Cuauhtémoc Mauro Velázquez Martínez
Expediente 1034/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Mauro Velázquez Martínez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... ".Xalapa, Veracruz, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Cuauhtémoc Mauro Velázquez Martínez, contra actos de la Fiscal Octava especializada en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad y Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1034/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, con número de registro 196196 cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Para el análisis de la presente resolución, se considera importante señalar los actos que en esta vía reclama la quejosa, los cuales hizo consistir en: ".De la autoridad señala como responsable ordenadora se reclama: La negativa u omisión de citar al suscrito a deducir derechos humanos y garantías constitucionales dentro de la Carpeta de Investigación número UIPJ/DX/FE8o/2192/2018 de su índice. La integración de la Carpeta de Investigación número UIPJ/DX/FE8o/2192/2018 de su índice, ello violando la garantía de audiencia, debido proceso y garantía de defensa prevista por el artículo 14 y 20, apartado B), fracción I, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 113, fracción I, V, VIII y IX del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la autoridad señala como ejecutora se reclama: La apertura del proceso penal 218/2019 y obsequio de la audiencia de imputación sin observar que, dentro de la Carpeta de Investigación, no se otorgó la garantía de audiencia, debido proceso y defensa al suscrito." (sic). Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en: ".La negativa u omisión de citar al suscrito a deducir derechos humanos y garantías constitucionales dentro de la Carpeta de Investigación número UIPJ/DX/FE8o/2192/2018 de su índice. La integración de la Carpeta de Investigación número UIPJ/DX/FE8o/2192/2018 de su índice, ello violando la garantía de audiencia, debido proceso y garantía de defensa prevista por el artículo 14 y 20, apartado B), fracción I, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 113, fracción I, V, VIII y IX del Código Nacional de Procedimientos Penales.", que reclama a la Fiscal Octava especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, de oficio se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Ahora bien, de los antecedentes que narró la parte quejosa, se advierte que . De esa manera, los efectos de los actos reclamados cesan -por ejemplo- cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios. Por tanto, respecto del acto primigenio debe desecharse el acto que por esta vía se combate con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.92 K, con número de registro 165870, se localiza en la página 1491 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." También tiene aplicación la tesis tesis I.3o.C.769 C, con número de registro 165869, se localiza en la página 1492 del tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. del mencionado órgano colegiado, que se cita enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. Ahora bien, resulta pertinente destacar que a la indagatoria realizada en una carpeta de investigación, le reviste el carácter de un procedimiento seguido en forma de juicio, lo que se desprende del actuar de la autoridad frente al particular, cuando ésta prepara, estudia o previene una resolución definitiva; donde el fiscal investigador integra un expediente, a efecto de preparar una eventual determinación que llevará ante el juez de control. Por otra parte es necesario destacar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Así pues, de las fases que conforman el procedimiento penal acusatorio vigente, se advierte que los actos reclamados por el quejoso -señalados con anterioridad-, quedaron sustituidos por la determinación de la apertura del proceso penal 218/2019, en el que el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, obsequió de la audiencia de imputación, esto es, la primera etapa del procedimiento, que señala el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, -investigación inicial-, fue sustituida por etapa de investigación complementaria, pues bajo protesta de decir verdad la parte quejosa señaló lo siguiente: ".el C. Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal y Oral, de manera ilegal, radicó el proceso penal número 218/2019 de su libro índice y además concedió la audiencia de imputación solicitada por la Fiscalía." (sic). En ese entonces, la negativa u omisión de citarlo a deducir dentro de la carpeta de investigación UIPJ/X/FE8o/2192/2018, del índice de la Fiscalía Octava especializada en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, así como su integración, debieron ser combatidas por el quejoso en la etapa procesal relativa correspondiente. Es aplicable por las razones que la informan la tesis 2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, página 2592, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Lo anterior, pues el promovente de amparo estima tener el carácter de imputado, por lo que de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho al acceso, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del citado cuerpo de leyes. Sin embargo, la última parte del numeral 219 referido, establece que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, el imputado y su defensor podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 27/2018 (10ª), que resolvió la Contradicción de tesis 233/2017, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 18 de abril de 2018, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en: ".La apertura del proceso penal 218/2019 y obsequio de la audiencia de imputación sin observar que, dentro de la Carpeta de Investigación, no se otorgó la garantía de audiencia, debido proceso y defensa al suscrito.", que reclama del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V. El citado numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley." El diverso numeral 107 señala: "Art. 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." La interpretación sistemática de los preceptos legales en cita permite establecer que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales, entendiéndose por estos la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. De tal manera, el juicio de amparo será procedente contra los aludidos actos, porque la afectación que producen o sus consecuencias no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables o de índole intraprocesal no tocan los valores a que se hace referencia, pues producen la posibilidad de que sus efectos nocivos sean remediados con el fallo que al efecto se dicte en el procedimiento. El amparo indirecto procede pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado. Así, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, debe observarse la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Da sustento a la anterior determinación, Jurisprudencia número IV.3o. J/9, visible en la página 333, Parte II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de Octubre de 1995, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Asimismo, sirve de apoyo la Jurisprudencia número 244, consultable en la página 164, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI., de rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual manera se apoya lo anterior, con la Jurisprudencia 3a./J.43, visible en la página doscientos noventa y uno del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de rubro siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Para sostener tal aserto, es menester traer a colación lo que establecen los artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control responsable, previa solicitud del Fiscal, está obligado a citar al imputado para que comparezca ante ese órgano jurisdiccional, a efecto de que en diligencia formal, el Representante Social les haga saber el contenido de la imputación inicial, y a su vez, el Juez de Control les informe sus derechos constitucionales y legales; en su caso, el imputado rendirá su declaración, si así lo desea; podrá solicitar que se suspenda la diligencia para aportar medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional. De igual forma, antes de concluir la audiencia y de considerar el Juez de Control que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, resolverá la vinculación a proceso fundando y motivando su decisión, así como las medidas de coerción que, en su caso, llegue a imponer; en caso contrario, decretará un auto de no vinculación a proceso, sin perjuicio de que el Fiscal vuelva a formular esa misma solicitud. Derivado de lo anterior, en atención a la naturaleza y efectos de la apertura del proceso penal 218/2019, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues como se dijo, sólo tiene como efecto que el Fiscal les haga saber el contenido de la imputación inicial (nombre del imputado, nombre de la víctima y del denunciante, una breve descripción de los hechos y su posible calificación jurídica, los elementos de convicción que arroje la investigación y lo relacionado con la reparación del daño); asimismo, que el Juez de Control le informe sus derechos constitucionales y legales; en su caso, rinda su declaración, si así lo desea o bien aporte pruebas, a fin de que el Juez de Control antes de que concluya la audiencia relativa, resuelva su situación jurídica; por ende, el acto reclamado que se precisó en párrafos anteriores tiene por objeto asegurar sus derechos y garantías procesales. Tampoco puede considerarse que la instauración de la causa penal aludida, pudiera causar una afectación en grado predominante o superior a los derechos procesales del imputado, pues como se dijo, para ello se requiere que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el proceso, de cuya decisión dependa la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, sin embargo, no se advierte que con la apertura de dicho proceso penal pudiera ocasionar consecuencias de tal naturaleza. No debe soslayarse, que es criterio definido del Máximo Tribunal del País, que tratándose de actos que afecten o restrinjan la libertad personal de los gobernados, el juicio de amparo promovido contra ellos resulta procedente, precisamente, por tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, a saber, su libertad personal. Resulta aplicable al caso la tesis XVII.1o.P.A.60 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2292, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, que de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA CITACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 114, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." En tal virtud, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo."
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