Cuauhtémoc García Solórzano

Expediente 394/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
394/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Cuauhtémoc García Solórzano
  • Cuauhtémoc García Solórzano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    I.- Visto el estado procesal del incidente de falsedad de firma relativo al juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que el veinticuatro de marzo actual (foja 30), se fijaron las doce horas con treinta minutos de la fecha en que se actúa para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el párrafo segundo del artículo 67 de la Ley de Amparo; sin embargo, a la fecha no obran en autos las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables Titular del Poder Ejecutivo de la Federación y Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, los cuales tienen su domicilio fuera de la residencia de este órgano federal. Razón por la cual, a fin de no dejarlas en estado de indefensión y dar oportunidad de que dichas constancias obren en autos y tener certeza jurídica de que las aludidas autoridades se encuentran legamente notificadas de la celebración de la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y en su caso, se dictará la resolución correspondiente al presente incidente de falsedad de firma, se ordena su diferimiento y por ende, se fijan en su lugar las doce horas del seis de abril de dos mil diecisiete. Sin que por el momento se estime oportuno realizar gestiones inherentes a la pronta integración de lo anterior, ello tomado en consideración que éstas se realizaron el diecisiete del mes y año en curso (foja 27), lo que evidencia que a le fecha no ha transcurrido un lapso prudente que permita desahogar los requerimientos en éste formulados.

  2. Principal

    II.- Visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular de la Unidad Jurídica de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación; informa que el quejoso Miguel Ángel Rodríguez Rizo egreso por libertad del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece Oaxaca, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, mediante acta administrativa 502/2016, misma que remite en copia certificada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido al quejoso en auto de siete de marzo del presente año (fojas 426 y 427), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables pretenden dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1499, con número de registro 1003378, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Materia Comín, Novena Época, que establece lo siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: El presente juicio se promovió por Miguel Ángel Rodríguez Rizo, contra los actos consistentes en: "(.) Del Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo: la negativa a dar respuesta al escrito de diez de mayo de dos mil catorce, por el cual solicitó su traslado al Centro de Readaptación Social de "San Miguel", en Puebla. Del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social: la negativa a ser traslado al Centro de Readaptación Social de "San Miguel", en Puebla, bajo el criterio de ser reo del fuero común y estar a disposición del ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Del Juez Cuarto Penal de Defensa Social de Puebla: la negativa a dar repuesta al Incidente no Especificado para ser traslado al Estado de Quintana Roo. Del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, la negativa de enviar al Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, los estudios de personalidad del interno Miguel Ángel Rodríguez Rizo." Mediante sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (fojas 219 a 240), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Rodríguez Rizo, respecto de los actos atribuidos al Juez Cuarto Penal de Defensa Social de Puebla, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Miguel Ángel Rodríguez Rizo, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Rodríguez Rizo, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, y Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, para los efectos descritos en el considerando octavo del presente fallo." Ante dicha circunstancia, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 326 y 327), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector. Asimismo, la sentencia fue concedida para los siguientes efectos: "Establecido lo anterior, resulta dable indicar que lo procedente es conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las responsables antes precisadas, den cabal a lo solicitado por el quejoso, esto es: a) En principio, el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, México, en el plazo de veinticuatro horas contado a partir del siguiente al en que se le notifique el auto que declare que ha causado ejecutoria esta resolución, remita en cumplimiento al oficio SSP/DGEPYMS/JUR-FC/3618/2014, de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, al Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, los estudios de personalidad actualizados, y partida jurídica actualizada del quejoso Miguel Ángel Rodríguez Rizo, en la fecha en que se le solicitaron, esto es, dieciocho de septiembre de dos mil catorce, o en su defecto a la data en que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar en igual término ante este Juzgado Federal. b) A su vez, el Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, en el término de veinticuatro horas siguientes a que reciba los estudios de personalidad actualizados, y partida jurídica actualizada del quejoso Miguel Ángel Rodríguez Rizo, deberá dar contestación al escrito del quejoso de diez de mayo de dos mil catorce, en la que solicitó su traslado al Centro de Readaptación Social de "San Miguel", en Puebla, y en igual término se lo notifique personalmente en el lugar en que actualmente se encuentra interno, a saber, Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahutlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con lo cual quedará restituido en el goce de sus derechos fundamentales violados." En esa tesitura, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/13978/2016, la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, informó que mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS1/DG/113039/2016, remitió a la Dirección General de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo, los estudios de personalidad y partida jurídica del quejoso, por lo que se advierte que se encuentra cumplimentado el inciso a) de los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por otro lado, el Jefe de Área Jurídica de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante telegrama recibido en este juzgado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, informó que solicitó mediante oficio SSP/DGEPYMS/JUR/5534/2015, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación, con la finalidad de que girara instrucciones a quien correspondiera para el traslado del quejoso, al Centro de Readaptación Social San Miguel Puebla; por lo que se advierte que se encuentra cumplimentado el inciso b) de los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior no obstante que la autoridad responsable no haya remitido el oficio a través del cual atendió la solicitud del quejoso de ser trasladado al Centro de Readaptación Social San Miguel Puebla; pues resulta evidente que accedió a su petición. Máxime que, para este juzgado que el quejoso ha sido egresado por libertad del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece Oaxaca, como se advierte de la comunicación agregada en párrafos anteriores y mediante auto de seis de marzo del presente año. En ese sentido, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues con las actuaciones que llevaron a cabo, abarcaron la totalidad de los efectos materia de la concesión del amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, hágase del conocimiento del quejoso, que quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere conveniente. Finalmente, toda vez que no se cuenta con domicilio del accionante del amparo, en virtud de que tenía como tal para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encontraba recluido; y el mismo ha sido liberado al haber compurgado la pena correspondiente; como lo prevé el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a realizar la notificación del presente auto, por medio de las listas que se fijan en este recinto judicial.

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