Cuauhtemoc Guzman Patiño
Expediente 241/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cuauhtemoc Guzman Patiño
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en diecinueve de marzo pasado, ordenó emplazar a la tercero con interés ********************, al domicilio ubicado en la Delegación Administrativa con clave de Centro de Trabajo -, ubicada en planta baja del edificio Central de la Secretaría de Educación en el Estado, -; por tanto, requiérase a la citada responsable, para que de inmediato informe a este juzgado si se llevó a cabo dicha diligencia, y de ser así remita las constancias que lo acrediten, apercibida que de no hacerlo o de no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, como de autos se advierte que el diecinueve de marzo del año en curso, la actuaria adscrita a este juzgado, notificó personalmente a la quejosa ********************, el proveído de quince de dicho mes y año, el ubicado en calle -; lo anterior hágase del conocimiento de la responsable para que en su caso, agote el diverso domicilio para el emplazamiento correspondiente. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa en legal y debida forma con el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por - contra actos del Subdelegado de Morelia de la Delegación Regional de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-241/2019-P. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "La cédula de liquidación de capitales constitutivos contenida en el oficio con número de crédito -del periodo 2-2019, de fecha 8 de febrero de 2019, emitida por la Subdelegación de Morelia de la Delegación Regional de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la cual da cumplimiento a la resolución de queja por defecto en el cumplimiento de sentencia, declarada por la Sala Regional del Pacífico Centro." Ahora bien, este Juzgado determina que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la citada ley, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" Por su parte, los artículos 1, fracción I, 5, fracción II de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De la interpretación armónica y sistemática, se desprende que el presente juicio es improcedente si el acto reclamado no se adecua a las hipótesis normativas que establecen los citados dispositivos legales, es decir, si el acto combatido no constituye acto de autoridad para los efectos del amparo. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el último de los preceptos en cita se establece qué debe entenderse por "autoridad" en el juicio de amparo. Definición que fue ampliada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio antes invocado, del que se obtiene que las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Consecuentemente, jurisprudencialmente se ha sustentado que, para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Es aplicable la jurisprudencia XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Bajo el anterior marco referencial, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional, en razón de que el acto que la parte quejosa no cumple con las características de unilateralidad, imperio y coercitividad que debe tener todo acto de autoridad administrativa para hacer procedente su revisión por la vía del juicio de amparo. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la cédula de liquidación de capitales, contenida en el oficio con número de crédito 199047365, de ocho de febrero pasado, periodo 2-2019, emitida por la Subdelegación de Morelia de la Delegación Regional de Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ello no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por tratarse de una actuación en cumplimiento a una sentencia dentro del expediente administrativo 1101/16-21-01-8-OT, del índice de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital, ante quien el impetrante demandó la nulidad de la resolución dictada dentro del expediente CC. MICH.200/2016 por el Consejo Consultivo de la Delegación Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social y la misma no va dirigida al inconforme en calidad de gobernado, sino en función del vínculo que la Sala Regional del Pacífico Centro, con sede en esta ciudad, tiene con ésta; es decir, en cuanto demandado en aquél expediente. De lo anterior se desprende que al ser parte demandada actúa en una relación jurídica de coordinación con la parte actora, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive durante la etapa de ejecución donde se ubica y con este carácter las relaciones que se den con los particulares, serán en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que solo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Por tal motivo, al estar frente a una relación de coordinación, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II, del mismo ordenamiento, y se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo en estudio. Se hace del conocimiento del impetrante, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que se le otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberá proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por autorizadas para ese efecto así como para imponerse de autos, a las personas que indica, toda vez que no sus cédulas no se encuentran registrada en el sistema computarizado que para tal efecto se lleva ante los órganos jurisdiccionales, como se desprende de la certificación de cuenta, por lo que se les otorgarán las facultades que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, una vez que cumplan con el requisito previsto en dicho numeral.
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