TOMANDO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO; PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA BIEN, VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE NO SE HA ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR A PESAR DE ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADAS PARA ELLO Y HABER SIDO REQUERIDAS A TRAVÉS DE SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS. Y CONSIDERANDO QUE EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CONSTITUYE UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO. SE REQUIERE NUEVAMENTE AL. PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, ACREDITEN ANTE ESTE JUZGADO DE DISTRITO HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, CONCEDIDA PARA EL EFECTO DE QUE. CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA. SE REQUIERE NUEVAMENTE AL. PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS:1.- ACREDITEN QUE EFECTUARON LA SOLICITUD DEL VISTO BUENO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA REFERIDA MULTA SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ QUE FENEZCA EL PLAZO DE DIEZ DÍAS CONFERIDO PARA QUE DESAHOGUEN EL REQUERIMIENTO A ELLAS DIRIGIDO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, ENTÉRESE A LAS AUTORIDADES, QUE AUN CUANDO DEJEN SUS RESPECTIVOS PUESTOS, SEGUIRÁN SIENDO RESPONSABLES DEL DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, DURANTE EL TIEMPO QUE DURÓ SU ENCARGO. NOTIFÍQUESE.

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