Cuauhtémoc González Calderón
Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cuauhtémoc González Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de dos de agosto del año en curso, mediante el cual se sobreseyó antes de audiencia el presente juicio; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó antes de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Cuauhtémoc González Calderón, por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo , ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 756/2022 Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Ahora, para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al sobreseerse el juicio de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual informa el cumplimiento realizado al requerimiento formulado por auto de veintisiete de julio del año en curso; circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de dos de los corrientes, se sobreseyó antes de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio suscrito por Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual remite diversas constancias certificadas que integran el expediente laboral burocrático 577/2000, de su índice; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de dichas constancias, así como del informe justificado rendido y recibido en auto de ocho de julio del año en curso, se advierte que mediante acuerdo de uno de julio del año que ocurre, dictado dentro del expediente laboral burocrático 577/2000, de su índice, la responsable dio contestación al escrito ingresado por la quejosa el dos de mayo del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de conformidad con el precepto legal citado en términos generales, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el acto no agravie a la parte quejosa. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior criterio, determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de éste, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de imperio, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de uno que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la norma exija. Del artículo referido se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En ese tenor, es importante establecer que la pretensión constitucional que en este apartado se analiza, versa en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar acuerdo al escrito ingresado por la quejosa el dos de mayo del año en curso, dentro del expediente laboral 577/2000, del índice de la responsable. En el presente asunto, se advierte que la citada autoridad al rendir su informe justificado, informó que mediante acuerdo de uno de julio del año en cuso, dictado dentro del juicio laboral 577/2000, tuvo por realizadas las manifestaciones hechas valer por el quejoso en la promoción presentada el dos de mayo del año en curso, y a efecto de dar cumplimiento al proveído de veinticinco de febrero de este mismo año, ordenó girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) para los efectos precisados en el acuerdo de referencia, oficios que fueron enviados a través del sistema SIARA (Sistema de Atención de Requerimiento de Autoridad), el siete de julio del año en curso, tal como se advierte de las constancias que adjuntó. De ahí que se estime que la acción reclamada ha cesado en sus efectos, dado que si bien el acto que reclamó la quejosa existió, al haberse dictado acuerdo mediante el cual la autoridad responsable dio contestación al escrito ingresado el dos de mayo del año en curso, el mismo ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, resulta incuestionable que el acto reclamado cesó en todos sus efectos, al haberse dictado acuerdo mediante el cual la autoridad dio contestación al escrito ingresado el diecisiete de marzo del año en curso; por tanto, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto de los actos reclamados en este juicio de amparo por Cuauhtémoc González Calderón, por propio derecho. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con un minuto del veinticuatro de agosto dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, se requirió al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para remitiera el acuse correspondiente al oficio de uno de julio de la presente anualidad, girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), en el que dio contestación a la promoción presentada por la quejosa en ENRIQUE CAMACHO FLORES 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.32.33.35.39.35.34 07/04/23 20:31:12 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 756/2022 dos de mayo del año que transcurre; lo anterior, para que éste juzgado se allegue de los elementos necesarios para resolver el presente asunto; sin que a la data se encuentre promoción tendente al respecto. En tal virtud, requiérase de nueva cuenta al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro término de veinticuatro horas, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente, remita el acuse correspondiente; apercibida que de hacer caso omiso a lo anterior, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 192 y 238 en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo. En tal virtud, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con un minuto del veinticuatro de agosto dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
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