Cuauhtémoc Plazola Chávez
Expediente 1162/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 15/01/2021
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Plazola Chávez
- Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso que suscribe José Rodrigo Mendoza Pérez, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, atento a su contenido se le tiene revocando el domicilio anteriormente señalado, y de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio procesal el indicado en su escrito de cuenta.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, a través del cual promueve RECURSO DE REVISIÓN y expresa agravios contra la sentencia de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO el aludido medio de impugnación. En tales condiciones, una vez notificadas la totalidad de las partes, remítanse los autos originales del presente juicio, así como el original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno para la substanciación del recurso que se hace valer, fórmese el cuaderno de antecedentes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Sentencia que pronuncia el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco: (1) Vistos los autos del juicio de amparo 1162/2017 promovido por CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ por derecho propio contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y otras autoridades; y (2) Resultando 1. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Federal, CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación, el Presidente y el Secretario General, todos de dicho consejo; de quiénes reclamó: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Bajo protesta de decir verdad" manifiesto que los actos reclamados a cada autoridad resultan ser: De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación, respectivamente, del acuerdo plenario mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón a los Juzgados Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdo Plenario de marras aprobado en la octava sesión ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación, respectivamente, del cambio de adscripción y/o readscripción de la tercera interesada Alejandra Pimienta Encinas al Juzgado Décimo Especializado en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, cambio de adscripción y/o readscripción de marras del que manifiesto "bajo protesta de decir verdad" que ignoro la fecha así como en que sesión del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue aprobado, y sin que hasta el día de hoy dicho acto reclamado no haya sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la publicación, así como la ejecución del acuerdo plenario mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón a los Juzgados Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdo Plenario de marras aprobado en la octava sesión ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la publicación, así como la ejecución del cambio de adscripción y/o readscripción de la tercera interesada Alejandra Pimienta Encinas al Juzgado Décimo Especializado en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, cambio de adscripción y/o readscripción de marras del que manifiesto "bajo protesta de decir verdad" que ignoro la fecha así como en que sesión del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue aprobado, y sin que hasta el día de hoy dicho acto reclamado no haya sido notificado al suscrito". Fojas 3 y 4 del juicio de amparo. 2. El once de abril de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 1162/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 3. Mediante ocurso presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ amplió la demanda de amparo contra actos de las autoridades citadas líneas arriba, en específico adicionó: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Bajo protesta de decir verdad" manifiesto que los actos reclamados a cada autoridad resultan ser: De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación y la falta de notificación personal al suscrito, de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación y falta de notificación personal al suscrito de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la ejecución y falta de notificación personal al suscrito de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito". Fojas 254 a 256 del juicio de amparo. 4. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete se admitió la citada ampliación; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se celebró el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete en términos del acta que antecede. 5. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, misma que fue recurrida por la parte quejosa; de dicho recurso tuvo conocimiento el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que resolvió dentro del amparo en revisión 843/2017 lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO: Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de garantías 1162/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en el estado de Jalisco, parea los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este fallo". Foja 567 del juicio de amparo. 6. Por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó reponer el procedimiento en cumplimiento a la citada ejecutoria y se tuvo como tercero interesado a José Luis Álvarez Pulido, Titular del Juzgado Décimo Primero Especializado en Control y Juicio Oral del I Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco y se comisionó al Actuario Judicial adscrito a fin de que lo emplazara al presente juicio de amparo. 7. Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, misma que fue recurrida por la parte quejosa; de dicho recurso tuvo conocimiento el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que resolvió dentro del amparo en revisión 441/2018 lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de garantías 1162/2017, del índice del ahora Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este fallo". Foja 730 vuelta del juicio de amparo. 8. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó reponer el procedimiento en cumplimiento a la citada ejecutoria y se tuvo como terceros interesados a Felipe de Jesús Rivera Gallegos y Venustiano Romos Ibarra titulares de los Juzgados Décimo y Décimo Segundo Especializados en Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes, adscritos al Centro de Justicia Penal del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco, y se comisionó al Actuario Judicial adscrito a fin de que los emplazara al presente juicio de amparo. (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, porque el acto se atribuye a autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de garantías. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P.VI/2004, número de registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y la ampliación propuesta se advierten como actos reclamados: Los acuerdos plenarios de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en los cuales se determinó readscribir a los terceros interesados a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del Distrito Judicial I, con sede en Tonalá, Jalisco. Lo cual reprocha al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y a la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación de dicho consejo. La ejecución de la determinación aprobada en los acuerdos referidos. Actuación atribuida al Presidente y el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Es menester indicar: con independencia que el quejoso también señale como actos reclamados la propuesta y aprobación de las readscripciones combatidas, así como el acto de su publicación; se tiene que, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, deben analizarse en conjunto, como parte del procedimiento que culminó con la emisión de los acuerdos plenarios reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rótulo: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". Además, no se tendrá como acto destacado lo que el quejoso refiere como: la falta de notificación personal de los acuerdos plenarios reclamados. En razón de que esa inconformidad realmente constituye un incipiente concepto de violación elevado contra los actos combatidos para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad; ello, sin perjuicio de que, con posterioridad, y de ser procedente, se analicen dichos argumentos en el apartado correspondiente de la presente sentencia. Es aplicable la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 223603, de título: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XVII.2º. J/10, con número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rótulo "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son ciertos los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación, el Presidente y el Secretario General, todos de dicho consejo; tal como lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Se cita la tesis: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). La certeza de los actos se corrobora con las copias certificadas de los acuerdos relativos a las sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebradas el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, a través de las cuales se aprobó el cambio de adscripción de Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón, para ocupar los cargos de Jueces Especializados en sendas Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondientes al Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco, las primeras dos, en tanto el último se readscribió al Juzgado Décimo Segundo Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito con la misma sede, correspondiente al Primer Partido Judicial. Documentos que obran agregados al juicio de amparo al haberse aportado por las autoridades responsables, los cuales adquieren plena eficacia demostrativa conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de constancias certificadas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, por lo que hacen prueba plena de su contenido. Asimismo, de la consulta que se realiza a la página de internet oficial del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: http://cjj.gob.mx/pages/conocenos/diretorio, se advierte que actualmente el titular del Juzgado Décimo Primero Especializado en Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en Tonalá, Jalisco, es José Luis Álvarez Pulido antes Juzgado Décimo Primero Especializado en Control y Juicio Oral del I Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. Lo anterior, constituye un hecho notorio, acorde a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la información publicada en documentos de redes informáticas oficiales forma parte del conocimiento público. Son aplicables las tesis: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". (Época: Novena Época. Registro: 168124. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Materia(s): Común. Tesis: XX.2o. J/24. Página: 2470). "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". (Época: Décima Época. Registro: 2004949. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373). 4. La presentación de la demanda es oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de marzo al veinte de abril de dos mil diecisiete; y, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo el diez de abril del mismo año. Lo anterior, toda vez que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete -foja 6-, por lo que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del juicio de amparo comenzó a correr al día siguiente al en que se ostentó sabedor de los mismos, dado que en actuaciones no obra constancia que contradiga sus manifestaciones. Entonces, del plazo deben descontarse los días uno, dos, ocho, nueve y doce al quince de abril de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la presentación de la ampliación demanda también es oportuna, pues el plazo relativo transcurrió del veintisiete de abril al diecinueve de mayo de dos mil diecisiete; y, la adición fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo el quince de mayo del mismo año. Es así, tomando en cuenta que el quejoso fue notificado del acuerdo que ordenó darle vista para ampliar respecto a diversas constancias el veinticinco de abril de dos mil diecisiete -foja 109-, por lo que conforme al artículo 18 de la ley de la materia, el plazo para la interposición del juicio de amparo comenzó a correr al día siguiente al en que surtió efectos la notificación. Descontando los días veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco al siete, trece y catorce de mayo de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. 5. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Las autoridades responsables al rendir informe en relación con la demanda de amparo y su ampliación, manifestaron que en el caso opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues consideran que la circunstancia de que el quejoso haya aprobado el concurso de Juez para cumplimentar la implementación del nuevo Sistema Acusatorio en Materia Penal, no le genera un derecho adquirido a ser designado como Juez de primera instancia, pues el hecho de haber aprobado el examen de oposición para jueces en juicios orales en materia penal, únicamente le otorga el carácter de aspirante reconocido, de modo que sólo cuenta con una expectativa de derecho. Debe ponderarse que para dar respuesta a la causa invocada, necesariamente se tendría que examinar si los actos que se reclaman en sede constitucional afectan o no la esfera de derechos del quejoso, lo cual no es posible llevar a cabo en este momento, sino hasta que se resuelva en el fondo del asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". (Época: Novena Época, Registro: 187973, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5). Al no existir otras causales de improcedencia que se hagan valer o que se adviertan de oficio, se procede al análisis del fondo del asunto. 6. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 7. Por cuestión de método y conforme autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, algunos de los argumentos expuestos en la demanda y el escrito de ampliación se estudiarán de manera conjunta, dada la íntima relación que guardan, ello con la finalidad de abordar la cuestión efectivamente planteada. Sustenta el anterior razonamiento, la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". (Época: Décima Época, Registro: 2011406, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Página: 2018). Mediante los conceptos de violación identificados como primero y segundo se expone que de los acuerdos plenarios aprobados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete se colige una fundamentación deficiente y la ausencia total de motivación, en síntesis, porque no se señala cuáles son las necesidades del servicio que motivaron los cambios de adscripción de los terceros interesados al Distrito Judicial I, con sede en Tonalá, Jalisco, en contravención a lo dispuesto por el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Además, que tampoco se analizan los elementos previstos en el artículo 191 de la ley mencionada, ni se expone la valoración de cada uno de ellos en forma taxativa, lo cual incide en la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados estos disensos. Conforme al principio de seguridad jurídica dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, todo acto de molestia requiere estar fundado y motivado. Entendiéndose por lo primero la expresión de los artículos aplicables al caso, y por lo segundo la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Entonces, dicho principio se cumple: a) con la existencia y cita de una norma legal que atribuya a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido, y la actuación de ésta en la forma exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir, con claridad, que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, se justifique con plenitud el actuar de la autoridad. Ahora, respecto al tema, los artículos 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecen: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces especializados y mixtos de primera instancia y jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción". "Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente". "Artículo 191. Tratándose del cambio de adscripción de jueces, se considerarán los siguientes elementos: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que hayan realizado; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. Los resultados de las visitas de Inspección; V. La disciplina y el desarrollo profesional; VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción". Como se observa, las disposiciones trasuntas refieren que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco tiene atribuciones para ordenar la adscripción o readscripción de Jueces de Primera Instancia cuando las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello, no obstante que al momento de tomar la determinación respectiva exista más de una vacante. En aquellos casos en que para la adscripción de Jueces de Primera Instancia haya varias plazas vacantes, el Consejo de la Judicatura deberá atender a los elementos establecidos en los artículos 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco --el último concerniente a las readscripciones-- salvo que el movimiento respectivo se realice atendiendo a las necesidades del servicio. Por tanto, existen dos supuestos para determinar una adscripción o readscripción, a saber: a) el que privilegia la posibilidad de que a los Jueces, ante la existencia de varias vacantes y varios interesados en ocupar una misma de ellas, se les permita participar en un procedimiento para determinar quién tiene mejor derecho a ocuparla; y, b) el que obedece exclusivamente a las necesidades del servicio y, por ende, excluye el desarrollo del procedimiento a que se refiere el inciso anterior. El primer supuesto opera por regla general, en tanto el segundo constituye un caso de excepción a dicha regla, según lo podemos desprender de los dos últimos párrafos del artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, donde se indicó que el Consejo asignará la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces, entre otros supuestos: "siempre que las necesidades del servicio así lo requieran". Por estas razones, cuando se trata de examinar la legalidad de una resolución que ha decretado una adscripción o readscripción de un servidor público, debe distinguirse bajo qué supuesto se encuentra, pues son distintas las condiciones que deben cumplirse y los requisitos legales a satisfacer, dependiendo del caso en el que nos encontremos, pues el resultado al que se puede llegar en cada uno de ellos puede ser distinto. Así, es necesario tener presente una parte importante de los actos reclamados, la cual es del tenor siguiente: "En la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Maestro Jorge García González pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente cambio de adscripción de la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, quien se encontraba como titular del Juzgado Mixto de Atotonilco el Alto, correspondiente al Tercer Partido Judicial, sea readscrita a las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondiente al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco; lo que somete a consideración de este Pleno. [.] Lo que se pone a consideración del Pleno el dictamen en relación a la readscripción de la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, como Juez adscrita a las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondiente al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 01 primero de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y hasta que el Pleno de este Consejo lo determine, lo anterior por necesidades del servicio, para lo que tenga a bien determinar. [.] Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 148, 189, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se readscribe a la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, al Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 01 primero de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y hasta que el Pleno de este Consejo lo determine, lo anterior por necesidades del servicio". "En la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Licenciado Eduardo Moel Modiano, en su carácter de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente dictamen de cambio de adscripción de la Licenciada María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 1° primero de marzo del año en curso, lo anterior en base a lo establecido por el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los resultados estadísticos de dichos juzgados, lo que somete a consideración de este Pleno. Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco". "En la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Licenciado Eduardo Moel Modiano, en su carácter de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente dictamen de cambio de adscripción aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria de dicha comisión, respecto del Licenciado Daniel Espinosa Licón, titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco al Juzgado Décimo Segundo Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 1° primero de marzo del año en curso, lo anterior en base a lo establecido por el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los resultados estadísticos de dichos juzgados, estableciendo que es importante hacer mención que el Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, El Grande, Jalisco, quedará integrado a partir de esta fecha con tres jueces; lo que somete a consideración de este Pleno. [.] Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a Daniel Espinosa Licón, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, el Grande, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco". (Realce ajeno al texto) Conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo, para determinar una readscripción el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco debe precisar a qué supuesto normativo obedece su decisión, es decir, si la asignación de las vacantes se sujeta a un análisis y posterior dictamen comparativo entre los interesados en ocupar una determinada plaza, o bien, si aquélla obedece exclusivamente a las necesidades del servicio. De la anterior transcripción se evidencia que la autoridad responsable sustentó en las necesidades del servicio los cambios de adscripción aprobados, al establecer de forma expresa en cada uno de los movimientos de personal cuestionados, que dichas necesidades ameritaban llevar a cabo una readscripción de jueces. Entonces, es inconcuso que no se encontró obligado a justificar su decisión ponderando los elementos dispuestos en cada una de las fracciones del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues como se dijo, ello sólo lo requiere la normatividad tratándose de la asignación de vacantes de manera comparativa entre dos o más interesados en ocupar una determinada plaza, pero no en el supuesto que nos ocupa. Por lo tanto, es infundado del argumento expuesto por el quejoso al referir que las autoridades omitieron analizar los elementos previstos en el numeral invocado, así como valorar cada uno de ellos en forma taxativa, ya que las autoridades no están obligadas a tomar en cuenta dichos presupuestos para autorizar los cambios de adscripción derivados de las necesidades del servicio, ni a justificar en ese sentido sus determinaciones. Ahora bien, en torno a la alegación que postula una fundamentación deficiente y la ausencia total de motivación, porque en los actos reclamados no se señala cuáles son las necesidades del servicio que motivaron los cambios de adscripción de los terceros interesados, también se concluye ineficaz. Se dice lo anterior, porque a partir de la lectura de los acuerdos plenarios aprobados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete se aprecia que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, fundó y motivó las necesidades del servicio para readscribir directamente a los terceros interesados a los órganos jurisdiccionales a los que fueron enviados, al establecer: a) En lo que toca a Alejandra Pimienta Encinas: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el cual se le otorga la facultad a este Consejo de la Judicatura para implementar los mecanismos y acomodo de su personal, con la finalidad de otorgar a los justiciables una mejor calidad, motivo por el cual, cumpliendo los requisitos que marca la ley antes mencionada, la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, así como el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tiene por realizar el siguiente estudio [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales en el Primer Distrito con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Tal como ha quedado demostrado en la estadística que antecede, las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, al ser de nueva creación resultado de la reforma al Código Nacional Penal del 2008 dos mil ocho, cuentan con una carga laboral de la cual refleja la necesidad del cambio de adscripción del titular en cuestión y es la persona ideal para ocupar el cargo, ya que cuenta con los requisitos necesarios para combatir la carga laboral que contiene el Juzgado tal como se desprende de la estadística que antecede". b) Por cuanto a María Gloria Sepúlveda Bernabé, la cual, como se dijo anteriormente, posteriormente fue sustituida por José Luis Álvarez Pulido: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco [.]. Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción. De conformidad con los artículos 14, 16, 17, 21, 116, segundo párrafo, 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 14, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 72 y 116, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, tanto como los dispositivos 2, 3, último párrafo, 4, 5, 8, 136, 137, 139, 140, 148, fracciones I, IV, V, XVII y XXXIV, 152, 154, 155, 157, 159, 189, 191 y 207 al 213 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como el reglamento relativo a dicha ley, en los artículos 4, 5 y 6 [.] Análisis del concepto "Cambio de adscripción por necesidades del servicio". Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio se entiende, como la facultad que posee el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través del mismo actuando en Pleno, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en el artículo 23 fracciones XXV, 189, 191, 207, 208 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Después de lo anterior, es importante resaltar la cantidad de trabajo que actualmente ostentan las Salas Orales en Justicia Penal y a la vez la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a este sistema, para salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos". c) En relación con Daniel Espinosa Licón: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a Daniel Espinosa Licón, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, el Grande, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco[.]. Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción. De conformidad con los artículos 14, 16, 17, 21, 116, segundo párrafo, 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 14, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 72 y 116, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, tanto como los dispositivos 2, 3, último párrafo, 4, 5, 8, 136, 137, 139, 140, 148, fracciones I, IV, V, XVII y XXXIV, 152, 154, 155, 157, 159, 189, 191 y 207 al 213 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como el reglamento relativo a dicha ley, en los artículos 4, 5 y 6 [.] Análisis del concepto "Cambio de adscripción por necesidades del servicio". Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio se entiende, como la facultad que posee el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través del mismo actuando en Pleno, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en el artículo 23 fracciones XXV, 189, 191, 207, 208 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Después de lo anterior, es importante resaltar la cantidad de trabajo que actualmente ostentan las Salas Orales en Justicia Penal y a la vez la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a este sistema, para salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos". Fojas 63 a 97 del juicio de amparo. Con tales apuntes, es de concluir que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fundó y motivó suficientemente los acuerdos reclamados, al establecer los preceptos legales en los que se le otorga la facultad de readscribir a los funcionarios a su cargo, en específico, el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entre otros; así como indicar los motivos principales que le llevaron a considerar la existencia de una necesidad en el servicio que exige tomar medidas eficaces para atenderla de manera preponderante, como lo es el incremento de la carga de trabajo reflejada en las estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, las cuales reprodujo en los dictámenes que se analizan y expuso como una causa fundada y suficiente para ordenar la readscripción de los terceros interesados. Adicionalmente, de las transcripciones realizadas se advierte que la autoridad también justificó su decisión en la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a ese sistema (acusatorio oral) con el fin de salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos, y de los propios acuerdos se colige que evaluó a los propuestos estimando que eran las personas idóneas para tales asignaciones por la experiencia profesional, los resultados que reflejaron en los órganos jurisdiccionales de su anterior adscripción, así como la preparación académica con la que contaban a esa fecha, calificándolos entonces como Jueces de experiencia y preparación bastante para combatir la exigencia laboral que representan dichos órganos de reciente creación. En tales condiciones, la autoridad cumple los requisitos para que se considere fundada y motivada su actuación, pues en los acuerdos reclamados expresó los dispositivos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que motivaron su emisión, existiendo adecuación entre éstos, con lo cual se evidencia que su emisión fue en estricto apego al principio de seguridad jurídica. De ahí lo infundado del argumento estudiado. Luego, se dijo que en los disensos tercero y cuarto se argumenta la vulneración del principio de estabilidad de las resoluciones administrativas, porque mediante los actos reclamados las autoridades responsables postergan, relegan, exceptúan y/o pasan por alto al quejoso, no obstante que goza de la calidad de Juez designado y adscrito con el número doce de prelación para tomar protesta y ser asignado al Juzgado Décimo Segundo del Distrito Judicial I, en lo particular. Que sin tomar en cuenta esa determinación, las autoridades readscriben al tercero interesado Daniel Espinosa Licón a dicho órgano judicial, con base en la omisión de aplicar correctamente un concepto jurídico indeterminado o flexible denominado "necesidades del servicio", sin acreditar la existencia de causa fundada y suficiente para ello y sin que hubieren cambiado las circunstancias en las que se otorgó ese derecho previamente al impetrante. Situación que pone en entredicho el respeto a los aducidos principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque una vez que el acto administrativo se ha emitido y ha producido sus efectos, su autor ya no puede disponerlo en forma ilimitada por una exigencia superior de la vida social, la seguridad de las relaciones jurídicas y la estabilidad de los actos que la engendran, por tanto, su revocación tiene un límite y es inadmisible cuando el acto original ha engendrado derechos adquiridos o patrimoniales. Los motivos de disenso expuestos son infundados. De entrada, es preciso tener en cuenta el contenido de los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción II, inciso c), y 63, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 183, 184, 188, 189, 190 y 191, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. [.] III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 6. Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, participar en la vida política del Estado, en la forma y términos que señalen las leyes II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses: c) Desempeñar preferentemente cualquier empleo del Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que la ley exija para cada caso". "Artículo 63. Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo General, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces que sean reelectos sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial dictado en los términos que establezca la ley. En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 183. El ingreso y promoción para las categorías de Juez de Primera Instancia, especializados y mixtos, se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado. En los concursos internos de oposición para la plaza de Juez de Primera Instancia Especializado, únicamente podrán participar los jueces de primera instancia mixtos. Para los concursos internos de plaza de Juez Mixto de Primera Instancia, podrán participar el Secretario General de Acuerdos de Tribunal, el Subsecretario General de Acuerdos de Tribunal, los secretarios relatores de magistrados, los secretarios de acuerdos de Sala, los secretarios de juzgado de primera instancia, los notificadoree (sic), actuarios y los jueces menores y de paz. El Consejo General del Poder Judicial del Estado tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado". "Artículo 184. Los concursos de oposición para el ingreso a las categorías de Juez Especializado o Juez Mixto de Primera Instancia, se sujetarán al siguiente procedimiento: I. El Consejo General del Poder Judicial del Estado emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Boletín Judicial, y en tres de los diarios de mayor circulación en el Estado. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de concurso abierto de oposición o de concurso interno de oposición. La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios; II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa. De entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones; III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado, mediante preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función que se les encomendaría. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante. Al llevar a cabo su evaluación, el Jurado tomará en consideración los cursos y estudios que haya realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto; y IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del Jurado declarará quienes son los concursantes que hubieren resultado aprobados y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo General para que expida los nombramientos respectivos y los publique en el Boletín Judicial del Estado". "Artículo 188. El Jurado encargado de los exámenes orales se integrará por: I. Un miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, quien lo presidirá; II. Un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; III. Un Juez de Primera Instancia ratificado; y IV. El titular del Instituto de Formación y Actualización Judicial. Por cada miembro titular se nombrará un suplente designado en los términos que señale el reglamento correspondiente." "Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces especializados y mixtos de primera instancia y jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción". "Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente". "Artículo 191. Tratándose del cambio de adscripción de jueces, se considerarán los siguientes elementos: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que hayan realizado; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. Los resultados de las visitas de Inspección; V. La disciplina y el desarrollo profesional; VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción". Del primer artículo se observa que el nombramiento de jueces y magistrados locales debe otorgarse preferentemente a quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los numerales de la Constitución Local disponen que la participación en la vida política del Estado recae en los ciudadanos, quienes gozan de la prerrogativa de desempeñar cualquier cargo siempre que cumplan con los requisitos legales para hacerlo, y tratándose de jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a partir de los criterios, requisitos y procedimientos establecido en la ley, por un periodo de cuatro años sujeto a reelección. En tanto los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecen que el ingreso para ocupar el cargo de juez de primera instancia especializado debe realizarse a través de concurso interno de oposición, en el que podrán participar jueces de primera instancia mixtos, mismo que se abrirá previa convocatoria señalando las categorías y bases de participación y los aspirantes deberán solventar un examen escrito, un caso práctico, un examen oral y público, para finalmente ser evaluados por un jurado que se integrará con las personas indicadas en el numeral 188 de dicha ley. Señalan que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco asignar la competencia territorial y órganos en que ejercerán funciones los jueces especializados y mixtos, pudiendo readscribirlos discrecionalmente cuando la necesidad del servicio lo requiera, y en tanto sea posible, se establecerán bases para que los jueces elijan plaza y materia. Si para la primer adscripción hubieren varias vacantes y distintos aspirantes están interesados en ocupar determinada plaza, ésta se concursará tomando en cuenta la calificación, la antigüedad en el Poder Judicial, el desempeño en éste y el nivel de estudios de cada uno de los interesados; tratándose de este mismo supuesto y la readscripción de funcionarios, se considerarán los elementos establecidos en el numeral 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para definir quién de ellos será enviado al órgano judicial en disputa. Luego, al encontrarse relacionada con el tema a dilucidar, conviene traer a colación la teoría de los derechos adquiridos, en la cual se distinguen éstos de las simples expectativas, estableciendo que los primeros son aquéllos por virtud de los cuales se introduce un bien, una facultad o un provecho a la esfera jurídica de una persona; en cambio, las expectativas son una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esta diferencia es relevante antes de imputar a una autoridad una omisión, acto o disposición legal, para determinar si dicha actuación afecta un derecho legalmente tutelado a favor de las personas o únicamente se trata de una expectativa que, al depender de la actualización de diversos factores que no se concretan, no se puede considerar transgresora de algún derecho fundamental, sino únicamente la posibilidad de que adquiriera una situación tutelada por la ley, sin embargo, no se actualizó por estar sujeta a condición diversa. Se cita el criterio: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado". (Época: Séptima Época, Registro: 232511, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis sin número, Página: 53). Lo anterior es relevante, porque si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no son susceptibles de ser analizadas a través del presente medio de control constitucional, porque éste tutela derechos subjetivos reconocidos por la ley, no meras expectativas de derecho. En ese contexto, la readscripción del tercero interesado Daniel Espinosa Licón al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I, por necesidades del servicio, omitiendo tomar en cuenta la lista de jueces designados y adscritos para cumplimentar los requerimientos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, en cuyo número doce se encuentra el quejoso, por una parte, no afecta derechos fundamentales adquiridos, ya que éste no tiene a su favor alguna preferencia para estimar que debe ser asignado a ese órgano judicial, en lo particular. Se dice así, porque conforme al acuerdo derivado de la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el doce de marzo de dos mil quince, se aprobó que se integrara una lista en reserva estratégica de noventa y seis Jueces, como consecuencia de un concurso, algunos de ellos designados y adscritos en esa misma fecha a los diversos Distritos Judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, a quienes se estableció que se les expediría nombramiento en cuanto el Consejo de la Judicatura lo determinara conveniente e iniciarían el ejercicio de sus funciones cuando se les otorgara adscripción y tomaran posesión del órgano. De esta manera, no existe disposición que justifique el alegato del quejoso en el sentido de que corresponde a él la adscripción al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, y que tiene un derecho prelativo al del tercero interesado Daniel Espinosa Licón o en contraposición de todos los demás Jueces en el Estado de Jalisco que tengan las capacidades para ejercer el cargo vacante. Pues, conforme a lo determinado en el acuerdo plenario de doce de marzo de dos mil quince donde se le incluyó en la lista definitiva de aspirantes aprobados, se le designó y adscribió al Distrito Judicial de Tonalá, Jalisco; el nombramiento y órgano de adscripción que corresponde al impetrante se determinará cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lo determine conveniente, es decir, constituye una facultad a ejercer a juicio de esa autoridad y siempre que existan las vacantes, pues de lo contrario se llegaría al absurdo de tener que crear un juzgado por cada elemento humano que se encuentre en lista y que sean éstos quienes, conforme a su elección, determinen a qué adscripción deberán ser asignados. Además, al no existir una orden expresa de elegir a cualquiera de los jueces aprobados para ser adscritos, en perjuicio de los Jueces con mayor antigüedad, la autoridad responsable cuenta con la atribución de asignar a quien por su competencia, probidad y tiempo de servicio estime idóneo para ocupar una plaza, como sucedió en el presente caso, ya que el análisis de la readscripción de Daniel Espinosa Licón, realizado líneas arriba, evidencia que se motivó su designación en uso de las facultades discrecionales que otorga al propio consejo el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto es, atendiendo a las necesidades del servicio. Ciertamente, el nombramiento otorgado al tercero interesado se dio a la luz de que se trataba de la persona idónea para ocupar un lugar como Juez Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Partido con sede en Tonalá, Jalisco, con base en los criterios establecidos en el artículo 189 invocado, los cuales no resultan aplicables aún a los jueces que no se encuentran en funciones, en aras del interés público que se debe salvaguardar. Sin que ello implique vulnerar el derecho a su promoción en condiciones equitativas, pues lo cierto es que sólo los jueces ya designados se encuentran en las mismas condiciones para ser readscritos, siendo facultad de la autoridad responsable elegir a quien estime para nombrarlo en una vacante determinada. Todo lo anterior, en concordancia con el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, base de la convocatoria a través de la cual el quejoso fue agregado a la lista de reserva de Jueces especializados (Control y Juicio Oral), el cual establece que para el nombramiento de esos elementos tendrá que darse la vacante correspondiente. Así pues, analizada la lista definitiva de aspirantes aprobados en la que aparece el quejoso, inclusive, la lista de los veintiocho ciudadanos designados y adscritos como Jueces Especializados en Procedimiento Penal Acusarorio y Oral, no se advierte que se haya concedido al impetrante algún derecho o prelación para ocupar la plaza del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, mucho menos que tenga derecho a ser nombrado y adscrito a ese lugar con preferencia al tercero interesado o a cualquier otro de los Jueces ya designados en el Estado de Jalisco. En esta parte debe indicarse, el hecho de que el promovente se encuentre registrado en la lista de reserva estratégica de la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, hubiere sido designado y adscrito al Distrito Judicial I en procedimiento penal acusatorio y oral, únicamente representa la posibilidad de que tome posesión de algún órgano dentro de esa jurisdicción, en su oportunidad, ya que incluso, en el listado de Jueces designados y adscritos aprobado en la misma sesión, se observa que le concedieron el número consecutivo doce de los veintiocho incluidos, sin establecer una fecha posible de inicio de funciones, ni el órgano al cual se asignaría. Por ende, no asiste razón al impetrante cuando aduce que tiene un derecho adquirido y preferente para ocupar el lugar en el cual se readscribió al tercero interesado de cita, pues del acuerdo correspondiente no se desprende que el consejo le otorgara esa prelación; máxime cuando, como se dijo, la readscripción en comento se aprobó atendiendo a las necesidades del servicio expuestas por la autoridad en el acuerdo plenario de veintidós de febrero de dos mil diecisiete y en uso de las facultades discrecionales que otorga el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, no en torno a algún procedimiento donde se hubieren ponderado los elementos establecidos en los numerales 190 y 191 de la misma ley, para evaluar la asignación de una primer adscripción o la readscripción a una vacante entre varios interesados en ocuparla, es decir, no fue a modo concursal. Así, se concluye que los actos combatidos no trascienden a un derecho incorporado en la esfera jurídica del impetrante, sino que obedecen a simples expectativas pretendidas por éste al encontrarse en la lista de Jueces en reserva estratégica y haber sido designado y adscrito al Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, cabe decir, en espera de que se determine su órgano y fecha de asignación. De ahí que, como se adelantó, son infundados sus conceptos de violación, ya que los hace descansar en la existencia de un derecho que estima restringido, pero que no le fue conferido. De ahí que, como se ha venido señalando, la designación del tercero interesado omitiendo considerar la lista de veintiocho jueces designados y adscritos para cumplimentar los requerimientos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, no vulnera el principio de estabilidad de las resoluciones administrativas que refiere el quejoso, ya que no le asiste preferencia para estimar que debe nombrársele en primer orden y en contraposición de otros Jueces ya designados. Lo cierto es que, tanto en las bases de la Convocatoria donde participó y resultó vencedor, como en el propio resultado final, se dejó establecido con claridad que se expediría su nombramiento cuando el Consejo de la Judicatura lo determinara conveniente e iniciaría el ejercicio de sus funciones en tanto le fuera asignada adscripción y tomara posesión del órgano, es decir, se trata de una facultad a ejercer a juicio de esa autoridad, no así de un derecho adquirido en forma actual para que pretenda se le asigne con prioridad de cualquier otra persona en el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, motivo por el cual se califican de tal manera los disensos expuestos. Se cita la jurisprudencia: "ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. El citado precepto constitucional regula, entre otros supuestos, la prerrogativa de los ciudadanos a ser nombrados para cualquier empleo o comisión públicos distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, la cual lleva implícita un derecho de participación, que si bien es ajeno a la materia electoral, también resulta concomitante al sistema democrático, en tanto establece una situación de igualdad para los ciudadanos de la República. Ahora bien, del análisis del artículo 35 constitucional se advierte que, aun cuando se está ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, esto no significa que su desarrollo sea completamente disponible para él, ya que la utilización del concepto "calidades" se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia, contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordenan que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; de lo que se concluye que la Ley Fundamental impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible a dichos principios para el acceso a la función pública, de manera que deben considerarse violatorios de tal prerrogativa todos aquellos supuestos que, sin esa referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos mexicanos". (Época: Novena Época, Registro: 177102, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 123/2005, Página: 1874). Por otra parte, en el quinto motivo de inconformidad la parte quejosa refiere que los actos reclamados vulneran los derechos reconocidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se sustenta en el hecho de que se le debió dar a conocer personalmente el contenido de los acuerdos plenarios donde se aprobaron las readscripciones de los terceros interesados, previo a que se ejecutaran, por tratarse de actos privativos que afectan su esfera de derechos. El impetrante considera que los actos reclamados le privan en forma definitiva de los derechos que adquirió a través de la Segunda Sesión Extraordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el doce de marzo de dos mil quince donde se sancionó la lista definitiva de aspirantes aprobados relativa a los noventa y cinco ciudadanos seleccionados, reconociéndole el lugar cuarenta y cuatro, así como designándolo y adscribiéndolo como Juez Especializado en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral al Distrito Judicial I, en el número doce de la lista de veintiocho ciudadanos asignados a dicha sede. De manera que los actos reclamados, aduce, son privativos porque tienen como efecto menoscabar su esfera de derechos adquiridos e inherentes a la designación y adscripción que le fue otorgada previamente al cambio o readscripción del tercero interesado Daniel Espinosa Licón en el lugar que corresponde al impetrante (Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial), sin que legalmente pueda recurrir esa determinación, aportar pruebas o alegar lo que a su derecho convenga, dado que las determinaciones que cuestiona no le fueron notificadas de manera personal con anticipación a que fueran ejecutadas. Son inoperantes estos argumentos. Respecto al tema, en líneas anteriores se estableció que al impetrante no le asiste un derecho preferente al del tercero interesado Daniel Espinosa Licón para ser asignado al órgano judicial que se ha venido refiriendo y tampoco posee un derecho adquirido en torno a tal adscripción, sino que se trata de expectativas pretendidas por éste al encontrarse en la lista de Jueces en reserva estratégica y haber sido designado y adscrito al Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, en espera de que se determine su órgano y fecha de asignación. De ahí que, como se adelantó, los alegatos expuestos son inoperantes, porque el quejoso parte de una premisa falsa para construirlos. Se cita la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (l0a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes". (Época: Décima Época, Registro: 2008226, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo IL Materia(s): Común, Tesis: XVII10.C.T J/5, Página: 1605). Así las cosas, se NIEGA el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ ante la infundado de los conceptos de violación y toda vez que los actos reclamados no se fundan en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, ni se advierte en contra del quejoso violación manifiesta de la ley o tratado internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano que lo hayan dejado sin defensa, circunstancias que obligarían a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo. (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ respecto a los actos de autoridad precisados en el considerando 2, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando 7 de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.Sentencia que pronuncia el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco: (1) Vistos los autos del juicio de amparo 1162/2017 promovido por CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ por derecho propio contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y otras autoridades; y (2) Resultando 1. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Federal, CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación, el Presidente y el Secretario General, todos de dicho consejo; de quiénes reclamó: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Bajo protesta de decir verdad" manifiesto que los actos reclamados a cada autoridad resultan ser: De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación, respectivamente, del acuerdo plenario mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón a los Juzgados Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdo Plenario de marras aprobado en la octava sesión ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación, respectivamente, del cambio de adscripción y/o readscripción de la tercera interesada Alejandra Pimienta Encinas al Juzgado Décimo Especializado en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, cambio de adscripción y/o readscripción de marras del que manifiesto "bajo protesta de decir verdad" que ignoro la fecha así como en que sesión del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue aprobado, y sin que hasta el día de hoy dicho acto reclamado no haya sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la publicación, así como la ejecución del acuerdo plenario mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón a los Juzgados Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdo Plenario de marras aprobado en la octava sesión ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la publicación, así como la ejecución del cambio de adscripción y/o readscripción de la tercera interesada Alejandra Pimienta Encinas al Juzgado Décimo Especializado en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, cambio de adscripción y/o readscripción de marras del que manifiesto "bajo protesta de decir verdad" que ignoro la fecha así como en que sesión del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fue aprobado, y sin que hasta el día de hoy dicho acto reclamado no haya sido notificado al suscrito". Fojas 3 y 4 del juicio de amparo. 2. El once de abril de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 1162/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 3. Mediante ocurso presentado el quince de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ amplió la demanda de amparo contra actos de las autoridades citadas líneas arriba, en específico adicionó: "LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: "Bajo protesta de decir verdad" manifiesto que los actos reclamados a cada autoridad resultan ser: De la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del H. Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, así como del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación y la falta de notificación personal al suscrito, de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la propuesta así como la aprobación y falta de notificación personal al suscrito de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. De los C.C. Presidente y Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, se reclama la ejecución y falta de notificación personal al suscrito de los acuerdos plenarios mediante el cual se determinó readscribir a las terceras interesadas Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y, en concreto, a Daniel Espinosa Licón, a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del I Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, hasta que el Pleno de dicho consejo lo determine; Acuerdos Plenarios de marras que corresponden, respectivamente: En lo relativo a Alejandra Pimienta Encinas, mediante acuerdo plenario SO.41/2016A112DPAF, STJ y P aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a María Gloria Sepúlveda Bernabé, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A108DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito. En lo relativo a Daniel Espinosa Licón, mediante acuerdo plenario SO.08/2017A122DPAF, STJ y P aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebrada el 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete; manifestando "bajo protesta de decir verdad" que hasta el día de hoy, dicho acto reclamado no ha sido notificado al suscrito". Fojas 254 a 256 del juicio de amparo. 4. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete se admitió la citada ampliación; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se celebró el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete en términos del acta que antecede. 5. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, misma que fue recurrida por la parte quejosa; de dicho recurso tuvo conocimiento el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que resolvió dentro del amparo en revisión 843/2017 lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO: Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de garantías 1162/2017, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en el estado de Jalisco, parea los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este fallo". Foja 567 del juicio de amparo. 6. Por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó reponer el procedimiento en cumplimiento a la citada ejecutoria y se tuvo como tercero interesado a José Luis Álvarez Pulido, Titular del Juzgado Décimo Primero Especializado en Control y Juicio Oral del I Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco y se comisionó al Actuario Judicial adscrito a fin de que lo emplazara al presente juicio de amparo. 7. Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, misma que fue recurrida por la parte quejosa; de dicho recurso tuvo conocimiento el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el que resolvió dentro del amparo en revisión 441/2018 lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de garantías 1162/2017, del índice del ahora Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este fallo". Foja 730 vuelta del juicio de amparo. 8. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó reponer el procedimiento en cumplimiento a la citada ejecutoria y se tuvo como terceros interesados a Felipe de Jesús Rivera Gallegos y Venustiano Romos Ibarra titulares de los Juzgados Décimo y Décimo Segundo Especializados en Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes, adscritos al Centro de Justicia Penal del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco, y se comisionó al Actuario Judicial adscrito a fin de que los emplazara al presente juicio de amparo. (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, porque el acto se atribuye a autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de garantías. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P.VI/2004, número de registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y la ampliación propuesta se advierten como actos reclamados: Los acuerdos plenarios de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en los cuales se determinó readscribir a los terceros interesados a los Juzgados Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo Especializados en Control y Juicio Oral, del Distrito Judicial I, con sede en Tonalá, Jalisco. Lo cual reprocha al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y a la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación de dicho consejo. La ejecución de la determinación aprobada en los acuerdos referidos. Actuación atribuida al Presidente y el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Es menester indicar: con independencia que el quejoso también señale como actos reclamados la propuesta y aprobación de las readscripciones combatidas, así como el acto de su publicación; se tiene que, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, deben analizarse en conjunto, como parte del procedimiento que culminó con la emisión de los acuerdos plenarios reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rótulo: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". Además, no se tendrá como acto destacado lo que el quejoso refiere como: la falta de notificación personal de los acuerdos plenarios reclamados. En razón de que esa inconformidad realmente constituye un incipiente concepto de violación elevado contra los actos combatidos para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad; ello, sin perjuicio de que, con posterioridad, y de ser procedente, se analicen dichos argumentos en el apartado correspondiente de la presente sentencia. Es aplicable la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 223603, de título: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la propia fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia XVII.2º. J/10, con número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rótulo "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son ciertos los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la Comisión de Carrera Judicial de Adscripción y Evaluación, el Presidente y el Secretario General, todos de dicho consejo; tal como lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Se cita la tesis: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Quinta Época. Registro: 917812. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 278. Página: 231). La certeza de los actos se corrobora con las copias certificadas de los acuerdos relativos a las sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco celebradas el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete, a través de las cuales se aprobó el cambio de adscripción de Alejandra Pimienta Encinas, María Gloria Sepúlveda Bernabé y Daniel Espinosa Licón, para ocupar los cargos de Jueces Especializados en sendas Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondientes al Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco, las primeras dos, en tanto el último se readscribió al Juzgado Décimo Segundo Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito con la misma sede, correspondiente al Primer Partido Judicial. Documentos que obran agregados al juicio de amparo al haberse aportado por las autoridades responsables, los cuales adquieren plena eficacia demostrativa conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de constancias certificadas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, por lo que hacen prueba plena de su contenido. Asimismo, de la consulta que se realiza a la página de internet oficial del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: http://cjj.gob.mx/pages/conocenos/diretorio, se advierte que actualmente el titular del Juzgado Décimo Primero Especializado en Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en Tonalá, Jalisco, es José Luis Álvarez Pulido antes Juzgado Décimo Primero Especializado en Control y Juicio Oral del I Distrito Judicial, con sede en Tonalá, Jalisco. Lo anterior, constituye un hecho notorio, acorde a lo establecido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la información publicada en documentos de redes informáticas oficiales forma parte del conocimiento público. Son aplicables las tesis: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". (Época: Novena Época. Registro: 168124. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009. Materia(s): Común. Tesis: XX.2o. J/24. Página: 2470). "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". (Época: Décima Época. Registro: 2004949. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373). 4. La presentación de la demanda es oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiocho de marzo al veinte de abril de dos mil diecisiete; y, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo el diez de abril del mismo año. Lo anterior, toda vez que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete -foja 6-, por lo que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del juicio de amparo comenzó a correr al día siguiente al en que se ostentó sabedor de los mismos, dado que en actuaciones no obra constancia que contradiga sus manifestaciones. Entonces, del plazo deben descontarse los días uno, dos, ocho, nueve y doce al quince de abril de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la presentación de la ampliación demanda también es oportuna, pues el plazo relativo transcurrió del veintisiete de abril al diecinueve de mayo de dos mil diecisiete; y, la adición fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo el quince de mayo del mismo año. Es así, tomando en cuenta que el quejoso fue notificado del acuerdo que ordenó darle vista para ampliar respecto a diversas constancias el veinticinco de abril de dos mil diecisiete -foja 109-, por lo que conforme al artículo 18 de la ley de la materia, el plazo para la interposición del juicio de amparo comenzó a correr al día siguiente al en que surtió efectos la notificación. Descontando los días veintinueve y treinta de abril, así como el uno, cinco al siete, trece y catorce de mayo de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. 5. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62 de la ley de la materia. Las autoridades responsables al rendir informe en relación con la demanda de amparo y su ampliación, manifestaron que en el caso opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues consideran que la circunstancia de que el quejoso haya aprobado el concurso de Juez para cumplimentar la implementación del nuevo Sistema Acusatorio en Materia Penal, no le genera un derecho adquirido a ser designado como Juez de primera instancia, pues el hecho de haber aprobado el examen de oposición para jueces en juicios orales en materia penal, únicamente le otorga el carácter de aspirante reconocido, de modo que sólo cuenta con una expectativa de derecho. Debe ponderarse que para dar respuesta a la causa invocada, necesariamente se tendría que examinar si los actos que se reclaman en sede constitucional afectan o no la esfera de derechos del quejoso, lo cual no es posible llevar a cabo en este momento, sino hasta que se resuelva en el fondo del asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". (Época: Novena Época, Registro: 187973, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5). Al no existir otras causales de improcedencia que se hagan valer o que se adviertan de oficio, se procede al análisis del fondo del asunto. 6. No habrán de reproducirse los conceptos de violación, al no ser una exigencia legal su transcripción, tal como lo estima la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". 7. Por cuestión de método y conforme autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, algunos de los argumentos expuestos en la demanda y el escrito de ampliación se estudiarán de manera conjunta, dada la íntima relación que guardan, ello con la finalidad de abordar la cuestión efectivamente planteada. Sustenta el anterior razonamiento, la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". (Época: Décima Época, Registro: 2011406, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Página: 2018). Mediante los conceptos de violación identificados como primero y segundo se expone que de los acuerdos plenarios aprobados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete se colige una fundamentación deficiente y la ausencia total de motivación, en síntesis, porque no se señala cuáles son las necesidades del servicio que motivaron los cambios de adscripción de los terceros interesados al Distrito Judicial I, con sede en Tonalá, Jalisco, en contravención a lo dispuesto por el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Además, que tampoco se analizan los elementos previstos en el artículo 191 de la ley mencionada, ni se expone la valoración de cada uno de ellos en forma taxativa, lo cual incide en la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son infundados estos disensos. Conforme al principio de seguridad jurídica dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna, todo acto de molestia requiere estar fundado y motivado. Entendiéndose por lo primero la expresión de los artículos aplicables al caso, y por lo segundo la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Entonces, dicho principio se cumple: a) con la existencia y cita de una norma legal que atribuya a la autoridad la facultad para actuar en determinado sentido, y la actuación de ésta en la forma exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir, con claridad, que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, se justifique con plenitud el actuar de la autoridad. Ahora, respecto al tema, los artículos 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecen: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces especializados y mixtos de primera instancia y jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción". "Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente". "Artículo 191. Tratándose del cambio de adscripción de jueces, se considerarán los siguientes elementos: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que hayan realizado; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. Los resultados de las visitas de Inspección; V. La disciplina y el desarrollo profesional; VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción". Como se observa, las disposiciones trasuntas refieren que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco tiene atribuciones para ordenar la adscripción o readscripción de Jueces de Primera Instancia cuando las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello, no obstante que al momento de tomar la determinación respectiva exista más de una vacante. En aquellos casos en que para la adscripción de Jueces de Primera Instancia haya varias plazas vacantes, el Consejo de la Judicatura deberá atender a los elementos establecidos en los artículos 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco --el último concerniente a las readscripciones-- salvo que el movimiento respectivo se realice atendiendo a las necesidades del servicio. Por tanto, existen dos supuestos para determinar una adscripción o readscripción, a saber: a) el que privilegia la posibilidad de que a los Jueces, ante la existencia de varias vacantes y varios interesados en ocupar una misma de ellas, se les permita participar en un procedimiento para determinar quién tiene mejor derecho a ocuparla; y, b) el que obedece exclusivamente a las necesidades del servicio y, por ende, excluye el desarrollo del procedimiento a que se refiere el inciso anterior. El primer supuesto opera por regla general, en tanto el segundo constituye un caso de excepción a dicha regla, según lo podemos desprender de los dos últimos párrafos del artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, donde se indicó que el Consejo asignará la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces, entre otros supuestos: "siempre que las necesidades del servicio así lo requieran". Por estas razones, cuando se trata de examinar la legalidad de una resolución que ha decretado una adscripción o readscripción de un servidor público, debe distinguirse bajo qué supuesto se encuentra, pues son distintas las condiciones que deben cumplirse y los requisitos legales a satisfacer, dependiendo del caso en el que nos encontremos, pues el resultado al que se puede llegar en cada uno de ellos puede ser distinto. Así, es necesario tener presente una parte importante de los actos reclamados, la cual es del tenor siguiente: "En la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Maestro Jorge García González pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente cambio de adscripción de la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, quien se encontraba como titular del Juzgado Mixto de Atotonilco el Alto, correspondiente al Tercer Partido Judicial, sea readscrita a las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondiente al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco; lo que somete a consideración de este Pleno. [.] Lo que se pone a consideración del Pleno el dictamen en relación a la readscripción de la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, como Juez adscrita a las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondiente al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 01 primero de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y hasta que el Pleno de este Consejo lo determine, lo anterior por necesidades del servicio, para lo que tenga a bien determinar. [.] Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 136, 139, 148, 189, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se readscribe a la Licenciada Alejandra Pimienta Encinas, al Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 01 primero de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis y hasta que el Pleno de este Consejo lo determine, lo anterior por necesidades del servicio". "En la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Licenciado Eduardo Moel Modiano, en su carácter de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente dictamen de cambio de adscripción de la Licenciada María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 1° primero de marzo del año en curso, lo anterior en base a lo establecido por el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los resultados estadísticos de dichos juzgados, lo que somete a consideración de este Pleno. Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco". "En la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el 22 veintidós de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, se derivó el siguiente acuerdo: El Consejero Licenciado Eduardo Moel Modiano, en su carácter de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, pone a consideración de este H. Pleno por razones del servicio el siguiente dictamen de cambio de adscripción aprobado en la Séptima Sesión Ordinaria de dicha comisión, respecto del Licenciado Daniel Espinosa Licón, titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán el Grande, Jalisco al Juzgado Décimo Segundo Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito con sede en Tonalá, Jalisco, a partir del 1° primero de marzo del año en curso, lo anterior en base a lo establecido por el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los resultados estadísticos de dichos juzgados, estableciendo que es importante hacer mención que el Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, El Grande, Jalisco, quedará integrado a partir de esta fecha con tres jueces; lo que somete a consideración de este Pleno. [.] Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a Daniel Espinosa Licón, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, el Grande, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco". (Realce ajeno al texto) Conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo, para determinar una readscripción el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco debe precisar a qué supuesto normativo obedece su decisión, es decir, si la asignación de las vacantes se sujeta a un análisis y posterior dictamen comparativo entre los interesados en ocupar una determinada plaza, o bien, si aquélla obedece exclusivamente a las necesidades del servicio. De la anterior transcripción se evidencia que la autoridad responsable sustentó en las necesidades del servicio los cambios de adscripción aprobados, al establecer de forma expresa en cada uno de los movimientos de personal cuestionados, que dichas necesidades ameritaban llevar a cabo una readscripción de jueces. Entonces, es inconcuso que no se encontró obligado a justificar su decisión ponderando los elementos dispuestos en cada una de las fracciones del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues como se dijo, ello sólo lo requiere la normatividad tratándose de la asignación de vacantes de manera comparativa entre dos o más interesados en ocupar una determinada plaza, pero no en el supuesto que nos ocupa. Por lo tanto, es infundado del argumento expuesto por el quejoso al referir que las autoridades omitieron analizar los elementos previstos en el numeral invocado, así como valorar cada uno de ellos en forma taxativa, ya que las autoridades no están obligadas a tomar en cuenta dichos presupuestos para autorizar los cambios de adscripción derivados de las necesidades del servicio, ni a justificar en ese sentido sus determinaciones. Ahora bien, en torno a la alegación que postula una fundamentación deficiente y la ausencia total de motivación, porque en los actos reclamados no se señala cuáles son las necesidades del servicio que motivaron los cambios de adscripción de los terceros interesados, también se concluye ineficaz. Se dice lo anterior, porque a partir de la lectura de los acuerdos plenarios aprobados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y veintidós de febrero de dos mil diecisiete se aprecia que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, fundó y motivó las necesidades del servicio para readscribir directamente a los terceros interesados a los órganos jurisdiccionales a los que fueron enviados, al establecer: a) En lo que toca a Alejandra Pimienta Encinas: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en el cual se le otorga la facultad a este Consejo de la Judicatura para implementar los mecanismos y acomodo de su personal, con la finalidad de otorgar a los justiciables una mejor calidad, motivo por el cual, cumpliendo los requisitos que marca la ley antes mencionada, la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, así como el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, tiene por realizar el siguiente estudio [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales en el Primer Distrito con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Tal como ha quedado demostrado en la estadística que antecede, las Salas de Control y Juicio Oral Penal correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, al ser de nueva creación resultado de la reforma al Código Nacional Penal del 2008 dos mil ocho, cuentan con una carga laboral de la cual refleja la necesidad del cambio de adscripción del titular en cuestión y es la persona ideal para ocupar el cargo, ya que cuenta con los requisitos necesarios para combatir la carga laboral que contiene el Juzgado tal como se desprende de la estadística que antecede". b) Por cuanto a María Gloria Sepúlveda Bernabé, la cual, como se dijo anteriormente, posteriormente fue sustituida por José Luis Álvarez Pulido: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a María Gloria Sepúlveda Bernabé, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Segundo Penal del Vigésimo Partido Judicial con sede en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco [.]. Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción. De conformidad con los artículos 14, 16, 17, 21, 116, segundo párrafo, 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 14, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 72 y 116, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, tanto como los dispositivos 2, 3, último párrafo, 4, 5, 8, 136, 137, 139, 140, 148, fracciones I, IV, V, XVII y XXXIV, 152, 154, 155, 157, 159, 189, 191 y 207 al 213 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como el reglamento relativo a dicha ley, en los artículos 4, 5 y 6 [.] Análisis del concepto "Cambio de adscripción por necesidades del servicio". Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio se entiende, como la facultad que posee el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través del mismo actuando en Pleno, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en el artículo 23 fracciones XXV, 189, 191, 207, 208 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Después de lo anterior, es importante resaltar la cantidad de trabajo que actualmente ostentan las Salas Orales en Justicia Penal y a la vez la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a este sistema, para salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos". c) En relación con Daniel Espinosa Licón: "Tomando en cuenta lo dispuesto por los numerales 189 y 191 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 67 del Reglamento Interno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para cumplir y preservar los postulados de prontitud, expedites, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, transparencia y honestidad, precisados en la Constitución Federal y local, con las finalidades ahí mismo anotadas, se considera necesario llevar a cabo una readscripción de jueces, proponiendo dictamen relativo a la procedencia del cambio de adscripción por necesidades del servicio a Daniel Espinosa Licón, quien actualmente se desempeña como titular del Juzgado Especializado de Control y Juicio Oral y Adolescentes del Sexto Distrito Judicial con sede en Zapotlán, el Grande, Jalisco, para fungir como Juez en las Salas de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco[.]. Fundamento jurídico aplicable a los cambios de adscripción. De conformidad con los artículos 14, 16, 17, 21, 116, segundo párrafo, 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 14, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 72 y 116, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, tanto como los dispositivos 2, 3, último párrafo, 4, 5, 8, 136, 137, 139, 140, 148, fracciones I, IV, V, XVII y XXXIV, 152, 154, 155, 157, 159, 189, 191 y 207 al 213 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como el reglamento relativo a dicha ley, en los artículos 4, 5 y 6 [.] Análisis del concepto "Cambio de adscripción por necesidades del servicio". Conforme a las disposiciones ya apuntadas, el cambio de adscripción por necesidades del servicio se entiende, como la facultad que posee el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través del mismo actuando en Pleno, para determinar el cambio de su personal de acuerdo a las necesidades institucionales para la consecución de las metas y objetivos que tiene encomendados, sin perjuicio de sus derechos laborales. El cambio de adscripción por necesidades del servicio, para el caso del personal de carrera está previsto en el artículo 23 fracciones XXV, 189, 191, 207, 208 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco [.] Estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco. [.] Después de lo anterior, es importante resaltar la cantidad de trabajo que actualmente ostentan las Salas Orales en Justicia Penal y a la vez la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a este sistema, para salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos". Fojas 63 a 97 del juicio de amparo. Con tales apuntes, es de concluir que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco fundó y motivó suficientemente los acuerdos reclamados, al establecer los preceptos legales en los que se le otorga la facultad de readscribir a los funcionarios a su cargo, en específico, el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entre otros; así como indicar los motivos principales que le llevaron a considerar la existencia de una necesidad en el servicio que exige tomar medidas eficaces para atenderla de manera preponderante, como lo es el incremento de la carga de trabajo reflejada en las estadísticas de funcionamiento de las salas orales penales correspondientes al Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá, Jalisco, las cuales reprodujo en los dictámenes que se analizan y expuso como una causa fundada y suficiente para ordenar la readscripción de los terceros interesados. Adicionalmente, de las transcripciones realizadas se advierte que la autoridad también justificó su decisión en la necesidad de adscribir mayor cantidad de Jueces a ese sistema (acusatorio oral) con el fin de salvaguardar el debido proceso y la mejor implementación de justicia para los ciudadanos, y de los propios acuerdos se colige que evaluó a los propuestos estimando que eran las personas idóneas para tales asignaciones por la experiencia profesional, los resultados que reflejaron en los órganos jurisdiccionales de su anterior adscripción, así como la preparación académica con la que contaban a esa fecha, calificándolos entonces como Jueces de experiencia y preparación bastante para combatir la exigencia laboral que representan dichos órganos de reciente creación. En tales condiciones, la autoridad cumple los requisitos para que se considere fundada y motivada su actuación, pues en los acuerdos reclamados expresó los dispositivos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que motivaron su emisión, existiendo adecuación entre éstos, con lo cual se evidencia que su emisión fue en estricto apego al principio de seguridad jurídica. De ahí lo infundado del argumento estudiado. Luego, se dijo que en los disensos tercero y cuarto se argumenta la vulneración del principio de estabilidad de las resoluciones administrativas, porque mediante los actos reclamados las autoridades responsables postergan, relegan, exceptúan y/o pasan por alto al quejoso, no obstante que goza de la calidad de Juez designado y adscrito con el número doce de prelación para tomar protesta y ser asignado al Juzgado Décimo Segundo del Distrito Judicial I, en lo particular. Que sin tomar en cuenta esa determinación, las autoridades readscriben al tercero interesado Daniel Espinosa Licón a dicho órgano judicial, con base en la omisión de aplicar correctamente un concepto jurídico indeterminado o flexible denominado "necesidades del servicio", sin acreditar la existencia de causa fundada y suficiente para ello y sin que hubieren cambiado las circunstancias en las que se otorgó ese derecho previamente al impetrante. Situación que pone en entredicho el respeto a los aducidos principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque una vez que el acto administrativo se ha emitido y ha producido sus efectos, su autor ya no puede disponerlo en forma ilimitada por una exigencia superior de la vida social, la seguridad de las relaciones jurídicas y la estabilidad de los actos que la engendran, por tanto, su revocación tiene un límite y es inadmisible cuando el acto original ha engendrado derechos adquiridos o patrimoniales. Los motivos de disenso expuestos son infundados. De entrada, es preciso tener en cuenta el contenido de los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción II, inciso c), y 63, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 183, 184, 188, 189, 190 y 191, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. [.] III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 6. Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, participar en la vida política del Estado, en la forma y términos que señalen las leyes II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses: c) Desempeñar preferentemente cualquier empleo del Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que la ley exija para cada caso". "Artículo 63. Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo General, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces que sean reelectos sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial dictado en los términos que establezca la ley. En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO "Artículo 183. El ingreso y promoción para las categorías de Juez de Primera Instancia, especializados y mixtos, se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado. En los concursos internos de oposición para la plaza de Juez de Primera Instancia Especializado, únicamente podrán participar los jueces de primera instancia mixtos. Para los concursos internos de plaza de Juez Mixto de Primera Instancia, podrán participar el Secretario General de Acuerdos de Tribunal, el Subsecretario General de Acuerdos de Tribunal, los secretarios relatores de magistrados, los secretarios de acuerdos de Sala, los secretarios de juzgado de primera instancia, los notificadoree (sic), actuarios y los jueces menores y de paz. El Consejo General del Poder Judicial del Estado tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado". "Artículo 184. Los concursos de oposición para el ingreso a las categorías de Juez Especializado o Juez Mixto de Primera Instancia, se sujetarán al siguiente procedimiento: I. El Consejo General del Poder Judicial del Estado emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Boletín Judicial, y en tres de los diarios de mayor circulación en el Estado. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de concurso abierto de oposición o de concurso interno de oposición. La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios; II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa. De entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones; III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado, mediante preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función que se les encomendaría. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante. Al llevar a cabo su evaluación, el Jurado tomará en consideración los cursos y estudios que haya realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto; y IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del Jurado declarará quienes son los concursantes que hubieren resultado aprobados y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo General para que expida los nombramientos respectivos y los publique en el Boletín Judicial del Estado". "Artículo 188. El Jurado encargado de los exámenes orales se integrará por: I. Un miembro del Consejo de la Judicatura del Estado, quien lo presidirá; II. Un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; III. Un Juez de Primera Instancia ratificado; y IV. El titular del Instituto de Formación y Actualización Judicial. Por cada miembro titular se nombrará un suplente designado en los términos que señale el reglamento correspondiente." "Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los jueces especializados y mixtos de primera instancia y jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción". "Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente". "Artículo 191. Tratándose del cambio de adscripción de jueces, se considerarán los siguientes elementos: I. Los cursos de enseñanza y capacitación que hayan realizado; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. Los resultados de las visitas de Inspección; V. La disciplina y el desarrollo profesional; VI. El número de resoluciones confirmadas por las Salas del Supremo Tribunal de Justicia; y VII. La cantidad de resoluciones dictadas que resulten infundadas o notoriamente improcedentes o innecesarias, contrarias a lo dispuesto por las leyes procesales o tendientes a retardar el procedimiento, aunque no sean tendientes a favorecer a alguna de las partes. El valor de cada elemento se determinará en el reglamento respectivo y deberá constar en las resoluciones del Consejo de la Judicatura en que se acuerde un cambio de adscripción". Del primer artículo se observa que el nombramiento de jueces y magistrados locales debe otorgarse preferentemente a quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los numerales de la Constitución Local disponen que la participación en la vida política del Estado recae en los ciudadanos, quienes gozan de la prerrogativa de desempeñar cualquier cargo siempre que cumplan con los requisitos legales para hacerlo, y tratándose de jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a partir de los criterios, requisitos y procedimientos establecido en la ley, por un periodo de cuatro años sujeto a reelección. En tanto los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establecen que el ingreso para ocupar el cargo de juez de primera instancia especializado debe realizarse a través de concurso interno de oposición, en el que podrán participar jueces de primera instancia mixtos, mismo que se abrirá previa convocatoria señalando las categorías y bases de participación y los aspirantes deberán solventar un examen escrito, un caso práctico, un examen oral y público, para finalmente ser evaluados por un jurado que se integrará con las personas indicadas en el numeral 188 de dicha ley. Señalan que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco asignar la competencia territorial y órganos en que ejercerán funciones los jueces especializados y mixtos, pudiendo readscribirlos discrecionalmente cuando la necesidad del servicio lo requiera, y en tanto sea posible, se establecerán bases para que los jueces elijan plaza y materia. Si para la primer adscripción hubieren varias vacantes y distintos aspirantes están interesados en ocupar determinada plaza, ésta se concursará tomando en cuenta la calificación, la antigüedad en el Poder Judicial, el desempeño en éste y el nivel de estudios de cada uno de los interesados; tratándose de este mismo supuesto y la readscripción de funcionarios, se considerarán los elementos establecidos en el numeral 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para definir quién de ellos será enviado al órgano judicial en disputa. Luego, al encontrarse relacionada con el tema a dilucidar, conviene traer a colación la teoría de los derechos adquiridos, en la cual se distinguen éstos de las simples expectativas, estableciendo que los primeros son aquéllos por virtud de los cuales se introduce un bien, una facultad o un provecho a la esfera jurídica de una persona; en cambio, las expectativas son una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esta diferencia es relevante antes de imputar a una autoridad una omisión, acto o disposición legal, para determinar si dicha actuación afecta un derecho legalmente tutelado a favor de las personas o únicamente se trata de una expectativa que, al depender de la actualización de diversos factores que no se concretan, no se puede considerar transgresora de algún derecho fundamental, sino únicamente la posibilidad de que adquiriera una situación tutelada por la ley, sin embargo, no se actualizó por estar sujeta a condición diversa. Se cita el criterio: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado". (Época: Séptima Época, Registro: 232511, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Primera Parte, Materia(s): Común, Tesis sin número, Página: 53). Lo anterior es relevante, porque si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no son susceptibles de ser analizadas a través del presente medio de control constitucional, porque éste tutela derechos subjetivos reconocidos por la ley, no meras expectativas de derecho. En ese contexto, la readscripción del tercero interesado Daniel Espinosa Licón al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I, por necesidades del servicio, omitiendo tomar en cuenta la lista de jueces designados y adscritos para cumplimentar los requerimientos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, en cuyo número doce se encuentra el quejoso, por una parte, no afecta derechos fundamentales adquiridos, ya que éste no tiene a su favor alguna preferencia para estimar que debe ser asignado a ese órgano judicial, en lo particular. Se dice así, porque conforme al acuerdo derivado de la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el doce de marzo de dos mil quince, se aprobó que se integrara una lista en reserva estratégica de noventa y seis Jueces, como consecuencia de un concurso, algunos de ellos designados y adscritos en esa misma fecha a los diversos Distritos Judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, a quienes se estableció que se les expediría nombramiento en cuanto el Consejo de la Judicatura lo determinara conveniente e iniciarían el ejercicio de sus funciones cuando se les otorgara adscripción y tomaran posesión del órgano. De esta manera, no existe disposición que justifique el alegato del quejoso en el sentido de que corresponde a él la adscripción al Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, y que tiene un derecho prelativo al del tercero interesado Daniel Espinosa Licón o en contraposición de todos los demás Jueces en el Estado de Jalisco que tengan las capacidades para ejercer el cargo vacante. Pues, conforme a lo determinado en el acuerdo plenario de doce de marzo de dos mil quince donde se le incluyó en la lista definitiva de aspirantes aprobados, se le designó y adscribió al Distrito Judicial de Tonalá, Jalisco; el nombramiento y órgano de adscripción que corresponde al impetrante se determinará cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lo determine conveniente, es decir, constituye una facultad a ejercer a juicio de esa autoridad y siempre que existan las vacantes, pues de lo contrario se llegaría al absurdo de tener que crear un juzgado por cada elemento humano que se encuentre en lista y que sean éstos quienes, conforme a su elección, determinen a qué adscripción deberán ser asignados. Además, al no existir una orden expresa de elegir a cualquiera de los jueces aprobados para ser adscritos, en perjuicio de los Jueces con mayor antigüedad, la autoridad responsable cuenta con la atribución de asignar a quien por su competencia, probidad y tiempo de servicio estime idóneo para ocupar una plaza, como sucedió en el presente caso, ya que el análisis de la readscripción de Daniel Espinosa Licón, realizado líneas arriba, evidencia que se motivó su designación en uso de las facultades discrecionales que otorga al propio consejo el numeral 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto es, atendiendo a las necesidades del servicio. Ciertamente, el nombramiento otorgado al tercero interesado se dio a la luz de que se trataba de la persona idónea para ocupar un lugar como Juez Especializado de Control y Juicio Oral del Primer Partido con sede en Tonalá, Jalisco, con base en los criterios establecidos en el artículo 189 invocado, los cuales no resultan aplicables aún a los jueces que no se encuentran en funciones, en aras del interés público que se debe salvaguardar. Sin que ello implique vulnerar el derecho a su promoción en condiciones equitativas, pues lo cierto es que sólo los jueces ya designados se encuentran en las mismas condiciones para ser readscritos, siendo facultad de la autoridad responsable elegir a quien estime para nombrarlo en una vacante determinada. Todo lo anterior, en concordancia con el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, base de la convocatoria a través de la cual el quejoso fue agregado a la lista de reserva de Jueces especializados (Control y Juicio Oral), el cual establece que para el nombramiento de esos elementos tendrá que darse la vacante correspondiente. Así pues, analizada la lista definitiva de aspirantes aprobados en la que aparece el quejoso, inclusive, la lista de los veintiocho ciudadanos designados y adscritos como Jueces Especializados en Procedimiento Penal Acusarorio y Oral, no se advierte que se haya concedido al impetrante algún derecho o prelación para ocupar la plaza del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, mucho menos que tenga derecho a ser nombrado y adscrito a ese lugar con preferencia al tercero interesado o a cualquier otro de los Jueces ya designados en el Estado de Jalisco. En esta parte debe indicarse, el hecho de que el promovente se encuentre registrado en la lista de reserva estratégica de la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, hubiere sido designado y adscrito al Distrito Judicial I en procedimiento penal acusatorio y oral, únicamente representa la posibilidad de que tome posesión de algún órgano dentro de esa jurisdicción, en su oportunidad, ya que incluso, en el listado de Jueces designados y adscritos aprobado en la misma sesión, se observa que le concedieron el número consecutivo doce de los veintiocho incluidos, sin establecer una fecha posible de inicio de funciones, ni el órgano al cual se asignaría. Por ende, no asiste razón al impetrante cuando aduce que tiene un derecho adquirido y preferente para ocupar el lugar en el cual se readscribió al tercero interesado de cita, pues del acuerdo correspondiente no se desprende que el consejo le otorgara esa prelación; máxime cuando, como se dijo, la readscripción en comento se aprobó atendiendo a las necesidades del servicio expuestas por la autoridad en el acuerdo plenario de veintidós de febrero de dos mil diecisiete y en uso de las facultades discrecionales que otorga el artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, no en torno a algún procedimiento donde se hubieren ponderado los elementos establecidos en los numerales 190 y 191 de la misma ley, para evaluar la asignación de una primer adscripción o la readscripción a una vacante entre varios interesados en ocuparla, es decir, no fue a modo concursal. Así, se concluye que los actos combatidos no trascienden a un derecho incorporado en la esfera jurídica del impetrante, sino que obedecen a simples expectativas pretendidas por éste al encontrarse en la lista de Jueces en reserva estratégica y haber sido designado y adscrito al Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, cabe decir, en espera de que se determine su órgano y fecha de asignación. De ahí que, como se adelantó, son infundados sus conceptos de violación, ya que los hace descansar en la existencia de un derecho que estima restringido, pero que no le fue conferido. De ahí que, como se ha venido señalando, la designación del tercero interesado omitiendo considerar la lista de veintiocho jueces designados y adscritos para cumplimentar los requerimientos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado, no vulnera el principio de estabilidad de las resoluciones administrativas que refiere el quejoso, ya que no le asiste preferencia para estimar que debe nombrársele en primer orden y en contraposición de otros Jueces ya designados. Lo cierto es que, tanto en las bases de la Convocatoria donde participó y resultó vencedor, como en el propio resultado final, se dejó establecido con claridad que se expediría su nombramiento cuando el Consejo de la Judicatura lo determinara conveniente e iniciaría el ejercicio de sus funciones en tanto le fuera asignada adscripción y tomara posesión del órgano, es decir, se trata de una facultad a ejercer a juicio de esa autoridad, no así de un derecho adquirido en forma actual para que pretenda se le asigne con prioridad de cualquier otra persona en el Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, motivo por el cual se califican de tal manera los disensos expuestos. Se cita la jurisprudencia: "ACCESO A EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. El citado precepto constitucional regula, entre otros supuestos, la prerrogativa de los ciudadanos a ser nombrados para cualquier empleo o comisión públicos distintos a los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, la cual lleva implícita un derecho de participación, que si bien es ajeno a la materia electoral, también resulta concomitante al sistema democrático, en tanto establece una situación de igualdad para los ciudadanos de la República. Ahora bien, del análisis del artículo 35 constitucional se advierte que, aun cuando se está ante un derecho de configuración legal, pues corresponde al legislador fijar las reglas selectivas de acceso a cada cargo público, esto no significa que su desarrollo sea completamente disponible para él, ya que la utilización del concepto "calidades" se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia, contenido en el artículo 113, así como con lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordenan que la designación del personal sea mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, del que se desprenden los principios de mérito y capacidad; de lo que se concluye que la Ley Fundamental impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible a dichos principios para el acceso a la función pública, de manera que deben considerarse violatorios de tal prerrogativa todos aquellos supuestos que, sin esa referencia, establezcan una diferencia discriminatoria entre los ciudadanos mexicanos". (Época: Novena Época, Registro: 177102, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 123/2005, Página: 1874). Por otra parte, en el quinto motivo de inconformidad la parte quejosa refiere que los actos reclamados vulneran los derechos reconocidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se sustenta en el hecho de que se le debió dar a conocer personalmente el contenido de los acuerdos plenarios donde se aprobaron las readscripciones de los terceros interesados, previo a que se ejecutaran, por tratarse de actos privativos que afectan su esfera de derechos. El impetrante considera que los actos reclamados le privan en forma definitiva de los derechos que adquirió a través de la Segunda Sesión Extraordinaria del H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el doce de marzo de dos mil quince donde se sancionó la lista definitiva de aspirantes aprobados relativa a los noventa y cinco ciudadanos seleccionados, reconociéndole el lugar cuarenta y cuatro, así como designándolo y adscribiéndolo como Juez Especializado en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral al Distrito Judicial I, en el número doce de la lista de veintiocho ciudadanos asignados a dicha sede. De manera que los actos reclamados, aduce, son privativos porque tienen como efecto menoscabar su esfera de derechos adquiridos e inherentes a la designación y adscripción que le fue otorgada previamente al cambio o readscripción del tercero interesado Daniel Espinosa Licón en el lugar que corresponde al impetrante (Juzgado Décimo Segundo Especializado en Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial), sin que legalmente pueda recurrir esa determinación, aportar pruebas o alegar lo que a su derecho convenga, dado que las determinaciones que cuestiona no le fueron notificadas de manera personal con anticipación a que fueran ejecutadas. Son inoperantes estos argumentos. Respecto al tema, en líneas anteriores se estableció que al impetrante no le asiste un derecho preferente al del tercero interesado Daniel Espinosa Licón para ser asignado al órgano judicial que se ha venido refiriendo y tampoco posee un derecho adquirido en torno a tal adscripción, sino que se trata de expectativas pretendidas por éste al encontrarse en la lista de Jueces en reserva estratégica y haber sido designado y adscrito al Distrito Judicial I con sede en Tonalá, Jalisco, en espera de que se determine su órgano y fecha de asignación. De ahí que, como se adelantó, los alegatos expuestos son inoperantes, porque el quejoso parte de una premisa falsa para construirlos. Se cita la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (l0a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes". (Época: Décima Época, Registro: 2008226, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo IL Materia(s): Común, Tesis: XVII10.C.T J/5, Página: 1605). Así las cosas, se NIEGA el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ ante la infundado de los conceptos de violación y toda vez que los actos reclamados no se fundan en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se controvierten cuestiones que afecten a menores e incapaces, ni se advierte en contra del quejoso violación manifiesta de la ley o tratado internacional suscrito y ratificado por el Estado Mexicano que lo hayan dejado sin defensa, circunstancias que obligarían a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo. (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CUAUHTÉMOC PLAZOLA CHÁVEZ respecto a los actos de autoridad precisados en el considerando 2, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando 7 de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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